Mexico

Nahuas y totonacos se unen contra mineras, petroleras e hidroeléctricas

San Felipe Tepatlán, Puebla.- Con un intercambio de semillas de frijol, maíz, alverjón, flores y frutos, totonacos y maseuales de la Sierra Norte de Puebla sellaron su pacto de unidad contra los denominados proyectos de muerte, durante una asamblea realizada en San Felipe Tepatlán, amenazado junto con Tlapacoya y Ahuacatlán, por la Hidroeléctrica Puebla 1 que la empresa Comexhidro quiere hacer para abastecer a WalMart.

La 22 Asamblea por la Vida y en Defensa del Territorio se realizó en territorio totonaca el domingo pasado. Hasta la parte media de la cañada que rodea el Río Ajajalpan llegaron representantes de 60 comunidades que acordaron unirse y trabajar por todos los medios posibles “para que se nos respete como pueblos orginarios y campesinos que tanto les hemos dado a las ciudades: alimentos sanos, agua limpia, nuestro trabajo, lugares hermosos para disfrutar y sentir la paz de la madre naturaleza”.

Un pausado ritual acompañado por la Danza de los Voladores de San Mateo Tlacotepec precedió la reunión. Primero doña Rufina Villa y doña Irene Cruz sahumaron la tierra, las ceras, las semillas, las flores, los frutos y el agua que se ofrendaron al sol y al fuego, a los santos, los dioses y los ángeles, como San Miguel, el encargado de hacer los relámpagos y la lluvia. Pero también a Atzin, el dueño del mar y del agua. Luego el Consejo de Ancianos y Mayordomos dedicó la ofrenda a los cuatro puntos cardinales, agradeció a la vida, pidió por las buenas cosechas y por la armonía y la unidad de los totonacos y maseuales.

Después de reforzar el espíritu, dieron palabra de sus preocupaciones: desde la parte de arriba, donde nace el río Ajajalpan, hay varios proyectos extractivos que los amenazan como pueblos. Las minas de Feldespato de la empresa belga Sibelco, están acabando con el agua en Ahuazotepec y Zacatlán, causando enfermedades y la destrucción de los bosques y las montañas que desaparecen poco a poco.

Mientras empresas como Grupo México y Comexhidro pretenden construir plantas hidroeléctricas que abastecerán de energía a las empresas mineras de la primera y a la transnacional WalMart en el caso de la segunda. Y en la parte baja de la cuenca, es la extracción de hidrocarburos  la que está destruyendo la naturaleza.

Por eso, dijeron, “rechazamos las leyes injustas como las de la Reforma Energética, hechas para empresas de millonarios que ocupan nuestro territorio y lo desangran, aun a costa de desplazarnos, de que padezcamos hambre y sed, de destruir y contaminar lo que tanto nos ha costado cuidar”.

Llamaron a las empresas como Comexhidro, Gaya, Gesa, Almaden Minerals, Frisco y Grupo México a que dejen de generar división y confrontación en los pueblos. Que dejen de “hostigarnos, engañarnos y amenazarnos. El mal gobierno no manda en nuestro territorio y no los queremos aquí”, apuntaron.

En un pronunciamiento conjunto pidieron permanecer unidos ante la división que causan en sus pueblos los partidos políticos y el crimen organizado. A dejar de aceptar “sus limosnas”, a no ser cómplices de la corrupción”.

“Desde el Totonacapan les decimos que no nos vendemos, que no somos sus esclavos, ni sus sirvientes. Que vamos a defender nuestras vidas y a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a decidir nuestro futuro y cómo queremos vivir”.

Los totonacos y los maseuales hicieron un compromiso de unidad en la defensa de los ríos, de la vida, de los manantiales y de la tierra en un proceso de lucha no violenta para seguir existiendo como pueblos originarios y seguir siendo “los guardianes de la Madre Tierra”.

Fuente:https://regeneracion.mx/nahuas-y-totonacos-se-unen-contra-mineras/

 

Mexico

Alto al deterioro ambiental causado por minería: ERA

Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Chicomuselo, desde donde reiteró su posicionamiento por la no explotación de minas, toda vez que causan una grave alteración ambiental.
Y es que dijo que tal y como lo ha expresado en diversas ocasiones, su compromiso es y será por la defensa de nuestro medio ambiente.

Desde la tierra de los siete jaguares, Eduardo Ramírez dijo que a toda costa se debe evitar que vengan empresas mineras foráneas a explotar nuestros recursos, dejando una estela de contaminación y de daños ambientales.
Expresó que estas empresas extranjeras lo único que ocasionan es división entre las comunidades, por lo que entendemos el reclamo de muchos ejidatarios a quienes hemos escuchado en varias ocasiones.

