Prohibimos la minería en los núcleos agrarios de Acacoyagua y exigimos que se  respete nuestra decisión

Acacoyagua, Chiapas a 17 Enero de 2018

A los medios de comunicación,

A los colectivos y organizaciones de la sociedad civil,

A las personas a favor de la defensa de los derechos humanos, la tierra y los territorios,

Las mujeres y los hombres que conformamos el Ejido y los Bienes Comunales de Acacoyagua, en la Sierra Madre de Chiapas, organizados en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), hemos decidido y establecido en dos actas de asamblea prohibir la actividad minera en nuestro territorio.

El acta del Ejido fue firmada el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria en la que votamos el 57%, y el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 en otra asamblea que reunió también la anuencia de la mayoría de comuneros. Contienen la prohibición de la actividad minera dentro de esos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos. Por ejemplo en el Ejido Acacoyagua establecimos que “en el ejercicio de nuestros derechos agrarios, a partir de esta fecha, está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras, en el transito de toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”.

Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla. Una de estas concesiones es “Casas Viejas  en posesión de la empresa El Puntal S.A. de C.V. que empezó a extraer ilmenita a partir del 2012 y cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos. Los que nos conocen saben que desde septiembre 2016,

Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hizo un balance del crecimiento minero en el país e indicó que en 2017 se rompió récord con la entrega de 25 mil 557 concesiones a particulares. Ante esos números, el proceso de organización de las resistencias también ha tenido avances. Por citar algunos casos, el de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec en Guerrero, donde se otorgó un amparo el año pasado y se ganó el caso.

En el área internacional, ya se determinaron las bases por hacer en cada país, según indicó Gustavo Lozano, luego de la reunión en Costa Rica con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero y con la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

Audio en:

http://udgtv.com/radio-udg/guadalajara-xhudg-104-3-fm/ante-embate-minero-crecen-se-fortalecen-las-resistencias-pais-america-latina/

Fuente:http://www.remamx.org/2018/01/ante-el-embate-minero-crecen-y-se-fortalecen-las-resistencias-en-el-pais-y-en-america-latina/

Una falacia es una trampa, un engaño. En el marco del Modelo Extractivo Minero dominante, las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en nuestro país y a nivel mundial se acompañan de una serie de mecanismos justificatorios, de falacias compartidas actualmente por el sector empresarial y el gubernamental, como expresión de la subordinación incondicional de este último a los intereses particulares del primero.

Las empresas y las instancias de gobierno supeditadas a ellas, han establecido mecanismos para financiar sus iniciativas mediando en ello incluso fondos públicos, aduciendo “Principios Rectores” y términos cuya inconsistencia debe ser denunciada, como es el caso de la llamada “Responsabilidad Social Empresarial”, la “Minería Socialmente Responsable” o la “Minería Sustentable”, constituyendo referentes meramente discursivos que forman parte de su campaña permanente de desinformación, simulación y disimulo.

El proyecto Caballo Blanco pone en riesgo al corredor de aves rapaces, la biodiversidad de la zona e incluso se expone ante los meteoros.

Entrevistado en la XXX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, aseguró que para el Inecol no es un proyecto recomendable y que no se necesita ser doctor en ecología para advertir el riesgo que representa la explotación de minerales en esta zona.

Por ese motivo, dijo que la semana pasada envió una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha querido pronunciar sobre la solicitud de la empresa ante Semarnat para la explotación de la zona– a fin de darle a conocer su preocupación por este proyecto que incluye 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

«El Instituto de Ecología está preocupado porque se trate de revivir el proyecto. En 2012 se propuso pro primera vez y el Inecol junto con otros 50 investigadores recomendamos que no se autorizará y ahora es exactamente el mismo sitio. Ahora han entregado un Documento Técnico Unificado y a reserva de que estudiemos con mucho cuidado esas mil 400 páginas y tengamos una opinión mucho más informada, lo que nos preocupa es que hay cosas que no pudieron haber cambiado».

Explicó que en este lugar hay biodiversidad que se pondría en riesgo, ya que es la única parte de la Sierra Madre que llega prácticamente hasta el mar, lo que lo convierte un sitio único. Además, recordó que es el corredor de aves migratorias más grande del mundo.

«Es el famoso corredor de rapaces y no tiene que ser un doctor en ecología para darse cuenta que si tienes una laguna llena de metales pesados donde llegan millones de aves migratorias, no es muy buena idea».

Rubio Godoy agregó que en este lugar hay cícadas milenarias; es decir, plantas que sobrevivieron desde la extinción de los dinosaurios, y que es una de las pocas poblaciones en el mundo con silos tropicales.

Abundó que a esto se añade el hecho de que el proyecto está muy cerca de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y de zonas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«No me parece conveniente que esté cerca de los ductos, no soy experto en esto. Es una minera a cielo abierto y la otra objeción que le hacía al Gobernador la semana pasada es que nos preocupa que es un lugar expuesto a meteoros, hace dos semanas pasó uno que pasó más arriba y la probabilidad de que haya una tormenta muy grande es súper alta y es un riesgo que aumenta con el cambio climático porque es mucho más probable que haya meteoros más frecuentes y más fuertes».

Advirtió que esta actividad podría generar que ante un huracán las aguas y minerales que se usan para la extracción vayan a dar a zonas pobladas y, más aún, a los mantos freáticos, con lo cual se contaminarían las aguas que surten a las poblaciones vecinas.

«Si tienen a cielo abierto las cosas y les cae una cantidad descomunal de agua, todo eso se va a salir y los minerales pesados se van a diseminar por el suelo, se van a los mantos freáticos y la afectación puede ser gigantesca y permanente».

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-09-04/ecologia/explotacion-minera-en-actopan-y-alto-lucero-es-un-riesgo-ambiental-inecol

Por considerar que son contrarias a los intereses de la sociedad mexicana, a Diputada Guadalupe Rojas Moreno representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado mostró su total rechazo a la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada a nivel federal y a la Ley de Biodiversidad que actualmente se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En pronunciamiento presentado por la legisladora pidió que en el caso de la Ley de Biodiversidad que se encuentra en proceso en el Poder Legislativo Federal, “hacemos votos para que se incorporen las múltiples opiniones y planteamientos que las organizaciones, las comunidades, los investigadores y el pueblo en general ha venido expresando, haciendo hincapié en la prohibición de actividades como generación de electricidad, extracción de petróleo o minería en las áreas naturales protegidas de México”.

Con respecto a la Ley de Seguridad Interior la Diputada Rojas Moreno señaló que Morena considera necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “revise su constitucionalidad, y en caso de no revertirla ahí, se acuda a las instancias internacionales para su revocación. No podemos regresar a tentaciones fascistas con el pretexto de la inseguridad, cuando gran parte de la situación actual, se ha venido agravando, precisamente por el uso del Ejército en los asuntos propios de la autoridad civil2, expresó la representante popular.

Con respecto a la Ley de Biodiversidad subrayó que en el Senado de la República fue aprobada sin prácticamente analizarla y desconociendo su contenido y alcances, negándose en todo momento a cualquier dialogo y análisis de los señalamientos y críticas presentadas por distintos especialistas.

Guadalupe Rojas comentó al hacer uso de la palabra que la Senadora Ninfa Salinas del Partido Verde con intereses en la minería, como Presidenta de la Comisión dictaminadora “se negó a incorporar en el dictamen la prohibición expresa de la realización de actividades de alto impacto en las Áreas Naturales Protegidas, tales como la minería o la generación de electricidad”, precisando que en el extremo del absurdo “incluye en sus disposiciones transitorias, excepciones que abren la posibilidad del uso comercial de los mamíferos marinos”.

Rojas Moreno refirió que la mencionada Ley fue aprobada por el Senado sin tener un proceso previo de participación de la sociedad y consulta pública, “sin considerar la opinión de las comunidades y pueblos”.

En lo que conicerne a la Ley de Seguridad Interior que entró en vigor hace unos días, ha sido observada por múltiples organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, de seguridad pública y organismos multilaterales de los que México forma parte.

Aseguró que la Ley de Seguridad Interior en los hechos constituye “la legalización de la militarización del país, generando condiciones permanentes, ante una situación que se supone como temporal.

Expuso que con dicho ordenamiento legal se busca seguir evitando la declaración del Estado de excepción y la suspensión provisional de las garantías, manteniendo y acrecentando la presencia militar no solamente en la lucha contra el crimen organizado, sino contra todo aquello que pueda ser considerado factor de riesgo para la seguridad del país o ante cualquier manifestación de inconformidad social, que por el sólo hecho de ser considerada como no pacífica por parte del Ejecutivo, permitiría el uso de las Fuerzas Armadas para su contención y neutralización.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/01/10/morena-hay-que-sacar-mineras-de-las-areas-naturales-protegidas-ya/

Un medio de comunicación expresa que la empresa Odyssey Marine Explorations presentó en 2015 un tercer estudio de impacto ambiental y que no ha sido rechazado, por lo que se presume que podría tener aprobación de autoridades federales en el 2018.

