Perú

SNMPE sobre conflictos mineros: “pensamos que es el comienzo de una escalada de violencia”

El presidente del gremio, Raúl Jacob, consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo.
Gremio minero se refirió a los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector. (Foto: Referencial/Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco)
redacciongestion@diariogestion.com.pe
31/10/2021
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, advirtió que los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector minero energético, pueden ser el inicio de una escalada.

Consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero al margen de ello, también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo para aclarar las cosas y no una situación de violencia.

“Pensamos que está dándose el comienzo de una escalada (de violencia), las intenciones pueden ser varias, lo cierto es que están ocurriendo”, indicó el dirigente gremial en diálogo con el programa Agenda Política.

Detalló que Antamina es la primera productora de zinc y que representa el 18% de las exportaciones de cobre, equivalente a US$ 4,500 millones al año.

“Antamina, junto al Corredor Minero del Sur, representan el 63% de las exportaciones de cobre del país”, dijo.

Este domingo la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia (Áncash), en el área de influencia de la compañía.

Por su parte, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, apuntó que las empresas deben reconocer su responsabilidad ante la demanda de los manifestantes.

“Los actores tenemos que hacernos cargo de cada una de nuestras responsabilidades y la empresa también. Es cierto que hemos tenido un mal abordaje del conflicto, pero algunos actores no han querido reconocer la responsabilidad que tienen en atender los reclamos de la población”, apuntó.
https://gestion.pe/economia/snmpe-sobre-conflictos-mineros-pensamos-que-es-el-comienzo-de-una-escalada-de-violencia-nndc-noticia/

Chile

Acusan a Minera Barrick Gold de contaminar río en el cierre de Pascua Lama


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Marco Fajardo 02/11/2021
Se trata de uno de los casos más paradigmáticos en materia medioambiental y que lleva veinte años de debate. «Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Según esta, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la compañía intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho. Desde el comienzo, organizaciones locales acusaron a la firma de destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de la Ley de Glaciares, un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso tras el fracaso de iniciativas anteriores. Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

A más de un año del dictamen de clausura del Primer Tribunal Ambiental del proyecto minero Pascua Lama, en la zona cordillerana de la Región de Atacama –y sin que se concrete aún–, organizaciones locales y ambientalistas acusaron a la compañía canadiense Barrick Gold de querer contaminar un río en las operaciones de cierre, y de pretender seguir con la idea de materializar el proyecto.

Pascua Lama es un caso paradigmático, ya que organizaciones locales acusaron a la firma de buscar destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de ley en un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, en medio de las presiones de las mineras, incluyendo a Codelco.


Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

De acuerdo a una declaración de las entidades agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la empresa intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho.

 

«Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea.

«Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental», agregó la organización.

Mantener vivo el proyecto
Recientemente, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, comentó –en Expomin 2021– que “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí”, pues tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando, porque sigue siendo un activo de la compañía”, según reseñó el Diario Financiero.

Vives explicó que «el Tribunal Ambiental nos revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no nos quitó los derechos mineros ni los derechos de agua. Seguimos con nuestras concesiones y este sigue siendo un proyecto atractivo, no solo para Chile sino que para la región».

«Estamos viendo si es que esto algún día se puede realizar en el futuro o no y, ciertamente, si es que se hace, tiene que pensarse muy bien y hacerlo de una manera muy pensada, pero también muy en coordinación con nuestras comunidades», añadió.

La iniciativa, que fue suspendida el 2013, incluye, en el lado chileno (Pascua), «un rajo, un túnel, un botadero que es el 1% de lo que debiera haberse construido y un sistema de manejo de aguas. Mientras, en Lama, en el lado argentino, está toda la planta», precisó.

Ley en trámite
Pascua Lama fue uno de los símbolos de la controversia en torno a los hielos cordilleranos, que son materia de la Ley de Glaciares, actualmente en trámite en el Senado.

Han sido quince años de distintas iniciativas en la materia. El último proyecto, de 2018, es una iniciativa del senador Guido Girardi, inspirada en una norma homónima argentina.

«La razón fundamental por la que no hemos tenido una Ley de Glaciares se debe fundamentalmente a la cantidad de intereses económicos que entran hoy en día en directa contradicción con la protección de glaciares, especialmente mineros», señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Sin embargo, Girardi se muestra optimista.

«Creo que esta ley va a ser una de las más exigentes del planeta, porque establece la protección de los glaciares como bien nacional de uso público y, además, una sanción penal a la intervención de los glaciares», comenta.

Asimismo, señala que es retroactiva, con lo cual obliga a los involucrados a adaptarse a la ley, una vez que entre en vigencia, aparte de incluir sanciones penales, es decir, de cárcel.

Moción perdida
Los tropiezos que ha tenido esta nueva versión de la ley muestran las dificultades que ha atravesado.

Por ejemplo, Girardi impulsaba que la zona periglacial –ubicada en el entorno– tuviera la misma protección que el glaciar en sí, pero esa indicación se perdió en el trámite en la Cámara Alta. El legislador espera que pueda recuperarse cuando vuelva a la Cámara de Diputados.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y deberá pasar a Sala, aunque no hay una fecha cierta. Girardi es partidario de que se vote en las próximas semanas, antes de la elección presidencial.

El 31 de agosto pasado fue la última vez que se trató. Fue en la Comisión de Medio Ambiente, donde está en el Primer Trámite Constitucional de la Cámara Alta, integrada por Isabel Allende y Alfonso De Urresti (ambos PS), José Miguel Durana (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Rafael Prohens (RN).

Lo ocurrido en la instancia es otra muestra de las controversias. Allí expuso el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. La entidad agrupa a las principales mineras de Chile, incluidas AngloAmerican, Barrick, BHP y Codelco.

Entre otros aspectos, Urenda comentó que no era apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros proyectos sobre delitos ambientales, y que la sanción que implicara privación de libertad solo debía aplicarse de existir dolo y un daño grave.

Sin embargo, la senadora Allende lo refutó. Frente a la observación realizada por Urenda, referida a las sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificó a estas de necesarias, debido a que los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.

Proyecto simbólico
Una de las más críticas con Pascua Lama es la constituyente Constanza San Juan, electa por la Región de Atacama y que justamente participó en una larga lucha contra Barrick Gold, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2001.

Ella recuerda que, en su momento, la empresa «no declaró que había glaciares en su zona de impacto y, es más, tampoco dijo que pretendía destruirlos».

