Brasil, Iglesias y Mineria

Brasil. Los claretianos hacen campaña por la desinversión minera

16/08/ 2021
A un año de la muerte de Mons. Pedro Casaldáliga Pla, religioso de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María (claretianos), la Congregación de Claretianos de América y el Caribe selló su compromiso de denunciar la violencia perpetrada contra los pueblos indígenas por las industrias mineras y extractivas.

Fuente: Vatican News

Isabella Piro-Ciudad del Vaticano

La iniciativa, presentada durante un seminario web y apoyada también por la Red “Iglesias y Minas”, tiene como objetivo la desinversión minera en las zonas habitadas por los pueblos indígenas y pide a las congregaciones y organizaciones religiosas que den cada vez más testimonio del cuidado de la casa común, denunciando “la violencia genocida y abrumadora que se teje en beneficio de las empresas extractivas” en detrimento de los pueblos indígenas. Este compromiso se hizo el 9 de agosto, no por casualidad “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, mediante el lanzamiento de la campaña “Solidaridad y Misión”. En detalle, el compromiso se recoge en un documento que “invita a la corresponsabilidad para promover una economía que sea instrumento de la acción misionera de la Iglesia”.

El seminario web del 9 de agosto fue también una oportunidad para dar voz a los testimonios de los pueblos mapuche y chubut, en la Patagonia argentina, que llevan mucho tiempo luchando contra la deriva extractiva. En este sentido, el padre Antonio Sánchez Lara, misionero salesiano, recordó la urgencia de una conversión ecológica, invocada por el papa Francisco en sus encíclicas “Laudato Si’” y “Fratelli tutti”. “Necesitamos una conversión urgente para pasar de ser gobernantes de la tierra a ser parte de ella”, dijo el sacerdote, “las comunidades nativas tienen derecho a decir no a la minería. Y no significa no”.

También se invita a las organizaciones religiosas a “revisar sus códigos de inversión ética y los bancos comerciales a los que recurren”, porque es necesario “asumir la responsabilidad de una conversión ecológica integral” contra todos aquellos que “financian y se benefician de las muertes causadas por la minería”. “Las inversiones no son neutrales”, recordó Guilherme Cavalli, coordinador de la campaña de desinversión minera, “y la Iglesia está llamada a la coherencia, a partir de su ética social cristiana, para buscar caminos hacia una economía samaritana” y “un modelo económico evangélico que promueva la justicia y la dignidad de las personas y la naturaleza”.

“Asumimos nuestra corresponsabilidad en las inversiones éticas que favorecen la vida y las iniciativas comunitarias”, reiteran los promotores de la campaña, “nos comprometemos a promover economías solidarias basadas en los valores del cooperativismo, para una conversión ecológica”. De este modo, lanzarán “una señal de esperanza y luz para un camino de coherencia ética y de transformación y acción desde la Iglesia, para que nadie se quede atrás”.

Texto:

Carta de compromiso y adhesión a la Campaña de Desinversión en Minería

“El ‘no’ a una economía que mata debe volverse un ‘sí’ a una economía que hace vivir porque comparte, incluye a los pobres y usa las ganancias para crear comunión”
Papa Francisco

En comunión con las comunidades y territorios afectados por la minería en Latino América y compasivos con el grito de la madre tierra devastada y maltratada que gime y sufre dolores de parto (LS, 2), desde la/lo NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PRESENTE asumimos la corresponsabilidad de promover una economía que actúe como instrumento de la acción misionera de la Iglesia. Por lo tanto, que promueva una política económica y de inversiones que fomente los derechos humanos, la justicia social, climática y medioambiental, la equidad de género y el bien común, buscando contribuir con procesos de transformaciones. Asumimos este compromiso desde el carisma, misión y las implicaciones sociales y eclesiales de las opciones económicas de nuestra entidad.

Nos unimos a la red Iglesias y Minería, desde la Campaña de Desinversión en Minería, en la promoción de alternativas dirigidas a «promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial». Para eso, a través de una “nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia” (FT 168 y 170), clamamos que nuestras economías se distancien gradualmente de la lógica extractivista. Por lo tanto, asumimos el compromiso evangélico de ser corresponsables en la transformación del modelo económico de desigualdades. Comprendemos que es urgente rehabilitar una sana política y actuación con el mercado financiero que tenga la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales que promuevan la “preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (cf LS 10).

El Papa Francisco, en “Querida Amazonía”, denuncia los proyectos económicos de extracción y otras industrias que destruyen y contaminan (cf. QA 49). Son brazos del sistema económico orientado a la explotación irracional de la naturaleza. Abogamos por la desinversión en la minería como actividad integradora de un cambio paradigmático urgente que rechace las numerosas formas de injusticia “nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar” (cf FT 22). Por lo tanto, asumimos la promoción de una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común (cf FT 168 y 169). Como caminhos para una Economia Samaritana, proponemos “pensar en la participación social, política y económica de tal manera «que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común»” (FT 169).

Desde nuestra organización:

Orientamos nuestras decisiones financieras y de consumo desde una perspectiva evangélica, según la cual el ser humano recibe el mandato divino de proteger la creación (Gn 2,15)

Nos comprometemos a revisar nuestros servicios con las instituciones financieras como fondos de inversión o bancos comerciales que posiblemente estén relacionados con la mega minería. A partir de esta revisión, en caso se identifiquen relaciones de nuestras finanzas e inversiones con empresas de megaminería, nos disponemos a organizar un proceso de desinversión.

Asumimos nuestra corresponsabilidad en inversiones éticas, que favorezcan la vida y las iniciativas de las comunidades. Nos comprometemos a promover las economías solidarias basadas en los valores del cooperativismo, para una conversión ecológica que renuncie al extractivismo depredador que causa daños socio-ecológicos y responde a la lógica de la codicia, propiciando el paradigma tecnocrático y colonial dominante (cf. DfS 70 y LS 101).

