• Sólo ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, poco empleo
• En Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera: Federico Guzmán
• Burnes Ortiz cuestionó si la economía puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo; “la respuesta provisional es que no”

Contrario al discurso gubernamental y empresarial que afirma que la megaminería ha generado desarrollo en el estado, en realidad solamente ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, muy poco empleo y limitado acceso al agua en las comunidades, afirmaron especialistas en el Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas.

Federico Guzmán López, de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó que el costo-beneficio de la megaminería en la entidad ha sido muy desigual.

Informó que en Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera y cuestionó que no sirve para nada al país ser el primer lugar en producción de plata y octavo en producción de oro, sin que ello mejore las condiciones de vida de la población.

Uno de los impactos más importantes que ha tenido la megaminería, dijo, es el desplazamiento forzado de los habitantes de comunidades donde se emprenden proyectos de explotación y extracción, como ha ocurrido en Salaverna, Mazapil.

“Ese es un impacto cultural que tiene que ver con la destrucción de los bienes comunes naturales, la destrucción de la economía local de subsistencia y la destrucción de los medios de producción y reproducción social. Esto contrasta con las cifras que tenemos del impacto económico”, expuso.

Guzmán López se refirió al discurso gubernamental en el que aseguran que la industria minera contribuye con el 38 por ciento del PIB y señaló que el problema es que entre todos los sectores productivos, la que menos genera empleos es precisamente la minería.

Además, de un total de 13 mil 400 integrantes de la población económicamente activa en el sector minero zacatecano, el 72 por ciento está subcontratado, lo que omiten los funcionarios y autoridades gubernamentales con discurso pro minero.

Durante la mesa denominada “Megaminería: impactos, aportes y retos”, comentó que otro problema es “el reparto del pastel” en la industria minera, porque en el ejercicio fiscal 2014, por ejemplo, el valor de la producción en México fue de 14 mil 765.2 millones de dólares, y en Zacatecas de 4 mil 83.2 millones de dólares

Por cada mil dólares del valor de la producción minera, las empresas solamente aportan a las comunidades 8 centavos. En Zacatecas, en los últimos tres ejercicios fiscales se han obtenido utilidades por mil 411 millones de pesos, de los cuales Mazapil a acumulado 454.81 millones de pesos, sin que haya significado un impacto en la disminución de la pobreza, pues ese municipio tiene a 70.7 por ciento de su población en situación de marginalidad, según expuso Guzmán López.

Otro impacto negativo de la minería ha sido la contaminación, lo que ha derivado en la destrucción agrícola no solamente por la disminución de la superficie de cultivo, sino también por los rendimientos de cosecha por hectárea.

Por último, informó que en el país hay 45 mineras que trabaja a tajo abierto, de las cuales algunas están instaladas en Zacatecas. “La tarea que tenemos pendiente es que hay 116 mineras con proyectos de exploración en 37 municipios de la entidad. La tendencia es que la industria se acerca cada vez más a los municipios más urbanizados”.

Arturo Burnes Ortiz, de la Unidad Académica de Economía, se refirió a la libertad que han tenido las empresas para emprender proyectos de minería en el estado, sin generar desarrollo para las comunidades, y por el contrario, son beneficiarios de exenciones fiscales.

Un tema que en este momento es de interés para la investigación académica, es la renta minera, el cual muestra que hay una pugna por la apropiación de dicha renta en forma de impuestos en la que todos los actores sociales están involucrados: el gobierno estatal, municipal y federal.

Se refirió al Impuesto de Responsabilidad Ecológica aprobado por el Congreso del estado para que las empresas instaladas en Zacatecas resarcieran los daños ambientales que provocan y dijo que era la primera vez en la historia que el Gobierno del Estado planteara un gravamen de ese tipo, pero el Gobierno federal dar marcha atrás.

Mencionó también el caso del sindicato liderado por Carlos Pavón, gremio que “patéticamente manejó el 100 por ciento de los argumentos de la Cámara Minera de México y de los empresarios mineros”.

