26/06/2024
Desde CooperAccion manejamos la hipótesis de que la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, destacan los casos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal en varios departamentos del país y en las zonas con presencia de minería formal, se proponen agendas diversas: oposición a la entrega de concesiones mineras; negociaciones complejas de aportes económicos a través de convenios marco, entre varias otras demandas.

Algunos ejemplos de estos escenarios complejos y diversos: en Ayacucho, el pasado 9 y 10 de abril se llevó a cabo un paro agrario que tenía como agenda central el rechazo a las concesiones y actividades mineras. Si bien la protesta se inició en Vilcashuamán, el paro fue de carácter regional y se concentró en la ciudad de Ayacucho, donde se suspendieron clases, se bloquearon algunas avenidas principales y se cerraron locales comerciales.

Por otro lado, en Cajamarca, los frentes de Chetilla, El Ronquillo y Cajamarca, se movilizaron y emitieron un comunicado rechazando la ejecución del proyecto Colpayoc. La población exige la nulidad de la Resolución Directoral N. 169-2023-MEM-DGAAM, que aprobó la ficha técnica ambiental de exploración en el cerro Colpayoc, zona que es considerada como una importante cabecera de cuenca de los ríos Jequetepeque y Ronquillo.

En Cotabambas, la negociación sobre el aporte económico de la empresa propietaria de Las Bambas a la provincia sigue siendo un tema de controversia. Mientras que la empresa plantea el esquema de “obras por impuestos”, la población propone un aporte de 100 millones de soles por año. El entrampamiento de las negociaciones provocó un paro de 48 horas el pasado 18 y 19 de junio.

En el Valle de Tambo, el rechazo al proyecto minero Tía María se mantiene. Frente a las versiones de la empresa Southern que, supuestamente, tendrían una mayor aceptación de sectores de la población, se publicó un comunicado firmado por un conjunto de representantes de diversas organizaciones sociales de la zona y personalidades, en el que se ratifica que el proyecto minero Tía María y la Tapada es inejecutable.

Otro conflicto, en este caso vinculado a la minería ilegal en la Amazonía, es lo que viene pasando con el pueblo indígena awajún. El pasado 8 de junio, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de la Frontera Norte (ODECOFROC) inició un bloqueo en el río Comainas, a la altura de la comunidad de Canga, en el distrito de El Cenepa (zona fronteriza con Ecuador), para impedir el ingreso de mineros ilegales a las comunidades de Kusu Kubaim y Pagata. Como parte de este operativo fueron detenidos 10 mineros.

Todos estos casos muestran la diversidad de agendas y una clamorosa ausencia del Estado peruano en los territorios. Los pueblos indígenas amazónicos exigen la presencia del Estado para que enfrente a la minería ilegal que los afecta, pero hasta el momento no reciben ninguna respuesta. En otras zonas los reclamos son diversos (económicos, sociales, ambientales) y el común denominador es que las autoridades siguen sin asumir su rol de facilitadores de acuerdos serios y duraderos. Y, menos aún, ni siquiera cumplen con garantizar los derechos de la población.

Es fundamental la presencia del Estado en los territorios, para que se pueda actuar de manera preventiva frente a posibles conflictos y no como ocurre en la actualidad. Además, cualquier estrategia preventiva no puede excluir a los actores originarios, a sus organizaciones y autoridades. Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo en territorios con presencia minera sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías. Estas asimetrías deben ser enfrentadas.

27/06/2024

Cooperaccion
En medio de la criminalización de sus voceros, la población del valle de Tambo realizó una exitosa asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la histórica plaza San Francisco de Cocachacra. Se acordó la medida de lucha para el 19 de julio frente a la pretensión del gobierno y la empresa Southern Copper Perú de imponer el proyecto minero Tía María.

La asamblea también contó con la presencia y el respaldo del presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – base de la CGTP-: Elmer Arenas; del Comité de Lucha de Arequipa, representado por Jorge del Carpio y el representante de los distritos del cono sur de Arequipa: Ramiro Ponce.

Criminalizados
Actualmente, dos exdirigentes reconocidos y mencionados en la asamblea, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, vienen purgando un año de prisión acusados por delitos como entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las protestas del 2015. Los sentenciaron injustamente a más de seis años de prisión bajo la figura de “coautoría no ejecutiva”. Es decir, no por haber ejercido directamente algún disturbio, sino por ser dirigentes que convocaron a una protesta contra el proyecto minero Tía María.

Además, otras tres personas: Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca se encuentran en la clandestinidad por haber sido sentenciadas por los delitos de tortura y disturbios durante las protestas del 2015. Cuando detuvieron a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, en julio y junio del 2023, ambos se encontraban en la clandestinidad. Miguel Meza, uno de los principales voceros del valle de Tambo, también está siendo criminalizado. Ha logrado superar tres acusaciones fiscales junto a su defensa legal, pero todavía tiene pendiente una acusación más por disturbios, que va camino a archivarse, según David Velasco, su abogado.

El abogado de Jaime de la Cruz y que ha litigado 48 juicios defendiendo a los agricultores de valle de Tambo, Hector Herrera, también está siendo criminalizado. Hace dos meses le llegó una notificación de una acusación fiscal de más de dos mil folios, en la que lo señalan de ser el brazo legal de una organización criminal. En octubre de 2022, el periodista Marco Sifuentes reveló el reglaje político que hacían las fuerzas armadas a varios políticos y personas, entre ellas figuraba el abogado Herrera.

