Panamá

Corte Suprema panameña inicia debate sobre contrato minero que desató protestas

Ciudad de Panamá (AFP) – La Corte Suprema de Panamá comenzó el viernes a analizar unas demandas de «inconstitucionalidad» contra el contrato con una minera canadiense, asunto que mantiene semiparalizado al país desde hace más de un mes, con protestas y bloqueos de rutas.
24/11/2023
Protestas callejeras contra el contrato firmado por el gobierno panameño con la minera canadiense First Quantum, el 20 de noviembre de 2023 en Ciudad de Panamá © LUIS ACOSTA / AFP
Los nueve magistrados del máximo tribunal acordaron trabajar en «sesión permanente» hasta emitir un fallo que podría conducir al cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

La Corte «inicia sesión permanente, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, para analizar las demandas de inconstitucionalidad» del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals, informó a media mañana el poder judicial en la red X (antes Twitter).

Cerca de la Corte hay cotidianas manifestaciones en demanda de un fallo que declare inconstitucional al contrato minero.

Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a First Quantum operar por 40 años esta mina situada en el Caribe panameño.

Desde entonces hay cortes de rutas que han afectado a casi todos los sectores productivos y ocasionado millonarias pérdidas, según gremios empresariales.

Una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de «inconstitucionalidad» del contrato, que deberán ser resueltas por la Corte Suprema, presidida por la magistrada María Eugenia López. El tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo.

Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.

Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.

Ello satisfizo a los ambientalistas, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos exigiendo que la ley del contrato sea derogada.

El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997.

Desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales.
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20231124-corte-suprema-paname%C3%B1a-inicia-debate-sobre-contrato-minero-que-desat%C3%B3-protestas

Panamá

Protestas ambientalistas contra continuidad de minera mantiene en crisis a Panamá

23/11/2023
Periodista Digital: EFE
El contrato ley 406, que extendió por 20 años la concesión a la empresa canadiense, ha provocado un estallido social en el país centroamericano.

Ambientalistas acusan que la mina está «en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica», por lo que buscan que dicho contrato se declare inconstitucional.

Protestas ambientalistas contra continuidad de minera mantiene en crisis a Panamá
Foto: EFE
Dos personas han muerto producto de las protestas, mientras que las pérdidas económicas acumuladas -desde que comenzó la crisis- han sido calculadas en al menos 1.700 millones de dólares

Panamá entró en la quinta semana de crisis por el rechazo popular a una gran mina de cobre vinculada a la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), en medio de bloqueos de vías que están lastimando la economía y la expectativa por la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de la operación minera.

Los sindicatos docentes y de la construcción, que junto a grupos indígenas lideran desde el 23 de octubre pasado y de manera ininterrumpida la obstrucción de la Panamericana, la principal carretera de Panamá, y de vías en los centros urbanos, incluida la capital, llamaron a un paro nacional para esta semana.

Es el segundo paro nacional después del convocado el jueves pasado, que tuvo un seguimiento muy pobre, aunque logró seguir perturbando el desenvolvimiento social y económico de este país, donde cerca del 50% de la población económicamente activa no está en ninguna nómina y vive de lo que produce cada día en la informalidad.

Las pérdidas económicas acumuladas desde que comenzó la crisis han sido calculadas en al menos 1.700 millones de dólares por las patronales de Panamá, que alertaron de que ya no se generarán 15.000 empleos temporales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Los bloqueos no solo han roto la cadena de suministros nacional, con el consecuente desabastecimiento de alimentos y combustibles especialmente en el norte del país, donde el cansancio de la población comienza a expresarse con reclamos abiertos.

La crisis afectan también a Centroamérica, que es una «región interconectada, en proceso de recuperación económica», y donde «este tipo de situaciones impiden que alcance los niveles de crecimiento necesarios para un desarrollo sostenido», como dijo la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco).

Los sindicatos y grupos indígenas dicen que mantendrán la obstrucción de vías hasta que el contrato ley 406, aprobado el pasado 20 de octubre y que extendió por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM, sea derogado, lo que ya fue desestimado por el Parlamento.

En los bloqueos han muerto cuatro personas, dos atropelladas y dos baleadas, en eventos distintos que tuvieron como protagonistas conductores que fueron detenidos por la Policía, cuya actuación en esta crisis está siendo muy cuestionada.

AMBIENTALISTAS BUSCAN DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL CONTRATO

Los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica y que exporta el mineral desde 2019 especialmente al mercado chino, defienden que la vía más conveniente para el Estado no es la derogatoria, sino que el Supremo declare la inconstitucionalidad del nuevo contrato ley.

La mina está «en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica», dicen los ambientalistas, que acusan los términos abusivos del nuevo contrato que, aseguran, mantiene los vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en 2017, más de 8 años después de interpuesto un recurso en ese sentido, una demora a que muchos atribuyen la actual crisis.

Los activistas y grupos civiles que, junto a un mar de jóvenes, protagonizaron a finales de octubre las mayores manifestaciones pacíficas en décadas en Panamá, mantienen un campamento a las afueras de la Corte Suprema para presionar una pronta resolución de los recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.

La Corte anunció que este viernes el pleno de nueve magistrados instalará una sesión permanente para decidir sobre dos de los hasta ahora 10 recursos de inconstitucionalidad admitidos.

La mina Cobre Panamá, que emplea a unas 40.000 personas de forma directa e indirecta, es una inversión de 10.000 millones de dólares, representa cerca del 5% del producto interno bruto (PIB) del país y el 75% de las exportaciones, según datos de First Quantum, que niega daños al ambiente y se declara un aliado para el desarrollo de la nación.

El nuevo contrato multiplica por 10 los aportes al fisco y establece mecanismos para la vigilancia medioambiental, afirma -por su parte- el gobierno.
https://cooperativa.cl/noticias/mundo/america-latina/panama/protestas-ambientalistas-contra-continuidad-de-minera-mantiene-en-crisis/2023-11-23/090157.html

Chile, Litio

La riqueza en tierra ancestral indígena: cultura versus desarrollo en el salar de Maricunga

Emilia Aparicio  21/11/2023
El Mostrador
El salar de Maricunga es foco de debate sobre la explotación de salares en Chile. Ante la posible extracción de litio, Elena Rivera, presidenta de la Comunidad Indígena Colla de Copiapó, advierte sobre los riesgos para el salar y las tradiciones de su comunidad.

Cada vez que puede, Elena Rivera (44), presidenta de la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, visita el salar de Maricunga. Este humedal se encuentra a 171 kilómetros de la capital regional de Atacama, a unos 3.757 metros de altura. Desde la ciudad no es fácil llegar, pero Elena está acostumbrada a la altura y a los largos caminos entre quebradas y montañas. Ella vive en Paipote, al suroeste de Copiapó, aunque la sede y parte de los miembros de su comunidad residen arriba. Al contrario de lo que se cree, el desierto guarda memoria, al igual que el salar que hace miles de años fue un lago y que hoy está en el centro de las discusiones por su alta concentración de litio.

“Pese a quien le pese, los pueblos originarios viven en los lugares estratégicos donde se encuentra la riqueza natural. Nosotros los colla lamentablemente estamos entablados en el cordón de oro, le pese al Estado o a estas empresas extractivistas a las que trabajan el oro”, sostiene Elena.

La mujer tiene el pelo corto, una sonrisa prominente y unos anteojos que cubren gran parte de su mirada. Nació abajo, pero creció vinculada a la cordillera a través de la memoria de sus tíos y su madre. El compromiso y dedicación de ella con la comunidad la llevó a querer involucrarse, preservar y dedicarse a los saberes de su cultura.

“Siempre vi ese empuje de mi vieja en estar liderando cosas, creando, viendo cómo era mujer muy líder. Y, además, ella nos dejó seguir su legado, su legado en cuanto a la cultura (…), ella fue la iniciadora y la propulsora de la comunidad indígena”, relata.

Elena Rivera en el salar de Maricunga. Créditos Imagen: Emilia Aparicio
Elena es presidenta de su comunidad desde 2014. En ese momento desempeñaba el rol de secretaria, pero tras la muerte del presidente, Gabriel Cardozo, asumió la directiva. Al año siguiente, los integrantes la nombraron presidenta. Actualmente, una de las preocupaciones de la comunidad es la futura extracción del litio en el salar de Maricunga.

Bajo el modelo global de transición energética, el litio se ha transformado en una de las materias primas más codiciadas en el mundo, por su masivo uso en las baterías eléctricas y, en particular, por su alto potencial en la industria de vehículos eléctricos. La noche del jueves 20 de abril de 2023, a través de cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, un plan de extracción del mineral que tiene en su centro a Codelco, para así establecer una colaboración público-privada con el fin de impulsar la industria del litio en Chile.

Aunque la extracción de litio es una actividad minera que lleva varios años desarrollándose en el país, particularmente en el salar de Atacama en el norte de Chile. Este territorio forma parte del denominado “Triángulo del litio”, un zona geográfica en el límite de Argentina, Bolivia y Chile. El aumento de la demanda de este mineral para fabricar baterías y otros productos ha motivado un creciente interés en los sectores público y privado en los últimos años.

La cordillera que rodea el salar de Maricunga aloja una riqueza invaluable que se puede observar en la diversidad de formas, colores, texturas, así como la flora y la fauna que la habitan. El viento aparta la nieve que cae en altura en la cordillera y mueve el agua que acoge el salar de Maricunga. En el camino algunos rebaños de guanacos miran con sospecha la camioneta al pasar por la carretera. Lejos de ser un lugar inhóspito, la cordillera acoge las memorias, las tradiciones y las huellas del pueblo Colla que hace por lo menos 150 años transita y habita el territorio.

Si bien la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó se formó el 9 de junio de 1995, hay registros que detallan que el linaje familiar estaba en el territorio desde mucho antes. El libro El pasado anidado en nuestra memoria (2023) relata que Emeterio Cardozo, junto a su esposa Natividad Villanueva, cruzaron la cordillera desde Argentina en el año 1870, aproximadamente. Por otro lado, el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008), sostiene que las primeras áreas de ocupación y asentamiento colla en Chile datan de la segunda mitad del siglo XIX, donde el poblamiento se basaba en la búsqueda de pastos y aguadas para la trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional de ganados.

“Las zonas de tránsito utilizadas para cruzar la cordillera eran la Quebrada de Paipote hasta la laguna Santa Rosa, salar de Maricunga hasta el paso de San Francisco y el camino de Río Jorquera”, explica el documento.

Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 63 ambientes salinos, es decir, 45 salares y 18 lagunas salinas. Entre ellos se encuentra el salar de Maricunga, que por su extremo sur alimenta por medio de un canal a la laguna Santa Rosa –declarada Sitio Ramsar–, la cual está dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, lugar que acoge a vicuñas, flamencos y otras especies nativas.

Las empresas aún no han comenzado la extracción del mineral en Maricunga, pero este ecosistema está en el centro de las discusiones. Si bien tiene una superficie de 14 mil hectáreas, un área bastante inferior a las 280 mil hectáreas del salar de Atacama, Codelco finalizó las exploraciones en el humedal y anunció en mayo de este año que tendría la segunda mayor concentración de litio del mundo.

La empresa estatal chilena no es la única interesada en Maricunga. De hecho, otras compañías han intentado establecerse en las cercanías del salar, pero debido a la oposición de las comunidades locales los proyectos se han estancado.

Además de la minera estatal, existían dos proyectos desarrollados por privados interesados en la zona. El primero, entre la empresa singapurense Simbalik y la chilena Cominor. El segundo, es Salar Blanco de Lithium Power International, sin embargo, Codelco compró en octubre de este año la totalidad de las acciones de la empresa australiana en US$ 244 millones.

Unas semanas antes, el 13 de septiembre, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se refirió a los objetivos de la empresa estatal en el litio. “Comienzo con el salar de Maricunga”, dijo Pacheco. Agregando que el salar de Maricunga “tiene casi 40 titulares de propiedad minera, uno de los cuales es Codelco”.

La presencia de las mineras también se hace notar con los neumáticos y otros desechos que flotan en las aguas y en los bordes del salar, al igual que algunas herramientas de medición de Codelco. Las empresas se han acercado a conversar con las comunidades, como fue el caso del proyecto Salar Blanco, aunque Elena sostiene que el titular no reconoció la afectación sobre la comunidad. Además, cuenta que le solicitó a Codelco en repetidas ocasiones ver las exploraciones que estaban realizando.

“Una economía no puede existir a costa de una cultura originaria que vive y siempre ha vivido en el sector”, subraya Elena.

El impacto de la minería en la comunidad colla
Para la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, parte importante de conservar las tradiciones de sus antepasados es habitar la cordillera y, en consecuencia, defender el territorio. A través de sus familiares, Elena fue aprendiendo las propiedades medicinales de la flora que forma parte del paisaje andino.

En el libro El pasado anidado en nuestra memoria (2023), realizado por la comunidad, se explica que el trabajo ligado a la cordillera es parte fundamental de las tradiciones indígenas, dado que históricamente el pueblo Colla ha practicado la trashumancia y la pirquinería. Los relatos familiares de la vida en la cordillera han permitido que la comunidad conozca sus orígenes y construya su historia.

“Mi núcleo más macro es la comunidad, es siempre estar al cuidado y pendiente de cada socio de la comunidad y de nuestro territorio en cuestión”, explica Elena.

Un lugar histórico de reunión es El Bolo. Afuera de la casa flamea una bandera chilena –roja, azul y blanca–, junto a la bandera colla –roja, amarilla y negra–. En ese mismo sector, testimonios del linaje familiar detallan que alrededor de 1880 Agapito Quiroga cruzó la cordillera desde Argentina junto a sus dos hijos para trabajar el oro en el sector del salar de Maricunga, fijando su residencia en El Bolo.

A un costado de la casa de Myriam Rivera, vicepresidenta de la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó, se encuentra la sede donde se realizan talleres, reuniones y las celebraciones con sus integrantes.

Myriam es parte de la comunidad desde 1996 y vive arriba. Al igual que a Elena le preocupa la explotación del litio y la minería en el territorio.

“En la comunidad de nosotros muchos eran pirquineros, ellos no trabajaban en empresas ni nada de eso”, puntualiza la vicepresidenta.

“Antiguamente los mineros artesanos eran pirquineros y se enfocaban en la pequeña minería, donde ponían su yacimiento, iban, sacaban el metal del palmés y sacaban sus remesas y tenían para vivir semanal, mensual, depende de cómo fuera su extracción. Pero en ciertos puntos se han colocado empresas más grandes y la economía también se basa en que todo vaya creciendo mágicamente, entonces, como la empresa minera ha crecido, es más difícil para ellos sacar menos metal como lo sacaban anteriormente”, agrega Elena.

En ese sentido, Myriam señala que la explotación del litio en Maricunga tendría un impacto directo en el modo de vida de su comunidad y también para las futuras generaciones.

“Hay muchas generaciones que a lo mejor ya no van a poder retornar a acá y seguir las mismas tradiciones de nosotros. Si explotan el litio no van a tener cómo criar animales o poder sembrar, porque no vamos a tener el nacimiento del agua”, indica.

Por otro lado, Isabel Godoy, “kuraka (líder en quechua) del ayllu Flora Normilla” –y exconstituyente que representó al pueblo Colla en el proceso de redacción de una nueva Constitución en 2020–, sostiene que “el sello de nuestro pueblo es la trashumancia”.

“La contaminación de los pactos y la disminución del agua impactan directamente en esa costumbre y en esa tradición que es la trashumancia. Si no hay pasto, tienen que hacer un recorrido en busca de ellos en otros sitios, aunque los tránsitos de los pueblos son largas travesías, entonces, eso nos ha obligado a llegar hasta la costa”, explica.

El Estudio diagnóstico del pueblo Colla del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011) detalla que la ocupación del pueblo Colla se basaba en la búsqueda de pastos y aguadas, que implicaba el uso de quebradas. De ese modo, en el vasto territorio habitado por los colla había posesiones familiares donde estaban las viviendas, puestos estacionales y pequeños cultivos en las invernadas, mientras que en verano cada familia acudía a sus vegas y aguadas con los animales para el pastoreo.

Sin embargo, el litio no es el único mineral presente en la zona. Una vez iniciado el siglo XX, la minería a gran escala se instaló en la zona para extraer oro, plata, bórax y cobre. Según el citado Informe de la Comisión Verdad Histórica, esto significó que las empresas mineras que instalaron sus faenas en territorios de pastoreo generaron impactos, “contaminando los pastos y envenenando el ganado. Ambos factores, disputa territorial y contaminación, provocarán la emigración de algunas familias collas a Argentina”.

Adicionalmente, en la década de 1960 se dio la apertura de la mina El Salvador, que exigió la canalización de nuevos recursos de agua que son llevados al mineral con tuberías, impactando sobre la economía de la comunidad colla, al reducir aún más los escasos recursos hídricos disponibles para el pastoreo.

Los casos de contaminación o afectación en el territorio producto de la actividad minera no son tan lejanos. En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la clausura de las instalaciones de extracción de agua del yacimiento aurífero de la Minera Maricunga S.A., perteneciente a la transnacional canadiense Kinross Gold, por haber provocado el desecamiento de 70 hectáreas en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

Defender el territorio y la cultura collas
La lucha de Elena y su comunidad por proteger el territorio no solo tiene que ver con la explotación del litio. El desarrollo de la minería a gran escala en la zona, las distintas crisis económicas y la concentración de servicios en las ciudades, obligaron a muchas familias que vivían arriba a bajar a las ciudades, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX.

Aunque la vida en la cordillera –y sus salares– es parte importante de la cultura del pueblo, el acceso a la educación, servicios básicos y trabajos está abajo, en la ciudad. Sin embargo, pese a los cambios vertiginosos de la modernidad, los relatos familiares, el traspaso de las tradiciones y las reuniones entre los miembros de las distintas comunidades han permitido que la cultura y el vínculo del pueblo colla con el territorio se mantengan.

“Las tradiciones colla siempre han estado vivas y vigentes en la cordillera, nosotros siempre vivimos haciendo nuestras tradiciones en las cordilleras sin saber que éramos indígenas colla y, cuando nos supimos, le pusimos solamente el nombre. Entendimos que éramos de un pueblo originario llamado colla y solamente aceptamos lo que siempre hemos vivido”, señala Elena.

El informe de Nuevo Trato Indígena explica que otros procesos políticos, sociales y económicos –como la dictadura– fueron factores que significaron un “despoblamiento relativo de los espacios ocupados ancestralmente”. Sin embargo, la vuelta a la democracia en 1990 en Chile permitió que dirigentes collas pudiesen dar testimonios de su existencia en el proceso de la Nueva Ley de Pueblos Indígenas. En ese sentido, la promulgación de la Ley Indígena en 1993 permitió la organización formal en comunidades y, también, parte de un proceso de autorreconocimiento de las familias collas, su historia y su identidad cultural.

La defensa del territorio y el arraigo hacía la cordillera es parte fundamental para el reconocimiento del pueblo Colla. En ese sentido, la exconstituyente sostiene que es común que “algunos permanezcan en el territorio cuidando lo poco y nada que les queda y otros están en la ciudad, estudiando y haciendo otras labores, porque igual hay que alimentar a la familia. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser indígenas, porque tenemos que emigrar forzosamente, entonces forzosamente tenemos que estar en la ciudad para poder sobrevivir”.

Isabel menciona que su padre era pirquinero y practicaba la trashumancia, sin embargo, su abuelo se enfermó de cáncer, por lo que su abuela tuvo que trasladarse a la ciudad.

“Eso también te obliga a bajar, o sea, no es una cosa de ‘yo quiero bajar porque quiero bajar’, sino que estás obligado a ir donde están los tratamientos”, afirma.

Sin embargo, las comunidades han vuelto al territorio y las tradiciones se van traspasando a las generaciones más jóvenes, las cuales se interesan por sus orígenes y su cultura.

Por otro lado, el representante legal de la Comunidad Colla Sinchi Wayra, César “Pacho inti” González Gómez, es dirigente y se dedica a la administración de la comunidad a la que pertenece. Los conocimientos los heredó de su padre, Oscar “Pacho” González, quien también fue presidente de su comunidad.

En la Comunidad Colla Sinchi Wayra son aproximadamente 25 miembros y, actualmente, están trabajando en un programa de cinco años que tiene como objetivo crear la infraestructura para volver a vivir arriba.

“En el fondo es hacer la infraestructura necesaria para poder volver a ir arriba, pero con una visión verde. Por ejemplo, nosotros tenemos una planta de tratamiento en que recuperamos el 80% del agua que consumimos. Sean aguas negras o aguas grises, recuperamos el agua. También tenemos una política de construcción, no construimos cerca de alguna vega y, además, en el sector del que somos, San Andrés, estamos haciendo el levantamiento [de información] de la vega a nivel biótico y acuático”, explica César.

El dirigente añade que la defensa del salar de Maricunga, la laguna Santa Rosa y sus alrededores es relevante, porque forma parte de sus creencias y religiosidad como pueblo.

“Cuando hablamos del rescate de la defensa del salar, de Santa Rosa y sus alrededores, es potente, porque nosotros basamos nuestra creencia y nuestra religiosidad en las vicuñas y los guanacos. Tenemos un dios que es un guanaco, entonces, en nuestro plan mañana, 2022-2025 en el fondo, es poder traer animales y hacer una ‘reforestación’ de animales”, precisa.

Además, recalca que el pueblo practica una ceremonia de arreo de vicuñas y que debido a esto el Estado reconoció a Oscar “Pacho” González como cultor y patrimonio cultural inmaterial. En la cordillera es común ver manadas de guanacos y algunas vicuñas, especies nativas de la zona. Sin embargo, Elena menciona que debido a la sequía y el desarrollo de la minería, es cada vez más inusual verlos entre las montañas.

“Al estar en San Andrés nosotros estamos afectados directamente por la minería, el pueblo Colla está insertado dentro de la base del oro”, explica Óscar. En ese sentido, agrega que “Santa Rosa era parte de lo que se conoce como el Camino del Inca, es una de las ramas del camino y después fue una ruta de contrabando de todos nuestros antepasados”.

Desde arriba, en el salar de Maricunga, Elena saca fotos del paisaje. Mientras atardece, los colores de las montañas van cambiando, las tonalidades cálidas pasan a ser moradas y, finalmente, la oscuridad se apodera del camino.

“El tema del agua es un tema transversal, que no solamente nos afecta a nosotros, los que estamos ahí más cerca, sino que a la larga igual le va a afectar a toda la población de Copiapó, o sea, no solamente a los indígenas o a las comunidades que viven en el sector, le va a afectar a toda la ciudadanía de Copiapó”, agrega Elena.

La presidenta cuenta que sus hijas también forman parte de la comunidad. En 2022, su hija Lesly Muñoz, egresada de Derecho de la Universidad de Atacama, viajó a Egipto para exponer en la COP27 sobre las preocupaciones de su comunidad frente a la inminente explotación del litio en el salar de Maricunga.

En un contexto de crisis climática, donde el llamado global es a dejar los combustibles fósiles y a pasar a nuevas tecnologías, que necesitan minerales críticos como el litio, la joven de 27 años hizo un llamado sobre la importancia de contar con la visión de los pueblos originarios en las problemáticas que involucran la extracción de recursos. Un discurso que da cuenta de cómo una demanda global tiene un impacto local.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Periodistas por el Planeta
https://www.elmostrador.cl/cultura/2023/11/21/la-riqueza-en-tierra-ancestral-indigena-cultura-versus-desarrollo-en-el-salar-de-maricunga/

Latinoamerica

QUÉ NOS DEJAN LAS PROTESTAS CONTRA LA MINERÍA EN PANAMÁ

Luis Gárate Cooperaccion
09/11/2023
Masivas protestas contra proyecto minero en Panamá. Imagen: Barrons

A través de los medios de comunicación hemos visto las masivas protestas que se han dado estas últimas semanas en Panamá en contra de la explotación minera. A raíz de estas protestas, se ha logrado que la Asamblea Nacional apruebe una moratoria a la minería, precisamente el 3 de noviembre, día que se conmemora la separación entre Panamá y Colombia.

Cabe mencionar que a mediados de octubre y en menos de una semana el ejecutivo y el legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley, que ampara la operación de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). Se trata de una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno del centro del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal en Panamá.

La agitación estalló el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley del contrato firmado en agosto por el gobierno de Laurentino Cortizo y FQM. Este contrato buscaba sustituir el anterior, de 1997, que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño[1]. El contrato entre el Estado y la empresa recordó un tema sensible para los panameños: lo que significó el enclave de la zona del canal de Panamá, que estuvo bajo control del gobierno de Estados Unidos hasta 1999.

El 20 de octubre empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y casi logran paralizar el país, generando importantes impactos económicos. Presionada por las masivas protestas, la Asamblea Nacional aprobó el viernes 3 de noviembre la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño. La moratoria permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes.

Asimismo, las manifestaciones lograron que el legislativo deje en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense FQM, que permitiría su operación por 40 años.

Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato, para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.

Poco después, el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria, lo que no detuvo las protestas en las calles, aunque han bajado de intensidad.

Centroamérica y la minería

De esta manera, Panamá se suma en esa política a otros países centroamericanos, como El Salvador y Costa Rica.

En el 2017, el gobierno de El Salvador anunció que sería el primer país del mundo en dictar la prohibición total de la minería metálica. La acción se consideró como una importante victoria medioambiental. Según las organizaciones ambientalistas salvadoreñas, la industria había estado arrojando, durante medio siglo, residuos y sustancias químicas tóxicas a los ríos locales.

Por su parte, en Costa Rica en el 2019 el parlamento aprobó una ley que prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, así como prohibió el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera.

En esa línea cabe recordar que, en febrero de 2023, el gobierno recién electo de Xiomara Castro en Honduras declaró al país «libre de minería a cielo abierto» y anunció la «cancelación» de las licencias, permisos y concesiones. Aunque al parecer, aún no se han dado pasos concretos en ese sentido.

Significado de la experiencia de Panamá

Cabe analizar lo que esta experiencia significa para Latinoamérica y el mundo. Esto, a pesar de que el gobierno panameño ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial. Asimismo, las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8000 empleos directos y 40000 indirectos, y asestaría un duro golpe a la economía en momentos en que el canal de Panamá ha reducido el tránsito de buques por la sequía.

Ha tenido que darse una resistencia masiva de la población, en un pequeño país que depende mucho de la economía extractiva, del comercio y del famoso canal internacional, para que un gobierno y una empresa minera internacional retrocedan en sus intenciones. Pero aún queda ver qué pasos se darán luego.

Queda claro que para los sectores que apuestan por la justicia ambiental, esto representa claramente que los pueblos están cansados de padecer los efectos de empresas irresponsables y Estados indolentes. Esto, a pesar de las promesas de ingresos económicos: no pueden ocultar que la gran minería, en muchos casos, ha dejado una estela de contaminación y que las utilidades de las actividades extractivas no siempre revierten en beneficio del desarrollo de las poblaciones donde estas se realizan.

[1] Panamá: las razones detrás de las multitudinarias protestas que exigen el cierre de la mina más grande de Centroamérica. En: https://es.mongabay.com/2023/11/las-razones-detras-de-las-protestas-que-exigen-el-cierre-de-la-mina-panama/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 / 961858035 [email protected]

Bolivia

Estudio confirma que minería contamina con minerales pesados a pobladores de San Agustín de Puñaca

Hallaron cantidades inusuales de arsénico, cadmio y plomo en su organismo

“Exigimos que las autoridades tomen las medidas necesarias de manera inmediata para proteger la vida y el bienestar de muestras familias. Deben frenar las operaciones mineras sin licencia ambiental y dotarnos agua segura, además de forraje”, dijo el Mallku del Ayllu orureño, Prudencio Poma.
10/11/2023