En este sentido, Ramírez Aguilar manifestó su respaldo a organizaciones campesinas y sociales ecológicas que legalmente se han coordinado para la defensa de sus recursos naturales como parte de su patrimonio.
Eduardo Ramírez señaló que éste y los temas ambientales son de especial interés para el Congreso del Estado, lo que ha quedado demostrado en nuestras recientes reformas en donde se ha privilegiado el cuidado ambiental.

Finalmente apuntó que está demostrado que los fenómenos naturales que cada día se nos presentan con mayor agresividad, son consecuencia del deterioro ambiental ocasionado por el hombre, por lo que debemos, todos, instituciones y sociedad, darle la importancia que merece y poner todo nuestro empeño con acciones enfocadas a la conservación ambiental.

 

Fuente:http://aquinoticias.mx/alto-al-deterioro-ambiental-causado-mineria/

Mexico

La disputa por el agua ya es una realidad: Federico Guzmán, académico de la UAZ

La disputa por el agua es una realidad y, ante el déficit de vital líquido en la entidad, debe conformarse un frente común a nivel estatal para defender el derecho humano de toda la población a acceder a este recurso natural.

Esto lo expuso el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Federico Guzmán, quien señaló que no sólo hay que centrarse en pugnar por el acceso al agua en los 12 municipios que albergan proyectos mineros, sino que es necesario ampliar estas acciones a los otros 30 municipios en los que existen ya concesiones mineras que están en fase de exploración.

Señaló que de manera reiterada ha hecho el llamado para tener una representación de la Red de Mexicanos Afectados por la Minería que englobe a todo el territorio zacatecano como forma de prevenir daños futuros.

En este sentido, apuntó que este frente no puede abarcar sólo la docena de municipios con industria minera “sino que, ya de una vez, de manera preventiva, nos articulemos para esos 30 municipios donde ya se tienen concesionados varios megaproyectos que están en fase de exploración; es importante que lo tomemos en cuenta”.

La urgencia de prestar atención a estos otros municipios del estado, puntualizó, radica en que, con la crisis que ya se tiene hoy en día con el agua, dentro de 15 años “no vamos a estar muy lejos en Zacatecas de lo que ocurrió a inicios del siglo 21 en Cochabamba, Bolivia; estamos hablando de acciones colectivas de resistencia donde la disputa por el agua va a involucrar a agricultores, a industria minera, a gobiernos, a distintos actores de la sociedad”.

El investigador comentó que el déficit actual de agua en el estado es de 299 millones de metros cúbicos cada año y agregó que, aparte de que se está vulnerando el derecho al agua por la falta del recurso, también hay afectaciones por la calidad.

Además, destacó el problema del consumo excesivo que hacen las mineras de este vital líquido, asegurando que entre las poco más de 16 unidades de la industria extractiva que operan en la entidad consumen la misma cantidad de agua que toda la población del estado.

Tras señalar que con estos datos se puede hablar ya de “una disputa por el recurso hídrico”, Guzmán concluyó: “Qué mejor que de manera organizada hagamos valer la consulta pública e informada para que toda la población zacatecana sepamos y tengamos unificada la información de qué está pasando con esta crisis del agua”.

Fuente:http://ljz.mx/2017/10/30/la-disputa-por-el-agua-ya-es-una-realidad-federico-guzman-academico-de-la-uaz/

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Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de Chiapas

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y “el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco”.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) “se encuentra en una situación difícil”, porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, “no existe una postura clara” de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación “Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo”, Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben “presión” de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están “posiblemente coludidos con los intereses mineros”.

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: “a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto’”.

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones “alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera”.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero—que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que “los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. “Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra”, señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: “Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región”, son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. “Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso”, contó el profesor.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

“Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería’”, contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

“Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015”, informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre “levantones” (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

 

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

“Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes”, dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.
Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

“Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos”, contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de “prestanombres de empresas extranjeras”, entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

 


 

Mexico, Sin categoría

Piden declarar a Veracruz territorio libre de minería tóxica

Permitir el ingreso de la minería a Veracruz es acabar con la biodiversidad y provocar la terminación de las formas de vida campesina para expulsarla de sus pueblos y comunidades, advirtieron organizaciones civiles y ambientales.

En la declaratoria del foro Derechos humanos, patrimonio biocultural y minería en Veracruz, advirtieron que el gobierno  ha concesionado más de 243 mil hectáreas que corresponden al 3. 36 % de la superficie de Veracruz a estos proyectos.

