En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a lo que la ley establece.
En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente.