Perú

GRUPO REGIONAL DE GÉNERO Y EXTRACTIVAS: LA VOZ DE LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE

Imágen: Portada del documento
16/09/2021
¿Cuáles son las demandas políticas priorizadas de defensoras de la tierra y del medio ambiente a partir de sus experiencias compartidas?
Entérate de ello accediendo a la “Memoria del Grupo Regional de Género y Extractivas: Posicionando Estrategias, Buenas Prácticas y Demandas de Defensoras de la Tierra y del Medio Ambiente”. Documento que contiene los valiosos aportes dados por defensoras de la tierra y del medio ambiente de América Latina y El Caribe. Todos ellos fueron compartidos en el Primer Encuentro del Grupo Regional de Género y Extractivas, el cual se llevó a cabo en febrero de 2020 en la Ciudad de México. Si bien ellas realizan una labor admirable, su vida e integridad se encuentran en constante riesgo, así como la protección de sus territorios. Por ello, atender a sus demandas es mucho más que una prioridad.

RESUMEN DE LA PUBLICACIÓN:

La “Memoria del Grupo Regional de Género y Extractivas: Posicionando Estrategias, Buenas Prácticas y Demandas de Defensoras de la Tierra y del Medio Ambiente” (julio de 2021) resume las propuestas y reflexiones de mujeres defensoras de la tierra y del medio ambiente de América Latina y El Caribe. Estos aportes fueron recogidos en el Primer Encuentro del Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE), el cual se llevó a cabo en febrero de 2020 en la Ciudad de México. Sus demandas políticas resaltan la urgencia de combatir y, sobre todo, de evitar las amenazas a las que se ven expuestas y al peligro de despojo de sus territorios, debido al incremento de proyectos y megaproyectos de inversión en los mismos.

Algunas de las demandas políticas de las defensoras están relacionadas con detener la criminalización y todas las formas de violencia que se ejercen contra las defensoras, con la garantía de la libre determinación de los pueblos indígenas, con el reconocimiento de la contribución de las mujeres en el marco de las luchas, con la garantía de su participación y representación efectivas en espacios de decisión, con el fomento de iniciativas económicas lideradas por mujeres, y con la garantía del acceso a la información y fiscalización de instituciones que operan y ejecutan políticas de salud pública. Todas estas demandas, con perspectiva de género y con enfoque intercultural.

Cabe precisar que las intervenciones de las defensoras que han participado del Encuentro referido han sido sistematizadas en esta publicación. Dentro de la dinámica del evento, se identificaron contextos particulares, amenazas y derechos vulnerados. Pero también se visibilizaron buenas prácticas y, por último, se encontraron puntos en común para la articulación y fortalecimiento de sus acciones. Como consecuencia de este proceso, sus demandas políticas se consolidaron en una propuesta de Agenda Política, acompañada de un pronunciamiento político que podemos encontrar al final del documento.

En ese sentido, el GRGE, así como sus organizaciones parte, y gracias al apoyo de Oxfam América y Ford Foundation, presentamos y compartimos esta memoria. Con ello, se pretende visibilizar los temas conversados en el encuentro, así como continuar con la protección de las defensoras de la tierra y del medio ambiente, tomando en cuenta las particulares necesidades planteadas desde cada organización representativa.

Descarga aquí el documento:
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-Estrategias-de-Defensa-del-Territorio-7.pdf

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

Tribunal Ambiental deja en estudio solicitud de levantamiento de medida cautelar que afecta a minera Cerro Colorado

El demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas.
15/09/2021
Minería Chilena
En estudio quedó la solicitud de minera Cerro Colorado de alzamiento de la medida cautelar dictada por el Primer Tribunal Ambiental que le prohíbe la extracción de agua del acuífero de Lagunillas.

La decisión, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo, Cristián López y Juan Opazo, se tomó luego de la audiencia efectuada, por la petición de la empresa de dejar sin efecto la determinación adoptada el pasado 19 de agosto por el tribunal.

Recordemos que dicha medida se decretó en el contexto de la demanda interpuesta por Luis Jara Alarcón copropietario de la Estancia de Cancosa y la solicitud realizada por el eventual daño ambiental que la minera, propiedad de BHP, ha provocado en el sector.
Argumentos de las partes

En la audiencia, tanto el abogado de la empresa como el del demandante expusieron sus argumentos ante la sala del organismo colegiado. Comenzó sus alegatos el abogado demandante Ladislao Quevedo, quien solicitó mantener la medida tal como fue decretada “por los antecedentes graves y serios que acreditan la casi destrucción total del acuífero Lagunillas que alimenta al bofedal Lagunillas y a la laguna Huantija, la que se sostiene hoy día con la propia agua que se saca del bofedal” dijo.