Organizaciones exigieron al gobierno estatal y al Congreso del estado declarar a Veracruz libre de minería tóxica, y que se decreten territorios serranos como zonas de áreas naturales protegidas.

En voz de Beatriz Torres de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló que la llega de estos proyectos está  produciendo daños irreversibles al ecosistema, se castiga a la tierra, a la naturaleza, a los pueblos y las personas para satisfacer la voracidad de las empresas corporativas que destruyen las formas de vida.

“En 2012 y 2017 las mineras Caballo Blanco y la Paila han pretendido iniciar la explotación minera que destruiría la zona costeña de chiconquiaco. Afortunadamente hemos logrado detener estos proyectos con argumentos científicos, ambientales, y culturales, las mineras deben retirarse definitivamente de Veracruz, pues sus operaciones dañarían a la naturaleza”.

Sin embargo reconoció que falta mucho para frenar la minería tóxica pues hay concesiones por más de 100 años, por lo que exigieron una vez más  al gobierno estatal y el congreso local una postura fuerte para decretar a Veracruz un estado libre de minería.

FUENTE:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=931582

Mexico

Peñasquito, segunda minera en el país que más agua extrae para procesos productivos

Peñasquito, filial del corporativo canadiense Gold Corp, es la segunda minera en todo el país que más agua extrae y utiliza para sus procesos productivos, solamente después de Cananea, ubicada en el estado de Sonora, informó Edna María Villarreal Peralta, investigadora de la Universidad de Sonora.

Expuso que en Sonora hay 202 concesiones mineras para extraer agua del subsuelo, de las cuales 116 las posee el Grupo México. Sin embargo, esta empresa acapara 80 por ciento del total del agua en ese estado.

Gold Corp, por su parte, cuenta con 67 concesiones en todo el país, pero de los 55 millones de metros cúbicos de agua que extraen en Zacatecas cada año, 43 millones son extraídos en la minera Peñasquito.

Ello significa que 90 por ciento de la extracción total de agua en la minería se concentra en dos grandes corporativos, en Sonora el Grupo México, y en Zacatecas el corporativo Gold Corp.

“Las cifras son muy preocupantes porque muy pocas empresas tienen concesiones para extraer recursos de tantos millones de metros cúbicos de agua anuales. Estos datos nada más son del permiso que les otorga la Conagua, pero en la realidad no sabemos qué tanto están extrayendo”, expresó Villarreal Peralta.

Comentó también que las empresas mineras asentadas en México utilizan en sus procesos productivos 436 millones de metros cúbicos de agua cada año, equivalente a la cantidad de agua que consumen 11 millones de personas en ese mismo periodo.

Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso que en el sector minero hay 417 empresas que tienen alguna concesión para extraer agua del subsuelo en México, todas están agrupadas en 230 grupos empresariales que tienen en su poder más de mil títulos de concesión de volumen por un total de 436 millones de metros cúbicos de agua cada año.

Esa cantidad de agua equivale al abastecimiento al consumo humano de alrededor de 11 millones de personas en el mismo periodo de tiempo, además que en México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares.

Durante la conferencia “Minería, agua, fondo minero presupuesto participativo e ¿innovación?”, impartida en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Villarreal Peralta manifestó que los estados que tienen mayor extracción de volumen de agua son Sonora, Zacatecas y Michoacán.

La investigadora reiteró que en Sonora se extraen más de 100 millones de metros cúbicos de agua solamente en la actividad minera, mientras que en Zacatecas se extrae alrededor de 55 millones de metros cúbicos.

Precisó que las actividades industriales y agrícolas son las que mayor consumo de agua hacen a nivel mundial y México no es la excepción por su vocación minera, especialmente en Sonora y Zacatecas, entidades donde se presenta la mayor actividad de extracción.

“La extracción minera va de la mano con el uso del recurso natural del agua y no solamente la usa en mucha cuantía, sino que también contamina el suelo y el aire. Ese es uno de los lados negativos que tiene esta actividad”, dijo.

Al respecto, mencionó el caso de Cananea en 2014, donde hubo un derrame de ácido sulfúrico de 40 mil metros cúbicos que hasta el momento ha afectado a 25 mil personas de siete municipios.

■ De 55 millones de metros cúbicos extraídos en Zacatecas, 43 corresponden a Gold Corp: investigadora

■ En México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares

Fuente:http://ljz.mx/2017/10/24/penasquito-segunda-minera-en-el-pais-que-mas-agua-extrae-para-procesos-productivos/

Mexico

Olvidada la investigación de asesinato de activistas

Hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes fueron asesinados por estar en contra de la explotación irracional del agua y la no instalación de una empresa minera en el ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por lo que se ofició una ceremonia conmemorativa en la que se exigió se resuelva el doble crimen que permanece impune y se denunció que la carpeta de investigaciones tiene un año de estancamiento.