Renovamos nuestra alianza con la red Iglesias y Minería y su campaña de desinversión, colaborando a la profundización de sus estudios, estrategias de acción y relaciones con las comunidades afectadas y las comunidades, entidades o instituciones eclesiales que quieren defenderlas. Mantenemos nuestra disposición para colaborar con la divulgación de la campaña y solidarizar con los pobres y la Madre tierra, que son amenazados por el extractivismo depredatorio.

Junto al grito de las comunidades afectadas por la minería, alzamos nuestras voces en el mundo, siendo testimonio de esperanza y coherencia, construyendo unidad y conectando posibilidades hacia una conversión ecológica.

Brasil. Los claretianos hacen campaña por la desinversión minera

Chile

Dominga, el Gran Engaño: ex Jefe de la Unidad de Geología de CMP afirma que Proyecto No es Viable Económicamente

Lucía Escobar 17/8/2021

“Minera Dominga es especulación pura y dura. No es un negocio de minería real y lo que ha hecho Andes Iron, es desprestigiar la imagen minera del país, una actividad trascendental para Chile”, afirma el geólogo experto en minería del uranio y del hierro, Mario Rojo Lara.

Mario Rojo trabajó 11 años en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y 32 años en Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal productora de hierro de la costa americana del pacífico. Allí fue Jefe de la Unidad de Geología durante una década antes de pensionarse.

Conoce el proyecto Dominga muy bien. Primero porque intentaron vendérselo a CMP (Latin American Coper, antigua propietaria) cuando era jefe de geología de la compañía, y tuvo que revisarlo, y porque CMP es dueña de la continuación del mismo paño (El Tofo) donde está Dominga.

“Es como Andina y Los Bronces, mismo yacimiento, solo separado por una raya que es la propiedad minera. Cuando fue el boom del precio del hierro, a fines de la década del 2000, hicimos pruebas metalúrgicas que demostraron que el material es de mala calidad, lo que incide en la baja recuperación en peso para lograr un producto de calidad vendible. Por eso suspendimos los estudios”.

Luego, nuevamente, ahora Andes Iron, les ofrecieron Dominga. CMP revisó el proyecto y confirmó lo que ya sabía. Tras este fracaso, se intentó vender Minera Dominga a Mitsubishi en Japón.

“Ellos ‘inconscientemente’, entrecomillas, porque no hay nada inocente sobre esto, fueron a hablar con Mitsubishi. En esa época en cualquier proyecto de hierro en Sudamérica que se le ofrecía, Mitsubishi lo consultaba con CMP. Hasta ahí no más llegó la conversación».

Ahora insisten en vender a los chinos – agrega -. Pero China tiene yacimientos igual de malos que no explotan. Creo que las empresas chinas piensan ¿cómo vamos a ir a explotar algo que es tan malo como lo nuestro y tan lejos?. Con menos de unas rayitas de sus cuentas los chinos podrían haber comprado la CAP y no han hecho ninguna OPA por ella.

A mediados del 2000 comenzó el proyecto Dominga. Pertenecía a Latin American Cooper, en donde trabajaba el geólogo Iván Garrido. «Sin resultados de peso durante muy acotados estudios, los inversores ingleses no encontraron viable el proyecto, independiente de discretas anomalías de cobre y oro en una matriz ferrífera. Esa es la realidad», cuenta Rojo.

En 2009 Garrido y el grupo Larraín Vial crean Minería Activa, como administradora de fondos de inversión en minería. Larraín Vial, no tardó en sumar oficinas familiares como la de los Piñera Morel y de sus amigos, los Délano Méndez. Luego Minería Activa compró Dominga y ésta, a su vez vende el proyecto a uno de sus socios, la familia de Carlos Délano. En 2010 asume la presidencia Sebastián Piñera y nace Andes Iron. Iván Garrido asume como Presidente Ejecutivo y CEO, cargo que ocupará hasta diciembre de 2020.

Mario Rojo recuerda:

Larraín Vial compró sin contactar a nadie que conozca el negocio del hierro, que tiene complejidades muy particulares. El geólogo Iván Garrido no tiene experiencia real en hierro y tiene un desplante muy especial que lo hizo prescindir de los que realmente conocen el negocio y estaban en la supuesta competencia. No conoce las complejidades del proceso ni del mercado del hierro. Con su amigo, el geólogo Armando Signa “inventaron” el proyecto y se lo metieron en la cabeza a la empresa Larraín Vial, que nunca ha hecho minería, son asesores financieros.

Luego adornaron un poco el proyecto y se lo vendieron a Délano. Cuando se dieron cuenta que Garrido no logró interesar inversores internacionales, le ofrecieron comprar sus acciones e indemnizarlo. Y se fue muerto de risa. Hizo su pasada y ahora es millonario en dólares.

“Délano no invirtió su patrimonio”, advierte el experto en minería del hierro. “Compró Dominga con préstamos bancarios, entre ellos BCI y Banco de Chile, tengo entendido. El hecho es que están endeudados y por eso están apurando la cosa, todos tienen interés en que aparezcan inversionistas. En parte por eso necesitaban destrabar el tema ambiental, pero no les preocupaba tanto porque sabían que se iba a solucionar gracias a este gobierno. Lo que les preocupa son los temas técnicos ¿porque echaron a Garrido si no lo creyeran?. Tiene que haberles llegado información de que la cosa iba mal técnicamente.

Los problemas

Andes Iron informa en su página institucional que producirán concentrado de hierro de alta calidad y bajo costo, “un producto premium y competitivo”. También asegura que el costo de inversión es de $2.500 millones de dólares.

Nada de eso concuerda, afirma el experto Mario Rojo.

Lo que hay en Dominga, parte del Distrito El Tofo en Coquimbo, “son tobas mineralizadas con magnetita que en su parte superior contienen a este mineral oxidado. Para efectos prácticos es estéril y debe llevarse a desmontes. Eso se hace cuando el material está bajo la ley de corte, lo que significa que el costo de producción es muy alto para generar ganancias, y por eso los desmontes quedan ahí, no sirven de nada”.

La ley media de hierro de Dominga es de 23%. Como comparación, la ley media de El Romeral es de 52%, lo que significa que hay que mover menos roca para sacar el mineral. También es importante decir que la ley de cobre que declaran es 0,09%. Y resulta que en la minería del cobre el 0,1% se considera estéril. ¡Tienen menos que el estéril y lo declaran como un recurso de cobre!

Y agrega:

– Desde que Minería Activa era dueña de Dominga saben que tiene una ley de hierro de 23%. Con eso sólo se puede obtener un concentrado de hierro que no cumple con las exigencias de los mercados internacionales, que es de un 67 a 69% de hierro total. Dominga puede llegar a valores máximos de 64 a 65 % constituyendo un producto de mala calidad.

– Entre 64 y 67% no parece haber una gran diferencia

– Parece muy poca, pero los castigos son enormes por cada punto de fierro que no vaya en el concentrado ofrecido. Las multas son tremendas, unos $10 dólares por cada unidad de hierro menos. O sea vender un concentrado de 67% es mucho mejor que vender uno de 65%, porque se afecta el precio de modo exponencial.

Un punto crucial es la comercialización, afirma Mario Rojo.

– El mercado de concentrado de hierro es muy estricto, sobre todo por temas ambientales. Hay una relación directa entre la calidad del producto y la huella de carbono. Mientras más impuro, más se castiga el precio. En periodos de escasez de concentrados, los compradores aceptan minerales de menos calidad, pero con fuertes castigos económicos al vendedor. Y para obtener un producto vendible en Dominga, la cantidad de procesos que se requieren son enormes, afectando la huella de carbono local.

La compañía afirma que Dominga producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado. Mario Rojo explica lo que se necesita para producir sólo 10 millones:

– Para ello se requiere moler y chancar 50 millones de toneladas de roca al año. Eso implica que se deberá mover material del orden de 150 millones de estéril anualmente, o sea ¡12,5 millones mensuales!

Inicialmente, el capital necesario para el proyecto Dominga fue de US$ 3.200 millones, monto que se rebajó hasta los US$ 2.500 millones actualmente, señala.

Los cálculos del geólogo Mario Rojo para producir 10 millones de toneladas anuales de concentrado superan ambas cifras, estimadas para 12 millones:


– Un Puerto y Planta de Filtros en la costa cuesta en capital por lo menos US$450 millones; después, cada tonelada de producto anual que quieran producir, cuesta como capital US$260 millones de dólares (US$2.600 millones en total, por tonelada producida anual; ese valor de 260 por tanto se multiplica por 10). Aparte, hay que sumar la planta desaladora, con una estimación de CAPEX de US$ 300 millones como piso. Eso da 3.350 millones de dólares como mínimo. Y falta agregar el proceso de flotación que el proyecto no menciona y que sí o sí tendrán que hacer, y le agregaría otro costo a la inversión.

– ¿Por qué se rebajó la inversión del proyecto Dominga a 2.500 millones de dólares?

– Porque en minería una inversión sobre 3.000 millones de dólares es de alto riesgo y cuando vieron que era muy alta, empezaron a bajarla. Lo hacen porque así más gente se puede atrever a invertir. El proyecto Dominga no es viable técnicamente, al menos no con 2.500 millones de dólares.

Ante ello, Rojo aclara sus principios “muchos colegas piensan que no hay que decir la verdad siempre, porque se pierden las oportunidades de trabajo. Acá en el fondo hay un engaño. Yo no me atrevería a hacer algo así, mi formación es de empleado público (CCHEN), no sé si se cataloga de inteligencia lo que ellos hicieron o no, pero no está en mi engañar a alguien”.

– ¿Una empresa minera puede declarar lo que quiera sobre las leyes del mineral o los costos de inversión sin que Sernageomín u otro organismo público lo certifique?

– Sernageomin no se mete en nada de eso. Usted puede declarar lo que quiera. Puede inventar un proyecto y si es lo suficientemente convincente puede hasta venderlo. Existe la ingeniería de pares, como la revisión de pares en ciencia, pero no es obligación hacerla y por supuesto a Andes Iron no le interesa. Un inversionista tendría que contratar sus propios expertos para que revise partida por partida el proyecto.

– Cualquier proyecto minero puede ganar o perder. ¿Por qué cree que no podían hacer la pérdida antes de la aprobación ambiental ?

– Es una buena pregunta. Creo hay algo de soberbia en esto, pero no entiendo. La especulación debe llegar hasta cierto límite. Por ejemplo Luksic hace negocios de regulares a malos, pero también hace minería real, «minería con chimenea». O el caso de los Vial Concha en Chañaral, que se hicieron asesorar por gente que conoce el rubro. Son parientes de los Larraín Vial. Los Vial Concha hicieron la pérdida de 700 millones de dólares en Freirina, rebajaron impuestos y pasó piola. Y ellos son empresa cerrada, Larraín Vial no. Las empresas financieras meten platas de muchos inversionistas, a veces hasta las AFP ponen plata en estas bancas de dinero.

– ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en el proyecto Dominga y de cuánto sería la cuota para los inversionistas?

– Tengo entendido que querían US$1.000 millones a la firma. Pagando con intereses y lo que deben a los bancos, obtendrían unos US$700 millones, con un inversor.

– Y desde que partieron han gastado más o menos US$250 millones, un monto que es marginal en minería. Eso incluye los estudios de ingeniería del proyecto, el arriendo de oficinas muy lindas en Sanhattan y mucho lobby. Podrían haberlo hecho sin tanta parafernalia mediática y no habrían causado el caos que han ocasionado, desprestigiando a la minería. Cualquier externo que analice las cifras, se dará cuenta de la subvaloración estimada. Así no conseguirán a alguien que les retorne lo invertido.

– Lo que podría salvar el proyecto es el puerto. Por eso están en negociaciones con la CAP y ésta última no tiene un un proyecto minero analizado en fases de ingeniería para el puerto Cruz Grande. Si realmente se construye la infraestructura del túnel Agua Negra, para poder salir desde el Atlántico al Pacífico va a ser un negocio enorme, pero eso no va a pasar hasta 20 años más y echar a andar un proyecto minero, donde incluso estuviera todo bien y diera la ley de Dominga, son por lo menos 7 años. Además normalmente los inversionistas quieren separar aguas, no puede estar la empresa portuaria subvencionando a la empresa minera. Aquí se cometieron errores muy garrafales.