El abogado Quevedo aseguró que “cada vez que se continúa extrayendo agua la recuperación del acuífero se proyecta para después del año 2100, lo que es contrario a los principios del derecho ambiental, la Constitución y la Ley”.

Otro punto planteado por abogado demandante tuvo relación con los antecedentes presentados por la empresa en la nueva evaluación de impacto ambiental que está llevando a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y que tienen relación con la falta de control de los acuíferos del humedal Lagunillas y la laguna Huantija. “En los informes aparece que la última medición fue el año 2018”, dijo Quevedo, además, de enfatizar que “a la minera no le interesa evaluar lo que allí está ocurriendo”.

“Se han omitido los monitoreos exigidos por la autoridad” por lo que los estudios presentados no tendrían una base –dijo- y explicó que se trata de “un acuífero que alimenta un bofedal alto andino, bienes muy escasos de alto endemismo de flora y fauna y todos nos vemos afectados por su daño”.

También, el abogado cuestionó que la minera esté extrayendo agua en el sector de la mina, porque aseguró que se trata de una “extracción indebida” que no ha sido evaluada ambientalmente.

En tanto, el litigante de la empresa, José Luis Fuenzalida, refutó los antecedentes entregados por Quevedo y aseguró que “no se está en presencia de la irreparabilidad del acuífero” y cuestionó los intereses del demandante y su legitimación activa para demandar ya que “no tiene derechos de agua en Lagunillas”, argumentó Fuenzalida.

También, el abogado detalló que “la operación del campo de pozos no ha superado, ni proyecta superar los descensos máximos previstos” y que la obligación de la empresa es volver a la recuperación del acuífero a los niveles de la condición base, “lo que se proyecta antes del 2050”, aseguró.

Además, el abogado de la empresa acusó al demandante de “hostigamiento judicial e instrumentalización de los tribunales de justicia” y aseguró que “no tiene presencia material en el entorno”, por lo que no tiene legitimación activa y aseguró que los títulos inscritos están judicializados y transferidos. Además, de asegurar que la posesión ancestral está en manos de la comunidad Aymara de Cancosa.

Fuenzalida asegura que el demandante no tiene interés ambiental y dio a conocer diversas acciones judiciales interpuestas por Luis Jara. “En los últimos años ha deducido más de 20 acciones, ente judiciales y administrativas, con el único propósito que la operación de Cerro Colorado se haga derechamente imposible, excesivamente gravosa con miras a mejorar su posición de negociación, con pretensiones indemnizatorias del orden de más de 32 millones de dólares”, recalcó Fuenzalida.

Ahora el tribunal estudiará los antecedentes entregados por ambas partes antes de tomar la decisión de levantar la medida cautelar o bien modificarla por otra que atienda a la protección del acuífero y su bofedal.
Medida Cautelar

La medida cautelar, tal como se encuentra decretada hasta ahora, rige desde el 01 de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental en 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.

“Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)”, dictaminaron los ministros en su oportunidad.
Acción judicial

La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.

El demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.
Daño ambiental

Luis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.

Sumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) careció también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.
Incumplimientos

Otros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.

Seguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.
https://www.mch.cl/2021/09/15/tribunal-ambiental-deja-en-estudio-solicitud-de-levantamiento-de-medida-cautelar-que-afecta-a-minera-cerro-colorado/

Bolivia

SE CONSOLIDA ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL PARA RECUPERAR LOS LAGOS URU URU Y POOPÓ

15/09/2021
colectivocasa

Ante el pedido de organizaciones y comunidades, expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar evaluarán la degradación de los lagos para luego emitir un informe con recomendaciones técnicas para la recuperación de los ecosistemas.

Oruro, Bolivia. Del 20 al 24 de septiembre, un equipo de expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar visitará los lagos Uru Uru y Poopó, ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, para realizar un análisis técnico de su degradación con miras a realizar un informe con recomendaciones concretas al Estado boliviano para la recuperación de los ecosistemas.

En julio de 2019 —en el marco de la campaña #LagoPoopóEsVida—, comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres enviaron a la Secretaría de Ramsar información sobre el estado de los lagos y solicitaron asistencia técnica para evaluar su salud. El gobierno boliviano hizo luego la solicitud formal para viabilizar la visita.