La Paz,BCS.- En el 2018, el Gobierno Federal podría autorizar la primera concesión para proyecto de minería submarina en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, a favor de la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations.

Sin embargo, en el 2015 un tercer estudio de impacto ambiental fue presentado y no ha sido rechazado, por lo que se presume que podría tener aprobación de autoridades federales en el 2018.

El proyecto denominado “Don Diego” pretende dragar el fondo marino a una profundidad de entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas anuales de

arena fosfática, durante 5 décadas, según dice la manifestación de impacto ambiental.

Odyssey Marine Explorations pretende invertir 357.2 millones de dólares en el proyecto de minería submarina, la cual, de ser aprobada, sería la primera en su tipo en la República mexicana.

Dicho proyecto se extendería sobre una superficie de más de 91 mil  hectáreas de lecho submarino y se pretende ubicar a menos de 22 kilómetros de la costa del municipio de Comondú, en cuyas inmediaciones se ubica el santuario de la ballena gris.

Además, el proyecto de minería submarina abarca parte de las aguas concesionadas a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale S.C.L.

Organizaciones pesqueras de comunidades como El Manglito y El Esterito han llamado a asociaciones ambientales para frenar el proyecto de minería submarina, ya que anticipan que podría afectar severamente el entorno ambiental y dañaría a especies marinas protegidas.

En el caso de la ballena gris, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) señala que con el ruido de la actividad minera en el lecho marino, la comunicación de la especie quedaría afectada, por lo que podría alejarla de la zona.

La actividad pesquera, que produce más de 8 mil toneladas anuales de especies marinas, también podría ser afectada y se advierte que más de 2 mil familias podrían quedar sin sustento económico de ser aprobado el proyecto.

El estudio “Manifestación de Impacto Ambiental para el Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”, que presentó en junio del 2015 la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. y que fue firmado por Martín José de la Cruz Quijano Poumián, que está en manos de Reporte Indigo, la mina tiene justificación por beneficios que traerá al sector agricultor.

Supuestamente, la mina será base de producción de insumos químicos requeridos en la industria agrícola, como fertilizantes a base de fósforo.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina expone que hay razones para dudar que la extracción de arenas fosfáticas del fondo del mar, no tenga impacto en el entorno ambiental, puesto que el proyecto pretende devastar una superficie que equivale al 60 % del territorio de la Ciudad de México.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/01/09/2018-ano-de-la-mineria-submarina

El mayor sitio sagrado del pueblo indígena Wixárika o huichol es Wirikuta (SLP); ha conservado su identidad espiritual y continúa practicando su tradición cultural y religiosa desde hace miles de años. Ahí se originó la Creación, y es a donde peregrinan las comunidades Wixárika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. Allí se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta. El Cerro Quemado es el punto donde nació el sol y es el altar más importante y sagrado. Esta región posee un ecosistema único en el mundo; concentra la mayor biodiversidad y riqueza de cactáceas del planeta; es un jardín de plantas amenazadas y en peligro de extinción. Una gran proporción de su flora y fauna es endémica; el Águila Real vive ahí. La destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixárika.

En 1911 el gobierno mexicano entregó 22 concesiones mineras a canadienses a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las hectáreas concesionadas están dentro de la Reserva de Wirikuta. Se anunció un mega proyecto minero de la empresa canadiense Revolution Resources, esta pretendía explotar recursos minerales en 59,678 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, un 42.56% de su superficie total. El método de explotación sería minado de Tajo a cielo abierto y el sistema de beneficio mediante cianuración. Grandes cantidades de agua serían utilizadas por la mega minería, provocando desecamiento de cuencas hídricas ya sobreexplotadas y con muy poca capacidad de recuperación; los manantiales sagrados donde el pueblo wixarika recolecta sus aguas benditas, serían contaminados con cianuro y metales pesados.

Ante tan grave situación, ciudadanos de diferentes partes del país organizaron el Frente de defensa «Tamatsima Wahaa», con el lema «Salvemos Wirikuta, corazón sagrado de México» se integraron todas las comunidades Wixárikas, grupos universitarios y sociales, hubo extensa participación ciudadana. Se organizaron marchas hacia la residencia presidencial los Pinos para entregar un primero y un segundo pliegos petitorios firmados por todas las comunidades donde se manifestaba que se mantendrían firmes en su camino de defensa y protección de Wirikuta. Solicitaban elevar a rango federal la protección como área natural protegida; cancelar las concesiones mineras y clausurar los trabajos que destruyen ilegalmente cientos de hectáreas. Se realizó el Concierto «Wirikuta Fest», para socializar la causa y obtener recursos que apoyaran la defensa integral, al cual asistieron más de 55,000 personas.

