Argentina

Minería en Catamarca: negocio para pocos


Conflicto Relacionado: La Alumbrera - Andalgala

05/06/2024
Advierten sobre favoritismo de la Provincia hacia el Presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros
Empresarios santamarianos presentaron una recusación con causa en contra del normalizador de la Asociación de Producción y Minería, además reiteraron el direccionamiento de las elecciones a favor de Manuel Gómez Bello.

Proyecto Mara.
Los pequeños empresarios que buscan ser parte del proceso de normalización de la e la Asociación de la Cámara Santamariana de Producción y Minería, realizaron una nueva denuncia en contra del Presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y su apoderado, designado por el Gobierno para que realice la normalización del organismo que desde hace 8 años funciona con irregularidades.

La lista Alternativa por el Cambio presentó una recusación con causa en contra de Cristian Zanacchi, normalizador designado por la Dirección General de Inspección General de Personas Jurídicas.

Los postulantes pudieron comprobar que Zanacchi es abogado apoderado de Manuel Gómez Bello, presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y actual presidente de la Asociación Satamariana.

La presentación expone que «La designación del Dr. Zanacchi tenía por objeto y finalidad normalizar la situación de la asociación, y en estas instancias esa designación resulta altamente sospechosa, ya que la administración no designó a los normalizadores propuestos por más del 50% de los asociados en Nota de fecha 22/04/2024 y se designa a un abogado que tiene vínculos directos con quien ejercía de forma irregular el carácter de presidente y que luego se presenta con una lista para ese cargo, y se suceden una serie de hechos y resoluciones por parte del normalizador con el claro objetivo de favorecer al Sr. Gómez Bello y perjudicar a nuestra lista», afirman.

Como prueba. adjuntaron una copia de decreto emitido por el Juzgado de Santa María en donde se da participación al Dr. Zanacchi como abogado apoderado de Manuel Gómez Bello. En consecuencia solicitaron declarar nulo el acto de designación de Zanacchi y todos los acto realizados por el mismo en su cargo de normalizador.

En la presentación los integrantes de la lista agregan: «Queda palmariamente demostrado que existió un operativo y una estrategia por parte de quien pretende seguir ocupando irregularmente el cargo de Presidente o de quienes tienen un interés de que ello suceda, que ocasionó que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas designe, por error o con dolo, como normalizador a una persona que tenía objetivos preestablecidos, y vínculos directos con Manuel Gómez Bello. Por lo que corresponde en esta instancia revertir el daño que se esta haciendo a la asociación y a la mayoría de sus socios, dando transparencia al proceso de normalización y seguridad jurídica a los involucrados».

Favoritismo
Los pequeños empresarios apuntan contra el direccionamiento que se le está dando a las elecciones desde el Gobierno a través de la figura del director de Personería Jurídica, Facundo Ripoll, órganismo que además de designar a Zanacchi como normalizador, ha rechazado todas las presentaciones realizadas por la lista opositora.

Detrás de la disputa por el manejo de la Asociación está la puesta en marcha del Proyecto Mara que producirá cobre, molibdeno, oro y plata, con la misma infraestructura de Minera Bajo de la Alumbrera. Los empresarios santamarianos advirtieron que «la minería en Catamarca parece ser negocio para unos pocos y para quienes direcciona el Gobierno» y que durante estos 8 años de la Asociación “Había 32 socios de los cuales trabajaban solo 5 empresas, los cuales se volvieron multimillonarios y esto es lo que queremos cambiar”, señalaron.

Además alertaron que con el parate de la obra pública la situación se hace más difícil, «no puede ser que se llenen la boca diciendo que la minería es desarrollo para nuestros lugares y que no permitan crecer a nuestras empresas», afirmaron.

En tanto también lamentaron no haber recibido ninguna respuesta del Ministro de Minería.
https://www.pagina12.com.ar/742258-mineria-en-catamarca-negocio-para-pocos

Chile, Litio

Prevén iniciar la producción de litio en Maricunga en 2030


Conflicto Relacionado: Salar Maricunga-Proyecto Blanco-Minera Salares Blanco

Agustín de Vicente , 10/06/2024
El asesor financiero Rothschild ha empezado formalmente a buscar candidatos para asociarse con la estatal chilena Codelco en un nuevo y clave proyecto de litio en el salar de Maricunga, que tiene previsto iniciar producción en 2030.

El documento sobre el «Proyecto Paloma» expone nuevos detalles de los planes del mayor productor mundial de cobre para el proyecto.

«Codelco está buscando un socio que agregue valor al proyecto y, si bien se requiere que Codelco retenga el control mayoritario de la sociedad, está abierta a considerar al socio adecuado como operador», dijo Rothschild.

Maricunga representa un nuevo desafío importante, ya que Codelco asume la producción de litio prácticamente desde cero. La minera fue designada por el gobierno para liderar un mayor control estatal en la industria del litio, un metal clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

Codelco estima empezar la construcción a inicios de 2027 y tener la primera producción a principios de 2030, con una inversión de US$ 1.200 millones. En una primera fase se proyecta la producción de 20.000 toneladas métricas anuales de LCE (carbonato de litio equivalente) a través de estanques de evaporación, seguida de una segunda fase de 30.000 toneladas métricas de LCE al año mediante tecnología de extracción directa.