“Reconocemos la voluntad política de autoridades nacionales para obtener apoyo internacional ante la crisis ambiental por la que atraviesan los lagos, de cuya preservación dependen los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas”, dijo Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las misiones de Asesoramiento Ramsar son una herramienta eficaz para tener asesoramiento especializado e independiente orientado a la preservación de los humedales”.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia. En 2002, a fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en Sudamérica—, fue declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de esos entornos naturales.

“Los lagos Uru Uru y Poopó garantizan la recarga hídrica de pozos y fuentes de agua, regulan el clima, son hábitat para la avifauna, permiten la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones aledañas y son el cobijo de culturas milenarias”, manifestó Limbert Sánchez, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).

Sin embargo, varios factores han llevado al lago Poopó a la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente. Entre ellos están las actividades mineras —que no han parado durante la pandemia y que generan permanentemente aguas ácidas y toneladas de desechos mineros—, el desvío de sus afluentes como el río Mauri, el hecho de que el TDSP (Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar) no esté garantizando agua para toda la cuenca y la crisis climática. Todo ello ha dañado el lago al punto de poner en riesgo los sistemas de vida que dependen de él.

“En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron por completo, una de las mayores catástrofes ambientales del país. Actualmente, lo que queda del espejo de agua es prácticamente mínimo en comparación con los registros históricos”, corroboró Yasin Peredo, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA).

Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con los lagos Poopó y Uru Uru es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las comunidades aledañas.

“Con tristeza vemos como está desapareciendo el lago Poopó y el riesgo que corre nuestro lago Uru Uru”, expresó Margarita Aquino, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra (RENAMAT). “La contaminación minera nos está despojando de las fuentes de agua y está vulnerando los derechos de las mujeres y de las comunidades”.

De la salud de estos ecosistemas dependen comunidades indígenas aymaras y quechuas, así como los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Los miembros de ese pueblo milenario solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó y su casi incipiente cantidad de agua los ha forzado a migrar y a rebuscar formas para sobrevivir con otras actividades.

Don Pablo Flores, autoridad originaria de la comunidad Uru de Puñaca manifiesta: “En agosto, han llegado autoridades y con ellos hemos ido al lago y hemos constatado que ya no hay agua, el sector de la isla de Panza también está seco. Como Urus, ¿cómo estamos viviendo? Antes se iba por pariguanas, ahora no. En febrero ponían huevos, cambiaban de plumas. Este año no hay. Más bien los flamencos muertos están. El lago no existe ahora. Las tres comunidades Urus estamos sufriendo, vivíamos de la caza y pesca. Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales mayor atención porque hasta ahora prácticamente no se hizo nada para salvar, proteger y recuperar nuestro lago Poopó”.

Al incluir a los lagos Uru Uru y Poopó como sitio Ramsar, el Estado boliviano se comprometió a conservar las características ecológicas de estos humedales. En ese sentido, la visita de la misión de expertos y expertas es una oportunidad clave para obtener recomendaciones objetivas y especializadas orientadas al cumplimiento de ese compromiso.

“Las organizaciones ambientales, las comunidades y la población en general estamos pendientes de la visita de la Misión Ramsar. Consideramos que debe tomarse en cuenta la situación actual del ecosistema, pero también los factores que siguen influyendo en su degradación porque mientras no se adopten estrategias para combatir el cambio climático, no se ponga un alto a la contaminación minera y no se garantice la cantidad de agua necesaria para todo el TDPS, la situación crítica de nuestros lagos Uru Uru y Poopó no podrá ser revertida”, señaló Ángela Cuenca, coordinadora del Colectivo CASA.

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Contactos de prensa:

Victor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +5215570522107

Angela Cuenca (Bolivia), Colectivo CASA, colectivocasa@gmail.com, +59172485221

Limbert Sanchez (Bolivia), CEPA, limbertumss@yahoo.com, +59172476802Sergio Vasquez Rojas (bolivia),

CENDA, servasquez9@gmail.com, +59172734594
https://www.facebook.com/367391939990319/posts/4500099683386170/


Colectivo CASA
www.colectivocasa.org.bo
Colectivo CASA
Oficina Oruro
La Plata N° 1768 entre Murguía y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5253641
Oruro – Bolivia

Argentina

Garantizan los fondos para la remediación de plomo en San Antonio Oeste

NO A LA MINA ESQUEL
15/09/2021
La Gobernadora, Arabela Carreras, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Valentín Hensel y el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, firmaron hoy 15 de septiembre el acuerdo que dispone la transferencia de los fondos para la remediación integral y definitiva de plomo en esa ciudad, producto de la actividad de la ex fundición Geotécnica.