El geólogo recuerda un gran escándalo en Indonesia con la mina de oro Bri-X. No había nada y además engañaron espolvoreando oro a las muestras.

– Desde entonces nacieron las bolsas de minerales en Canadá y Australia que son normas que indican todo lo que hay que hacer para que un inversionista crea en un proyecto. Si se cuestiona a una minera por engañar a los inversionistas se cuestiona el país completo. La imagen país siempre se deteriora y si le dices al inversor dónde quieres invertir en Canadá o Chile, se van a ir a Canadá.
https://www.voceriavirtual.cl/2021/08/dominga-el-gran-engano-ex-jefe-de-la.html

Argentina, Litio

Congreso argentino busca promover una empresa estatal de litio en Argentina

Impulsar la extracción del mineral y la fabricación de baterías, además de regular con mayor énfasis las inversiones privadas, entre los puntos que establece la iniciativa del diputado kirchnerista Carlos Heller.
El Cronista / Argentina 15/08/2021

Al ritmo del crecimiento de la industria del litio a nivel mundial y la denominada guerra del «oro blanco» en Argentina, el kirchnerismo finalmente empezó a darle forma a un proyecto de ley tendiente a crear una empresa estatal para promover la extracción del mineral y la fabricación de baterías al mismo tiempo que regular con mayor énfasis las inversiones privadas.

El diputado kirchnerista Carlos Heller, uno de los hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner en el Congreso, confirmó a El Cronista que «hay una idea concreta de abrir el debate para proteger la extracción de litio en el país e impulsar la producción local del mayor insumo que implica este mineral y que son las baterías».

El legislador del Frente de Todos aclaró que la intención de su bancada es discutir el tema con el Poder Ejecutivo para arribar a un consenso y desechó de plano que haya intenciones de estatizar la producción completamente. Es decir, que las actuales inversiones extranjeras de yacimientos de litio que hay en el país no se tocarán de ninguna manera ni sufrirán intervención estatal.

Heller explicó que desde hace varios meses está trabajando en un proyecto de ley que busca crear una empresa estatal de extracción de litio y producción de materia prima con participación del Estado nacional y de los estados provinciales que le competen este mineral. En Argentina el empleo por la extracción de este mineral se duplicó en los últimos tres años. A junio del 2020 se registraban más de 4,400 empleos directos e indirectos de esta industria minera y según datos oficiales del Ministerio de Producción el país tiene potencial para llevar las exportaciones de litio de los 190 millones de dólares en 2019 a los 2101 millones de dólares en 2030.

La explotación de litio se despliega hoy en un preciado triangulo conformado en la cordillera de los Andes que une a Argentina, Bolivia y Chile. Allí compiten centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer este mineral que escasea en el mundo entero. La intención del diputado Heller es abrir el debate sobre la extracción y producción del litio. «Hay que dar este debate que es central para el desarrollo de la industria Argentina», dijo. En la iniciativa que trabaja contempla la creación de unas empresas estatales Nacionales y de las provincias para promover la producción local, y regular el mercado privado.

La creación de una empresa estatal de litio se sustenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional: «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Congreso-argentino-busca-promover-una-empresa-estatal-de-litio-en-Argentina-20210815-0061.html

Mexico

Minería a cielo abierto: crimen contra el medio ambiente en México

La actividad de las empresas mineras tiene consecuencias en su mayoría irreversibles, tales como severos daños a la salud, así como contaminación de agua y suelos. A la par, se incrementan los asesinatos de ambientalistas.
Antonio Vázquez
09/08/2021
Desde hace algunas décadas viene implementándose la llamada minería a cielo abierto, técnica que consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que será procesado con materiales altamente tóxicos como cianuro o mercurio para obtener los minerales buscados.

Esto tiene consecuencias desastrosas no sólo en cuanto al deterioro del paisaje y la pérdida de la biodiversidad de la región, sino también por la contaminación de aire y agua que provoca enfermedades entre los habitantes de las zonas aledañas.
Por ejemplo, graves problemas dermatológicos, daños a la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. Otra peligrosa secuela que se detectó fueron los niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas.

En nuestro país se ha luchado desde hace décadas contra estas prácticas, pero con el decreto de la ley minera que reglamentó al artículo 27 constitucional, se multiplicaron las concesiones en favor de las grandes mineras, aumentando el despojo territorial y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.

Un reciente mapa de conflictos mineros que elaboró el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), registró 284 conflictos sociales por la megaminería vigentes en Latinoamérica durante 2020, 58 de los cuales se concentran en México, seguido por Chile con 49 y Perú con 46.

Ganancias a partir del saqueo

A esto hay que sumarle el paraíso fiscal que México representa para los inversionistas gracias a la reforma hacendaria aprobada en 2014, la cual permite que las empresas paguen por las concesiones mineras únicamente 1.18% de los recursos que extraen del territorio mexicano, sin importar el deterioro ambiental y social que provocan y la explotación laboral que conlleva.

Esto debido a que sólo aportan al fisco el pago de derechos por concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia. Lo anterior demuestra que la sed de ganancias de las trasnacionales mineras está por encima de la vida de las comunidades y de los trabajadores del sector.

Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), defienden su negocio, argumentando que generan unos 379 mil empleos en el país. Pero los costos que deja este modelo extractivo son inmensamente mayores que sus supuestos beneficios.
Daños irreparables y criminalización

Actualmente hay 13 minas principales operando a cielo abierto, de las cuales las mas relevantes son las de Cananea, en Sonora, con 2,100 millones de toneladas en reservas; y La Caridad de Nacozari, el complejo minero metalúrgico mas importante de México, de donde se extraen 120 mil toneladas al año de cobre.

Un caso escandaloso que ejemplifica las consecuencias de la minería a cielo abierto es el de Minera San Xavier, que operaba en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Actualmente éste ha desaparecido del paisaje, a un alto costo: el peligro de derrumbe de lo que queda del cerro que se cierne sobre la población, además de 32 millones de litros de agua contaminados con cianuro.

