27/06/2024

Cooperaccion
En medio de la criminalización de sus voceros, la población del valle de Tambo realizó una exitosa asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la histórica plaza San Francisco de Cocachacra. Se acordó la medida de lucha para el 19 de julio frente a la pretensión del gobierno y la empresa Southern Copper Perú de imponer el proyecto minero Tía María.

La asamblea también contó con la presencia y el respaldo del presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – base de la CGTP-: Elmer Arenas; del Comité de Lucha de Arequipa, representado por Jorge del Carpio y el representante de los distritos del cono sur de Arequipa: Ramiro Ponce.

Criminalizados
Actualmente, dos exdirigentes reconocidos y mencionados en la asamblea, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, vienen purgando un año de prisión acusados por delitos como entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las protestas del 2015. Los sentenciaron injustamente a más de seis años de prisión bajo la figura de “coautoría no ejecutiva”. Es decir, no por haber ejercido directamente algún disturbio, sino por ser dirigentes que convocaron a una protesta contra el proyecto minero Tía María.

Además, otras tres personas: Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca se encuentran en la clandestinidad por haber sido sentenciadas por los delitos de tortura y disturbios durante las protestas del 2015. Cuando detuvieron a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, en julio y junio del 2023, ambos se encontraban en la clandestinidad. Miguel Meza, uno de los principales voceros del valle de Tambo, también está siendo criminalizado. Ha logrado superar tres acusaciones fiscales junto a su defensa legal, pero todavía tiene pendiente una acusación más por disturbios, que va camino a archivarse, según David Velasco, su abogado.

El abogado de Jaime de la Cruz y que ha litigado 48 juicios defendiendo a los agricultores de valle de Tambo, Hector Herrera, también está siendo criminalizado. Hace dos meses le llegó una notificación de una acusación fiscal de más de dos mil folios, en la que lo señalan de ser el brazo legal de una organización criminal. En octubre de 2022, el periodista Marco Sifuentes reveló el reglaje político que hacían las fuerzas armadas a varios políticos y personas, entre ellas figuraba el abogado Herrera.

Desde el 2015, la empresa minera y su gremio, sus aliados mediáticos, y gobiernos de turno, excepto durante el periodo de Castillo, impulsaron una ofensiva criminalizadora para descabezar la organización y dirigencia del valle de Tambo, y lograr imponer el proyecto Tía María. Lograron hacer desaparecer el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, a través de una denuncia de que se trataba supuestamente de una red criminal, que la Fiscalía acogió, pero al final no pudo demostrar. Sin embargo, lograron infundir el temor en la población para que dejara de organizarse y ejerciera algún protagonismo en la protesta. En los últimos años, la figura que adoptó el pueblo del valle, para evitar la criminalización de la lucha, ha sido nombrar voceros y voceras del valle, un cometido que no ha logrado cumplir, ya que la persecución judicial ha continuado.

Durante la asamblea, en la que muchos prefirieron el anonimato producto del temor que infunde haber sido involucrados en procesos penales y pocos alzaron su voz y se identificaron, los habitantes coincidieron con Marilú Marroquín en manifestarse por continuar la lucha y expresaron que no tenían miedo en seguir luchando a pesar de todo lo vivido y lo que sigue pasando. El papel de las mujeres ha sido clave en las anteriores jornadas de protesta. Varias se sumaron a las comisiones para organizar las asambleas en los distritos pendientes.

En contraste con los criminalizados en la lucha por el valle de Tambo, solo un miembro de la policía ha sido sentenciado por abuso de autoridad, sin pena efectiva ni pago de reparación civil. El uniformado debió enfrentar la justicia, por haber participado en un montaje que sufrió el agricultor Antonio Coasaca el 2015, a quien la policía forzó a sostener clavos en la mano para detener y acusar por disturbios. Ese año, durante las protestas, la policía detuvo a 105 personas del valle.

La medida de lucha y el proceso organizativo
Tras la intervención de otros representantes de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra y Mollendo, la asamblea acordó por mano alzada realizar una jornada de lucha el 19 de julio junto con las organizaciones populares de Arequipa para rechazar la imposición del proyecto minero Tía María.