Burnes Ortiz cuestionó entonces si la economía regional y nacional puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo vigente y en una institucionalidad fiscal minera. “La respuesta provisional es que no”.

Señaló que las concesiones mineras contravienen lo establecido en el Artículo 25 y 27 de la Constitución Mexicana y contribuyen a la descapitalización del excedente potencialmente invertible que es apropiado de manera rentista y parasitaria.

“La conclusión es que la institucionalidad fiscal minera que gobierna los yacimientos mineros en México, impacta contra los estados, porque la Ley Minera dice que el gran capital minero solamente puede ser gravado por la instancia federal. Eso conspira contra la Constitución, porque deja de lado al estado y al municipio”, explicó.

Por su parte, Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada, expuso que las iniciativas el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, en torno a la minería, se han quedado en la simulación.

Recordó que hubo la intención de declarar al semidesierto zacatecano como Reserva de la Biósfera, pero la negoció con los empresarios mineros a cambio del impuesto que posteriormente fue avalado por la Legislatura del estado y después rechazado por las propias corporaciones.

“El doctor Rodolfo García Zamora denunció que a cambio de echar abajo el proyecto de la Reserva de la Biósfera, el gobernador Tello había logrado un acuerdo con las empresas mineras para que estas le pagaran un impuesto y así tener recursos para el año 2017. Preguntó entonces si se trataba de un impuesto o de un soborno para cambiar la zona natural protegida e intentar recibir 400 millones de pesos de supuestos impuestos. Yo pregunto: ¿eso cuesta destruir 2.5 millones de hectáreas con la minería?”.

Cuando Tello Cristerna presentó la iniciativa como parte del nuevo paquete presupuestal para el estado, recordó que el sindicato minero inició protestas en contra del impuesto y de esa forma “le hicieron ver su realidad y suerte al gobernador”

Como consecuencia, el estado se quedó sin la declaratoria de Reserva de la Biósfera y sin impuesto minero, pues este sigue en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fuente:http://ljz.mx/2017/12/07/contrario-al-discurso-oficial-megamineria-no-ha-generado-desarrollo-especialistas/

A través de cuatro filiales, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras con las que ha despojado de 80 mil hectáreas a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reveló una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

De acuerdo con el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa minera canadiense, se logró establecer que sus cuatro filiales –Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.– monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

Esa situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos, precisa el documento.

Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, sobre todo en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

Ante este panorama, comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que sobresale la cancelación de las concesiones mineras.

Cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios, por el contrario, las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en ese tema.

Según Educa, la empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, obtiene ganancias ventajosas a cambio del despojo del territorio de pueblos zapotecos.

En un comunicado difundido en agosto de 2017, la empresa informó que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82 mil 630 hectáreas, sin embargo, la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto.

En el área concesionada también están involucrados al menos otros dos proyectos mineros con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.

Según Educa, al indagar sobre la compra de la empresa Radius Gold se sorprendieron de la existencia de una concesión denominada “Tlacolula” (con título 230278) en el municipio de San Juan Guelavía, con una extensión de 16 mil 465 hectáreas. Sin embargo, el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., que tiene dos concesiones más en la región (títulos 232270 y 233392), con una superficie de 6 mil 699.28 y 12 mil 642.00 hectáreas, respectivamente.

FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José” en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

Al revisar la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, Educa encontró que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son cuatro: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III (títulos 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente), que suman 702 hectáreas. Sin embargo, el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.

En cuanto a “Trinidad Norte”, es importante mencionar que en enero de 2013 FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste”, que “rodea el proyecto actual”.

En la lista también se encontró que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste (título 215542) y la empresa concesionaria es Plata Panamericana S.A. de C.V., que cubre una extensión de 6 mil 254.00 hectáreas.

Desde hace más de dos años, comunidades del Valle de Ejutla han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios, sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Energía en esta misma región.

En esa región, según la lista de concesiones, se han entregado 13 a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso), con una superficie de 42 mil 107 hectáreas.

El estudio de Educa destaca que las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, que se encuentran en: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla.