Finalmente, en 2012 y 2013, los tribunales federales otorgaron la suspensión de 40 concesiones mineras, entre ellas la del megaproyecto. Esta acción legal detuvo todos los trabajos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta. Además, se legisló que «Ninguna entidad gubernativa, ya sea Municipal, Estatal o Federal puede otorgar permisos (de exploración ni explotación) para que se realicen trabajos mineros en la zona. Las autoridades del Estado Mexicano deberán proteger la zona ante actos de terceros que puedan violar esta suspensión».

La UNESCO declaro a Wirikuta «patrimonio de la Humanidad». Un auténtico triunfo ciudadano, ejemplo de valor cívico y paradigma civil: el enfrentamiento de indígenas y ciudadanos con las poderosas mineras canadienses y sus miles de millones de dólares.

Ahora en Torreón vivimos un momento histórico insuperable e ideal para destruir las viejas y nocivas inercias y revertir los valores de los fundadores de esta ciudad, cuyos principios enmarcaron aquel Torreón idílico: constancia, unión, fe, alianza, esperanza y otros umbrales celestiales. Hoy en la ciudad podemos respirar un aíre más propenso a lograr cambios importantes; pero debemos mantener en alto la bandera de la ciudadanización ante todas las acciones que nos afectan, el cambio de partido sólo debe verse como oportunidad de mantener nuestra postura; pasar de esclavos de un gobierno municipal dictatorial, amenazante e insultante, a personas libres que podamos preguntarnos cómo queremos vivir y cambiar radicalmente el entorno; después, seguir luchando para que esa libertad se mantenga a toda costa.

Basta ver las paupérrimas condiciones en que quedó Torreón después de 8 años de saqueo y destrucción, para que tomemos consciencia de a dónde queremos ir; ha dejado de ser hoy y aquí el tiempo de quejarnos, debemos volver a salir con increíble energía y decidir cuál debe ser nuestro papel dentro del escenario que, como ciudadanía, debemos adoptar ante los cambios de 2018. Ya amanece con algunos síntomas positivos como la participación ciudadana en SIMAS; un buen avance, pero ahora deberemos continuar fiscalizando para evitar desvíos de conductas.

Si bien es cierto que un partido diferente asumió, por un año seguro hasta ahora, la dirección del municipio, todos los torreonenses debemos seguir insistiendo en nuestra dignidad; apoyar lo positivo y criticar con propuestas propositivas lo que falte. Pero a cambio los beneficios que están en juego, entre ellos el sentido de existencia de la sociedad misma, debemos buscar una mayor calidad de vida. El maquiavelismo de los perdedores es inmenso y no cejarán en intentar destruir lo logrado; las invasiones a terrenos industriales de días atrás, son solamente la punta del iceberg de perjuicios contra nuestra ciudad y nuestra dignidad.

La pregunta más seria hoy es: ¿Dónde termina la simpatía y comienza el compromiso? El primer compromiso es con nosotros mismos, pero el secreto es entender que no estamos solos; vivimos en comunidad, si nosotros crecemos, crece todo nuestro contexto, ese es compromiso honesto; él nos llevará a abordar los problemas y reconocerlos con absoluta verdad, sean cuales sean las consecuencias. La verdad es fundamental y no acepta componendas, ni debemos permitirlas. Nos es indispensable construir respuestas fincadas en integridad y transparencia; nada de promesas imposibles de cumplir o que signifiquen solo beneficios para quienes las ofrecen; pero sobretodo, participación ciudadana en todas las acciones; única energía que garantiza un futuro promisorio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1420586.la-esperanza-unica-o-la-unica-esperanza.html

Uno de los aspectos más importantes de la llamada economía verde tiene que ver con la imposición de cuantiosas cargas fiscales a las actividades más contaminantes o que mayor daño causan al medio ambiente, como las extractivas.

Pero en México, muy lejos estamos de que ese tipo de industrias altamente nocivas sufran siquiera por los impuestos: aquí, las autoridades entregan en bandeja de plata permisos, concesiones y demás autorizaciones para que las empresas mexicanas y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.

Ejemplo de ello es la minería que, con la clara anuencia del gobierno, despoja territorios a pueblos originarios y a personas de escasos recursos; en total impunidad, contamina aire, suelo y agua; y por si esto no le bastara, paga una ridícula suma por extraer recursos tan valiosos, como el oro y la plata. Y, al final, el gobierno la premia con millonarios estímulos fiscales.