Acordaron fortalecer la organización distrito por distrito, por lo que el 14 de este mes habrá una asamblea en Punta de Bombón y posteriormente en Dean Valdivia y Mollendo. Para enfrentar la continua criminalización de dirigentes, la asamblea es la que decide y se organiza a través de comisiones y delegados.

Otro de los acuerdos fue enviar un comunicado formal al gobernador regional, Rohel Sánchez, para que rectifique su posición de apoyo al proyecto minero, tal como señaló en campaña cuando visitó el valle de Tambo. También enviarán comunicados a los alcaldes para que se pronuncien a favor de la agricultura contra el proyecto minero en mención.

Plantón a las afueras de evento prominero en Ilo, Moquegua.
En la misma asamblea, también se acordó realizar un plantón en los exteriores de la cumbre minera en Ilo-Moquegua, evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el 6 y 7 de junio, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. El presidente de Southern también estaba anunciado en el programa, pero no llegó a la cumbre minera.

De esta forma, los agricultores, comerciantes y ciudadanos en general del valle de Tambo van fortaleciendo su organización, que se encontraba debilitada, y cumpliendo sus acuerdos de cara a la medida de lucha del 19 de julio. (Con información de Red Muqui)

Paul E. Maquet
26/06/2024
Fuente: Perú21
La madrugada del viernes 28 de junio tuvo lugar un sismo de 7 grados de magnitud, en Caravelí, Arequipa, al sur del Perú. El movimiento telúrico dejó al menos seis personas heridas, entre ellas tres niños, así como derrumbes de viviendas y de carreteras.

Las imágenes de los derrumbes, que han bloqueado las vías de comunicación en varios puntos en la Panamericana y la carretera a Chivay, entre otros, muestran toda la energía que puede liberar este tipo de eventos. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y es frecuente la ocurrencia de sismos. De hecho, el mapa de acoplamiento sísmico muestra la energía que se viene acumulando en distintas zonas de la costa, y en especial frente a la región de Lima, que no es epicentro de un terremoto de gran magnitud desde la década de los 70.

Fuente: Gladys Pereyra

Es imposible ver las imágenes de los derrumbes en Arequipa y no pensar en el enorme riesgo latente en Lima, no solo por la precaria infraestructura urbana y las construcciones deterioradas e informales. Además de ello, la capital del país vive una amenaza permanente, como si tuviera una navaja constantemente tocando su cuello: los relaves y pasivos ambientales acumulados por décadas en la cuenca del río Rímac.

Cuando vemos Tamboraque, que acumula decenas de miles de toneladas de desechos tóxicos en el talud del cerro casi encima del curso del Rímac, o Millotingo, una relavera totalmente expuesta, uno se pregunta qué ocurriría (o qué ocurrirá) si un sismo de gran magnitud ocasiona en esas zonas derrumbes como los de Arequipa. No es una posibilidad lejana que alguna de esas bombas de tiempo colapse, contaminando con metales tóxicos las fuentes de agua de las que dependemos más de 10 millones de personas.

Peor aún, el Gobierno actual y la empresa Southern Peaks insisen en construir un nuevo proyecto minero que depositaría sus relaves en medio del sistema de lagunas de Marcapomacocha, que es el que abastece de agua a nuestra ciudad.

Existen 375 pasivos mineros registrados a lo largo de la cuenca del Rímac, un riesgo que nos puede explotar en la cara en cualquier momento. Es urgente actuar ya para remediar estos pasivos y trasladar y encapsular los relaves que amenazan nuestras fuentes de agua, antes de que sea demasiado tarde. El sismo que viene, no nos avisará cuándo llegará.

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Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

30/05/2024
El miércoles 29 de mayo tuvo lugar en Zug (Suiza) la Asamblea Anual de Accionistas de la empresa minera Glencore, uno de los mayores productores mundiales de cobre, zinc, cobalto, entre otros minerales. En ese marco, ciudadanos de distintos países se han unido para denunciar el legado tóxico de esta empresa mediante acciones de protesta que se desarrollaron en Lima, Cerro de Pasco, Bogotá, Londres, Frankfurt, Berlín, Munich, Washington DC, así como en la propia ciudad de Zug, sede de la empresa.