Durante la ceremonia en la que se realizó un posicionamiento por parte de Gabino, de El Barzón, Chihuahua, y Joaquín Solorio, hermano de Ismael y cuñado de Manuelita, se colocó una ofrenda floral al lado de las pancartas que sostenían los manifestantes en las que se exigía respeto a la vida de los defensores humanos, mientras diferentes voces clamaban al grito de “¡Justicia!”, en repetidas ocasiones.

Además, se manifestó Felipe Pinedo, representante de  la coordinadora nacional Plan de Ayala con sede en Zacatecas, quienes se posicionaron en contra de la devastación que provoca la explotación minera en México.

En la región del municipio de Cuauhtémoc el 22 de octubre de 2012, fueron asesinados por la lucha que habían venido encabezando al lado de su comunidad en defensa del agua y de su territorio, particularmente por el tema de oponerse a que en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, se instalara la minera canadiense Mag Silver con método de explotación a cielo abierto, y que por decisión de la Asamblea de Ejidatarios de Benito Juárez, se restringió  por un periodo de 100 años la intervención de cualquier empresa minera en exploración o explotación.

Gabino Gómez, líder barzonista, durante su mensaje destacó que a pesar de que se tiene claridad de quiénes son los responsables tanto materiales como intelectuales, no ha sido detenida ninguna persona que responda por este crimen y destacó la vocación agrícola del lugar.

“El ejido se ha distinguido por ser un alto productor de alimentos para el beneficio de los consumidores de México, es decir, que ha sido el motor económico de la región. La comunidad ha sido un activo participante en las luchas para mejorar las condiciones del campo mexicano, por eso no se permitirá que los integrantes de la comunidad sean despojados de sus tierras por la industria minera”, destacó.

Hoy continuará el programa de actividades conmemorativas por la pérdida de Ismael Solorio y Manuelita Solís en el municipio de Buenaventura, donde se celebrará la Santa Misa en recuerdo luctuoso, además de una cabalgata y tractorada para depositar la ofrenda floral en las últimas moradas de los defensores derechohumanistas, y una exposición fotográfica en el Salón Ejidal.

“Principalmente nos interesa y hemos invitado a un grupo de compañeros que se encuentran aquí con nosotros, que  vienen de Zacatecas, donde peor que acá en Chihuahua, porque allá está la mina más grande de Latinoamérica a cielo abierto, en uno de los municipios más pobres del país, en Mazapil, Zacatecas; y que se han organizado en un frente de comunidades en contra de la minería.

“Se encuentran los compañeros Felipe Pinedo, que es dirigente de una de las organizaciones nacionales, la Coordinadora Plan de Ayala, que han venido luchando; y miembros de este frente de comunidades en contra de la minería, a quienes hemos invitado a que  vengan a compartir la experiencia de la lucha que han encaminado por las devastaciones que están siendo objeto las comunidades donde se encuentra la Mina del Peñasquito”.

Fuente:https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/729103-olvidada-la-investigacion-de-asesinato-de-activistas

Mexico

Exigen frenar actividad minera en Ixtacamixtlan

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno canadiense detener la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para la inversión de activos privados canadienses que promueven el despojo, a propósito de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país.

Además del impacto generado por Almaden Minerals en el municipio, el Consejo Tiyat Tlali, integrante de Rema, también sumó la exigencia de dejar de impulsar políticas y proyectos con leyes laxas en cuanto el cumplimiento de la legalidad de empresas mineras canadienses, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios.

En vez de ello, urge se pondere la rendición de cuentas para detener las violaciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  “Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica”, criticó Rema través de un comunicado.

Asimismo, se señaló que la visita del primer ministro canadiense fue anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas afectadas por la actividad minera canadiense; se estima que del total de empresas mineras extranjeras, el 65 por ciento se encuentran inscritas en Canadá.

“Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia, de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”, criticó la Rema.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/10/19/municipios/exigen-frenar-actividad-minera-en-ixtacamixtlan-170731

Mexico

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2763-la-minera-canadiense-blackfire-en-chiapas-contra-defensores-de-los-territorios-y-de-la-vida

Mexico

La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos

Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos. Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería,  le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en ese país.

Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la “diplomacia económica” a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de “oro libre de conflictos” que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

FUENTE: http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37747-la-mineria-canadiense-despoja-a-los-pueblos-indigenas-y-campesinos