Otro gran desastre ocurrió en Sonora el 6 de agosto de 2014, cuando de la Mina Buena Vista del Cobre, perteneciente a Grupo México, se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando con esto no sólo los ríos, sino también las cosechas, el ganado y con ello la vida de los habitantes del lugar.

En “retribución”, las agresiones y la criminalización contra defensores del medio ambiente incluyen todo tipo de violencias y abusos: amenazas de muerte, arrestos y acoso judicial, agresiones sexuales, persecuciones, secuestros o desaparición forzada, chantajes, represión de manifestaciones pacíficas, ocupación por la fuerza de territorios y asesinatos.

Tan solo en 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados. Al presentar su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, CEMDA dio a conocer que luego de ocho años de registro y documentación, en México prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio. Las autoridades, al igual que en sexenios anteriores, con el actual gobierno de la 4T mantienen estos crímenes impunes.

A los grandes capitalistas, dueños de las mineras, no les importa arrasar con el suelo, el agua, el aire y las vidas del lugar; solo pretenden aumentar sus fortunas.
Los socialistas pensamos que la clase productora –los trabajadores– debemos luchar por la cancelación de las concesiones mineras, así como por la expropiación y nacionalización bajo control obrero, sin indemnización, de las minas, las industrias estratégicas y los servicios esenciales que han sido privatizados.

A través de nuestra autoorganización democrática, en alianza con las comunidades y los movimientos ambientalistas, se puede planificar la producción en función de las necesidades de las mayorías, acabar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y garantizar la preservación del medio ambiente. Es también luchando unidos como podrán lograrse mejores salarios, atención médica, seguridad en el empleo y plenos derechos, como han demandado los trabajadores mineros en diversas partes del país.
https://www.laizquierdadiario.mx/Mineria-a-cielo-abierto-crimen-contra-el-medio-ambiente-en-Mexico

Argentina

EL PROGRESISMO QUE ATRASA

08/08/2021
Existe una disociación entre la autodenominación (y el concepto) “nacional y popular” y el gobierno de Alberto Fernández que es difícil de explicar. Por no decir imposible. Se presenta como un gobierno democrático y progresista pero continúa con las macropolíticas del despojo.

Para impulsar el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, Alberto Hensel afirma que “En la Cordillera hay otra pampa húmeda” trascendiendo el significado geográfico y apelando a la connotación económico política devenida del siglo XIX: la expansión agrícola-ganadera con concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos adinerados que nos colocó en el lugar de proveedores primarios, fundamentalmente de alimentos. Atrasa la idea de proveer minerales/metales, de seguir primarizando, de continuar concentrando en pocas manos -esta vez los adinerados de ayer vinculados con las transnacionales- la explotación de los bienes de todas y todos.

Hay además, un ingrediente de perversidad en la estrategia o mecanismo al que apelan el Secretario de Minería y el Ministro de Producción: convocar a “ONG ambientalistas” que nadie conoce, que nadie nombró como representante, que no actúan en territorio y que por lo tanto no tienen legitimación social. Este mecanismo se da de bruces con lo nacional y popular y con el espíritu democrático que pregonan como propios.

Por lo visto, están dispuestos a multiplicar la conflictividad social. Leamos sino, la nota de Florencia Barragán publicada en Ámbito.

En Argentina, el Gobierno lanzará el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que contará con objetivos, plazos y estrategias para desarrollar la minería en los próximos 30 años. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que este sector será una “palanca” al desarrollo, sobre todo por el potencial exportador. “En la Cordillera hay otra pampa húmeda”, aseguró el secretario de Minería, Alberto Hensel, durante un seminario que organizó el think tank Fundar.

Según afirma Ámbito, las exportaciones de minería treparon 83,2% interanual en junio, el salto más elevado del último año. Durante el primer semestre las exportaciones fueron por u$s1.422 millones, una suba del 19,2%, comparado con el primer semestre 2020.

Para el Gobierno sin embargo, la cifra está muy lejos del potencial. “Chile exporta minería por u$s34 mil millones, siendo su principal complejo exportador. En Argentina, la principal exportación es la soja, por u$s16 mil millones, y la minería recién está en quinto lugar”, analizó Hensel. La minería contribuye al 0,6% del PBI argentino, mientras que en Chile aporta al 12% del PBI, o en Perú al 10%.

Hensel consideró que la importancia del sector se observa actualmente en las economías regionales. “Hay provincias que fueron consideradas inviables, hasta que decidieron incursionar en el potencial geológico”, afirmó el secretario. En provincias como San Juan, Santa Cruz o Jujuy las exportaciones de minería representan hasta el 78%.

Según estimaciones oficiales, hay proyectos mineros, que pueden durar 20 años, que pueden tener un balance de divisas favorable de 20 mil millones de dólares cada uno. Por eso el Gobierno avanzará con el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que formará parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que lleva adelante el Ministerio que encabeza Matías Kulfas. El programa tendrá un consejo consultivo para recibir consultas y sugerencias, se anticipó a aclarar Hensel.

Es que el Gobierno tendrá dos grandes trabas a la hora de avanzar en este plan. La primera es que los recursos pertenecen a las provincias, de las cuales 9 tienen prohibida la explotación. Pero la más difícil de sortear será la conflictividad social. Hensel aseguró que se cumplirán con todas las regulaciones de carácter ambiental. “Cuando se habla de eliminar la combustión fósil y afrontar el cambio climático, no lo vas a poder hacer si no contás con los minerales para la transición”, argumentó Hensel.

Desde 2005, los conflictos sociales por la minería se incrementaron en un 500%. Argentina es el cuarto país en cantidad de conflictos. Los proyectos que se suspendieron o cancelaron por movilizaciones fueron el 53%, mientras que en el mundo es de tan solo 25%. “El caso argentino es el único en detención de proyectos por la movilización social”, analizaron las investigadoras Lucrecia Wagner y Mariana Walter en el seminario.