Esta polémica empresa tiene acusaciones de malas prácticas, corrupción, contaminación y otras vulneraciones a los derechos de las comunidades en sus diversas operaciones en el mundo, en países como Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Colombia, Argentina, Canadá y Australia, entre otros.

En el Perú, la empresa es titular de la unidad minera Antapaccay, ubicada en Espinar (Cusco), con múltiples cuestionamientos por la contaminación con metales tóxicos que viene afectando a la población, lo que ha sido demostrado por recientes informes de la autoridad ambiental que concluyen que dicha contaminación se origina en las operaciones de la unidad minera. Así mismo, entre 2017 y 2024 Glencore ha sido accionista mayoritaria de Volcan, una empresa cuestionada por sus impactos ambientales en la región de Pasco. También es accionista de Antamina, proyecto ubicado en Áncash, y que viene afectando gravemente al medio ambiente y la salud de la población.

Es así que en nuestro país organizaciones también se sumaron a esta jornada internacional, con un plantón llevado a cabo frente a las oficinas de la empresa Glencore Antapaccay ubicadas en el distrito de Surco, y con un plantón desarrollado en la ciudad de Cerro de Pasco, así como con un tuitazo. Así mismo, la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMETEC) y ciudadanos afectados de Pasco emitieron un pronunciamiento en el que demandan acciones concretas de manera urgente para solucionar el grave daño ambiental generado por la empresa en sus localidades, así como reparaciones para las personas afectadas.

Cabe indicar que, en el marco de las estrategias de presión internacional sobre la empresa, organizaciones de solidaridad con los afectados lograron tomar la palabra durante la Asamblea de Accionistas y hacer preguntas. Sobre el caso peruano, el Perú Support Group, grupo de solidaridad basado en Reino Unido, pudo hacer preguntas específicas sobre los casos de Espinar y Pasco, sobre las evidencias de impactos ambientales y contaminación con metales tóxicos y sobre el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe añadir que las acciones de protesta a nivel internacional han sido convocadas por numerosas organizaciones, entre ellas la red internacional Sunrise Project; la London Mining Network, el Perú Support Group y la campaña Resist Glencore de Reino Unido; la iniciativa Free Bruno de Alemania; la Asamblea El Algarrobo de Argentina; la Plataforma La Guajira le habla al país, de Colombia; a las que se han sumado desde el Perú la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, CooperAcción, Red Muqui y Derechos Humanos Sin Fronteras.

Glencore tóxico: en diversas ciudades del mundo se realizan protestas ante asamblea de accionistas de la empresa minera

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 31/05/2024

El día jueves 30 de mayo, la represión policial contra miembros de dos comunidades del entorno de la empresa MMG Las Bambas dejó como saldo varios heridos y causó la indignación de la población. Se trata de dos conflictos diferentes en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac: por un lado, el caso de Huancuire, donde se denuncia la afectación a las fuentes de agua por las operaciones de la mina; y, por otro, el de la comunidad de Pumamarca, donde comuneros reclaman la recuperación de terrenos vendidos a la empresa en 2011 en una transacción que consideran injusta. En ambos casos, el común denominador ha sido el excesivo uso de la fuerza policial.

Huancuire

Según relataron a este Observatorio fuentes de la comunidad de Huancuire, el día miércoles 29 una comitiva de entre 50 y 80 personas ingresó a la zona donde se ubican los trabajos del tajo Chalcobamba, el segundo de los tajos del proyecto Las Bambas. En la delegación se encontraban los miembros de la junta directiva de la comunidad así como decenas de comuneros, acompañados de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

La comitiva buscaba constatar la situación de las fuentes de agua, debido a que los comuneros denuncian escasez de agua en su territorio y desaparición de manantiales. “Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca”, denunció la fuente consultada por el OCM. “Anteayer hemos entrado al tajo donde están trabajando, para constatar los ojos de agua, y el agua está de color azulino”, detalló. Al ver esa extraña coloración del agua, la delegación decidió permanecer en el lugar, de manera pacífica, hasta que autoridades o funcionarios de la empresa se apersonen a darles una explicación. Así, pasaron las horas hasta que se hizo de noche.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

Sin embargo, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 30 de mayo inició la represión policial con bombas lacrimógenas para desalojar a los comuneros. Producto de dicho desalojo, al menos una mujer ha resultado herida por impacto de una bomba lacrimógena, según la información obtenida por el OCM.