Es lo que la gente que vive en el lugar necesita, sin dudas. Pero, una vez más, el Estado se hace cargo de los pasivos ambientales generados por la actividad minera.

El acta complementa el convenio marco firmado en marzo de este año, buscando establecer las bases definitivas que permitan avanzar en la remediación en calles y veredas de las Manzanas 383 y 384 del área identificada como “Pila Ex-Fundición”, además de trabajar en un informe de estado de la situación ambiental y el cierre definitivo de la celda de seguridad en Mancha Blanca.

De acuerdo al convenio firmado hoy en Buenos Aires, el Gobierno de la Nación transferirá a la Municipalidad los fondos destinados a la obra que contempla la remoción, transporte y disposición final del suelo contaminado y la urbanización de la zona.

Acompañaron a la Gobernadora el secretario General de la Gobernación, Daniel Sanguinetti; la secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani; y el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro.

Por Nación participaron la subsecretaria de Política Minera, Sylvia Gimbernat; y el director Nacional de Producción Minera Sustentable, Alberto Santos Capra. El convenio se firmó hoy en Buenos Aires.

Garantizan los fondos para la remediación de plomo en San Antonio Oeste

Bolivia, Litio

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

14/09/2021
El proyecto será socializado con instituciones, autoridades y la población orureña / mineriaenergia.com
A través de un proyecto de ley presentado por Comunidad Ciudadana (CC), instaron a que las empresas que se encarguen de la explotación, producción y procesamiento del litio en los salares de Bolivia sean contratadas a través de un referendo nacional, y sea convocado por el Presidente del Estado Plurinacional.

“Dentro de la contratación de empresas que lo hace el gobierno a través de YLB (Yacimientos de Litio Boliviano), se pueda contratar mediante referendo nacional, que el pueblo decida a qué empresas vamos a contratar”, aseveró el diputado de CC, Orlando Valdez.

Los diputados orureños Orlando Valdez y Enrique Urquidi, ambos de Comunidad Ciudadana, presentaron el proyecto de “Ley de Aprovechamiento del Litio para Beneficio del Pueblo Boliviano y las Regiones Productoras”, la cual tiene cuatro artículos.

“Este proyecto de ley será solazado, nos interesa a nosotros en primera instancia que sea conocido y obviamente pueda ser enriquecido, y podamos recibir las mejores contribuciones en orden técnico, económico, para que este proyecto de ley pueda ser, en la brevedad posible, de consenso regional y en una segunda instancia llevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mencionó Urquidi.

Artículos

La norma contempla: que la ecuación económica financiera garantice al menos una regalía del 11 por ciento para los departamentos productores, que por lo menos el 60 por ciento de los trabajadores sean bolivianos.

Además, prevé la transferencia de tecnología al Estado boliviano, y que los productos finales sean fabricados en Bolivia.

“Queremos nosotros que la explotación, industrialización, hasta lograr un producto de litio se realice en suelo boliviano, en suelo de regiones productoras, eso queremos”, añadió Valdez.

El tercer artículo señala: “El proceso de explotación, producción y procesamiento del Litio estará enmarcado en los principios de Publicidad, Transparencia e Igualdad de Oportunidades, garantizando que el mismo sea de carácter público”.

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

Colombia

Fue adjudicada la primera Área Estratégica Minera en La Jagua del Pilar, La Guajira

14/09/2021
La República
A la empresa colombiana Carbomas S.A.S le fue adjudicado el contrato de exploración y explotación de cobre en el municipio
Alejandro Pastrán
Después de abrir en febrero el proceso de selección objetiva para Cobre y lanzar los primeros 5 bloques de la Ronda Minera, la Agencia Nacional de Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S, el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.

“Cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la Resolución 150 del 18 de marzo del 2021, expedida por la ANM, la empresa Carbomas S.A.S presentó el 28 de mayo la oferta por el bloque 4, que cuenta con un alto potencial para minerales de cobre y sus concentrados y un área de 469.9682 Ha”, anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.

El cuatro de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley.