Un estudio de laboratorio realizado a una cantidad de comunarios del ayllu San Agustín de Puñaca, ubicado en el municipio de Poopó del departamento de Oruro, confirmó la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo en el organismo de esas personas y en cantidades preocupantes. Autoridades de ese sector presentaron esa evidencia de la contaminación minera y las repercusiones en la salud de la población, junto con un Recurso de Queja ante el Tribunal Constitucional.
En entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista y representante de los afectados, Teodoro Blanco, la comunidad convive con los centros mineros de Huanuni y la cuenca del Poopó, por lo que consume agua que llega desde esos sectores. En los últimos años notaron daños a la salud humana, a las praderas que los animales ya no consumen y por eso activaron una acción popular.
“Porque tenemos derecho a un medio ambiente sano y saludable y cuando este derecho es vulnerado por un actividad, empresa o persona natural, activamos este recurso (…) demandando al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Minería, a la Gobernación, para que cumplan su rol de proteger al medioambiente dañado por las actividades mineras que son casi un centenar en esta región”, explicó.
Esa acción popular tuvo una sentencia constitucional 1471/2022, en la que se determina que sí existirían serios indicios de daño al medioambiente y a la salud, por lo que dispone que se haga análisis a la salud humana y a las aguas para confirmar este hecho. Entonces, ordena que sea el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de esos estudios.
“Se lleva adelante muestreos de las aguas, conjuntamente a un estudio del Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) en La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente, inclusive, antes de socializar los resultados, emite un informe parcializado y no a través de personas expertas, sino técnicos del ministerio y dicen: se ha cumplido con la sentencia, las aguas analizadas no tienen ningún nivel de contaminación mucho menos a la salud humana, por lo tanto piden que se emita el cumplimiento a esa sentencia constitucional y piden que se dé por cumplido”, acotó el jurista.
Posteriormente, la sala constitucional de Oruro recibe ese informe y da por cumplido la sentencia constitucional, por lo que indican que “no hay nada más que tratar en este punto”.
Ante esa situación, los comunarios acuden a entidades como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda) y la Fundación Pueblos de Montaña, a la que también pertenece Blanco, para activar el Recurso de Queja, con muestras de sangre y orina, que son enviadas a analizar a un laboratorio especializado de Perú, porque no hay en Bolivia.
“En este laboratorio, los resultados que arrojan son realmente preocupantes para la salud humana, por ejemplo en el tema de arsénico, las normas internacionales recomiendan que no pueden superar más de 15 miligramos por litro, pero el laboratorio ha establecido niveles que llegan hasta 215 miligramos por litro”, apuntó Blanco.
Lo mismo pasa con el cadmio y el plomo, no será en las mismas dimensiones, pero superan todos los niveles permitidos para la salud.
Con esos elementos, el miércoles presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un dosier con toda la información y aguardan que la decisión de haber cumplido la sentencia constitucional sea revertida, se revoque esa decisión y nuevamente, “estamos pidiendo incluso una amicus curiae, que se refiere a una persona o institución especializada en el tema, para que realice una interpretación o nueva investigación imparcial del tema.
En este caso, los afectados piden que sean los expertos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los que hagan el análisis imparcial e interprete los resultados de los laboratorios.
RESULTADOS
En septiembre de este año, se realizaron hacer estudio en orina y sangre a 20 personas, de entre 43 a 74 años, de las más de 400 familias que viven en las comunidades Puñaca y Yuracari, del ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro. Las pruebas confirmaron una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%.
El investigador de Cenda, Yasin Peredo, detalló que el afluente al que tienen acceso el ayllu es parte del río Desaguadero y que a éste lo alimentan dos cuencas: la de Huanuni, donde está situada la empresa minera más grande del Estado, y la subcuenca minera de Poopó. Asimismo, dijo que el daño llegaría a más de un centenar de comunidades de esos sectores.
“Si bien el estudio se hizo en 20 personas, esto no quiere decir que ellas son las únicas afectadas, sino, que las fuentes de donde se alimentan la población de Poopó ha salido por encima de los límites permisibles, esto quiere decir que la población también están en riesgo por arsénico”, sostuvo.
Especificó que el arsénico también puede ser liberado en el aire y eso proviene de las minerías de fundición de minerales, práctica que realizan algunas mineras del sector.
De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro). Dichos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Tres personas presentan concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial.
En el caso de los resultados para plomo, cuatro personas presentaron niveles detectables en sangre, con 7,20 µg/L; una de ellas supera los niveles referenciales de la UE, que son de 5 µg/L. Así mismo, se detectó a dos personas que presentan niveles detectables de Cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.
COMPLICACIONES
Peredo, sostuvo que los pobladores orureños se quejaban de dolores estomacales, problemas gastrointestinales y se percataron que estaban vinculados al arsénico, pues ataca a ese tipo de órganos, además los hace susceptibles a algún tipo de problemas en la piel e incluso cáncer.
“La sudoración excesiva, por ejemplo, es un síntoma muy común del arsénico porque el sudor es una manera del cuerpo para eliminar el arsénico (…) otra manera es mediante la placenta, por eso se generan abortos espontáneos”, indicó el investigador.
Al respecto, detalló que 11 de las mujeres que se han hecho el estudio, el 63% de ellas han registrado que han tenido abortos espontáneos en algún momento de su vida, algunas hasta tres. Ese hecho “te hace dar cuenta que el arsénico sí tiene una incidencia y que tienes que hacer un diagnóstico clínico asociado a que es una zona minera”.
“Queremos que se entienda que no estamos en contra de la actividad minera, pero sí pedimos que sea responsable, que el Estado regule los niveles de contaminación máximos que deben emitir”, puntualizó el abogado.

Estudio confirma que minería contamina con minerales pesados a pobladores de San Agustín de Puñaca

Perú

Absuelven a 10 personas defensoras de derechos humanos que en defensa de la tierra y el ambiente se opone al proyecto minero “Tía María”

07/11/2023
Después de más de 8 años de proceso judicial

Al mismo tiempo, en forma injusta y sin pruebas, condenan por delito de disturbios y lesiones leves a una las personas defensoras.

Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el Expediente Judicial No. 4116- 2016, procedió a la lectura de sentencia (en Audiencia de Apelación) por la cual declara infundada las apelaciones presentadas por la fiscalía, la procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente (entre ellas 7 defensoras). Igualmente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada a seis años de privación de Libertad por la supuesta comisión del delito de disturbios y lesiones leves.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental (recogida en nuestra Constitución) a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada y brutal contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses. Al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Perú denunciaron, falsamente, la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a expresarse en forma pública.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agriculores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú, y una de las primeras en Latinoamérica, en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En resumen, en esta segunda instancia, al resolverse declarar infundada las apelaciones de la fiscalía, la procuraduría y la actora civil contra la sentencia de primera instancia, confirmó que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de las 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente

Sin embargo, con un razonamiento absolutamente contradictorio, equivocado y discriminador (porque al igual que los absueltos, contra ella tampoco existían pruebas en su contra) decidió confirmar su condena por los delitos de disturbios y lesiones leves.

En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta confirmación de la sentencia que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa y exige que su caso sea revisado lo antes posible para evitar la arbitrariedad de que dicha defensora privada sin razón de su Libertad, cuando lo único que ha hecho es defender los derechos humanos de los integrantes de su comunidad de agricultores, su tierra y su ambiente.

Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 8 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose, igualmente que el único propósito, del estado y la empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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Bolivia

Prohíben derechos mineros en las áreas protegidas

09/11/2023 6:24 am Portada

Parque Nacional Madidi. Foto: IRFA

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emitió un comunicado ayer en el que establece que está prohibido otorgar nuevas concesiones mineras en áreas protegidas; además, anunció que corregirá los “equívocos administrativos” que habrían facilitado, en anteriores gestiones, algunos permisos.

“El Sernap reafirma que, de acuerdo con los instrumentos normativos de creación de cada una de las Áreas Protegidas, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi y la Reserva Biológica Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Cotapata y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMIN) Apolobamba, está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas. Dicha prohibición está respaldada por la Constitución Política del Estado (Artículo 385), la Ley del Medio Ambiente (Ley No. 1333), y el Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo No. 24781). Por lo tanto, no es posible la otorgación de derechos mineros nuevos, ni la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en estas áreas”, dice el comunicado que envió la institución esta mañana.

Los mineros auríferos tomaron las calles y avenidas del centro paceño desde inicios de semana en demanda de más conexiones mineras; que se les permita trabajar en áreas protegidas, que se les condone sus deudas en la Caja Nacional de Salud, que se concrete el impuesto único del 4,8% por la venta de oro, entre otras demandas.

El sector pide la anulación de la resolución administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 06/2023 que deja sin efecto el reglamento de otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.

Según Ramiro Balmaceda, presidente de Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, (Fecoman), el director nacional de la AJAM, Erick Ariñez, prometió a los auríferos que esa resolución no afectaría a los trámites previos; sin embargo, el dirigente denunció que la institución no está cumpliendo ese acuerdo.

“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones pasadas que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”, dice otra parte del documento.

La institución protectora anunció que se llevará a cabo un análisis progresivo para determinar la nulidad de los CCUs que se habrían otorgado en las áreas protegidas de Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari. (ANF)

Prohíben derechos mineros en las áreas protegidas

Bolivia

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas

09/11/2023

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas
Complejo Metalúrgico de Vinto. Foto: Internet

La empresa multinacional Glencore Financie presentó un proceso civil contra el Estado boliviano en el Tribunal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para que se ejecute el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y se cumpla con el pago de $us 253.5 millones, además de los intereses, por la nacionalización del Complejo Metalúrgico de Vinto y la mina Colquiri.

“Por lo tanto, el peticionario solicita respetuosamente que el Tribunal dicte una orden: (a) reconocer y ejecutar el Laudo contra Bolivia; (b) dictar sentencia contra Bolivia y a favor de Glencore por el monto del valor total de la Adjudicación, $253,591,796, que consiste en: $us 235.800.000 para la Mina Colquiri; $us 15.970.000 para la Fundición de Estaño Vinto; $us 694.960 para la Fundición de Antimonio; y $us 1.126.836 para el stock de Estaño”, señala el petitorio de la demanda a la que accedió la ANF.

El 8 de septiembre del año en curso, el procurador general del Estado (), César Siles, informó que la Corte Permanente de Arbitraje falló a favor de la empresa multinacional y decidió que el Estado pague una indemnización de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antimonio y reserva de estaño.

Este medio buscó conversar con el procurador general del Estado, César Siles, para conocer si fueron notificados con este proceso civil y qué acciones asumirá el Estado boliviano, pero desde la unidad de comunicación no hubo respuesta. (ANF)

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas

Bolivia

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

09/11/2023 6:28 am Portada

David R. Boyd, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se refirió a las más recientes exigencias de la minería cooperativizada en Bolivia. FOTO: RRSS

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, se pronunció respecto al reciente pedido del sector minero aurífero de explotar áreas protegidas en propio beneficio, sin tomar en cuenta el daño que se puede provocar en estas zonas de conservación.

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas. Esto viola el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, escribió Boyd en la red social X (antes Twitter), compartiendo un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

El relator agregó en su post que en el caso específico de Bolivia, la explotación en estas áreas naturales, “también viola los derechos de la madre naturaleza”.

Entre los pedidos de los mineros auríferos, además de la exigencia de reducciones impositivas, se encuentra la solicitud de que los Certificados de Compatibilidad Únicos (CCU’s) que les fueron entregados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas les sirvan como permiso para realizar operaciones mineras en parques y reservas naturales.

“Es decir que el Sernap, convertido en brazo operativo para el sector minero, otorga autorizaciones cuando es una instancia que debería, más bien, impedir el ingreso de actividades extractivas a las Áreas Protegidas”, señala el pronunciamiento de la Contiocap, compartida por el relator de la ONU.

Contiocap exige que estos certificados (CCU’s) sean revocados por ser considerados inconstitucionales.

Esta organización denuncia que el sector minero quiere aprovecharse de todas las áreas fiscales, áreas protegidas y áreas forestales para su propio beneficio y sin considerar el bien común, ya que la explotación minera en esta zona pone en riesgo el cuidado del medioambiente.

El punto 9 de su pliego petitorio, los mineros exigen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales y áreas protegidas de derechos preconstituidos”. (Agencias)

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

Argentina, Litio

Clemente Flores y la lucha indígena contra el litio en Argentina: “La presión es permanente”

Claudio Pizarro 22/10/2023

El vocero de las comunidades indígenas de Jujuy, Argentina, es un referente internacional sobre la lucha que han llevado miembros de pueblos originarios con las grandes empresas del litio. Flores estuvo hace poco en Chile y esto fue lo que conversó con El Desconcierto.
Estuvo hace unos días en Santiago, en el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), como parte de una delegación internacional donde representaba la lucha indígena contra el litio en Argentina.

Clemente Flores es vocero de las comunidades de Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, Argentina, que se oponen a la instalación de empresas de extracción de litio en los salares donde han vivido ancestralmente y cuya agua temen perder ante el avance de las compañías que buscan ingresar a los territorios.

¿Para quién es la energía?, se pregunta Clemente de entrada.

¿Para los que viven en el territorio o los que viven en otro país?, vuelve a preguntar.

“Creen que el agua sale de la canilla y no es así”, dice con voz grave. “El agua está en los suelos, en los territorios de las comunidades, especialmente en los apus, donde hay hielo, eso se sigue manteniendo, por eso es importante saber cuál es el uso y el manejo que se le da”.


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-¿Cómo se ha dado el proceso de la instalación de la industria del litio en los salares en Argentina?

Hay más de 30 empresas pidiéndole al Estado la autorización para entrar. En este momento las comunidades están resistiendo, viendo que no se les hizo la consulta libre. En la zona nuestra todavía no están explotando el litio, pero sabemos lo que ha pasado en el salar de Cauchari, que está mas a la cordillera, sabemos como es la evaporación de agua en los piletones y que trabajan 24 horas. Todo el salar es una inmensa ciudad, está lleno de luces.

-La escasez de agua es tema ineludible, se han secado arroyos y afluentes.

Es preocupante porque en la zona de las vegas ha ido bajando el agua, y también se dice que otro factor sería el cambio climático o el calentamiento global, pero también son responsables las empresas. Nosotros venimos planteando distintas clases de demandas, tanto ambientales como las consultas, a nivel provincial y en cortes internacionales de derechos humanos. El Estado es el responsable porque las empresas van a sacar el litio y después nos van a vender la batería. ¿Cuál es la ganancia para las comunidades e incluso para el mismo Estado?

-Generalmente las empresas llegan a los territorios con el maletín cargado de dinero. Es algo como de manual.

Todavía no han llegado donde nosotros, pero sabemos que así vienen, entonces por eso queremos saber a través de una consulta cuál es el rol que va a jugar el Estado y quién se va a hacer cargo después de todo el daño ambiental. ¿El mismo Estado? ¿la empresa? ¿el municipio? ¿quién se hace cargo si después de cinco años te dejan sin agua? Nadie quiere hablar de eso y es lo que necesitamos realmente saber. Porque hay una responsabilidad y forma de que se hagan cargo.

-¿Cuántas empresas están instaladas ya en el territorio?

En Sales de Jujuy que está en la parte sur de la cuenca, hay más de 30 empresas pidiendo para entrar y otras dos instaladas. A nuestras comunidades todavía no llegan, pero estamos al borde. Por eso necesitamos apoyo internacional, local, que entiendan que nosotros tenemos derechos y esos derechos se están vulnerando. Que las empresas se haga cargo de lo que estamos hablando, son las mismas que están en Chile y Argentina. Todas internacionales.

-¿Qué piensas de la energía verde y el uso del concepto como eslogan ecológico usado por las empresas?

Habría que preguntarse verde para quién. Porque para nosotros no sé si es tan verde si nos están sacando el agua, están matando a las comunidades y están haciendo de los territorios lugares de sacrificio. No creo para nada en el eslogan de la energía verde.

-¿Cuál es tu mirada respecto a los procesos de licitación en Argentina? ¿Los consideras transparentes?

La reforma a la constitución provincial fue justamente para sacar el uso del territorio, el tema del agua, sacar a las comunidades. Entonces, cual es la forma de preguntarle al Estado que ha hecho con todo eso. Todos esos convenios que tiene, tanto nacionales como internacionales, si hoy por hoy el agua dice que es para la producción. ¿Y esa es la única forma que tienen para producir el litio? Además, son las comunidades las que hoy tienen el agua, la cuidan y tienen pequeñas parcelas de producción.

-¿Se siente fuerte la presión de las empresas?
Totalmente, el 99% de las comunidades están presionadas, tanto dirigentes como las familias. La presión es permanente, tanto del Estado y como de las empresas. La gente no quiere hablar, no quiere participar, no quiere decir. Y, por el otro lado, presionan a cada uno que encuentren para que les firmen y la gente no sabe qué está firmando.

-¿Cuál es la solución?
Que tiene que haber un consenso, tiene que haber otra forma de consenso porque sino esto va a terminar en otras condiciones mucho más duras, porque las comunidades no se van a sentar a decir “sí, che, te voy a dar el litio”. Las comunidades saben de los derechos, han leído bastante, se están capacitando y saben que en esta historia se han vulnerado los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y al agua. Nos han vulnerado un montón de derechos.
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2023/10/22/clemente-flores-y-la-lucha-indigena-contra-el-litio-en-argentina-la-presion-es-permanente.html