También en San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelache, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuauhtémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38122-minera-canadiense-ha-despojado-de-80-mil-hectareas-a-indigenas-en-oaxaca

En el cotidiano devenir de nuestros días, como zacatecanos/as predomina en nosotros/as un orgullo plausible emanado de la actividad minera, se ha generalizado la acepción hacia la misma como una idea-fuerza, incluso de quienes no son mineros/as. Orgullo histórico-nostálgico, expresado en el canto de sirenas que representa ser el principal productor de plata a nivel mundial, discursos arraigados y reproducidos con un sentido utilitarista de fondo, el cual, no logramos descifrar en lo común. Desigualdades complejas giran alrededor de este nudo, despojos y saqueos de años atrás y presentes a la par del blasfemo discurso gubernamental del progreso y desarrollo, modernidad marchita la que nos acoge, promesas y una multiplicidad de problemáticas en lo concreto que abarcan lo económico, social y sobre todo, lo ambiental.

Nos han heredado un esquema impositivo desde la colonia en los sensores del pensamiento, que ahora se alimentan por los nuevos embates subjetivos que expresa el interés capitalista, máxima ganancia a toda costa. Pasar por encima de todo y de todos/as, (neo)-colonizando y controlando no sólo los territorios terrestres, sino hasta los marinos y los territorios-cuerpo; atravesar con la razón productivista el ser y los saberes; re-imponer una forma universal, lineal y total de ver la historia; y constituir un esquema de relaciones donde la naturaleza y el ser humano-(deshumanizado) pasan a ser objetos de explotación total.

Desde las esferas del gobierno y algunos espacios públicos se pregona la defensa de la inversión privada extranjera y nacional en materia de extracción, como uno de los pilares de los planes de desarrollo (estatal y nacional), así como la vía de generar empleo y el ya citado progreso y crecimiento económico. Pero nada se dice del carácter altamente tóxico que guarda esta propuesta (necro)-económica, por ello la urgencia de preguntarnos sobre la minería en Zacatecas y lo que estamos hablando al referirla.

Hablamos indudablemente de un falso desarrollo en los términos convencionales con que se pregona y por ende, de la nula articulación social y bienestar entre las poblaciones donde se depositan los yacimientos minerales, las empresas y los gobiernos de los diferentes niveles involucrados. El modelo de extracción a cielo abierto, que actualmente va ganando más terreno, es sumamente devastador, utiliza mayores cantidades de energía, mayor espacio territorial y cada vez más elevados niveles de agua; para la vida y las comunidades esto representa la muerte, para el capital y los gobiernos dicho modelo ahorra costos y tiempos. ¿De qué nos sirve ser el primer lugar mundial de extracción de plata si no se refleja en las zonas de impacto? ¿Por qué desde el trazado de planes los gobiernos no se cuestionan el tipo de extracción, el tipo de mineral y las cantidades a extraer? ¿A quién beneficia la extracción y/o para qué se extrae? Ya que los costos ambientales no se justifican, se estima que en los últimos años la demanda mundial de oro se distribuye con un 60% para joyería; 30% para los bancos centrales y la constitución de reservas y sólo un 10% se utiliza en el sector industrial, médico y tecnológico.

En 2015 el valor de la producción total en Zacatecas en pesos corrientes fue de $63’136’504’388.53, aportando el 22.98% del valor total nacional; pero esto, de qué nos sirve; pongamos de ejemplo el drama minero que se vive en Mazapil. En el mismo año fue el principal productor de oro en el país con 21.2% de la producción total y el nivel de vida de sus habitantes es de los más deplorables, persisten sendas desigualdades socioeconómicas, a pesar de que el grado de marginación pasó de alto a medio de 2005 a 2010, es un indicador que abre muchos cuestionamientos, pues no se mide en su totalidad los amplios parámetros que exigen un bienestar social real, recordemos que las cifras son manejables para responder a las demandas de efectividad estatal.