La vida útil de la primera fase será de 30 años, mientras que la segunda -cuya primera producción se estima para 2033- de 27 años. Para la segunda fase la inversión ascendería a 1.100 millones de dólares. El estudio de factibilidad está proyectado para el cuarto trimestre de 2025.

Además el prospecto estima un costo directo de producción original de 4,696 dólares por tonelada de LCE y de 4,143 dólares para la fase de extracción directa.

Rothschild espera abrir una sala de datos virtual a fines de junio para quienes suscriban un acuerdo de confidencialidad, que contendrá la información para evaluar el proyecto, incluido un modelo financiero.

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https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/06/preven-iniciar-produccion-litio-maricunga-2030

Perú

Glencore tóxico: en diversas ciudades del mundo se realizan protestas ante asamblea de accionistas de la empresa minera

30/05/2024
El miércoles 29 de mayo tuvo lugar en Zug (Suiza) la Asamblea Anual de Accionistas de la empresa minera Glencore, uno de los mayores productores mundiales de cobre, zinc, cobalto, entre otros minerales. En ese marco, ciudadanos de distintos países se han unido para denunciar el legado tóxico de esta empresa mediante acciones de protesta que se desarrollaron en Lima, Cerro de Pasco, Bogotá, Londres, Frankfurt, Berlín, Munich, Washington DC, así como en la propia ciudad de Zug, sede de la empresa.

Esta polémica empresa tiene acusaciones de malas prácticas, corrupción, contaminación y otras vulneraciones a los derechos de las comunidades en sus diversas operaciones en el mundo, en países como Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Colombia, Argentina, Canadá y Australia, entre otros.

En el Perú, la empresa es titular de la unidad minera Antapaccay, ubicada en Espinar (Cusco), con múltiples cuestionamientos por la contaminación con metales tóxicos que viene afectando a la población, lo que ha sido demostrado por recientes informes de la autoridad ambiental que concluyen que dicha contaminación se origina en las operaciones de la unidad minera. Así mismo, entre 2017 y 2024 Glencore ha sido accionista mayoritaria de Volcan, una empresa cuestionada por sus impactos ambientales en la región de Pasco. También es accionista de Antamina, proyecto ubicado en Áncash, y que viene afectando gravemente al medio ambiente y la salud de la población.

Es así que en nuestro país organizaciones también se sumaron a esta jornada internacional, con un plantón llevado a cabo frente a las oficinas de la empresa Glencore Antapaccay ubicadas en el distrito de Surco, y con un plantón desarrollado en la ciudad de Cerro de Pasco, así como con un tuitazo. Así mismo, la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMETEC) y ciudadanos afectados de Pasco emitieron un pronunciamiento en el que demandan acciones concretas de manera urgente para solucionar el grave daño ambiental generado por la empresa en sus localidades, así como reparaciones para las personas afectadas.

Cabe indicar que, en el marco de las estrategias de presión internacional sobre la empresa, organizaciones de solidaridad con los afectados lograron tomar la palabra durante la Asamblea de Accionistas y hacer preguntas. Sobre el caso peruano, el Perú Support Group, grupo de solidaridad basado en Reino Unido, pudo hacer preguntas específicas sobre los casos de Espinar y Pasco, sobre las evidencias de impactos ambientales y contaminación con metales tóxicos y sobre el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe añadir que las acciones de protesta a nivel internacional han sido convocadas por numerosas organizaciones, entre ellas la red internacional Sunrise Project; la London Mining Network, el Perú Support Group y la campaña Resist Glencore de Reino Unido; la iniciativa Free Bruno de Alemania; la Asamblea El Algarrobo de Argentina; la Plataforma La Guajira le habla al país, de Colombia; a las que se han sumado desde el Perú la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, CooperAcción, Red Muqui y Derechos Humanos Sin Fronteras.

Glencore tóxico: en diversas ciudades del mundo se realizan protestas ante asamblea de accionistas de la empresa minera

Perú

CASI UNA DECENA DE HERIDOS DEJA REPRESIÓN A DOS CONFLICTOS EN LAS BAMBAS POR TIERRAS Y AGUA


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 31/05/2024

El día jueves 30 de mayo, la represión policial contra miembros de dos comunidades del entorno de la empresa MMG Las Bambas dejó como saldo varios heridos y causó la indignación de la población. Se trata de dos conflictos diferentes en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac: por un lado, el caso de Huancuire, donde se denuncia la afectación a las fuentes de agua por las operaciones de la mina; y, por otro, el de la comunidad de Pumamarca, donde comuneros reclaman la recuperación de terrenos vendidos a la empresa en 2011 en una transacción que consideran injusta. En ambos casos, el común denominador ha sido el excesivo uso de la fuerza policial.