Al no recibir contraofertas de los participantes que, al momento de la recepción de la primera oferta, se encontraban Habilitados o Habilitados Restringidos para participar en el proceso de selección objetiva de las AEM, la autoridad minera procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial.

“Después de cumplir con todos los requerimientos, la agencia adjudica el contrato por 30 años a Carbomás S.A.S. Dentro de la propuesta, el oferente presentó un Programa Obligatorio Exploratorio y Programa Exploratorio Adicional por $3.754.429.183, que contribuye al desarrollo del conocimiento del subsuelo de la región y al conocimiento del potencial minero del país”, señaló el ejecutivo de la ANM.

Así mismo, el funcionario indicó que el proyecto que se otorga bajo un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de conformidad con lo ofertado que fue un 5%, impactando positivamente los ingresos de la región y el país.

El Contrato de este proceso de selección objetiva también proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios tales como:

*Evaluación técnica anticipada: El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario.

*Incentivos a la exploración acelerada: El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo.

*Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos: La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado (PM).

“Esta primera adjudicación abre una gran oportunidad para el país y las regiones, al permitir atraer inversiones y recursos para exploración del subsuelo del país, aportar a la transición energética, produciendo los minerales para las tecnologías del futuro, generar mayores recursos para la nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías y atraer inversión directa en la región derivada de los Planes de Gestión Social de los contratos”, aseguró el presidente Durán Prieto.

La ronda minera es una herramienta para lograr la diversificación de minerales e impulsar la exploración en el país a través de un proceso flexible, competitivo y transparente con tiempos claramente establecidos para acceder a zonas mineras con gran potencial. Es decir, áreas con alto potencial mineral que serán contratadas a través del proceso de selección objetiva previsto en la ley para las mismas.

“Estas áreas brindan a los inversionistas escenarios consolidados a nivel social con procesos de consulta previa adelantados, acceso a información ambiental actualizada y línea base permitiendo facilitar trámites de licenciamiento, condiciones contractuales competitivas para impulsar la exploración minera del país y por último reglas claras y tiempos expeditos que generan seguridad jurídica para los inversionistas”, puntualizó el ejecutivo de la ANM.
https://www.larepublica.co/economia/adjudicada-la-primera-area-estrategica-minera-del-pais-en-la-jagua-del-pilar-la-guajira-3232384

Chile

Justicia estadounidense falla contra SQM y ordena pago de US$ 48 millones por caso de contaminación que viene de la década de 1930

09/09/2021
Un vuelco dio cuenta este miércoles SQM en uno de los juicios que enfrenta la minera. Un jurado del Tribunal de Distrito en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió un veredicto contra SQM North America, filial de SQM NA, por US$ 48,1 millones en un caso iniciado el año 2010 por la ciudad de Pomona, Estado de California, en el que busca la reparación por supuestos daños por contaminación por el uso de fertilizante entre 1930 y 1940.

Según informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el gerente general de la minera, Ricardo Ramos, el veredicto no es final y está sujeto a recursos o mociones que SQM NA y la parte demandante puedan presentar en los próximos días, así como a recursos de apelación que se pueden presentar en la Corte de Apelaciones del IX Distrito.

“SQM NA tiene la intención de ejercer enérgicamente sus derechos para impugnar el veredicto ante el Tribunal del Distrito y la Corte de Apelaciones”, aseguró Ramos en el escrito. Y, además, señaló que a esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que esto pudiese tener sobre los activos, pasivos o resultados de la firma.

De acuerdo a lo detallado en un análisis razonado de la compañía, la demandante reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas subterráneas para permitir su consumo previa extracción del perclorato existente entre ellas y que supuestamente provendría de fertilizantes chilenos. Esto, por un monto de US$ 36 millones.
https://www.mineriachile.cl/2021/09/09/justicia-estadounidense-falla-contra-sqm-y-ordena-pago-de-us-48-millones-por-caso-de-contaminacion-que-viene-de-la-decada-de-1930/

Chile

15 empresas mineras analizaron su huella de carbono

Martín Cabello 14/09/2021
reporte minero
Desde GIZ explicaron que con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética.
Como parte del proyecto “Eficiencia Energética en Minería” de la GIZ se formó la Red de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en la Minería, espacio que reúne a 15 empresas de la pequeña, mediana y gran minería del país, con el objetivo de generar una discusión técnica a través del intercambio de experiencias, casos de éxito y recibir asesorías especializadas.