Tras la oposición de la comunidad, «la empresa ofreció (en 2005) trasladar los glaciares, hito que marca el inicio de este conflicto». En ese marco surgieron las primeras iniciativas para la protección de los glaciares.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), «los glaciares se incluyeron como elementos susceptibles de daño significativo, por lo que las empresas estaban obligadas a declarar cuando un proyecto está en la cercanía de un glaciar». Hubo proyectos legales en 2005 y 2008, pero ninguno se materializó.

De forma paralela, «aumentó también el conocimiento de las comunidades respecto de estos. Ahora se comprende que son resultado y forman parte de un ecosistema glaciar que tiene distintos tipos de glaciares y crioformas, las que tienen la misma importancia o tal vez más que los glaciares blancos que se ven a simple vista. Nos enteramos de que existían glaciares de roca y otros cubiertos que casi no se notan; también, de la existencia del permafrost, que es el suelo congelado a 0° o menos, pero que aporta gran cantidad de aguas. Tomamos conocimiento de la necesidad de resguardar todas las condiciones y características morfogeológicas contiguas a los glaciares para su preservación, así como también de los bofedales y de las lagunas altoandinas».

«Bancada glaciar»
Un nuevo proyecto de ley surgió promovido en 2014, por la que se conocía como la “Bancada Glaciar”, compuesta por nueve senadores y catorce diputados de todas las bancadas.

Dicho proyecto de ley contenía una visión integral del ecosistema glaciar y la necesidad de preservarlo y protegerlo en su totalidad; es decir, a los glaciares y sus ambientes, y sus distintos tipos y crioformas.

No obstante, según San Juan, el proyecto fue truncado vía indicación sustitutiva del Gobierno de Bachelet, «por medio de la cual se tergiversó todo su espíritu».

En ese marco, nació la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. En un encuentro en San Felipe, más de 30 organizaciones de norte a sur se unieron para lograr la defensa colectiva de los glaciares, y luchar contra la ley de la «Bancada Glaciar».

«Era preferible quedarnos como estábamos a tener este proyecto que finalmente permitiría y regularía la intervención de los glaciares, lo que no se puede permitir», subraya San Juan.

Incluso, en 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) planteó la vulneración de derechos en que incurría el proyecto de glaciares.

“La necesidad de la protección de los glaciares obedece principalmente a un aseguramiento de la provisión de agua para consumo humano, así como también para la protección del medio ambiente y la subsistencia de grupos en condición de vulnerabilidad. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares», señalaba el reporte.

El tiro de gracia
El tiro de gracia lo dio la Corte Suprema, el año siguiente, en 2016. Expresó que el proyecto en curso permitiría desarrollar iniciativas económicas en los glaciares que no sean declarados como reserva estratégica glaciar, dejándolos sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que –según la Suprema– no debiera permitirse.

También determinó que los glaciares no eran un bien explotable, bajo circunstancia alguna, y no podían ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que no debía permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

A su vez, defiende que “los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce”, y que “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales”,

Ello significó el fin del proyecto de la «Bancada Glaciar».

Nuevo proyecto
El nuevo proyecto, de 2018 y actualmente en curso, sigue la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y busca la protección de los glaciares y sus ambientes, junto con la prohibición expresa de realizar actividades en ellos.

La aceptación de su ingreso y tramitación fue resultado de una negociación que exigió que la iniciativa se viese primero en la Comisión de Minería y luego pasara a la Comisión de Medio Ambiente.

Este proyecto motivó una indicación sustitutiva por parte del Presidente Piñera, en septiembre de 2019, que, tal como sucedió con Bachelet, «torcía su espíritu y lo convertía en otra iniciativa que, en lugar de proteger, apuntaba a regular la intervención. En esta oportunidad, algunas de las materias que determinó fueron las siguientes: limita lo que se entiende por glaciar a su tamaño, estipulando que quedaran fuera de dicha categoría los de menos de 0,1 hectáreas; permite actividades en glaciares y sus entornos por medio del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringiendo solo la remoción, el traslado y el cubrimiento (como si eso estuviese permitido hoy); y permite que los proyectos que afectan a glaciares, hoy lo pueden seguir haciendo», critica San Juan.

Para el director nacional de Greenpeace, una ley de protección de glaciares resulta «urgente», especialmente «por la gravísima crisis climática que estamos viviendo».

«Hoy, en Chile, el agua es un recurso escaso, además concentrado en manos de unos pocos. Proteger los glaciares permitiría que Chile cuente con una mucho mejor resiliencia hídrica. No protegerlos, por el contrario, supone desperdiciar un patrimonio gigantesco y liquidar la resiliencia hídrica que tenemos en las nacientes de las cuencas».

En sus palabras, esta norma debiera surgir del Congreso con dos condiciones fundamentales: primero, que el glaciar mismo, sin importar su tipo, quede protegido, y, segundo, que «todo aquello que permite que el glaciar se encuentre saludable quede también protegido», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/02/minera-barrick-gold-nuevamente-en-la-picota-por-contaminar-rio-en-el-cierre-de-pascua-lama-e-insistir-con-el-proyecto/

Argentina

El extractivismo en los medios: una censura diversa y sofisticada

01/11/2021
Mineras, petroleras y el agronegocio condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos. Pautas millonarias, inversión en «acercamiento a la sociedad» para reemplazar al Estado y legitimarse en la población y un método aceitado para invisibilizar críticas y cuestionamientos. El verso del progreso, de Catamarca a Chubut con tres décadas de diferencia.

Fuente: Revista Cítrica – por Agustín Colombo
Fotos: Juan Pablo Barrientos

Durante los años anteriores al mayor derrame de cianuro de la historia, un hecho que la convirtió por primera vez en noticia nacional, el equipo de comunicación de Barrick Gold tenía una obsesión: que en los medios se dejara de anteponer el artículo “la” a Barrick. Sus voceros explicaban en almuerzos y off con periodistas que era una manera de estigmatizar a la compañía, porque nadie decía “La Bayer”, “La Chevron” o “La Panamerican Energy”.

Ese detalle semántico –ya sabemos quién está en los detalles– sirve también para entender hasta qué punto trabajan el discurso y la comunicación las multinacionales extractivas en el país y en el mundo.

Pero lejos de circunscribirse sólo a cuestiones del lenguaje, mineras, petroleras y agroindustriales condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos y en todas sus organizaciones: medios locales, regionales y “nacionales” sufren un lobby que a veces es sigiloso y con buenos modales, y otras veces es bastante más burdo.

