Agosto 2021
Foto: Referencial
En las últimas semanas se han ido sumando un conjunto de noticias en materia tributaria que, hay que reconocer, son buenas para la economía del país. Varias empresas, que tenían un conjunto de deudas tributarias, finalmente las están asumiendo y han comenzado a pagar o han anunciado que lo harán.

Los procesos son distintos y no es que las empresas por voluntad propia hayan decidido asumir sus deudas tributarias. En algunos casos, como el de la empresa Buenaventura y Cerro Verde, los pagos se realizan luego de largos procesos legales y teniendo de por medio una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una pretendida prescripción de las deudas. Que quede claro que ambas empresas, como muchas otras deudoras, hicieron lo imposible, utilizando todos los vericuetos legales para no pagar o retrasar al máximo el pago.

Como se sabe, varios de estos procesos han demorado entre diez y quince años. Además, como lo ha recordado un reciente artículo publicado por CooperAccion, en ambos casos son pagos bajo protesto, lo que significa que las empresas no se han resignado y mantienen la esperanza que los tribunales les den la razón, lo que significaría la devolución de lo pagado al Estado. Mientras tanto, la buena noticia es que el fisco recibirá este año un ingreso adicional de 2,647 millones de soles por el pago de ambas empresas.

Por otro lado, el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha anunciado que el Tribunal Fiscal resolverá en los próximos 30 días sobre una deuda de aproximadamente 690 millones de soles de la empresa Las Bambas por concepto de IGV de los años 2011 y 2012. Además, se anuncia que, finalmente, esta empresa comenzaría a pagar desde este año impuesto a la renta (IR). De producirse, este adelanto del pago de IR se explicaría sobre todo por los altos precios internacionales de los minerales que han permitido que finalmente recuperen sus inversiones. Como se sabe, Las Bambas inició la fase de producción el año 2016.

Todos estos anuncios, más el incremento de la recaudación tributaria, sobre todo proveniente de la minería, están permitiendo que este año se registren mayores ingresos fiscales, luego de una fuerte caída de la recaudación el año pasado. Sin embargo, debe quedar claro que algunos de estos ingresos, como los que provienen de las deudas tributarias, son excepcionales y en relación al aporte tributario de la minería no hay de por medio ningún cambio en la política tributaria, es decir solamente nos estamos beneficiando de la mejora de los precios internacionales de los minerales.

Por lo tanto, sigue pendiente la puesta en marcha de una verdadera reforma tributaria de carácter estructural en el país -somos el único país de la Alianza del Pacífico que no ha implementado una reforma tributaria estructural-. En el campo de la minería, no debemos repetir el error cometido durante el período del súper ciclo de precios de las materias primas (2002-2012), cuando dejamos de colocar un impuesto a las sobreganancias mineras.

Que la lluvia de millones que se viene anunciando este año no nos haga olvidar que el Perú figura en el ranking de los 10 países en el mundo con menor presión tributaria y seguimos estando muy lejos del promedio latinoamericano. Con una presión tributaria que gira desde hace décadas alrededor del 14% del PBI, en épocas de bonanza y en tiempos de vacas flacas, el Estado peruano seguirá en colapso total y sin poder atender necesidades urgentes. ¿Será que estos repentinos pagos millonarios buscan transmitir la idea de que “las empresas ya están pagando y no se necesita hacer ninguna reforma tributaria”?

Los que se opusieron antes a una reforma tributaria y, sobre todo, a cambios sustantivos en la política tributaria minera, en la actualidad han comenzado a desplegar una nueva ofensiva para evitar que en el país se produzcan cambios y se avance con una verdadera política tributaria progresiva, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales y se comienza a implementar en países con una actividad minera importante.

En un contexto de emergencia como el que vivimos, con la amenaza de una posible tercera ola y la necesidad de seguir impulsando la recuperación de la economía, es totalmente legítimo que el Estado peruano busque capturar un porcentaje mayor de la renta minera, en un contexto en el que las empresas están teniendo ganancias extraordinarias.
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Por Elena Miranda | 28/08/ 2021
Este domingo 29 de agosto se instalará la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno y las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que reclaman por lo que consideran un uso ilegal de sus territorios, dispuesto por el Estado para que opere el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, y la negativa de la empresa Las Bambas a indemnizarlos por los perjuicios que les genera. Al encuentro reprogramado por la PCM, pues inicialmente estaba acordado para este sábado 28 de agosto, acudirá el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se vio obligado a fijar una fecha para el inicio del proceso de diálogo luego de que los comuneros reanudaran su protesta ante el incumplimiento de las promesas del premier.