Ante este escenario y luego de seis meses de trabajo, se realizó un estudio que analizó las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos procesos productivos de las empresas que componen esta red. Lo anterior, con el fin de tener una línea base de emisiones por procesos, para impulsar su gestión y búsqueda de oportunidades de reducción.

“Para llevar adelante las metas de descarbonización necesitamos minerales como el cobre y el litio, por lo que el desafío del sector minero está en atender esta demanda con una huella de carbono cada vez más reducida a mercados con altas exigencias en las emisiones, como el europeo”, explicó Rodrigo Vásquez, asesor del programa GIZ.

Huella de carbono
Considerando los diversos procesos en las faenas mineras, se determinó un promedio general de consumos de energía en la minería metálica y no-metálica. Esto implica que, por ejemplo, la producción de cátodos de cobre consume en promedio 10,7 MWh por tonelada, el concentrado de cobre 9,4 MWh por tonelada, el nitrato e hidróxido de litio 11,9 MWh por tonelada; siendo los productos más intensivos en el consumo de energéticos.

Además, las empresas participantes en el estudio en su conjunto poseen una huella de carbono (Alcance 1 y 2) de 2,86 millones de toneladas de CO2eq, en la que el concentrado de cobre equivale al 59% y cátodos de cobre al 9%.

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“Con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética. Además, como la minería tiende a la electrificación, el cambio de suministro eléctrico de fósil hacia alternativas renovables implicará una reducción importante en el nivel de emisiones de la industria”, detalló Rodrigo Vásquez de GIZ.

Cabe señalar que las 15 empresas que forman parte de la red son: Antofagasta Minerals, Anglo American Chile, Cemin Holding Minero, Codelco, Compañía Minera Cerro Negro, Lundin Mining Distrito Minero Candelaria, ENAMI, KGHM CHILE, Minera Cruz, Minera Rafaela, Minera San Pedro, Minera Tres Valles, PUCOBRE, SQM y Teck Resources Chile.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/09/empresas-eficiencia-energetica-mineria-huella-carbono

Argentina, Litio

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

15/09/2021
En la remota provincia de Salta, en el norte de Argentina, el silencio del paisaje árido solo es roto por el estruendo de los campamentos mineros, en una señal de los esfuerzos del país por sumar su golpeada economía al auge mundial de los automóviles eléctricos.

En las salinas de Rincón, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la australiana Rincón Lithium opera una planta piloto donde los trabajadores bombean a través de tuberías la salmuera extraída 30 metros por debajo de los suelos montañosos de Salta.

Después de refinar la mezcla en sus laboratorios, producen carbonato de litio: esperan extraer 50.000 toneladas al año para 2025, en otro impulso para una actividad que se ha convertido en una de las mayores apuestas de Argentina.

Pese a la desconfianza que genera entre los inversores por su inestabilidad y sus férreos controles sobre la economía, el país busca seducir a las firmas mineras globales con beneficios impositivos y promesas de seguridad.

Una potencia agrícola que hasta ahora ha centrado los subsidios energéticos en la producción de biocombustibles, Argentina ha girado su atención al metal blando que se usa en baterías que alimentan tanto a los pequeños dispositivos electrónicos como a los automóviles eléctricos.

Algunas de las compañías mineras más grandes del mundo han establecido operaciones en el norte de Argentina, incluida la australiana Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp-, la minera estadounidense Livent Corp, que proveerá a BMW el mineral para las baterías de sus autos, y la china Ganfeng Lithium Co Ltd.

Otras firmas como la australiana Argosy Minerals y Posco, de Corea del Sur, consideran una fuente duradera de “oro blanco” al área que es parte del “Triángulo del litio”, la mayor reserva internacional del mineral, que Argentina comparte con Bolivia y Chile.

Argentina, actualmente el cuarto productor mundial de litio con el 8% del total global, quiere cerrar la brecha con su vecino Chile, que produce el 22%, los dos a partir de salmuera. Australia, el mayor productor mundial del metal con el 49%, produce el mineral a partir de rocas llamadas pegmatitas.

“Desde salmueras, en Argentina podríamos llegar a ser el primer productor mundial en menos de una década si se sigue y mantiene el caudal de proyectos”, se entusiasmó David Guerrero Alvarado, consultor de la canadiense Alpha Lithium, en una entrevista en la ciudad de Salta.

Para atraer las esquivas inversiones, Argentina bajó el año pasado los impuestos a las exportaciones mineras del 12% al 8% y en abril autorizó el envío al exterior -no estaba permitido hasta entonces- del 20% de las divisas obtenidas por exportaciones de proyectos con inversiones superiores a los USD 100 millones.