Huancuire

Según relataron a este Observatorio fuentes de la comunidad de Huancuire, el día miércoles 29 una comitiva de entre 50 y 80 personas ingresó a la zona donde se ubican los trabajos del tajo Chalcobamba, el segundo de los tajos del proyecto Las Bambas. En la delegación se encontraban los miembros de la junta directiva de la comunidad así como decenas de comuneros, acompañados de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

La comitiva buscaba constatar la situación de las fuentes de agua, debido a que los comuneros denuncian escasez de agua en su territorio y desaparición de manantiales. “Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca”, denunció la fuente consultada por el OCM. “Anteayer hemos entrado al tajo donde están trabajando, para constatar los ojos de agua, y el agua está de color azulino”, detalló. Al ver esa extraña coloración del agua, la delegación decidió permanecer en el lugar, de manera pacífica, hasta que autoridades o funcionarios de la empresa se apersonen a darles una explicación. Así, pasaron las horas hasta que se hizo de noche.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

Sin embargo, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 30 de mayo inició la represión policial con bombas lacrimógenas para desalojar a los comuneros. Producto de dicho desalojo, al menos una mujer ha resultado herida por impacto de una bomba lacrimógena, según la información obtenida por el OCM.

Pumamarca

En el caso de Pumamarca, el conflicto tiene que ver con un área de terrenos que fue vendido por la comunidad a la empresa MMG Las Bambas entre el 2011 y 2012, en una transacción que comuneros consideran fue injusta y asimétrica.

“Nosotros estamos viviendo en nuestro territorio hace miles de años, antes de que exista el Estado peruano”, explicó al OCM el exdirigente comunal Melchor Vargas. “El 2011 vinieron a estafarnos con el cuento de que iba a haber empleo y desarrollo, vinieron con esa propuesta de comprarnos terrenos y nos han valorizado a 20 céntimos el metro cuadrado. Por eso el 2020 nosotros hemos dicho que nos devuelvan esos terrenos para usufructuarlos para nuestra agricultura y pastoreo”, explicó.

Es así que desde el 2020 se encontraba en la zona denominada Sallawi un campamento con decenas de carpas y cabañas en las cuales un grupo de unos 30 o 40 comuneros se había asentado y realizaba sus actividades, entre ellas agricultura y ganadería.

Hasta ayer 30 de mayo cuando, también de madrugada, la Policía ingresó a realizar un desalojo sorpresivo, según indicó Vargas. “Nos han sorprendido a las 4 de la madrugada, entraron a destruir nuestras cabañas, nuestras carpas, y ha empezado un enfrentamiento”, relató. Producto de este enfrentamiento hay al menos ocho personas heridas. No se reporta ninguna persona detenida.

Vargas señala que nunca se les notificó de ninguna orden de desalojo. “Legalmente debieron notificarnos, pero nunca se nos notificó”, explica.

“Queremos diálogo, no queremos más enfrentamientos ni muertes”, demandó.

Cabe indicar que la comunidad de Pumamarca vendió parte de sus tierras a la empresa MMG Las Bambas en abril del 2011. En esta negociación, llevada a cabo de manera muy asimétrica, el gran ausente fue el Estado, que no cumplió con un rol activo de acompañamiento a la comunidad ni como garante de derechos. No obstante, luego la comunidad planteo una renegociación de precios y formalización de compromisos, pedido sobre el cual la empresa no estaba de acuerdo. En el marco de ello se creó una mesa de diálogo, con la participación de la Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a acuerdos a la fecha.

Además, acorde a lo afirmado por fuentes consultadas, en la zona que se señala como vendida, parte de la comunidad vendría desarrollando minería informal. “Eso es lo que nos calumnian, pero no es así. Nosotros somos mineros artesanales desde nuestros ancestros, no somos ilegales”, afirmó un comunero consultado por el OCM.

Por otro lado, según los estatutos vigentes de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, esta área de Sallawi se considera “intangible y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones iguales para cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”.

En tanto, la empresa señala ser la titular de la tierra por la compra/venta y busca tomar el control de la misma, y en el marco de ello solicitó la presencia de la PNP para el desalojo.

Hasta el cierre de esta nota sigue la tensión en la zona y podrían ocurrir nuevos enfrentamientos, pues pese a que varias de las carpas han sido quemadas, los comuneros siguen resistiendo con su presencia en el área.

Al respecto, el director de CooperAcción, Abel Gilvonio, hizo un llamado a que las autoridades actúen respetando los derechos de las comunidades y eviten el uso desproporcionado de la fuerza policial. Así mismo, señaló que los canales institucionales, tales como la Defensoría del Pueblo y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, deberían tomar cartas en el asunto para que se retomen los canales de diálogo y se encuentren soluciones que respondan a las legítimas demandas de las comunidades.

Mexico

Ejidatarios encaran a los Baillères en Londres, denuncian simulación en el caso del ejido El Bajío


Conflicto Relacionado: El Bajío-Fresnillo Plc-Penmont-Peñoles-invasión

26/05/2024
Durante la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ejidatarios de El Bajío cuestionaron a los directivos del consejo de administración de la minera, entre ellos Alejandro Baillères, a quienes acusaron de mentir e incumplir las 67 sentencias que les ordenan devolver el oro extraído ilegalmente del desierto de Sonora
Texto y fotos: Alejandro Ruiz

LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.

Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.

Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres para identificar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas en los países donde desarrollan su actividad económica.