Impuestos verdes

Los impuestos relacionados con el medio ambiente tienen una base imponible aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, explica el análisis La economía verde: beneficios e impactos, elaborado por Roberto Candelas Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

Agrega que éstos incluyen los impuestos sobre la energía, el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor agregado. En el caso de la extracción minera y el uso de agua, indica que se aplican regalías, es decir, cobros específicos por el uso del recurso natural explotado.

El estudio apunta que, “desafortunadamente, en México no existe en el régimen tributario federal un solo gravamen tributario destinado a resarcir los daños ambientales que las empresas mineras ocasionan a los ecosistemas y los vertimientos de contaminantes a las fuentes de agua”.

Industria abusiva

Pero el problema con esta industria va más allá del hecho de que no exista ese gravamen; pues los que sí existen no se respetan. “Los ingresos fiscales percibidos por concepto de impuestos que pagan las empresas mineras en México ascienden al 1 por ciento del total de ingresos, convirtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en América Latina”, refiere el análisis del CESOP.

Agrega que esta situación se da a pesar de que aquí operan dos de los cinco grupos mineros más importantes, por su valor en ventas (Grupo México e Industrias Peñoles), y de que aplican varias cargas tributarias que establece la Ley Minera y su reglamento.

Entre ellas: la compensación abonada por quienes realizan exploración minera; la prima por descubrimiento; los derechos sobre minería, aplicables a los concesionario o quienes desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales (aunque sólo por el área que abarca la concesión y su duración).

En este punto, refiere que la cuota por hectárea se ubica en el rango de 17.62 a 124.74 pesos, según el año de vigencia de las concesiones y asignaciones mineras. Algo a todas luces ridículo.

El estudio destaca que en el país “no existen impuestos específicos que graven las actividades mineras: pagan los mismos impuestos federales (ISR, IETU, IVA) que cualquier otra actividad económica. También pagan los mismos impuestos estatales y, salvo el caso excepcional de Baja California, ninguna entidad federativa paga un impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales y minerales mineros”.

En este contexto de abusos pareciera que lo peor no es eso, sino que además reciben estímulos fiscales. “La industria minera tiene un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido”, indica el análisis.

Mineras se burlan del régimen tributario

Y esta permisividad sólo da lugar a más abusos: abiertamente los mineros se burlan del sistema de tributación. Ejemplo de ello es lo que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de fiscalización: 14 concesionarios habrían eludido impuestos.

Por ello, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus facultades de comprobación fiscal respecto de las empresas Besmer, SA de CV; Compañía Minera Autlán, SAP de CV; Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.

También, de los concesionarios Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís y Federico García Félix; así como de quienes ostentan los registros federales de contribuyentes DGX030220LU7, MUSJ7009031T5 y SOLE601107I88.

Según la auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-06E00-02-0075, “Derechos sobre minería”, estos 14 contribuyentes “se identificaron como beneficiados de los créditos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero”. Sin embargo, “no se acreditó el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

La Auditoría también revela que, “si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación respecto del ejercicio 2015, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos especial y extraordinario, que va del 1.3 al 70.7 por ciento”.

Según el resultado de la fiscalización, 61 contribuyentes que presentaron el pago del derecho especial en 2015 no presentaron declaración del derecho en 2016; 48 contribuyentes adicionales realizaron el pago en 2016 de por lo menos un derecho, que representa el 3.5 por ciento del total recaudado.

Además, la recaudación realizada en 37 Administraciones Desconcentradas de Recaudación del SAT en el país se “integró por los pagos de 161 contribuyentes, de los cuales: un contribuyente realizó pagos por dos derechos; un contribuyente realizó pagos por los tres derechos; 147 contribuyentes realizaron el pago de un derecho; y 12 contribuyentes presentaron la declaración en cero.

Al comparar el padrón de concesiones de la Secretaría de Economía con la base de datos de pagos del sistema del SAT, los auditores identificaron que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, 113 (70.2 por ciento), con un total de 6 mil 422 concesiones, realizaron el pago de los tres derechos, y los 48 contribuyentes restantes, el 29.8 por ciento, no se identificaron con alguna concesión en el padrón que Economía proporcionó.

La auditoría concluyó que en 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2 mil 740 millones 796.4 mil pesos correspondientes a la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos.

Así, la “eficiencia” del fisco con los grandes contribuyentes mineros.

Fuentes:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/03/mineros-eluden-impuestos-gobierno-los-premia-estimulos-fiscales/