Sin duda, el tipo de minería que vivimos en estos tiempos es diferente en amplias dimensiones a la minería subterránea convencional, es la muestra del agotamiento tanto del territorio y minerales como de las técnicas y formas de extracción, además, es la muestra latente de la crisis ecológica que se vive a nivel planetario. Entonces, ¿Hablar de minería bajo estas condiciones es un motivo para seguir sintiendo orgullo? Estamos a tiempo de cuestionar con un carácter más crítico, auto cuestionarnos y reflexionar sobre la vida, trascender esa idea maniquea de la ganancia a toda costa y pensar en la toxicidad y daño que este tipo de minería está causando a los ecosistemas, a las personas y los territorios en general.

Es momento de recapacitar y pensar en una salida a esta encrucijada ambiental y social, en el estado hay diferentes expresiones de que es posible, en Salaverna la esperanza sigue en pie, Don Roberto de la Rosa y su lucha incansable de construcción política desde abajo es ejemplo claro de ello, es momento de poner en la mesa un punto de quiebre ontológico y epistémico, uno que nos conduzca a un tipo de relacionamiento más humano. ■

Fuente:http://ljz.mx/2017/12/01/mineria-en-zacatecas-de-que-estamos-hablando/

Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.

En un foro que fue organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, presentó su estudio “Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por Minería”, en donde explicó que el despojo hidríco en contra de 10% de la población del país es una problemática en varios estados, principalmente en donde hay minería, así lo informa La Jornada.

Federico Guzmán detalló que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, esto afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la “ecomigración” no sólo por escasez de agua, sino también por la contaminación. En el país, “20% del agua subterránea ya está contaminada, también el 24% de las superficiales”.

Ocurre que desde el año 2000, la industria minera ha logrado cada vez más concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar ese recurso vital. Retomando un análisis del proyecto Cartocrítica y estadísticas de la Conagua actualizadas a 2016, son tres las principales mineras que “despojan” de agua al país:

Grupo México, tiene 142 concesiones para explotar hasta 90 millones 616 mil metros cúbicos anualmente. Luego esta la canadiense Goldcorp, con 74 concesiones para extraer 47 millones 656 mil metros cúbicos de agua, y la otra es Arcelor Mittal, con 11 concesiones para aprovechar 45 millones 844 mil metros cúbicos del líquido.

Guzmán López señaló a empresas trasnacionales que, ante la “laxitud “ con la que opera el gobierno mexicano, han emprendido proyectos para la financiarización del agua, como lo han hecho ya en otros países: JP Morgan, Citigroup, Allianz y HSBC, magnates chinos y filipinos y el ex presidente estadunidense George Bush, además de las empresas Suez (francesa); Iberdrola, Aguas de Barcelona y Unión Fenosa (españolas) y las inglesas Río Tinto y BHP Billiton.

También explicó que las empresas mineras usan cantidades “extraordinarias” de agua potable para la recuperación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, entre otros minerales, mediante trituración de materiales, oxidación, patios de lixiviación, tanques de flotación, molinos de minerales, plantas de sulfuros y lagunas de recuperación de jales.

El investigador también destacó que en varias entidades, el despojo hídrico de las mineras ya supera el volumen de agua que consume el total de la población, señaló. En Sonora, ejemplificó, las empresas mineras consumen 107 millones de metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 110 por ciento del consumo de la población, de 2 millones 955 mil 284 personas.

En Zacatecas, dijo, las mineras están autorizadas por Conagua para extraer cada año hasta 55 millones 780 mil metros cúbicos de agua, esto es el 102.5% del líquido consumido anualmente por un millón 528 mil 247 personas. El declive del derecho humano al agua en Zacatecas durante los 25 años recientes se agudizó en el periodo 2010-2015, que corresponde con el auge de la minería en el país y con nuevos métodos de extracción, como la explotación a cielo abierto.

En Zacatecas en el año de 1990 había 239 mil 541 viviendas habitadas, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese año se contabilizaron 233 mil 97 zacatecanos sin agua potable. Veinticinco después, el Inegi encontró que existían 418 mil 850 viviendas habitadas y 334 mil 792 personas que no tienen acceso al agua potable.