Ante el consejo de administración, Jesús Thomas, ejidatario del ejido El Bajío, reclamó contundentemente a la asamblea: “Ustedes sólo respetan la ley cuando les beneficia”. Y no parece estár equivocado.
Las omisiones en el reporte de Fresnillo PLC

En 2013, 67 campesinos de El Bajío demandaron a Penmont (minera filial de Fresnillo PLC) ante el Triunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. Acusaron despojo y daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera.

El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció a la minera a abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, ratificadas desde ese mismo año. La minera no ha cumplido ninguna, pues aunque fue desalojada por la fuerza del territorio ejidal, no ha restituido el oro saqueado a los ejidatarios.

La muerte también ha llegado al ejido, pues desde que los ejidatarios de El Bajío emprendieron su lucha, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Actualmente, un grupo de exejidatarios asesorados por abogados cercanos a la minera y el crimen organizado demandó a otros integrantes de El Bajío.

Pese a esto, al ser cuestionados durante la asamblea del consejo de administración, los ejecutivos de Fresnillo PLC omitieron hablar de esto.


En la asamblea, Richard Solly, integrante de la London Mining Network, preguntó sobre el incumplimiento de las sentencias. La respuesta la dio el director ejecutivo de Fresnillo PLC, Octavio Alvídrez, y no el presidente de la compañía, Alejandro Ballères. Alvidréz respondió con vaguedades, enlistando algunas de las acciones sociales que la minera realiza en otras partes del país. Sobre el ejido El Bajío, Alvídrez solo lamentó “la división en dos grupos que pelean por intereses distintos”.

Ante esto, Solly reclamó: “Gracias por sus respuestas. Contestó cosas muy interesantes a preguntas que yo no hice. Yo me refería a tres juicios legales en específico que hay en contra de la compañía y de esos al menos uno, entiendo, no puede apelarse”.

Los juicios a los que hizo referencia Solly son el 188/2009, del 11 de noviembre de 2011; el 536/2013, del 9 de junio de 2014; y el 297/2019 del 26 de enero de 2022. Todos en materia agraria.

Además de esta pregunta, Solly cuestionó que Alvídrez respondiera, pues formalmente no es un miembro de la junta directiva de Fresnillo PLC. Alvídrez sólo respondió lo último:

“En la práctica, yo soy un miembro de la junta, aunque no tenga la nominación, participo activamente en todas las decisiones que la junta determina. Estoy considerado un miembro de la junta en términos prácticos».

Posterior a esto, Fiona Gooch, de la organización Transform Trade, cuestionó al consejo administrativo de Fresnillo PLC sobre el incumplimiento de las sentencias, además de inconsistencias en sus reportes financieros. De nuevo, Alvídrez respondió:

“Nosotros somos transparentes en todo ese sentido. Y, como mencioné, confiamos al 100 por ciento en que las autoridades llegarán a cualquier resolución final. Y, cualquiera que sea, nosotros la cumpliremos al 100 por ciento con esa resolución final. Así como lo hicimos cuando en 2013 le regresamos la tierra a los ejidatarios de El Bajío. Y debo mencionar algo en particular, porque no fue a todos los miembor sde El Bajío, sino a la familia Cruz”.
Octavio Alvídrez, director ejecutivo de Fresnillo PLC

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue contradictoria. Jesús Thomas precisó en la misma asamblea:

“Hay un grupo de cuatro pesonas, y hay un grupo de 70 personas. Esa es la división; y las cuatro personas (los Cruz) están trabajando de la mano con los abogados de la empresa”.

Además de esto, otro dato que la minera no reconoce es que la restitución del oro que ordenan las sentencias no son hacia la familia Cruz, sino para la Asamblea del ejido El Bajío.

Sobre esto último, Octavio Alvídrez se limitó a resumir el conflicto a “diferentes puntos de vista”.
Fresnillo PLC miente a accionistas en Londres

De acuerdo con un reporte de S&P Capital IQ en posesión de Pie de Página, en 2022 Fresnillo PLC reportó que su mina de Soledad y Dipolos se encontraba operando, pero bajo el estado de mantenimiento y cuidado. Ese mismo año, la empresa reportó que el valor de sus reservas in-situ fue de 2 mil 811.9 millones de dólares.

Este reporte demuestra que, aún con las 67 sentencias en su contra, Fresnillo PLC sigue reportando ganancias en esta mina, aunque ya no opera más. Inclusive, en 2023 el área fue catalogada como Área Natural Protegida.

Esta información fue corroborada por Octavio Alvídrez a pregunta expresa de este reportero. Posteriormente, Fiona Gooch, de Transform Trade, cuestionó el por qué esto no aparece en los reportes anuales de Fresnillo PLC, y también por qué no aparece un monto designado para el cumplimiento de la sentencia.

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue vaga: “Bueno, esa es su opinión, y yo no la discutiría. También tenemos una visión legal con un proceso legal departamental. Como mencioné antes, y lo seguimos haciendo, cumplimos el 100 por ciento de la normativa. No sólo lo que tenemos en México, sino los estándares internacionales también. Por supuesto que este proceso legal está en las regulaciones de México y nosotros cumplimos con eso al 100 por ciento”.