“Algunos medios directamente nos pidieron dinero para darnos cobertura. En otros los propietarios se sinceraron y nos dijeron que si nos daban espacio se quedaban sin pauta y sin contratos”, cuenta Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal no se Toca, que hace más de una década observa, denuncia y visibiliza los daños al agua y al medio ambiente en general que ocasionan proyectos como el de la Barrick Gold en mina Veladero, San Juan.

Lo de la pauta sucede en grandes, medianas y pequeñas empresas. Pero lo de los contratos es una particularidad que podríamos atribuir a la actividad extractiva: hay trabajadores o trabajadoras de medios locales o regionales que aparecen bajo la órbita de municipios, pero cuyo único trabajo es asegurar complicidad y silencio en portales, diarios o programas de radio y televisión.

No es la única relación que existe entre los distintos Estados y los medios, obviamente. Cuando ocurrió el segundo derrame de cianuro de la Barrick, a Veladero llegó Canal 13: por primera vez uno de los dos canales con más ráting del país ponía su atención ahí.

Parte de los informes del programa de Lanata se hicieron a bordo del helicóptero de la gobernación. “Ante lo explícito del desastre generado solo se ocuparon de salvar la imagen del gobernador –dice Domingo–. Ahí se les termina la grieta”.

La disputa por el sentido
La censura ya no se practica como en las dictaduras pasadas. Hay métodos que la sofisticaron. Y que también sirven para sembrar algo que en los medios tradicionales crece año a año: la autocensura. Suavizar coberturas o directamente no abordarlos por temor a hipotéticas represalias dentro de las mismas empresas periodísticas. En ese aspecto, las multinacionales extractivas y los gobiernos provinciales y municipales comparten un mecanismo aceitado.

En Chubut, en estos últimos dos años, quedó explicitado: la mayoría de los medios de la provincia tienen pauta de las mineras, que intentan voltear una ley que las prohíbe y relativizar el consenso que existe entre la sociedad, que hace 18 años, en una consulta popular histórica en Esquel, le dijo “No a la mina”.

En ese afán de consolidar a la minería, a veces aparecen en una publicidad tradicional; y otras veces en forma de PNT (Publicidad No Tradicional): publinotas que minimizan los impactos de la actividad y realzan sus pocas bondades. ¿La consecuencia? Falsa información, o información que va en detrimento de la verdad y la rigurosidad. Se evidencia en Chubut y Neuquén al leer las noticias de asesinatos laborales en los yacimientos de la región: despersonalización de la víctima, el carácter “accidental” del hecho y la vaguedad de la ubicación real. En ningún caso, los medios mencionan el nombre de las petroleras en cuestión.
El trabajo cultural de las empresas extractivas incluye a los medios, por supuesto, pero también los excede: es mucho más abarcativo. La docente Magalí Stoyanoff, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), lo describe: “Un fenómeno que se intensificó es el inmenso esfuerzo, en particular de la empresa Panamerican Energy y de sus fundaciones, ya no en plata contante y sonante por publicidad en distintos medios, sino una difusión muy dirigida a trabajar sobre la imagen de la empresa ante la sociedad. Esta orientación se lleva a cabo junto al Ministerio de Educación de Chubut”.

Eso, que sucede del lado cordillerano y petrolero de la provincia, puede unirse a una serie de situaciones que se tornaron habituales en toda la meseta chubutense, la nueva fruta codiciada por las multinacionales mineras. Con el Estado intencionalmente corrido en esa región, empieza a repetirse que pueblos enteros se queden sin luz y sin agua durante días.

¿Qué pasa entonces? Cada vez que aparecen esos problemas derivados de la falta de inversión pública, también aparecen las mineras para cumplir un rol propio del Estado. De esta manera, se legitiman socialmente y buscan el consenso y apoyo de las vecindades y comunidades.

Eso, que se observa en la calle, también se observa en los estados contables: solo en 2019, Pan American Silver invirtió seis millones de dólares en Chubut, una provincia que tiene prohibida la actividad minera. De acuerdo a los registros de la multinacional con sede en Canadá, responsable del Proyecto Navidad que busca extraer plata en una superficie de 10 mil hectáreas, esos seis millones figuraban bajo el rótulo de “acercamiento a la sociedad”, un eufemismo que se materializa en cada rincón de la provincia en forma de notas pagas, regalos, ropa y bolsones de comida en barrios populares.

Mejor no hablar de ciertas cosas
Como menciona uno de los textos del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, en Catamarca existen en la actualidad 16 minas operativas, 34 proyectos en etapa avanzada y más de 250 en exploración. El primer megaemprendimiento extractivo fue el de Bajo Alumbrera, presentado en pleno menemismo por los dos principales diarios del país –Clarín y La Nación– como un salto hacia el progreso y el desarrollo del país.

Bajo Alumbrera había prometido por aquellos años puestos de trabajo, hospitales equipados, más escuelas y mejoras en la calidad de vida de los pobladores de Santa María, Belén y Andalgalá. En los casi 20 años que duró la explotación, esas promesas nunca se cumplieron.

El verso del progreso, soliviantado por medios y periodistas, sigue hasta hoy. Y decimos verso porque la realidad se impuso: 15 años después de esa presentación propia de la pizza y el champagne menemista, el municipio de Andalgalá declaró oficialmente la “emergencia económica” por la grave situación financiera que atravesaba: la minería había generado contaminación y cada vez más pobreza.

En los 90, Bajo Alumbrera había prometido puestos de trabajo, hospitales, más escuelas y mejoras en la calidad de vida. Nada se cumplió

La estrategia que se llevó a cabo en Andalgalá es la que se intenta instalar hoy en Chubut. De norte a sur, de este a oeste, el modus operandi es el mismo: no fue casualidad que en 2010, un año después de esa “emergencia económica” el Gobierno de Catamarca anunciara la concreción del proyecto Agua Rica, de la canadiense Yamana Gold. Casi en paralelo surgió la Asamblea El Algarrobo, que el 15 de febrero de 2010 realizó un corte de ruta selectivo –solo le obturaba el paso a los camiones y máquinas de la minera– que terminó en una brutal y recordada represión.