En las últimas semanas, Daniel Schteingart, quien trabaja junto a Kulfas como director del CEP XXI, citó a ONG ambientalistas al Ministerio. Durante su exposición en el seminario, afirmó que la minería puede ser una “palanca” al desarrollo y consideró algunas variables a tener presente como la contribución exportadora, el ahorro de divisas, la generación de empleo (con una accidentabilidad laboral por debajo de la media).

El progresismo que atrasa

Perú

195 conflictos sociales esperan ser atendidos por el Gobierno de Pedro Castillo

Elizabeth Prado
Eli_PradoDelizabeth.prado@glr.pe
14/08/2021
Reclamo. Comunidades campesinas e indígenas anuncian la presentación de demandas socioambientales. En julio, los conflictos sociales se incrementaron en cuatro respecto al mes anterior. Foto: La República

Tensión. Los más fuertes se encuentran en el corredor minero del sur, especialmente en Cusco, y en regiones amazónicas, principalmente en Loreto donde se han acumulado 31 casos. Dirigentes esperan que el premier Guido Bellido cumpla con lo que ofreció.

Según el último reporte de Defensoría del Pueblo, el país afronta 195 conflictos sociales, la mayoría de ellos de tipo socioambiental e identificados como activos. Los casos más resaltantes tienen como escenario el corredor minero del sur y la Amazonía. Son problemas que el Gobierno de Pedro Castillo no debe tardar en solucionar.

El adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, ha advertido la concentración de problemas en el corredor minero del sur. Precisaba las localidades de Cotabambas, Haquira y Pumamarca (Apurímac), Espinar, Fuerabamba, Chumbivilcas y Livitaca (Cusco).

En esta zona, donde operan las empresas Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y Anabi, las comunidades exigen la entrega inmediata del canon, suscripción o modificación de convenios marco, renegociación de la venta de tierras, atención de impactos ambientales en el corredor vial debido al polvo, ruido y daños a sus viviendas. También piden ser parte del área de influencia del proyecto minero, así como demandan consulta previa, cumplimiento de compromisos sobre inversión pública en salud, educación, agua y saneamiento, transportes, agricultura y otros. Ellos esperan que el premier Guido Bellido cumpla con su promesa de atenderlos.

El último conflicto registrado ha sido en Challhuahuacho, Apurímac. La comunidad campesina de Choaquere alega que la minera Las Bambas habría incumplido compromisos de responsabilidad social sobre salud, educación, trabajo y otros.

Lo mismo que en Chumbivilcas, Cusco. Ahí las comunidades de Huininquiri, Muyoc Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya iniciaron una huelga indefinida que fue amainada por el premier Guido Bellido. Los comuneros desconocen la resolución que convierte una vía comunal en nacional y piden compensación por daños ambientales.

Mientras que en las regiones amazónicas, Loreto tiene el mayor número de conflictos sociales del país.

Las demandas de las comunidades indígenas no solo se dirigen a las empresas petroleras sino principalmente al Estado. Ellas tienen años reclamando servicios públicos, proyectos de infraestructura, remediación de lugares contaminados, compensación por daños, así como beneficios económicos por la actividad hidrocarburífera.

El caso número 31 se produjo en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. La comunidad Saramurillo reclama el cumplimiento de acuerdos asumidos por Petroperú, la Municipalidad de Urarinas y el Gobierno Regional de Loreto en actas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Los pobladores han paralizado la descarga y embarque de hidrocarburos, así como los trabajos de las empresas contratistas de la Estación 1, que opera Petroperú.

Los dirigentes alistan sus pliegos de reclamos. El líder loretano José Fachín afirma que exigirán al Gobierno “un nuevo contrato social y ambiental”.

Desde Apurímac, el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Cotabambas, Alejandro Enríquez, refiere que tienen las peores condiciones de salud, educación y agricultura, y por eso piden un convenio marco con Las Bambas.

“Que la empresa aporte el 8% de su venta anual para atender estos tres puntos. Queremos que el presidente nos respalde y nos haga respetar”, reclama el dirigente apurimeño.
https://larepublica.pe/politica/2021/08/14/pedro-castillo-195-conflictos-sociales-esperan-ser-atendidos-por-el-gobierno/

Bolivia, Litio

Registra empresa de litio en Bolivia cifra récord de producción

15/08/2021 (Prensa Latina) La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) registró en el primer semestre cifras récord en la producción y ventas de cloruro de potasio (agrofertilizante) y carbonato de litio, reportó hoy el diario Ahora el Pueblo.

Este resultado se debió al proceso de reactivación del proyecto de industrialización de este rubro que encara el Estado boliviano en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

Los datos de YLB señalan que sólo en ventas de ambos productos (en el mercado nacional e internacional) sobrepasó los 12 millones de dólares en ingresos, lo cual refleja la reactivación del proyecto industrial luego de que fue paralizado por el gobierno de facto en 2020.

Según su presidente ejecutivo, Marcelo González, las entradas generadas en el primer semestre de este año superan de lejos los casi dos millones de dólares reportados en el mismo periodo de la gestión anterior.

La empresa tiene en operación actualmente la Planta Piloto de Carbonato de Litio y la Planta Industrial de Cloruro de Potasio; esta última fue inaugurada y puesta en funcionamiento en octubre de 2018 por el entonces presidente Evo Morales.
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=469474&SEO=registra-empresa-de-litio-en-bolivia-cifra-record-de-produccion

Chile

La sociedad civil y el mundo político se unen en contra del proyecto minero Dominga

por El Mostrador 14/08/2021
Senadores, científicos, académicos, medioambientalistas y dirigentes locales presentarán un recurso de protección. Asimismo, piden declarar la zona como Área Marina Protegida y convocan a la ciudadanía a estar atenta a apoyar las acciones necesarias para impedir el proyecto portuario, «en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta», dijo el senador Girardi.

Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca del Senado, junto a Adriana Muñoz, senadora de la Región de Coquimbo; Rubén Araya científico y decano de la U. de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representante de la Alianza de Humboldt, anunciaron –este sábado– que presentarán un recurso de protección contra el proyecto portuario de Dominga; pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida; y llaman a la comunidad a estar atenta para impedir que se produzca este ecocidio.