El contexto de esta pregunta, apuntó Gooch, es porque en la Asamblea General Anual, se comparten los datos administrativos de los activos de Fresnillo PLC, empresa que cotiza y obtiene beneficios de la Bolsa de Valores del Reino Unido. Omitir un reporte de esta naturaleza podría acarrear una sanción administrativa, e inclusive la expulsión de la Bolsa.
Las consecuencias: Fresnillo PLC en la mira


Desde tiempo atrás, los ejidatarios de El Bajío han impulsado una campaña para que el gobierno del Reino Unido sancione a la empresa de la familia Baillères. Esto, de acuerdo a Jesús Thomas, «es porque en México no nos hacen caso».

En su travesía, además de contar con el apoyo de las organizaciones ya mencionadas, los ejidatarios se reunieron con el político laboralista, Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, quien ya presentó ante las autoridades mexicanas una moción por el caso del ejido El Bajío.

Las autoridades mexicanas, sin embargo, no han hecho caso a esto, pues la ejecución de las 67 sentencias sigue en espera.

Además de esto, la Corporate Justice Coalition, una red de 68 organizaciones, comentó en entrevista que casos como este pueden ser sancionados por las leyes vigentes en el Reino Unido, ya sean en materia financiera, fiscal, o administrativa.

Aunado a ello, esta coalición, explicó su directora Eleonor Rosenbach, impulsa una nueva ley que permitirá sancionar penalmente a empresas con capital inglés o que coticen en los mercados financieros del Reino Unido si no respetan leyes ambientas y de respeto a los derechos humanos en los lugares donde operan.

De aprobarse, esta legislación podría traer consecuencias a empresas como Fresnillo PLC, que además de incumplir las sentencias en su contra, ha propiciado asesinatos, desapariciones y amenazas contra los ejidatarios que se oponen a la mina.

Actualmente la propuesta de ley cuenta con 120 mil firmas de personas que apoyan la iniciativa.

Alejandro Ruiz

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Chile

Minera de tierras raras intentó registrar nombre de organización que trabaja desde hace casi 10 años en preservación de monumento natural

20/05/2024

Desde 2016 Fundación Keule cuenta con personalidad jurídica, siendo una organización que protege el Queule, monumento natural en peligro de extinción y presente en cerros del Gran Concepción. Sin embargo, en 2022, la empresa minera Aclara (REE UNO SpA) intentó inscribir la marca «Fundación Queule» en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

J. Arroyo Olea | Colaboración entre Periódico Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

En febrero de 2023 se publicaba en el Diario Oficial una gestión realizada por REE UNO SpA, empresa que trabaja en Chile bajo el nombre de «Aclara» y que responde a la transnacional Aclara Resources, impulsando actualmente un proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco, el cual aún no inicia su tramitación ambiental.

La gestión en cuestión fue comenzada por la minera para inscribir la marca «Fundación Queule», trámite iniciado en octubre de 2022 como se registra en el expediente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Con un valor pagado de $120.000, REE UNO (Aclara), contando con la representación de Sargent & Krahn, solicitó la marca Fundación Queule con una amplia cobertura que va desde educación, formación, enseñanza y servicios de realización de programas culturales hasta «labores sociales sin fines de lucro a personas necesitadas, directamente a través del apoyo a otras organizaciones que persigan tales fines» (puedes ver el documento acá).

Pantallazo de expediente disponible en Inapi

En diciembre de 2022, Inapi envió observaciones a la inscripción de marca que perseguía Aclara, las cuales fueron respondidas en una semana emanando una resolución de aceptación a trámite en enero de 2023.

Sin embargo, tras pagar y publicarse en el Diario Oficial la gestión, el 14 de febrero del mismo 2023 la empresa minera optó por desistir de la solicitud. En el escrito presente en el expediente Eduardo Lobos Vajovic, en representación de REE UNO, indicó que «por instrucciones expresas de mi mandante vengo a desistirme de la solicitud N° 1.520.001 «Fundación Queule», denominativa en clases 41,45? (puedes ver el documento acá).

No fue hasta el 24 de febrero de 2023 que Inapi emanó la resolución que daba por desistida la solicitud de la marca. Pero ¿Qué ocurrió en el entretanto?


Fundación Keule: Desde 2016 inscrita como persona jurídica

Desde hace años que en el Gran Concepción existe una Fundación que trabaja por la protección del Queule, especie está declarada como monumento natural en peligro de extinción y cuyo hábitat se encuentra amenazado por el proyecto minero de tierras raras. ¿Su nombre? Fundación Keule.

En contacto con RESUMEN desde la Fundación explicaron que funcionan desde junio de 2016. Así lo acredita su inscripción N°230761 que la constituye como persona jurídica sin fines de lucro. Sin embargo, desde la organización señalan que desde hace años la empresa minera tenía conocimiento de la existencia de su Fundación.