La administración, que busca reducir las emisiones de carbono, también respaldó la creación de una fábrica de baterías de litio por parte de la empresa de energía estatal y planea enviar un proyecto de ley al Congreso para reducir los impuestos a los automóviles eléctricos, que actualmente están fuera del alcance de la mayoría de los compradores locales.

Las provincias mineras como Salta, Jujuy y Catamarca se han comprometido a favorecer la modernización de la infraestructura.

La secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón, dijo a Reuters que la provincia tiene como objetivo producir 200.000 toneladas de litio anuales a partir de 2025, un volumen casi equivalente a la quinta parte de la producción global esperada para ese año.

Según un reporte de agosto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las empresas mineras instaladas en el país realizarán inversiones por USD 2.700 millones, lo que llevaría a Argentina a casi quintuplicar sus exportaciones para 2025.

Los embarques de litio pasarían de las 38.800 toneladas de este año a 175.000 toneladas en 2025, calculadas en más de US$ 1.500 millones, de acuerdo con CAEM.

Las dudas, sin embargo, asaltan a los analistas. “Argentina tiene los recursos, pero transformarlos en reservas y factibilizar proyectos implica un conjunto de decisiones previas sujetas a un entorno macro favorable y micro estable. Se necesita una serie de reglas claras y estables”, destacó Natacha Izquierdo, analista de la consultora Abeceb, en Buenos Aires.

A nivel mundial, son varios los obstáculos que enfrenta la industria. El desarrollo de tecnologías sustitutas, la ampliación de la oferta global y el menor crecimiento de la economía de China han afectado los precios del mineral.

Localmente, las empresas mineras miran de reojo las férreas restricciones al mercado de divisas -que buscan proteger el débil peso argentino- y los fluctuantes impuestos nacionales y provinciales antes de definir multimillonarias inversiones a largo plazo.

Argentina cuenta actualmente con 62 proyectos de litio, pero solo dos están en producción: los de Livent y Orocobre.

“El país no es muy atractivo desde el punto de vista de un inversor extranjero en atraer capitales que vengan a querer instalarse aquí”, dijo en su oficina de Salta Alejandro Moro, gerente general de Rincón Lithium, que posee la concesión de un salar con casi 2 millones de toneladas de carbonato de litio.

“Somos un país con una macroeconomía bastante inestable, con alto grado de impuestos que se le pone a los capitales que vienen a invertir”, añadió.

Moro se mostró optimista sobre el apoyo de Argentina a las inversiones mineras tras una reunión con funcionarios hace semanas.

La producción de biocombustibles vivió un auge en Argentina hasta hace poco más de un lustro, gracias a la abundancia local de un insumo básico para el biodiésel como es el aceite de soja.

El impulso de un Estado que buscaba paliar su recurrente déficit energético convirtió al país en el principal proveedor global de biodiésel. Sin embargo, el cierre de mercados claves como Europa y Estados Unidos minó en años recientes la confianza en el sector.

“La industria viene operando en bajísimos niveles con relación a su capacidad instalada. Hay plantas que están paradas”, aseguró a Reuters Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

Hace 10 años, Argentina exportaba más de 1,5 millones de toneladas anuales de biodiésel. En el primer trimestre de 2021, los embarques al exterior sumaron solo 267.000 toneladas, según datos oficiales.

Para el Gobierno, parece ser el turno del litio.

Mientras el país otorga beneficios al metal, una normativa aprobada hace semanas por el Congreso -dominado por el oficialismo- redujo del 10% al 5% el porcentaje de biodiésel que debe contener la mezcla de diésel en el país, lo que reducirá la demanda doméstica del biocombustible.

Los biocombustibles “van a continuar, solo que el régimen de promoción va a estar más acotado. Vamos a buscar herramientas que apunten a otros combustibles que entendemos son lo que se viene, que generan cero emisiones contaminantes, que son básicamente el hidrógeno y la batería de litio”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, en un reciente encuentro con periodistas en Buenos Aires.

El asunto tiene una alta incidencia sobre la economía local: la nación sudamericana busca hace más de una década revertir el déficit fiscal que lo ha sumido en crisis reiteradas. Gran parte de ese desajuste se explica por su déficit de energía.

La principal apuesta de Argentina pasa hace años por la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la Patagonia, que parece nunca despegar.