El senador Girardi afirmó que «se está aprobando solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy (IPCC-2021). Personalmente no cuestiono el proyecto minero, pero teniendo alternativas de usar puertos que existen (Huasco y Coquimbo), quieren construir otro junto a la Reserva de Pingüinos de Humboldt, solo para maximizar las ganancias del grupo Penta (principal accionista de la empresa), de la familia Délano, con del corredor bioceánico con Argentina a través del túnel Aguas Negras».

El parlamentario del PPD agregó que «el proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de Conaf, cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos por los que fue rechazado en 2017».

Y dijo que «la lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, donde hasta el seremi de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del Gobierno».

Girardi agregó que «entender la situación dramática de la comuna de La Higuera donde la empresa, aprovechando la cesantía existente, ofrece prebendas para ganar el apoyo de la comunidad».

Añadió que como senadores «nos vamos a aliar con las organizaciones ecologistas, sociales, de pescadores y la comunidad para impedir en forma conjunta este desastre ecológico. La próxima semana presentaremos un Recurso de Protección en Coquimbo y esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho a la justicia ambiental en este país».

Y concluyó apuntando a que «también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo».

Por su parte, la senadora por la Región de Coquimbo, Adriana Muñoz, valoró «el respaldo a la lucha que estamos dando hace mucho tiempo en la región. Yo me opongo a la instalación de una minera de esta envergadura en la región y el tema de los puertos es un debate aparte. No puede haber cuatro puertos en un sector tan pequeño de territorio».

«Ya hay un puerto concesionado (Coquimbo) que puede transformarse en el puerto central de la zona y no proliferar con proyectos para determinados intereses económicos. Hay que proteger esta zona maravillosa, la pesca artesanal y crear un área Marina Protegida –que ha sido planteado, pero no ha prosperado– debe ser asumido como prioridad por el nuevo gobierno», comentó.

Para la senadora Ximena Órdenes, «la resolución del COEVA de Coquimbo es una decisión arbitraria, tras una acción forzada para coordinar a las autoridades de esa institucionalidad y respaldar un proyecto que todas las evidencias científicas y técnicas dicen que no se puede aprobar».

En tanto, el senador Rabindranath Quinteros sostuvo que «es impresentable que quienes más ganancias obtienen sean los que menos importancia le dan al medioambiente. Como legisladores tenemos que utilizar nuestras atribuciones para evitar este abuso de un Presidente que vela por los intereses de sus amigos».
Ley de bases

El decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la U. de Antofagasta, Rubén Araya, llamó a asumir los argumentos técnicos, la evidencia científica y proteger la biodiversidad. «El emplazamiento de este proyecto generará impactos negativos. Esperamos que esta decisión se pueda revertir».

Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile, en esa misma línea recordó que «este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo».

Mientras que para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, «estamos ante una insistencia –sin ningún cambio sustancial del proyecto– de parte de un grupo económico que encabeza (Carlos Alberto) Délano, cercano al Presidente, y que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal. La empresa ha intervenido el territorio mediante prebendas, cooptando y manipulando la institucionalidad ambiental».

La titular de Chile Sustentable agregó que la prisa se debería «a que estamos al término de este Gobierno donde Délano tiene incidencia (…) y porque está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, donde este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores».
Evaluar acciones

Óscar Avilez, presidente de la Asociación Gremial de los Pescadores de Caleta de Punta Choros, se refirió a las históricas amenazas que han recaído sobre la zona, desde la instalación de centrales termoeléctricas en 2010 hasta la minera Dominga. «Desde entonces hemos luchado de manera incansable para proteger nuestro territorio, y nuestras áreas de manejo de recursos bentónicos son las más productivas del norte de Chile. Nosotros nos vamos a oponer hasta las últimas consecuencias», sentenció

Para Nancy Duman, representante de la Alianza Humboldt, «los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros, sobre el sería construido uno de los rajos de la mina, afectando el abastecimiento de agua para los pueblos de Los Choros y Punta de Choros».

Agregó que también afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos y los pequeños productores de aceitunas.

La dirigenta social finalmente afirmó que «hay que hacer todo lo posible para impedir su instalación, valoro reimpulsar el Área Marina Protegida de múltiples usos, aunque debe considerar toda la extensión de la propuesta original, pero llamo a evaluar otras acciones a realizar para detener estas fuerzas que están por aprobar el proyecto».
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/14/la-sociedad-civil-y-el-mundo-politico-se-unen-contra-del-proyecto-minero-dominga/

Perú

Caso Las Bambas: Perú busca promover el desarrollo de Apurímac y el corredor minero

13/08/2021
Ministro Merino se reunió con altos ejecutivos de la empresa MMG Las Bambas, operadora de una de las minas de cobre más importantes del país. / Foto: Cortesía del Minem.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iván Merino Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con altos ejecutivos de la empresa MMG Las Bambas, operador de Las Bambas, una de las principales minas de cobre del país, ubicada en la región Apurímac.

Merino Aguirre manifestó que su gestión promueve un nuevo pacto entre el Estado, los inversores privados y la sociedad civil, que se orienta a promover inversiones sostenibles, proteger el medioambiente, salvaguardar la cultura de las poblaciones aledañas a las operaciones y lograr que el país reciba una contribución justa.

“Propugnamos el desarrollo territorial integral en base a una labor conjunta entre mi despacho con los ministerios de Desarrollo Agrario, Ambiente y el futuro sector de Las Culturas, entre otros, buscando sacar adelante proyectos con respaldo social”, aseveró.

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Participaron en el encuentro, realizado el martes, Jianxian Wei, gerente general de MMG Las Bambas; Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa; y Álvaro Ossio, director financiero; quienes manifestaron su voluntad por coordinar con el Minem esfuerzos e iniciativas para impulsar el progreso de Apurímac, del corredor minero –por donde se transporta su producción de cobre- y del país en su conjunto.