Ese día, entre el reclamo, los palos de la policía y las detenciones arbitrarias, había solo un medio que transmitía en vivo lo que ocurría: Radio La Perla. Durante los primeros años, esa radio era la única que difundía la problemática que generaba la minería y que amplificaba la voz de la comunidad. “Pero luego la compraron: el dueño se la alquiló a un representante minero y la Asamblea perdió ese espacio”, recuerda Ají Buttowski, uno de los referentes de El Algarrobo. No fue incidir en los contenidos ni comprar voluntades con pauta o regalos: la minera directamente compró la radio.

Con los medios tradicionales de la provincia como El Ancasti, El Esquiú y La Unión vedados y a disposición del lobby minero, la Asamblea El Algarrobo debió generar su propia radio y contó con el apoyo de medios autogestivos, que convirtieron a la población consciente de Andalgalá –como a Jáchal– en emblemas de lucha. Una lucha que se explica en una palabra y en cuatro letras: agua.

Porque si la bajante histórica del Río Paraná o los recientes incendios en Córdoba llenan de postales distópicas la crisis ambiental que sufre la Argentina, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU acaba de agregarle a esas postales algunas palabras de repercusión internacional: la situación ya es “irreversible”, la temperatura global seguirá aumentando, los hielos continuarán derritiéndose y el nivel del mar subirá inevitablemente.

El mundo debate sobre el futuro climático y Argentina se desangra por las venas abiertas de su extractivismo. El nuevo yacimiento de Agua Rica de Yamana Gold en Andalgalá tendría permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Y en Chubut, donde los lagos se convierten en desiertos de arena como pasa más al norte en las provincias atravesadas por el Paraná, la falsa solución que promueven medios y gobiernos es el ingreso de la megaminería, con el Proyecto Navidad al frente.

Cuando los medios advierten este contexto y emergen críticas fundadas, las empresas mueven sus hilos para silenciar esas voces. “Cada vez que digo algo sobre el tema me llaman por teléfono para pegarme un tironcito en donde más duele. Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del programa “Miradas al Sur” del Canal 7 de Rawson, a FM Namuncurá, uno de los medios autogestivos chubutenses que creció en audiencia y suscripciones –como Radio Sudaka– por tener a la defensa del medio ambiente como bandera.

«Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del Canal 7 de Rawson a FM Namuncurá

Pero los autogestivos y comunitarios crecen, a lo largo y ancho del país, no solo por ese motivo. La hendija que abre la precarización del trabajo periodístico en medios comerciales fue cubierta en parte por esos espacios.

Ante la decisión (por falta de presupuesto o de interés) de medios tradicionales de no enviar a periodistas para producir información desde el lugar, los autogestivos y comunitarios intervienen en la agenda mediática porque son y están ahí, en los pueblos y pequeñas ciudades perjudicadas directamente por prácticas extractivas: el territorio de la noticia.

Lejos de romantizarlos, estos medios también están atravesados por una precarización que se refleja en los ingresos de quienes ejercen el oficio allí. Afectados por el discrecional reparto de la pauta estatal, muchas veces invisibilizados y con salarios (o retiros) incluso más bajos que en los medios tradicionales ya de por sí pulverizados, los y las periodistas de los medios autogestivos deben compartir ese trabajo con otras actividades para subsistir, lo que también va en detrimento de la calidad de la información. Una información que, pese a todo eso, no responde ni a los intereses ni a los proyectos de las multinacionales extractivas.

Esta nota forma parte del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, realizado en conjunto entre la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Fundación Rosa Luxemburgo.

El extractivismo en los medios: una censura diversa y sofisticada

Perú

Premier Mirtha Vásquez, anuncia presencia del Ejecutivo en la zona de conflicto minero, en Ayacucho


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Según el comunicado emitido por la PCM, los pobladores aceptaron iniciar un proceso de dialogo con el fin de abordar la problemática de la zona minera que terminó quemando el campamento minero de Apumayo.
31/10/2021
Premier Mirtha Vásquez. (Foto: Difusión).
Luego de que los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, terminaran quemando el campamento minero de Apumayo, el pasado viernes 29 de octubre, en señal de protesta ante la indiferencia del Estado por escuchar sus reclamos.

La premier Mirtha Vásquez, se comprometió acudir a la zona de conflicto con un equipo del Ejecutivo, para establecer el dialogo con las comunidades afectadas.

“Una delegación del gobierno está viajando al sur de Ayacucho para restablecer el diálogo, garantizar los derechos y atender las demandas de la ciudadanía en protesta, la misma que ha decidido levantar sus medidas de fuerza aceptando iniciar este proceso de manera genuina”, señalaba en su cuenta de Twitter.

Asimismo, por medio del comunicado expresó “la predisposición del Gobierno para impulsar un dialogo sincero, abierto y transparente que permita encontrar soluciones viables en beneficio de todos”.

Según el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, que en los próximos días se instalará una mesa de diálogo en Coracora (Parinacochas), donde participarán la premier, Mirtha Vásquez y los ministros de Estado, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto socio-ambiental registrado en la zona producto de la actividad minera.

Conflicto en el sur de Ayacucho

Desde el 28 de octubre los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, mantienen un paro indefinido, que incluye la restricción del tránsito vehicular en los distritos de Cora Cora, Chavín, Sancos y Puyusca.

Además, de la aglomeración de personas que se instalaron en las unidades mineras de las empresas Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata. Los pobladores exigen el cierre definitivo de estas mineras.

Según David Pacheco, jefe de la Defensoría del pueblo, en Ayacucho, este conflicto data de hace varios años atrás, realizando labores de exploración, aproximadamente desde el año 2010.

“La demanda de la población implica el cierre definitivo de las unidades mineras Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata, que están en labores de supervisión y fiscalización por parte de OEFA y con labores relacionada al trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, esto en cuanto a la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua de las cuencas hidrográficas y las supervisiones especiales que se realizan en los proyectos mineros”.
https://caretas.pe/politica/premier-mirtha-vasquez-anuncia-presencia-del-ejecutivo-en-la-zona-de-conflicto-minero-en-ayacucho/

Argentina

Plan estratégico para el desarrollo minero argentino

29 octubre, 2021 | Argentina
Plan estratégico para el desarrollo minero argentino

El lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), que iba a ser antes de las elecciones generales del 14 de noviembre, finalmente se postergó para después de los comicios legislativos.

El Plan Minero
La Secretaría de Minería viene trabajando hace meses para concretar el PEDMA, una iniciativa que tiene la ambición de darle un marco al sector para los próximos 30 años. En las distintas instancias que tuvo participaron los gobiernos provinciales, empresarios mineros y más de 250 instituciones, desde religiosas a organizaciones ambientales.

