….mientras su director de medio ambiente defiende su “derecho” a reevaluar y revivir el proyecto

Comunidades retrucan: “Barrick solo tiene el deber de ejecutar la clausura total y definitiva. Por engañoso, no aceptaremos ese plan de cierre propuesto”.
Alto del Carmen, 28/10/2021.
A más de un año de la victoria comunitaria que significó el dictamen de clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama –y sin que esta se concrete aún– la compañía Barrick Gold acaba de presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Además de ello, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, se dio el lujo de comentar en la reciente Expomin 2021 que: “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí” porque tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando porque sigue siendo un activo de la compañía”.

Como comunidad organizada y habitantes del Valle del Huasco declaramos lo siguiente:

1. Barrick no es cualquier empresa ni Pascua Lama es cualquier proyecto. Se trata de una empresa criminal y ecocida que destruyó con su mina los ecosistemas en la alta cordillera que nos sostiene –incluyendo glaciares, humedales y llaretas– y contaminó con metales pesados el río y a la población que depende de este, poniendo en riesgo la salud de la población de Chollay y el Valle.

2. Tampoco es una empresa confiable. Previo al fallo de clausura, recibió más de nueve sanciones, razón por la cual no se le pudieron aplicar más multas y la única solución fue decretar su cierre definitivo. Siempre ha actuado con trampas, incumpliendo la legislación ambiental, como incluso intenta hacer ahora cuando propone un plan de cierre que pretende descargar aguas contaminadas a la cuenca del río Estrecho de manera “controlada”, con el fin último de no incurrir en más gastos y desmantelar el ya precario sistema de tratamiento de aguas que tiene instalado.

3. Esta empresa no puede reclamar “derechos”, ni menos plantear que hará las cosas “muy en coordinación con nuestras comunidades”, según los dichos del mismo ejecutivo. Es una empresa que está sancionada y, por lo tanto, lo único que le cabe es el deber de ejecutar la clausura definitiva cumpliendo el fallo y en conformidad con la ley ambiental, y dejar de intervenir la cordillera y contaminar a las comunidades. Otro aspecto inaceptable es que Barrick hable de “nuestras” comunidades, cuál señor feudal. No somos sus comunidades: somos los habitantes de estas tierras y ellos un mal vecino al cual no queremos ver más.

4. Si bien el fallo del Tribunal Ambiental mandata la actualización del plan de cierre, la empresa –con su desfachatez y actitud abusiva de siempre– está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando.

5. Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental. Llama poderosamente la atención que el mismo ejecutivo falte a la verdad e intente confundir a la opinión pública diciendo lo contrario en la nota de prensa aludida.

6. En el momento constituyente en el que nos encontramos como país, nos alegramos de las señales claras que ha dado la Convención en cuanto a la protección de los derechos de la naturaleza y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Son esos los derechos que deben orientar cualquier actividad económica: el bien común por sobre el bien privado.

7. Como comunidad reiteramos que Barrick Gold no tiene licencia social para seguir operando en la cordillera y nuestra voluntad de continuar luchando por el buen vivir en nuestro Valle. Seguiremos defendiendo las nacientes de las aguas en la alta cordillera porque ¡son lo que garantizan la vida de todo lo que viene aguas abajo!

¡El agua vale más que el oro!

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

En el escrito piden desechar la propuesta para la instalación de la minera por poner en peligro la vida natural de la zona, así como su fuente de trabajo y el futuro de las comunidades.
Diario Uchile
28/10/2021
Punta de Choros
Los abogados y abogadas en representación de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros ingresaron una nueva reclamación ante el Comité de Ministros, que busca invalidar la aprobación otorgada en agosto pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo al proyecto minero portuario Dominga.

“Los comparecientes de esta reclamación presentaron observaciones muy relevantes durante la participación ciudadana que no fueron tomadas en cuenta”, aseveró Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA. “Con este recurso se busca que el Comité de Ministros, de forma imparcial y de frente a toda la ciudadanía, se pronuncie sobre los argumentos técnicos que demuestran que este proyecto no ha sido correctamente evaluado, amenazando así el sustento de vida y trabajo de los recurrentes”, agregó.

En la reclamación, a la que también suscriben las personas naturales Cristóbal Díaz de Valdés, en representación del Movimiento Ciudadano Chao Pescao, José Aliro Zarricueta, presidente de la Federación de Pescadores de La Higuera y Ernesto Fredes se señala además que, de haberse considerado sus observaciones, el proyecto no podría haberse aprobado ya que no responde sobre aspectos como la contaminación por descarga de salmuera, la introducción de especies exóticas por el funcionamiento del puerto, el peligro para las aves, la probable afectación de áreas de manejo y el turismo, entre otras.

Esta acción se suma a la reclamación presentada por Oceana a principios de octubre ante la instancia presidida por la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y que está integrada por los titulares de salud, economía, agricultura, energía y minería.

“Solicitamos a los ministros que tendrán que revisar el caso que rechacen este proyecto por ser nefasto para nuestra fuente de trabajo y para el futuro de nuestros hijos. Es una vergüenza que Dominga siga con vida aún más con todo el escándalo político que se desató hace algunas semanas, sería impresentable que siguiera en tramitación”, señaló Gabriel Molina, secretario de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros.

En paralelo a estas reclamaciones, el equipo legal de Alianza Humboldt se encuentra a la espera de que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación que buscan anular la sentencia del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), en la que se ordenó que la COEVA volviera a votar el proyecto Dominga.

“Es importante que no perdamos de vista que un proyecto de estas características no puede desarrollarse si amenaza un lugar único como el Archipiélago Humboldt y las formas de vida y costumbres de sus vecinos”, señaló Berríos. “Estamos recurriendo a todas las instancias para frenar a Andes Iron, con los recursos de casación ante la Corte Suprema y las reclamaciones ingresadas al Comité de Ministros”, añadió.

Hay que recalcar que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.

Comunidades changas solicitan invalidar permiso

A los recursos judiciales antes descritos se sumó una nueva acción, esta vez por parte de las comunidades changas de la comuna de La Higuera, quienes presentaron ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo una solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga. En ella, señalan que el permiso otorgado a la empresa es ilegal al no haberlos considerado dentro del medio humano afectado por el proyecto.

Los representantes de la comunidad changa, reconocida como pueblo originario por ley en 2020, esperan que se invalide la RCA y se vuelva atrás para realizar un proceso de consulta indígena que evalúe impactos a grupos humanos y costumbres protegidas.

Recordemos además que hace diez años existe una propuesta para crear un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago Humboldt, la cual ha sido apoyada por la comunidad local y el mundo científico. Esta figura de conservación permitiría continuar con el desarrollo de actividades sustentables como la pesca artesanal en las áreas de manejo y el turismo, protegiendo definitivamente un ecosistema que ha estado en peligro de convertirse en una zona de sacrificio.

Asociación de Pescadores presenta reclamación ante el Comité de Ministros y exige rechazo definitivo de proyecto Dominga