Desde el 2015, la empresa minera y su gremio, sus aliados mediáticos, y gobiernos de turno, excepto durante el periodo de Castillo, impulsaron una ofensiva criminalizadora para descabezar la organización y dirigencia del valle de Tambo, y lograr imponer el proyecto Tía María. Lograron hacer desaparecer el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, a través de una denuncia de que se trataba supuestamente de una red criminal, que la Fiscalía acogió, pero al final no pudo demostrar. Sin embargo, lograron infundir el temor en la población para que dejara de organizarse y ejerciera algún protagonismo en la protesta. En los últimos años, la figura que adoptó el pueblo del valle, para evitar la criminalización de la lucha, ha sido nombrar voceros y voceras del valle, un cometido que no ha logrado cumplir, ya que la persecución judicial ha continuado.

Durante la asamblea, en la que muchos prefirieron el anonimato producto del temor que infunde haber sido involucrados en procesos penales y pocos alzaron su voz y se identificaron, los habitantes coincidieron con Marilú Marroquín en manifestarse por continuar la lucha y expresaron que no tenían miedo en seguir luchando a pesar de todo lo vivido y lo que sigue pasando. El papel de las mujeres ha sido clave en las anteriores jornadas de protesta. Varias se sumaron a las comisiones para organizar las asambleas en los distritos pendientes.

En contraste con los criminalizados en la lucha por el valle de Tambo, solo un miembro de la policía ha sido sentenciado por abuso de autoridad, sin pena efectiva ni pago de reparación civil. El uniformado debió enfrentar la justicia, por haber participado en un montaje que sufrió el agricultor Antonio Coasaca el 2015, a quien la policía forzó a sostener clavos en la mano para detener y acusar por disturbios. Ese año, durante las protestas, la policía detuvo a 105 personas del valle.

La medida de lucha y el proceso organizativo
Tras la intervención de otros representantes de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra y Mollendo, la asamblea acordó por mano alzada realizar una jornada de lucha el 19 de julio junto con las organizaciones populares de Arequipa para rechazar la imposición del proyecto minero Tía María.

Acordaron fortalecer la organización distrito por distrito, por lo que el 14 de este mes habrá una asamblea en Punta de Bombón y posteriormente en Dean Valdivia y Mollendo. Para enfrentar la continua criminalización de dirigentes, la asamblea es la que decide y se organiza a través de comisiones y delegados.

Otro de los acuerdos fue enviar un comunicado formal al gobernador regional, Rohel Sánchez, para que rectifique su posición de apoyo al proyecto minero, tal como señaló en campaña cuando visitó el valle de Tambo. También enviarán comunicados a los alcaldes para que se pronuncien a favor de la agricultura contra el proyecto minero en mención.

Plantón a las afueras de evento prominero en Ilo, Moquegua.
En la misma asamblea, también se acordó realizar un plantón en los exteriores de la cumbre minera en Ilo-Moquegua, evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el 6 y 7 de junio, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. El presidente de Southern también estaba anunciado en el programa, pero no llegó a la cumbre minera.

De esta forma, los agricultores, comerciantes y ciudadanos en general del valle de Tambo van fortaleciendo su organización, que se encontraba debilitada, y cumpliendo sus acuerdos de cara a la medida de lucha del 19 de julio. (Con información de Red Muqui)

Paul E. Maquet
26/06/2024
Fuente: Perú21
La madrugada del viernes 28 de junio tuvo lugar un sismo de 7 grados de magnitud, en Caravelí, Arequipa, al sur del Perú. El movimiento telúrico dejó al menos seis personas heridas, entre ellas tres niños, así como derrumbes de viviendas y de carreteras.

Las imágenes de los derrumbes, que han bloqueado las vías de comunicación en varios puntos en la Panamericana y la carretera a Chivay, entre otros, muestran toda la energía que puede liberar este tipo de eventos. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y es frecuente la ocurrencia de sismos. De hecho, el mapa de acoplamiento sísmico muestra la energía que se viene acumulando en distintas zonas de la costa, y en especial frente a la región de Lima, que no es epicentro de un terremoto de gran magnitud desde la década de los 70.

Fuente: Gladys Pereyra

Es imposible ver las imágenes de los derrumbes en Arequipa y no pensar en el enorme riesgo latente en Lima, no solo por la precaria infraestructura urbana y las construcciones deterioradas e informales. Además de ello, la capital del país vive una amenaza permanente, como si tuviera una navaja constantemente tocando su cuello: los relaves y pasivos ambientales acumulados por décadas en la cuenca del río Rímac.

Cuando vemos Tamboraque, que acumula decenas de miles de toneladas de desechos tóxicos en el talud del cerro casi encima del curso del Rímac, o Millotingo, una relavera totalmente expuesta, uno se pregunta qué ocurriría (o qué ocurrirá) si un sismo de gran magnitud ocasiona en esas zonas derrumbes como los de Arequipa. No es una posibilidad lejana que alguna de esas bombas de tiempo colapse, contaminando con metales tóxicos las fuentes de agua de las que dependemos más de 10 millones de personas.

Peor aún, el Gobierno actual y la empresa Southern Peaks insisen en construir un nuevo proyecto minero que depositaría sus relaves en medio del sistema de lagunas de Marcapomacocha, que es el que abastece de agua a nuestra ciudad.

Existen 375 pasivos mineros registrados a lo largo de la cuenca del Rímac, un riesgo que nos puede explotar en la cara en cualquier momento. Es urgente actuar ya para remediar estos pasivos y trasladar y encapsular los relaves que amenazan nuestras fuentes de agua, antes de que sea demasiado tarde. El sismo que viene, no nos avisará cuándo llegará.

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