El PEDMA está basado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados por las Naciones Unidas. Dentro de la Secretaría de Minería prefieren hablar de un “proceso” de debates y búsqueda de consensos con los distintos actores del sector.

Números
Según un resumen del plan al que accedió este medio, la intención del Ejecutivo es incrementar lo antes posible el peso de la minería en el PBI, ya que hoy es de tan sólo el 0,6%, cuando en Chile es 12%, en Perú el 10% y en Australia el 7%.

Para esto, el gobierno planea para los próximos 10 años poner en marcha 33 proyectos: siete de cobre, que podrían vender al exterior por US$ 5.420 millones. Luego, el plan estima que se concreten 15 proyectos de litio que podrían exportar US$ 2.100 millones; cinco desarrollos de oro con un potencial exportador calculado en US$ 1.752 millones; cuatro proyectos de plata que exportarían US$ 758 millones; y, por último, un proyecto de potasio y un proyecto de uranio que sumarían US$ 734 millones en exportaciones.

La Secretaría de Minería viene trabajando hace meses en este plan. Originalmente iba a ser presentado el día de la minería, que es el 7 de mayo, pero la cartera no llegó a definirlo por completo. Ahora falta terminar de pulir los detalles con el ministerio de Economía de Martín Guzmán y la Comisión Nacional de Valores para definir cómo serán los incentivos económicos, tributarios y la regulación para el acceso al mercado de capitales para las empresas mineras. En el marco de ese plan, el gobierno también planea una reducción a las retenciones a las exportaciones mineras. Según un resumen del plan al que accedió este medio, la intención del Ejecutivo es incrementar lo antes posible el peso de la minería en el PBI, ya que hoy es de tan sólo el 0,6%, cuando en Chile es 12%, en Perú el 10% y en Australia el 7%.

Triplicar las exportaciones
El plan del gobierno es incrementar en 3,4 veces las exportaciones de 2019, último año completo comparable sin pandemia, que fueron de US$ 3.200 millones. El objetivo del Ejecutivo es alcanzar exportaciones por US$ 10.765 millones en una década con una inversión (Capex total) de US$ 27.275 millones.

Para esto, planea poner en marcha 33 proyectos: siete de cobre, que podrían vender al exterior por US$ 5.420 millones, que representan el 61% de las exportaciones proyectadas. Luego, el plan estima que se concreten 15 proyectos de litio que podrían exportar US$ 2.100 millones (20% de las exportaciones); cinco proyectos de oro con un potencial exportador calculado en US$ 1.752 millones (6%); cuatro proyectos de plata que exportarían US$ 758 millones (5%); y, por último, un proyecto de potasio (7%) y un proyecto de uranio (1%) que sumarían US$ 734 millones en exportaciones.

Retenciones
El gobierno tiene en carpeta implementar un régimen de “retenciones progresivas”, que se aplicaría proyecto por proyecto. Se argumenta que el nuevo esquema ayudaría a aliviar el régimen de retenciones a las exportaciones para la fase de inversión de capital para que los proyectos puedan atravesar los primeros años y que la medida intenta otorgar previsibilidad a largo plazo a las compañías para que afronten el repago del capital. Luego, la alícuota se incrementaría en la fase de producción y podría contemplar que esté atada al precio de los commodities. Todavía no está definido cuál sería el tope. En los últimos años de vida útil de cada desarrollo las retenciones podrían volver a bajar.

En la Secretaría de Minería estiman que hay más de 300 proyectos en distintas etapas que permitirían captar inversiones por alrededor de 30.000 millones de dólares. Además, si avanzan proyectos de cobre, oro, plata y litio que hoy están en carpeta, la Argentina podría triplicar las exportaciones del sector y superar los 10.000 millones de dólares. En el primer cuatrimestre del año la minería representó el 4% del total de las exportaciones del país y casi la totalidad correspondieron a las provincias de San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Jujuy.
Fuente: Ecojournal

Plan estratégico para el desarrollo minero argentino

Internacional

Voces críticas cuestionan los beneficios climáticos de la minería submarina

Por Ian Urbina y Marta Montojo* 26/10/2021
Mike Smith -Nautilus/E&T

El interés internacional por la explotación minera de los fondos marinos se ha avivado gracias a la combinación de nuevos avances en robótica, cartografía informática y perforación submarina, junto con precios históricamente altos pero fluctuantes de las materias primas. Empresas mineras de todo el mundo están buscando nuevas fuentes de metales y minerales tras haber agotado gran parte de las reservas de fácil acceso del mundo. Más de una docena de países, como Rusia, Reino Unido, India y China, tienen contratos de exploración de 15 años. Sin embargo, cada vez más biólogos marinos, defensores de los océanos, reguladores gubernamentales y empresas sensibilizadas están dando la voz de alarma sobre una serie de problemas medioambientales, de seguridad ali-mentaria, financieros y de biodiversidad asociados a la extracción submarina.

Pocos han oído hablar del pequeño país de Nauru. Aún menos piensan en lo que ocurre en el fondo de los océanos. Pero esto pronto podría cambiar. Se estima que el fondo marino contiene metales por valor de billones de dólares y esta nación insular del Pacífico está decidida a adelantarse a la competencia mundial en sondear esas profundidades.

El objetivo son rocas del tamaño de una papa que los científicos llaman nódulos polimetálicos. Estos preciados cúmulos, que se encuentran en el fondo del océano, pueden tardar más de tres millones de años en formarse. Su alto valor se debe a que son ricos en manganeso, cobre, níquel y cobalto; materiales que se señalan como esenciales para electrificar el transporte y descarbonizar la economía en medio de la revolución tecnológica verde que ha surgido para hacer frente a la crisis climática.

Aspirar estos preciados trozos requiere una extracción industrial mediante enormes excavadoras. Estas máquinas, que suelen pesar 30 veces más que las excavadoras estándar, se elevan con grúas por encima de los costados de los barcos y luego se sumergen kilómetros bajo el agua, donde recorren el fondo marino, succionando las rocas, triturándolas y enviando un lodo de nódulos triturados y sedimentos del lecho marino, desde 4.000 a 6.000 metros de profundidad, a través de una serie de tuberías hasta el barco que está encima. Tras separar los minerales, las aguas procesadas, los sedimentos y los «finos» mineros (pequeñas partículas del mineral de los nódulos triturados) se conducen por la borda a profundidades aún desconocidas.