En este sentido, explican que cuando el proyecto tenía el nombre de BioLantánidos (con el mismo titular REE UNO SpA), se participó en el proceso de participación ciudadana (PAC) con observaciones durante el mismo desarrollo. Asimismo, desde Fundación Keule indican que también participaron de la nueva PAC en abril de 2021. «En ese mismo periodo se tuvo contacto con gerentes, personal de la empresa y empresa de relacionamiento comunitario. Se nos invitó a sus actividades propias de difusión del proyecto («juntas de participación»),p or lo que conocían perfectamente quien era Fundación Keule y quienes participaban en el. Además de publicar nuestras observaciones y opiniones al respecto en redes sociales, hasta que desistieron del proyecto con fecha 24/03/2022?, indicaron a este medio.

Asimismo, en el último proceso de estudio de impacto ambiental en abril de 2023, la empresa minera Aclara (REE UNO) consideró reuniones con la población donde «asistieron socios o colaboradores de Fundación Keule, el día jueves 9 de Marzo 2023 en Freire #441, Penco. Y en la de la U. San Sebastián, el miércoles 15 de Marzo», indicaron desde la organización social. En dicho lugar, explican, «e conoció al CEO de Aclara Sr. Ramón Barúa y el Sr. Fernando Illanes, gerente de Aclara».

El dato para frenar la inscripción

Desde Fundación Keule explicaron a este medio que en diciembre de 2022 fueron informados que «se estaba intentando por parte de REE UNO SPA inscribir «Fundación Queule», así que planteamos a la empresa Aclara que sabíamos del intento de inscripción y nos informaron que desistieron«.

Sin embargo, tal como acreditó RESUMEN, la solicitud de desistimiento no se ingresó hasta febrero de 2023, situación que fue alertada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA. En esta línea, desde Fundación Keule agradecieron la información y plantearon: «Si la Fundación Keule no hubiera sido alertada en ese momento, el proceso hubiera seguido y seguramente se hubiera inscrito. La decisión de Aclara de desistir de la inscripción tiene que ver con que en marzo presentaron un nuevo estudio de impacto ambiental, y claramente una disputa legal era contraproducente para la «imagen» de esta empresa».

En esta línea, la organización que trabaja por la preservación del Queule, indicó que «REE UNO SPA conocía desde el año 2019 la existencia de Fundación Keule, por lo cual la explicación de querer inscribir la organización para proteger sus hectáreas de bosque de alto valor es inaceptable, y solo tenía como objetivo bloquear el accionar de la Fundación Keule».

Por su parte Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, señaló que la práctica de la minera de tierras raras «no es solo una apropiación conceptual sobre una organización que está desarrollando desde hace casi 10 años la preservación del Queule, sino que pretendió apropiarla como una marca comercial». En este sentido, Cuenca resalta que mediante este ejercicio, Aclara «busca también la apropiación cultural, sobre un monumento natural propio de Penco».

Por otro lado, el director del OLCA apunta a que «es sumamente grave la tardanza en la tramitación desde que Fundación Keule avisó a la minera hasta que esta última optó por ingresar la solicitud de desistimiento», estando de la mano con el hecho de que la minera «tenía la pretensión de inscribir como marca el nombre y un concepto asociado a un árbol que es patrimonio, con el fin de hacer un negocio en base al monumento natural, contribuyendo a su campaña por limpiar su imagen y validarse en la población».

En la misma línea, desde la Fundación fueron enfáticos en señalar que «esto es no sólo condenable sino injusto, para una organización ambiental sin recursos, que sólo ha buscado alertar sobre los pitaos, naranjillos y queules que están el área del proyecto minero». Así, desde la organización explicaron que le quedan dos interrogantes: «¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos enterado de la inscripción del nombre de Fundación Queule? ¿Quién dentro de Aclara fue el responsable de enviar este estudio de abogados a realizar la inscripción de Fundación Keule?»

Pronunciamiento de la empresa

RESUMEN consultó a minera Aclara por tanto por el objetivo que existía tras la inscripción de la Fundación como también por los motivos que los llevó a desistir de dicho proceso.

En su respuesta, la empresa señaló: «En Aclara hemos creado una fundación para asegurar el resguardo y continuidad de las más de 100 hectáreas de bosque nativo de preservación que aportaremos a Penco, dejando un importante legado a generaciones futuras. Originalmente se llamaba «Fundación Queule», sin embargo, posteriormente desistimos de este registro pues ya existía una fundación con el mismo nombre».

Fuente:
https://resumen.cl/articulos/minera-de-tierras-raras-intento-registrar-nombre-de-organizacion-que-trabaja-desde-hace-casi-10-anos-en-preservacion-de-monumento-natural
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=110691

Bolivia, Litio

YLB habilita a 21 empresas en licitación internacional de litio

Kevin Hinostroza 16/05/2024
Salar de Coipasa en Oruro, Bolivia.

Las compañías pasaron a la Fase III en la que deberán acreditar su capacidad financiera para ejecutar los proyectos propuestos.
En el proceso de convocatoria internacional de “Expresiones de interés sobre el desarrollo de proyectos y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos”, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) habilitó a 21 empresas de las 26 compañías que estaban en carrera.

YLB publicó la lista de las 21 empresas y las 22 propuestas de estas compañías que aún continúan en el proceso de evaluación para que, una vez contratadas, desarrollen su tecnología para la obtención de los recursos evaporíticos, entre ellos el litio, existentes en siete salares de los departamentos de Oruro y Potosí.