El ministro Aguirre resaltó que con el criterio de Rentabilidad Social en el sector minero-energético, impulsado por el Gobierno, se dará mayor énfasis al desarrollo económico y social de Apurímac en base a un diálogo sincero y directo, en un clima de paz social.
https://www.mineria-pa.com/noticias/caso-las-bambas-peru-busca-promover-el-desarrollo-de-apurimac-y-el-corredor-minero/

Chile

Diputado Núñez y aprobación de proyecto Dominga: “Aquí está en forma nítida la mano de Piñera”

El diputado que representa a la comuna de La Higuera donde se busca instalar el proyecto minero portuario manifestó que si es necesario se llegará a instancias internacionales para proteger la biodiversidad de Coquimbo.
Andrea Bustos C.
12/08/2021
DANIEL NUNEZ
La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo al proyecto Dominga desató una ola de críticas en contra de los seremis que lo apoyaron, pero especialmente al Gobierno, pues quienes respaldaron el proyecto minero portuario son representantes del Ejecutivo en la región.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, indicó que esta votación favorable a Dominga es absolutamente ilegítima “porque no se basó en los criterios técnicos que correspondía de una serie de informes científicos de la CONAF que señalan claramente la afectación, contaminación y daño en la biodiversidad del borde costero de la comuna de La Higuera que provoca este proyecto, eso fue desechado, no se tuvo en cuenta y es gravísimo”.

A eso, dijo el parlamentario, se suma que la comisión es poco representativa, pues se excluyó a la gobernadora regional Krist Naranjo, quien es opositora a esta iniciativa privada.

“Se impone una decisión de manera centralista por el delegado presidencial y desde ese punto de vista tiene nuestro más absoluto rechazo. Este es un proyecto cuestionado medioambientalmente, pero que también se relaciona con bullados casos de tráfico de influencias que involucran al propio presidente”, aseveró.

Las críticas contra el mandatario recaen en que minera Dominga pertenece a uno de sus amigos cercanos, Carlos Délano, a través de la empresa Andes Iron. Es desde ahí que han surgido una serie de acusaciones respecto de que la aprobación al proyecto podría responder a esta relación.

“Aquí está en forma nítida la mano de Piñera porque el delegado presidencial convoca a esto tratando de generar los acuerdos y las votaciones del Consejo de Ministros antes de que Sebastián Piñera deje el Gobierno. Entonces es vox pópuli y es una realidad que Piñera está asegurándole el negocio a sus amigos del grupo Penta, particularmente a los Délano, y eso reafirma todos los cuestionamientos que se están haciendo hoy a este proyecto minero”, agregó.


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En la comisión el único voto en contra fue del delegado presidencial, Pablo Herman, quien incluso interpeló al diputado Núñez, acusándolo de no haber defendido con la misma fuerza el medio ambiente en el Gobierno de Michelle Bachelet.

“La verdad que en la lucha medioambiental hemos tenido una serie de batallas, la defensa de los humedales con proyectos de ley, en contra de la contaminación que genera hoy día minera Pelambres, estamos trabajando para presentar un recurso de protección con las comunidades de Cuncumén, Batuco y Tranquilla y es nuestro deber. Así que las críticas de Pablo Herman a mí francamente me dan lo mismo. Yo creo que él intenta cuestionarnos porque sabe que quienes hemos hecho esta lucha hemos estado respaldando a la gente contra la instalación de Dominga y eso es lo que en última instancia le molesta, así que es casi anecdótico”, comentó.

El parlamentario también se refirió al voto en contra que dio Pablo Herman, quien aunque rechazó el proyecto, era el presidente de la comisión, por tanto, citó esta reunión para votar.

“Que haya votado en contra es meramente testimonial porque él operó para que este proyecto se aprobara en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía en la Región de Coquimbo”, dijo Núñez.

Respecto del futuro del proyecto, que ahora debe ser revisado por el Comité de Ministros pero que a la vez se encuentra judicializado por recursos pendientes en la Corte Suprema, el diputado comunista señaló que se tomarán las medidas que sean necesarias para proteger la zona que será afectada.

“Acá lo primero que tenemos que hacer es reactivar la coordinación que teníamos con las organizaciones ciudadanas, ambientalistas de la zona y también las entidades como ONGs que han estado apoyando, porque debemos tener una estrategia común. Obviamente vamos a seguir muy atentos a las acciones judiciales, pero también estamos estudiando hacer una reclamación porque esta votación no tuvo en cuenta la opinión de la CONAF”.

“Por otro lado también vamos a estudiar llegar a organismos internacionales porque obviamente esta zona es tan emblemática y cuenta con tal biodiversidad que tiene un reconocimiento en diversas instancias internacionales. Por lo tanto, el daño ambiental tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo que puede ocurrir en Chile”, agregó Núñez.


Dominga

Sobre el rechazo ciudadano que genera el proyecto Dominga, que se vio incluso en las calles este miércoles cuando en diversos puntos del país hubo manifestaciones en contra de la iniciativa privada, el diputado señaló que si el Gobierno no entiende la profundidad del problema, la movilización podría crecer incluso para ser un símil de lo sucedido con Hidroaysén.

“Se puede transformar en un conflicto socioambiental emblemático, es evidente que ha despertado preocupación no solo en la Región de Coquimbo, sino que en todo Chile. Por lo tanto, si el Gobierno insiste en darle viabilidad a este proyecto e imponerlo como lo está haciendo en forma autoritaria, evidentemente, se va a levantar la ciudadanía, las comunidades y vamos a tener un conflicto tan emblemático como fue el de la Patagonia cuando se opusieron a las hidroeléctricas y las represas”, afirmó.

Dado que el proyecto se mantiene judicializado, es posible que incluso su revisión pueda retrasarse llegando a los ministros del próximo Gobierno. Al respecto el diputado por Coquimbo aseguró que en Apruebo Dignidad existirá una protección del medio ambiente, lo que manifestó podría no ser igual con los otros candidatos, especialmente en la DC, pues recordó que fueron ministros de esta colectividad los que se alejaron del Gobierno de Michelle Bachelet cuando Dominga fue revisado y rechazado por los secretarios de Estado.

Diputado Núñez y aprobación de proyecto Dominga: “Aquí está en forma nítida la mano de Piñera”