Pero cada vez más biólogos marinos, defensores de los océanos, reguladores gubernamentales y empresas sensibilizadas están dando la voz de alarma sobre una serie de problemas medioambientales, de seguridad alimentaria, financieros y de biodiversidad asociados a la extracción submarina.

Les preocupa que los barcos que realizan esta extracción vuelvan a arrojar al mar las enormes cantidades de residuos tóxicos y sedimentos producidos al triturar y bombear las rocas a la superficie, lo que afectaría a peces más grandes de la cadena alimentaria, como los atunes, y contaminaría la cadena mundial de suministro de productos del mar.

También sostienen que la extracción puede ser contraproducente en relación con el cambio climático, ya que puede rebajar la capacidad de captura de carbono del fondo marino. Los críticos temen que, al remover el fondo oceánico, las empresas mineras liberen carbono en el medio ambiente, socavando algunos de los beneficios que se pretenden obtener con el cambio a coches eléctricos, aerogeneradores y baterías de larga duración.
Nódulos polimetálicos.

Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

Douglas McCauley, director del Instituto Oceánico Benioff de la Universidad de California en Santa Bárbara, advierte del peligro de intentar contrarrestar la crisis climática con soluciones que se basen en el «paradigma de simplemente arrancar una nueva parte del planeta». Si el objetivo es frenar el cambio climático, arguye, no tiene mucho sentido destruir los ecosistemas de aguas profundas y la biodiversidad marina, que actualmente capturan y almacenan más carbono que todos los bosques del mundo.

Si la alta mar representa la última frontera de la Tierra, el fondo marino fuera de las aguas nacionales es una frontera aún más allá, un reino sujeto a un régimen único en el derecho internacional que considera que la zona de los fondos de los océanos y sus recursos deben ser gestionados por una organización, llamada Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), en nombre de toda la humanidad.

“Pero quién se beneficia y cómo de esta nueva fiebre por la minería de los fondos marinos sigue sin estar claro”, señala Kristina Gjerde, asesora de políticas de alta mar del Programa Marino Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). «Y tampoco está claro qué constituye un beneficio para la humanidad, ya que el fondo marino está lleno de una biodiversidad incalculable, gran parte de ella de vital importancia para la supervivencia de nuestro planeta».

Aun así, Nauru espera seguir adelante con la explotación de los fondos marinos. Situada en Micronesia, al noreste de Australia, la pequeña isla es uno de los países más pequeños del planeta, con una superficie de 20 kilómetros cuadrados y una población de unos 12.000 habitantes. Al avanzar más rápido que su competencia, este país en desarrollo y escaso de dinero espera obtener una ventaja temprana en un mercado potencialmente multimillonario, aunque es probable que Nauru sólo reciba una pequeña fracción de los beneficios financieros de la minería submarina de la empresa canadiense que patrocina.

En junio, Nauru dio el primer paso para poner en marcha la industria. Anunció ante ISA sus planes de presentar en 2023 una solicitud de extracción comercial en nombre de su entidad patrocinada NORI. Dicha solicitud se juzgará en función de las normas de explotación minera de los fondos marinos que existan en ese momento, sean definitivas o no.
Zona de interés minero en que se encuentra la isla de Nauru.

Más de una docena de países, como Rusia, Reino Unido, India y China, tienen contratos de exploración de 15 años. El gobierno de la India ha reservado recientemente 544 millones de dólares para impulsar las inversiones del sector privado y la investigación tecnológica en esta industria. Pero Nauru está tomando la delantera en parte porque los dirigentes del país creen que pueden beneficiarse de ser los primeros.

El interés internacional por la explotación minera de los fondos marinos se ha avivado gracias a la combinación de nuevos avances en robótica, cartografía informática y perforación submarina, junto con precios históricamente altos pero fluctuantes de las materias primas. Se dice que las empresas mineras de todo el mundo están buscando nuevas fuentes tras haber agotado gran parte de las reservas de fácil acceso del mundo. Los metales que buscan se utilizan en imanes, baterías y componentes electrónicos para teléfonos inteligentes, aerogeneradores, pilas de combustible, coches híbridos, convertidores catalíticos y otros aparatos de alta tecnología. Estos metales se encuentran habitualmente en tierra firme, pero algunos temen que no sean suficientes.
Mapa interactivo señala los lugares del mundo donde se están llevando a cabo sondajes de exploración minera submarina.


“Con la disminución de los recursos en tierra, con el crecimiento exponencial de la demanda y la escasez en circulación (reciclaje), es necesario encontrar fuentes alternativas de metales críticos necesarios para permitir la transición energética hacia economías de carbono cero”, defiende Bramley Murton, investigador marino del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido. En conjunto, se estima que los nódulos del fondo oceánico contienen seis veces más cobalto, tres veces más níquel y cuatro veces más itrio que en tierra firme.

Empresas mineras como The Metals Company —una compañía canadiense antes conocida como DeepGreen— hacen hincapié en el impacto destructivo para el medio ambiente de la minería terrestre y afirman que labrar el fondo marino es una opción mucho mejor. “El único camino hacia los metales sostenibles es acumular suficientes reservas de metal para pasar de los metales extraídos a los reciclados», señaló Dan Porras, jefe de comunicación y marca de la empresa, a Bloomberg News. “Nuestro objetivo declarado es inyectar suficientes existencias de metal primario en el sistema para permitir este cambio y salir de la extracción primaria lo antes posible”.

Las mineras se centran especialmente en una parcela específica del mar que se extiende desde Hawai hasta México y que colinda con la zona económica exclusiva de Nauru. Se calcula que el fondo oceánico bajo esa zona, conocida como Zona Clarion-Clipperton, contiene metales valorados entre 8 y 16 billones de dólares.

Nauru se ha asociado con NORI, que es propiedad de The Metals Company, para explorar esta zona. «Estamos orgullosos de que las naciones del Pacífico hayan sido líderes en la industria de los minerales de aguas profundas», declaró un escrito del representante de Nauru enviado a ISA.