Las compañías pasaron a la Fase III en la que deberán acreditar su capacidad financiera para ejecutar los proyectos propuestos. Para la presentación de esa acreditación, tienen 10 días hábiles desde la fecha de la notificación.

Desarrollo
Los documentos que deben presentar son “los estados financieros auditados de los últimos cinco años y la calificación de riesgo emitida por entidades de reconocido prestigio internacional que tenga una calificación mínima de Nivel A3 (en la escala de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Asfi) o su nivel equivalente en caso de tratarse de cualquier calificadora de riesgo nacional o internacional”, señala el comunicado de YLB.

La documentación será verificada por personal de la estatal YLB bajo la metodología cumple/no cumple y se notificará los resultados a través de correo electrónico, hasta cinco días hábiles, de acuerdo con la convocatoria, se lee en el comunicado.

Entre las 21 empresas habilitadas a la Fase III están compañías de Argentina, Hong Kong (territorio autónomo de China), Chile, Estados Unidos, Australia, Bolivia, China, Irlanda, Francia, Reino Unido, Rusia y Suiza.

La empresa China Machinery Corporation Sucursal Bolivia presentó dos propuestas, una para el proceso de Extracción Directa de Litio (EDL)-Salmuera de pozo en los salares de Coipasa (Oruro), Uyuni, Pastos Grandes, Empexa, Cañapa, Chiguana y Capina (todos en Potosí), y la segunda para realizar Operaciones de Mantenimiento en el salar de Uyuni.

Convocatoria
El 26 de enero de este año, YLB lanzó la convocatoria internacional para implementar proyectos piloto de desarrollo de recursos evaporíticos en siete salares bolivianos con el objetivo es demostrar la viabilidad tecnológica, económica y financiera de complejos industriales.

Hasta el 6 de marzo, fecha en la que concluyó la etapa de presentación de propuestas, se habilitaron 38 compañías al proceso. Una semana y media después, YLB hizo conocer la nómina de 26 empresas que quedaron habilitadas para la Fase II para el desarrollo del litio y otros recursos evaporíticos en siete salares.

En julio de 2023 se informó que los estudios de cuantificación realizados en los salares de Pastos Grandes y Coipasa determinaron 2 millones de toneladas de reservas de litio adicionales. Con esa cifra, Bolivia suma en total 23 millones de toneladas del “oro blanco”.

YLB habilita a 21 empresas en licitación internacional de litio

Bolivia, Litio

El impacto económico del litio será menor que el del gas natural en Bolivia

El Gobierno boliviano asegura que el país tiene unas de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas
27/05/2024
producción de litio
Un estudio que se presentó en Bolivia busca “bajar las expectativas” respecto al negocio del litio ya que sostiene que generará menos recursos que el gas natural, que fue hasta hace poco el principal rubro de exportación e ingresos del país suramericano.

El documento ‘¿Qué podemos esperar del litio?’ presentado por Oxfam Bolivia y escrito por el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli (2005-2006) analizó aspectos como el precio internacional del litio, regalías, impuestos e incidencia en el producto interno bruto (PIB).

Medinaceli afirmó que el litio “no” es lo que todos en el país esperan y que “tampoco genera las mismas fuentes de recursos” que el gas natural.

Mientras que el Gobierno de Bolivia asegura que el país tiene unas de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, distribuidas en sus grandes salares, como el de Uyuni en la región Potosí y apuesta por la industrialización de este recurso.

El PIB
El experto, que también es consultor en temas energéticos en varios países, estableció que si bien el precio de la tonelada de litio se ha cotizado por encima de los 70.000 dólares (unos 64.526 euros) en Suramérica “apenas ha llegado a los 15.000”.

Bajo esa referencia, señaló que el aporte del litio al PIB sería entre el 0,8% y el 1%, en contraste con el del gas que en su mejor momento, entre 2011 y 2015, significó el 2,4% y 3,4%.

Otra diferencia es que “en el mejor momento” del gas natural los ingresos adicionales variaron entre los 2.500 millones y 4.500 millones de dólares, pero que con el litio esas ganancias estarían entre los 300 y 400 millones, precisó.

Medinaceli apuntó que las exportaciones anuales de gas alcanzaron los 4.000 y 6.000 millones de dólares, pero con el litio se proyecta que serán de 715 a 900 millones.

Otro aspecto fundamental es que el 80% de los ingresos del gas para el Estado provienen de un impuesto directo a los hidrocarburos que luego se distribuye a las regiones, mientras que con el litio se aplicará un tributo a las utilidades que irá al tesoro nacional.

El autor del estudio también recalcó que los ingresos del litio servirán para “cubrir el déficit del sector público” y que “lo más importante” es que el litio no tendrá el mismo impacto en la disminución de la pobreza que el gas.

Medinaceli cuestionó que Bolivia no posea una “certificación” sobre sus reservas como los tiene Argentina y Chile y que difieren de los “recursos” disponibles.

Asimismo, identificó que actualmente hay un “conflicto” entre los países consumidores de litio, que están preocupados por el control de los precios y la seguridad de abastecimiento, mientras que los productores “no pueden encontrar un trabajo cooperativo”.