Pumamarca

En el caso de Pumamarca, el conflicto tiene que ver con un área de terrenos que fue vendido por la comunidad a la empresa MMG Las Bambas entre el 2011 y 2012, en una transacción que comuneros consideran fue injusta y asimétrica.

“Nosotros estamos viviendo en nuestro territorio hace miles de años, antes de que exista el Estado peruano”, explicó al OCM el exdirigente comunal Melchor Vargas. “El 2011 vinieron a estafarnos con el cuento de que iba a haber empleo y desarrollo, vinieron con esa propuesta de comprarnos terrenos y nos han valorizado a 20 céntimos el metro cuadrado. Por eso el 2020 nosotros hemos dicho que nos devuelvan esos terrenos para usufructuarlos para nuestra agricultura y pastoreo”, explicó.

Es así que desde el 2020 se encontraba en la zona denominada Sallawi un campamento con decenas de carpas y cabañas en las cuales un grupo de unos 30 o 40 comuneros se había asentado y realizaba sus actividades, entre ellas agricultura y ganadería.

Hasta ayer 30 de mayo cuando, también de madrugada, la Policía ingresó a realizar un desalojo sorpresivo, según indicó Vargas. “Nos han sorprendido a las 4 de la madrugada, entraron a destruir nuestras cabañas, nuestras carpas, y ha empezado un enfrentamiento”, relató. Producto de este enfrentamiento hay al menos ocho personas heridas. No se reporta ninguna persona detenida.

Vargas señala que nunca se les notificó de ninguna orden de desalojo. “Legalmente debieron notificarnos, pero nunca se nos notificó”, explica.

“Queremos diálogo, no queremos más enfrentamientos ni muertes”, demandó.

Cabe indicar que la comunidad de Pumamarca vendió parte de sus tierras a la empresa MMG Las Bambas en abril del 2011. En esta negociación, llevada a cabo de manera muy asimétrica, el gran ausente fue el Estado, que no cumplió con un rol activo de acompañamiento a la comunidad ni como garante de derechos. No obstante, luego la comunidad planteo una renegociación de precios y formalización de compromisos, pedido sobre el cual la empresa no estaba de acuerdo. En el marco de ello se creó una mesa de diálogo, con la participación de la Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a acuerdos a la fecha.

Además, acorde a lo afirmado por fuentes consultadas, en la zona que se señala como vendida, parte de la comunidad vendría desarrollando minería informal. “Eso es lo que nos calumnian, pero no es así. Nosotros somos mineros artesanales desde nuestros ancestros, no somos ilegales”, afirmó un comunero consultado por el OCM.

Por otro lado, según los estatutos vigentes de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, esta área de Sallawi se considera “intangible y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones iguales para cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”.

En tanto, la empresa señala ser la titular de la tierra por la compra/venta y busca tomar el control de la misma, y en el marco de ello solicitó la presencia de la PNP para el desalojo.

Hasta el cierre de esta nota sigue la tensión en la zona y podrían ocurrir nuevos enfrentamientos, pues pese a que varias de las carpas han sido quemadas, los comuneros siguen resistiendo con su presencia en el área.

Al respecto, el director de CooperAcción, Abel Gilvonio, hizo un llamado a que las autoridades actúen respetando los derechos de las comunidades y eviten el uso desproporcionado de la fuerza policial. Así mismo, señaló que los canales institucionales, tales como la Defensoría del Pueblo y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, deberían tomar cartas en el asunto para que se retomen los canales de diálogo y se encuentren soluciones que respondan a las legítimas demandas de las comunidades.