Los científicos han medido de forma conservadora el impacto de las licencias de explotación minera de 20 años. Cada una de estas licencias permitirá la extracción directa de unos 8.000 kilómetros cuadrados del fondo del mar y afectará «fácilmente» a otros 8.000-24.000 kilómetros cuadrados de la vida del lecho marino circundante por las plumas de sedimento generadas por la explotación del suelo. Investigadores de la Universidad de Hawaii en Manos y otras instituciones estiman que las «especies obligadas a los nódulos» —los animales que viven en los nódulos o, como los pulpos de aguas profundas, que los necesitan para sobrevivir— tardarán millones de años en recuperarse e incluso los animales que viven en el sedimento circundante pueden tardar entre cientos y miles de años en recuperarse del impacto de la minería.

Algunos stakeholders también se muestran escépticos. En marzo, decenas de empresas -entre ellas BMW, Volvo Group, Samsung y Google- se comprometieron a no abastecerse de minerales de los fondos marinos. En su último informe mundial, la Agencia Internacional de la Energía, organismo mundial que asesora a los países en materia de política energética, concluyó que las máquinas de extracción de los fondos marinos «a menudo causan perturbaciones en el lecho marino, lo que podría alterar los hábitats de las profundidades y liberar contaminantes… remover los sedimentos finos, también podría afectar a los ecosistemas, que tardan mucho tiempo en recuperarse”.

En junio, el Parlamento Europeo pidió una moratoria sobre la minería submarina y solicitó al poder ejecutivo de la Unión Europea que dejara de financiar la tecnología para impulsar esta actividad.

Años atrás, en 2019, el Comité de Auditoría Medioambiental de la Cámara de los Comunes del Reino Unido concluyó que la minería de aguas profundas tendría “impactos catastróficos en el fondo marino”, que el hecho de que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se beneficie de los ingresos procedentes de la concesión de licencias mineras supone “un claro conflicto de intereses” y que “el caso de la minería de aguas profundas aún no se ha demostrado”.

Algo que preocupa a los críticos de la minería del fondo marino es que las gigantescas máquinas de succión, trituración y recolección de la industria levanten enormes y asfixiantes nubes de sedimentos —tanto a lo largo del lecho marino como en lo alto de la columna de agua— que bloqueen la luz, desplacen el oxígeno, produzcan cantidades nocivas de contaminación acústica y dispersen toxinas que dañen la biodiversidad, afectando en última instancia a toda la cadena trófica. Esta contaminación, argumentan, podría suponer una amenaza para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo y costeros, cuyas poblaciones de peces y otras especies del fondo del mar quedarían diezmadas.

“Necesitamos mucho más tiempo para que se lleven a cabo investigaciones, no por parte de las empresas mineras, sino por parte de especialistas en fondos marinos que sean independientes”, asevera Kelvin Passfield, director de la Sociedad Te Ipukarea en las Islas Cook. Como Te Ipukarea, organizaciones sin ánimo de lucro de Fiyi, Vanuatu y otros lugares de las islas del Pacífico temen el impacto que estas plumas tendrán sobre los pescadores locales y sobre su seguridad alimentaria.

Otros críticos consideran que la explotación minera submarina es una especie de esquema ponzi destinado a atraer capital de riesgo a pesar de que sigue sin estar claro que dicha inversión genere dinero a largo plazo. En una carta enviada el 1 de julio a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, varios grupos de vigilancia ambiental y financiera pidieron una investigación federal sobre The Metals Company (entonces todavía se llamaba DeepGreen). Alegaban que la empresa había exagerado en los documentos federales la rentabilidad potencial y no había revelado las quiebras anteriores ni los costes probables para los inversores de los riesgos medioambientales potencialmente catastróficos de la explotación de los fondos marinos.

Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas, mantiene que las empresas mineras del fondo oceánico están intentando vender una falsa decisión entre tener que extraer cobalto y níquel en tierra o en las profundidades marinas, mientras que afirman que se necesitan cientos de millones de toneladas de estos metales para construir baterías para vehículos eléctricos y otras tecnologías de almacenamiento de energía renovable. “No necesitamos construir baterías ni con níquel ni con cobalto. Tesla y BYD, el segundo mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, están fabricando coches con baterías de fosfato de hierro y litio, con poco o ningún níquel o cobalto, que se están vendiendo inesperadamente bien«, explica. Un mejor diseño de los productos, el reciclaje y la reutilización de los metales que ya están en circulación, la minería urbana y otras iniciativas de la economía circular —aduce— pueden reducir enormemente la necesidad de nuevas fuentes de metales.

Las profundidades marinas, que en su día se consideraban relativamente inertes, son ahora concebidas por la mayoría de los científicos como un entorno rico en especies y poblado por criaturas que prosperan en condiciones que parecen imposibles de alcanzar. Sin embargo, gran parte de la biodiversidad del fondo oceánico es especialmente vulnerable a los cambios, pues su hábitat, muy alejado de la superficie, rara vez se ve perturbado.
[Te puede interesar]: ¿Cómo salvar los océanos?: 52 proyectos que lo están logrando

Los océanos ya se enfrentan a una lista abrumadora de amenazas, que van desde la sobrepesca, las pruebas de sonar, los vertidos de petróleo y la contaminación por plásticos hasta el aumento del nivel del mar y de la temperatura, la acidificación, el agotamiento del oxígeno, las floraciones de algas y las redes fantasma. A esto hay que añadir las tensiones adicionales a las que se enfrenta la biodiversidad del fondo marino: los cables de Internet, la pesca de arrastre de fondo, la búsqueda de tesoros, las perforaciones de petróleo y gas, el blanqueamiento de los corales o el hundimiento de las plataformas de perforación retiradas, entre otras. En 2019, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicó su informe de Evaluación Global, en el que se estimaba que un millón de especies están en peligro de extinción, y muchas de ellas desaparecerán en las próximas décadas a menos que revirtamos los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad.

Uno de los mayores retos para avivar la preocupación por este tipo de minería es que los fondos de los océanos estén tan alejados —geográfica, emocional e intelectualmente— del público que se beneficia de ellos. La mayor parte de los fondos marinos del mundo, un lugar mítico y misterioso, ni siquiera está cartografiada. Mucho menos se conoce o se gobierna con solidez. En las profundidades de la línea de flotación siempre está oscuro, y muchos de sus habitantes suponen un desafío para su clasificación en la taxonomía tradicional de animales, plantas y minerales.

Ninguna solución a un problema tan complejo como la crisis climática se producirá sin que se tomen decisiones difíciles y se asuman costes elevados, sobre todo cuando el público mundial intente desprenderse de los combustibles fósiles. Lo difícil, sin embargo, es averiguar cómo dar un paso adelante sin retroceder tres.
* Ian Urbina y Marta Montojo trabajan en The Outlaw Ocean Project, una organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que se centra en los asuntos medioambientales y de derechos humanos que ocurren en el mar a nivel global.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/10/26/voces-criticas-cuestionan-los-beneficios-climaticos-de-la-mineria-submarina.html

Perú

Aumento de tasa de Impuesto a la Renta aplicaría a mineras con más de 80% de margen operativo

29/10/2021
Ejecutivo busca fortalecer la política fiscal y tributaria asegurando la competitividad del país y la reactivación económica. / Crédito: Ministerio
Considerando que el precio del cobre y otros minerales están al alza en el mercado internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apunta a elevar la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a las empresas mineras con más del 80% o 90% de margen operativo, informó el titular de la cartera, Pedro Francke.

“Hay margen para mejorar la tasa para quienes tienen las ganancias operativas más grandes. No proponemos nuevos impuestos, simplemente la idea es para quienes tienen ganancias altas que aumenten su tasa de contribución”, detalló el ministro, quien explicó los puntos más importantes del pedido de delegación de facultades en materia tributaria, fiscal y reactivación económica.

Recordó que en el 2011 se publicó el régimen de la regalía minera y el impuesto especial a la minería y ahora la idea es “perfeccionarlo”.

Para ello, anotó que se está trabajando con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La idea es que no se pierda la competitividad en el sector y una de las ventajas es que ellos (el FMI) tienen la información de todos los países del mundo sobre los regímenes fiscales y están realizando las comparaciones necesarias”, agregó.

El FMI entregó el viernes 29 de octubre su primer informe sobre la asesoría y con dicha información el MEF espera calcular el margen que tendría para subir la tasa del Impuesto a la Renta en el sector minero para las empresas que más ganen.
Fuente: Gestión

Perú: Aumento de tasa de Impuesto a la Renta aplicaría a mineras con más de 80% de margen operativo

Perú

Pedro Castillo: «Como Gobierno sí resolvemos los conflictos»


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El presidente de la República resaltó que la provincia de Cotabambas recibirá el canon minero desde enero de 2022 como parte de los acuerdos firmados con la empresa Las Bambas.
28/10/2021

Un día después de levantamiento del paro minero en Cotabambas, en Apurímac, el presidente de la República Pedro Castillo saludó las acciones del Ejecutivo tras la instalación de la mesa de diálogo con los comuneros y la empresa MMG Las Bambas presidida por la premier en Mirtha Vásquez.

«El levantamiento del paro en Cotabambas demuestra que como Gobierno sí resolvemos los conflictos, en base al diálogo y el consenso. Además, gracias al acuerdo, esta provincia y el distrito de Progreso recibirán el canon minero desde enero de 2022», dijo el jefe de Estado.

El acta de acuerdo que la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso recibirán el canon minero a partir de enero del 2022, para lo cual en diciembre de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá un cálculo exacto de cuánto es lo que recibirán.

El MEF anunció que en enero del 2022 se contarán con los recursos para el proyecto del hospital de Tambobamba. Además, entre los acuerdos se encuentra el mejoramiento y rehabilitación de un camino vecinal. Este proyecto demandará una inversión de S/ 53.6 millones y está considerado dentro de la programación de Provías Descentralizado.

Ahora la próxima reunión se realizará el 8 de noviembre en el distrito de Chalhuahuacho, con la participación de los ministerios de Energía, Desarrollo Agrario y representantes de las mineras Las Bambas.
https://caretas.pe/politica/pedro-castillo-como-gobierno-si-resolvemos-los-conflictos/

Litio, Mexico

Crearán empresa estatal para explotación de litio en México

Esta acción se realiza en el marco de la reforma energética que pondera la producción energética nacional y prioriza al pueblo. | Foto: El Sol de México
28/10/2021
Germán Gorraiz López
Las autoridades mexicanas resaltaron el uso del litio como materia prima para la fabricación de baterías.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé crear una empresa estatal para la exploración y explotación del litio, anunció la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

En entrevista a medios locales, la funcionaria resaltó el miércoles que “el litio es un mineral estratégico”, y puso como ejemplo el uso del mismo como “materia prima para la fabricación de baterías”.

Según la Nahle, esta empresa estatal se establecerá en la ley secundaria de la reforma energética que ha propuesto el mandatario mexicano. «Va a tener que hacer así para la explotación del litio», enfatizó.


Además, hizo referencia a la expropiación del petróleo ocurrida durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). «Esa decisión, por ocho décadas, nos dio riqueza, escuelas, hospitales, caminos, nos dio preparación, esencia, etcétera; con el litio va a ser igual, sin duda, y yo creo que va a ser más rápido».

La construcción de una empresa estatal para la exploración y extracción del litio se plantea en el marco de la reforma energética promovida por el Ejecutivo mexicano, que tiene como principal objetivo, según presidente López Obrador, beneficiar al pueblo por encima de a las grandes compañías.

El Gobierno de México ha impulsado que parte de las ganancias en el sector se generen mediante la producción nacional para, de esta forma, iniciar el camino en pos de la soberanía económica.
https://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-creacion-empresa-estatal-explotacion-litio-20211028-0018.html

Perú

¿Premier Vásquez podrá restablecer diálogo en corredor minero del sur?


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Mirtha Vásquez. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
redacciongestion@diariogestion.com.pe
28/10/2021
Tras una reunión entre la premier Mirtha Vásquez, pobladores, dirigentes comunales de Cotabambas y el Progreso, en la región Apurímac, se llegó a un acuerdo que permitió el “levantamiento de las medidas de fuerza” en el lugar del conflicto minero, informó la Presidencia del Consejo de Ministros.

La PCM, través de sus redes sociales, indicó que la delegación del Ejecutivo luego de reunirse con comunidades de Cotabambas y del distrito Progreso, acordó “encaminar el proceso de diálogo que permitió el levantamiento de las medidas de fuerza desde hoy en la zona”.

Antes de dicha reunión, uno de los puntos más álgidos del bloqueo en el Corredor Minero Sur se venía dando en el distrito de Progreso, provincia de Grau (Apurímac), donde cientos de manifestantes impedían todo tránsito de vehículos particulares y de la empresa minera MMG Las Bambas.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Premier Vásquez podrá restablecer diálogo en corredor minero del sur?
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/premier-vasquez-podra-restablecer-dialogo-en-corredor-minero-del-sur-noticia/