Industrialización del litio
Bolivia firmó el año pasado varios acuerdos para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio EDL con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan además de la rusa Uranium One Group, para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.

También suscribió otro con la firma india Altimin para desarrollar tecnología en la fabricación de baterías de ion litio.

A finales de 2023, el país inauguró un complejo industrial para producir 15.000 toneladas de litio anuales con un sistema de piscinas de evaporación que, no obstante, está en la mira por presuntas irregularidades en su montaje.

Actualmente una 21 de empresas extranjeras compiten en la segunda fase de una convocatoria estatal para invertir en la industria del litio y recursos evaporíticos en siete de sus salares y que se lanzó a principios de año.

El impacto económico del litio será menor que el del gas natural en Bolivia

Internacional

WWF demanda a gobierno noruego para impedir minería submarina

Javiera Pizzoleo 27/05/2024
Desde WWF-Noruega aseguran que el gobierno está violando la ley noruega al abrirse a una industria nueva y potencialmente destructiva.

Tras la decisión de Noriego de abrir zonas oceánicas nacionales para actividades mineras, la ornización ambiental WWF-Noruega decidió tomar acciones legales. Desde la ONG creen que la decisión se tomó basándose en una evaluación de impacto estratégico que no cumple con los requisitos mínimos.

«Esperábamos que la notificación de una demanda incitara al gobierno a reconsiderar y retirar su controvertida decisión. Desafortunadamente, WWF-Noruega no ve otra opción que emprender acciones legales», dice Karoline Andaur, directora ejecutiva de WWF-Noruega.

Asimismo, creen “que el gobierno está violando la ley noruega al abrirse a una industria nueva y potencialmente destructiva sin evaluar adecuadamente las consecuencias. Sentará un precedente peligroso si permitimos que el gobierno ignore sus propias reglas, anule todos los consejos ambientales y gestione ciegamente nuestros recursos naturales comunes».
Desastre ambiental inminente

Muchas organizaciones a nivel mundial han cuestionado el llevar a cabo la minería submarina. Por parte de WWF mencionan que «la decisión de Noruega de continuar con la apertura de vastas áreas del océano para la minería destructiva es un escándalo de gestión sin precedentes”.
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“Nunca antes habíamos visto a un gobierno noruego ignorar con tanta arrogancia todos los consejos científicos y desafiar las advertencias de una comunidad de investigación marina unida», indicó la directora ejecutiva de WWF-Noruega.

Uno de los riesgos más inminentes que menciona la organización es que “la minería puede destruir la vida silvestre vulnerable y única y puede romper hábitats continuos en las profundidades del mar. Corremos el riesgo de destruir enormes extensiones del fondo marino en las profundidades del mar”.
Sin base jurídica para la decisión de apertura

Por otro lado, WWF-Noruega acusa además que Noruega no cuenta con base jurídica para proseguir con la exploración-explotación de la minería submarina. «La evaluación de impacto estratégico realizada por el Ministerio de Energía, que sustenta la decisión del gobierno, no cumple con los requisitos mínimos de la Ley de Minerales Submarinos § 2-2”.

2Además, WWF-Noruega cree que la evaluación de impacto estratégico muestra que el gobierno no tiene el conocimiento adecuado sobre el medio marino en las profundidades marinas para poder evaluar las consecuencias de la exploración y explotación”, indicaron

Por último Andaur añadió que «si no se cuestiona esta decisión, aceptamos que los políticos puedan violar la ley y gestionar nuestros recursos a ciegas».
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/05/wwf-demanda-gobierno-noruego-impedir-mineria-submarina

Chile

Anuncian proceso de consulta ciudadana a reglamento que regula proyectos de relaves

Agustín de Vicente , 24/05/2024
Chile cuenta con 795 relaves mineros en su territorio, de los cuales 405 están en la región de Coquimbo y 185 en Atacama.

En el marco del Seminario “Atacama Sostenible”, la ministra de Minería, Aurora Williams, anunció que en julio se realizará la consulta ciudadana para la modificación del Decreto Supremo N°248, reglamento que regula los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.

Durante su presentación, la secretaria de Estado informó que “la modificación del reglamento es un tema que le corresponde al Ejecutivo, porque es de carácter normativo, pero tiene una característica fundamental, requiere de participación ciudadana, por eso queremos anunciar que la consulta ciudadana comenzará durante julio. Por lo tanto, todos quienes viven esta realidad pueden participar, pueden indicarnos qué aspectos están bien considerados, qué aspectos nos faltan y cuáles podemos modificar. Ese es el espíritu de modificar un reglamento con participación”.

En la oportunidad, la ministra Williams sostuvo que la modificación a la normativa permitirá “tener un procedimiento claro respecto de los que puede significar el reprocesamiento de un relave o el trasladar un relave, una situación que hoy día no está debidamente reglamentada”.

La jefa de la cartera finalmente destacó el trabajo de Sernageomin que monitorea los relaves activos e inactivos en el país y señaló que se está trabajando en un observatorio que permitirá disponibilizar información en esta materia.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/05/proceso-consulta-ciudadana-reglamento-proyecto-relaves