Fuente:https://regeneracion.mx/industrias-extractivas-quitan-agua-a-10-de-los-mexicanos-zacatecas-el-mas-afectado/

El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.

Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.

Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Ascención Sánchez Vázquez, habitante de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta región les preocupa mucho este tema: «Nos hemos estado organizando para manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio». Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.

El oro, un recurso largamente deseado

En 2010, tras un proceso de movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.

A finales de los años 80, el contexto regional no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio ambiente y la tranquilidad de la vida.

Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.

Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.

Con una buena estrategia jurídica y una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían, los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra de la minera, a pesar de que consideran que «son espacios de simulación», en palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.

Las comunidades afectadas por este proyecto denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su declaración: «Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!».

El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.

La riqueza de la diversidad

Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan), indica que se trata de «una región con mucha diversidad biológica», debido a que «existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la montaña con la costa», así como «microclimas y microcuencas que, a su vez, se transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas costeras».

Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un mínimo de dos tienen gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.

«La región de la Mancha —continúa Ves Lira— ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidady Veracruz ocupa el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos cuidarlos».

Gilberto Martínez Castellanos, agente municipal de Villa Rica —una playa importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en tierras continentales— también se muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede contaminar severamente las playas.

«Nosotros somos pescadores y vemos que ese líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar», también «en la contaminación del marisco y del pescado«. Las playas «están bonitas» y «tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben». Además, unas tortugas «vienen a poner sus huevos cada año», expone serio ese funcionario público local.

A pesar de la suspensión, las comunidades se mantienen organizadas

El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, así como todas sus ramificaciones, «acaba de ser suspendido porque ha retirado su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir de aquí'», expresa con firmeza Sánchez Vázquez. Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores, ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.

Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa, aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.

Por ello, a pesar de la suspensión, la organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra el territorio. Por su parte, el Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243.000 hectáreas (3,36 % del territorio estatal) para prospección y exploración mineras.

«Tenemos que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no le traen ningún bien a Veracruz», concluye Ascención Sánchez Vázquez antes de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta región.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/256188-proyectos-mineros-veracruz-oposicion-comunidades

Cosoleacaque, Ver.- Cientos de personas, adheridas a las asociaciones Movimiento Regional Indígena y Resistencia Civil, se manifestaron la mañana de este lunes para exigir alto a las tarifas altas de luz y a las actividades de minería y gasoducto, pues las califican como “megaproyectos de muerte”.

Los quejosos iniciaron una marcha de la desviación de Oteapan hasta el puente de El Naranjito, sin llegar a las instalaciones del C-4. Otros iniciaron su movimiento por la carretera federal a Cosoleacaque, partiendo de la desviación de Oteapan con mantas, encabezados por la activista francesa Verónica Mournier.

Expresaron que “nos manifestamos por las tarifas de luz como un derecho humano; la no privatización del agua y otros bienes naturales; además no a los megaproyectos con fracking, minería, parques eólicos y gasoducto.

Con la leyenda Viva la Autonomía de los Pueblos, los manifestantes luego de hacer conocer su inconformidad en la cabecera municipal, cuando se dirigían hacia las instalaciones del C-4, a la altura de la desviación del primer puente del Naranjito, dieron marcha atrás y retornaron hacia la desviación de Oteapan donde concluyeron su protesta.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/activistas-protestan-contra-actividades-mineras-e-introduccion-de-gasoductos

Chicomuselo, Chiapas, México A 27 de noviembre del 2017 , 8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad.

El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y
el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.
Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan
Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:
Familia Abarca Montejo

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente: Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil  habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

Aunque la minera canadiense continúa operando en la región, en comunicación con el Gobierno del Estado y la complicidad de privados, el ejido Benito Juárez mantiene fuera la actividad minera, cuando por decisión unánime de la Asamblea General se votó por expulsar a Mag Silver del ejido por 99 años, trascurridos desde el 17 de noviembre del 2012, tras el asesinato de líderes barzonistas que sostenían la lucha contra la minera.