La mesa de diálogo entre los representantes del gobierno de Pedro Castillo y de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, para tratar sobre el corredor minero del sur y otras demandas, no se instalará hoy pues la Presidencia del Consejo de Ministros la reprogramó para este domingo 29 de agosto, tras obtener el voto de confianza en el Congreso de la República.

El análisis de la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que declara las vías de las comunidades campesinas como nacionales para permitir el paso de los camiones de la empresa china Las Bambas y el pedido para que la minera tome medidas ante el daño ambiental que ocasiona y otorgue indemnizaciones a ocho comunidades campesinas de la zona de influencia son dos de los puntos a tratar en la mesa de diálogo, que se instalará en el distrito de Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas.

Las partes también hablarán sobre la propuesta de las comunidades de ser proveedores de bienes y servicios e integrarse a la cadena de valor que genera la minera Las Bambas y el pedido al Gobierno para que no persiga y criminalice a los dirigentes y comuneros, pues varios enfrentan investigaciones y juicios por haber participado en protestas sociales relacionadas con conflictos ambientales provocados por la minería.

En este encuentro está confirmada la participación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y otras autoridades del gobierno. Los dirigentes de ocho comunidades campesinas y del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincias de Chumbivilcas han convocado a la población a que acuda a presenciar el encuentro.

El sábado 21 de agosto hubo una reunión preparatoria entre los representantes del gobierno y de las comunidades. Se formó un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno y de ocho comunidades campesinas. Además, se crearon cuatro subgrupos de trabajo para cada uno de los cuatro puntos que se tratarán en la mesa de diálogo.
Actualización 17 de agosto de 2021
La reanudación del paro y del bloqueo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que impide el paso de los camiones de la minera Las Bambas, forzó al premier Guido Bellido a fijar fechas de diálogo con las comunidades campesinas de la provincias de Chumbivilcas, en Cusco, luego de que permaneciera en silencio durante dos semanas sin haber atendido los pedidos de los dirigentes de los comuneros, que lo instaban a cumplir la promesa que les hizo el 2 de agosto pasado, cuando los visitó y consiguió que le dieran una tregua de 60 días.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que, el sábado 21 de agosto, se ha previsto la instalación de una mesa de diálogo preparatoria en el distrito de Ccapamarca y el sábado 28 de agosto, la instalación de una mesa de diálogo en el distrito de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, para tratar las demandas planteadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas.

Horas antes, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los presidentes de ocho comunidades campesinas de la provincia emitieron un pronunciamiento en el que rechazaban las declaraciones que dio ayer Guido Bellido, durante su visita a la ciudad del Cusco. El premier declaró a la prensa que los comuneros eran azuzados y engañados por abogados y también se pronunció en Twitter.

Guido Bellido:

Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo.

«En todo caso, el único azuzador hasta hoy ha sido la empresa minera y el Estado que, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arbitrariamente, decidió declarar una Vía Nacional en nuestros terrenos sin el saneamiento legal y la Consulta Previa. Todo esto en beneficio de la empresa minera MMG Las Bambas», señala el comunicado emitido esta madrugada.
https://convoca.pe/agenda-propia/las-bambas-pcm-reprograma-mesa-de-dialogo-con-comuneros-de-chumbivilcas-para-tratar

Gretta Zegarra
Imagen: Enfoque y Derecho

En el año 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 28090, que regula el Cierre de Minas. Esta ley tiene por finalidad establecer las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares mineros para la elaboración, presentación, e implementación del plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales respectivas.
El Congreso de la República modificó los artículos 4, 6, 7, 9, 10, y 11 de esta norma a través de la Ley Nº 31347, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 18 de agosto. Algunos de los cambios dispuestos son:

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya no es la única institución encargada de aprobar el plan de cierre de minas. Ahora el Minem está facultado para realizar esa labor solo en el caso de la gran y mediana minería; mientras que los Gobiernos Regionales (Gore) asumen dicha tarea en el caso de la pequeña minería y minería artesanal. También se indica que dichas entidades tienen competencia para aprobar modificaciones o actualizaciones del plan de cierre de minas, administrar garantías financieras, y evaluar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de minas.
El Minem ya no se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contendidas en el plan de cierre de minas. Con la modificatoria, dicha actividad será realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en el caso de la gran y mediana minería; y los Gore, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal.
Se especifica que el Minem es quien determina el contenido del plan de cierre de minas, no obstante dicha entidad debe contar con la previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam).
Se dispone que el titular minero debe reportar semestralmente al Minem, Gore, Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), y Osinergmin, según corresponda, el avance de las labores de las actividades consignadas en el plan de cierre de minas (a nivel de ingeniería de detalle), los montos ejecutados, así como su avance porcentual.
Se advierte que la no constitución de la garantía ambiental trae como consecuencia la desaprobación del plan de cierre de minas.
Se permite que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera, en escenarios de emergencia por peligro inminente o riesgo de desastre, aun cuando tales medidas no hayan sido comprendidas en el plan de cierre de minas.

De igual modo, con esta modificatoria se incorporan los artículos 14, 15, 16, 17, y 18. Estableciéndose lo siguiente:

Ante el incumplimiento del plan de cierre de minas, se debe requerir al titular minero que en el plazo de 10 días calendario facilite el acceso de forma expresa a la unidad minera, a efectos de tomar las acciones que sean necesarias, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. A falta de consentimiento, el permiso será autorizado mediante resolución judicial.
Si es necesaria la ocupación o uso de predios y concesiones mineras para ejecutar medidas de cierre final y postcierre, el titular minero podrá solicitar al Minem el establecimiento de una servidumbre. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas deberán dar su consentimiento expreso a través de sus organizaciones representativas, si el titular minero solicita la imposición de una servidumbre sobre territorio indígena o comunal.
El titular minero y directores y/o accionistas mayoritarios de la empresa minera, bajo cuya gestión se da el abandono de la unidad minera y respecto de los cuales se determina su responsabilidad en la acción u omisión que genera dicho abandono o el incumplimiento del plan de cierre de minas, tienen responsabilidad solidaria por las sanciones administrativas y civiles que deriven del incumplimiento o abandono. Asimismo, el titular minero y las otras personas mencionadas anteriormente, quedarán inhabilitados por el periodo de cinco años para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera, entre otras disposiciones.

Complementariamente, la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas alberga precisiones importantes en sus disposiciones complementarias, una de ellas es que las EFA fiscalizarán los planes de cierre de minas por lo menos una vez al año, pudiendo ser más frecuentes las fiscalizaciones conforme se acerque el final de la vida útil de la unidad minera.

Otra parte importante de las disposiciones complementarias es la modificación del artículo 305 del Código Penal, ya que establece que el desactivar o dejar inactivas las áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas es un agravante del delito de contaminación ambiental. Además, estipula que este agravante puede acarrear la imposición de una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con 300 a 1000 días-multa.

Consideramos que la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas es positiva para el ambiente, porque condiciona la aprobación del contenido del plan de cierre de minas, así como limita la facultad de aprobación y elimina la facultad de fiscalización que tenía el Minem sobre éste, haciendo que en dichos procedimientos participen entidades más especializadas (Minam, Osinergmin, y EFA), y sin un especial interés por la promoción del desarrollo de la actividad minera en el país (Gore).

A su vez, pensamos que esta modificatoria es beneficiosa para el ambiente debido a que implementa medidas que obligan a las empresas mineras a responsabilizarse realmente por el daño que podrían causar sus actividades. Algunas de estas medidas son la constitución de la garantía ambiental como un requisito para la aprobación del plan de cierre de minas; que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera en escenarios de emergencia, aunque dichas medidas no hayan sido previstas en el plan de cierre de minas; disponer que la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios sean responsables solidarios por las sanciones administrativas y civiles que ocasione el incumplimiento del plan de cierre de minas; la inhabilitación temporal de la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera como consecuencia del incumplimiento del plan de cierre de minas o el abandono de las operaciones; y tipificar la desactivación y abandono de áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas como un agravante del delito de contaminación ambiental.

Asimismo, saludamos que a partir de ahora se exija como requisito para establecer una servidumbre sobre territorio indígena o comunal, en el marco de la ejecución de medidas de cierre final y postcierre, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas den su consentimiento expreso; ya que con esta medida se tutela el derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, así como se evita el surgimiento de nuevos conflictos sociales.

Por las razones expuestas, consideramos que esta modificatoria es un cambio positivo y esperamos que ayude a evitar que existan unidades mineras abandonadas.

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