Si bien el litio no compensaría la escasez energética del país, su creciente uso y exportación podría ayudar a equilibrar la balanza comercial.

Mientras que los proyectos de Livent y Orocobre están en proceso de ampliación gracias a inversiones por 1.000 millones de dólares, otros como el de Caucharí–Olaroz, en el que Ganfeng y Lithium Americas invirtieron US$ 641 millones para producir 40.000 toneladas, comenzarían a producir en 2022.

“Definitivamente, el litio va a reemplazar a los biocombustibles”, dijo Moro, de Rincón Lithium.
Fuente: Reuters

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

Perú

Chumbivilcas retoma protestas por inacción del Gobierno en mesa de diálogo

13/09/2021
Por Álvaro Meneses
El pasado viernes 10 de setiembre, alrededor de las 3:00.p.m, se disolvió uno de los subgrupos conformados en el marco de la mesa de diálogo entre las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), funcionarios del Gobierno y representantes de la minera MMG Las Bambas. Con las vías del Corredor Minero Sur tomadas por las comunidades de Chumbivilcas, el Gobierno buscará esta tarde subsanar sus errores y retomar el diálogo en la provincia.

Desde el jueves 9 de setiembre, la mesa de diálogo -instalada en la provincia de Chumbivilcas con el fin de resolver el conflicto entre las comunidades afectadas y la empresa minera MMG Las Bambas- comenzó a sesionar por subgrupos. Ese primer día, los dirigentes de las diez comunidades discutieron con la minera y el Gobierno sobre las posibilidades de anular la resolución N°372-2018-MTC que convirtió sus vías comunales en carreteras nacionales.

Cabe recordar que a partir de esa resolución ministerial que cambió la categoría de las vías comunales en carretera nacional, las comunidades del Corredor Mineru Sur denuncian contaminación generada por el tránsito de los camiones de MMG Las Bambas cargados de minerales.
Mesa de diálogo entre el Gobierno, la minera MMG Las Bambas y las comunidades de la provincia de Chumbivilcas.

Los desencuentros en la mesa de diálogo empezaron en el segundo día, viernes 10 de setiembre, en el subgrupo encargado de hacer posible la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la zona. Es decir, que la población local sea proveedora de bienes y servicios de la minera con el fin de generar empleos.

En entrevista con Wayka, el secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero, explicó el motivo por el que las comunidades abandonaron la mesa de diálogo.

“Hemos retomado la huelga en vista de que se discutía sobre la posibilidad de que las comunidades sean cadena de valor y generar trabajo en la región, para que sean proveedores de bienes y servicios de la empresa, y la minera se negó, pese a que el pasado 29 de julio se comprometieron a eso. Y los representantes del Ministerio de Energía y Minas poco o nada han hecho como garantes, están parcializados”, exclamó Wilber Fuentes a Wayka.
La comunidad Lacca Lacca Yanque Parccobamba, de la provincia de Chumbivilcas, en huelga.

Tras la ruptura de la mesa de diálogo, la protesta ha resurgido en diez puntos del Corredor Minero Sur y se mantiene hasta la fecha. Las vías fueron nuevamente tomadas por las comunidades de Huininquiri, Huaylla Huaylla, Tincurca, Qollana, Idiopa Ñaupa Hapo Urinsaya, Ahuichanta Huisuray, Lacca Lacca Yanque Parccobamba, Cancahuani, Cruzpampa y Huascabamba. Todas ubicadas en la provincia de Chumbivilcas.

Del otro lado, el Gobierno busca calmar la tensión en el Corredor Minero Sur y retomar el diálogo. El sábado 11 de setiembre, luego de que las comunidades abandonen la mesa de diálogo, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a cargo de Pastor Paredes Diez Canseco, envió un oficio a Wilber Fuentes para convocarlo a una “reunión de reanudación”.
Oficio enviado por la Oficina General de Gestión Social del MINEM.


La reunión, agendada para las 3:00.p.m del lunes 13 de setiembre, contará con la presencia de representantes de la minera, funcionarios del Gobierno y seis dirigentes de Chumbivilcas, quienes exigen que el Gobierno envíe otros funcionarios de mayor cargo “ya que (los de ahora) son los mismos de gobiernos pasados y no muestran interés en resolver” su pliego de reclamos, como la ampliación del área de influencia directa del proyecto minero, reparación ambiental, indemnización económica y un proceso de consulta previa.

Chumbivilcas retoma protestas por inacción del Gobierno en mesa de diálogo