Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018
Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.
Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como “pueblos libres de megaminería tóxica”. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. “Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.”

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados “La Paila” (antes “Caballo Blanco”) y “El Cobre”, respectivamente.

06/02/2018
Minera canadiense Cuzcatlán, en Oaxaca. Imagen de archivo. Foto María Meléndrez ParadaTuxtla Gtz, Chiapas.
Organizaciones mexicanas y canadienses presentaron una denuncia contra la embajada de Canadá en México por supuestamente incidir en el caso de un líder ecologista que fue asesinado en el sureste de México en medio de protestas contra la minera Blackfire Exploration, informó este martes una ONG.

La denuncia fue presentada el lunes en Ottawa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), informaron la familia del difunto líder ecologista Mariano Abarca y una de las organizaciones, Otros Mundos, A.C. de Chiapas.

Esta y otras organizaciones, como MiningWatch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), impulsaron la querella, pidiendo «una investigación sobre las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, mismas que consideran incrementó el peligro que enfrentaron el Sr. Abarca y otros habitantes de Chicomuselo», en el estado de Chiapas.

Abarca fue asesinado en 2009 cuando recibía amenazas por parte de empleados de la minera canadiense Blackfire Exploration.

Documentación obtenida bajo la ley de transparencia en Canadá demuestra «el conocimiento significativo» que tuvo la embajada canadiense sobre el caso, indica el comunicado.

«Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire», dijo el hijo del activista, José Luis Abarca, quien viajó a Ottawa para presentar la demanda.

Y poco después, prosiguió «fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La Embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire».

En vez de facilitar un diálogo sobre el conflicto minero, la embajada canadiense «prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas», según el comunicado.

«Dada la importancia de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses», dijo Libertad Díaz, activista de Otros Mundos A.C. Chiapas.

Días después del asesinato de Abarca, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales.

«Sin embargo, la embajada seguía respaldando a la empresa, al proporcionarle asesoría para que ésta demandara al Estado mexicano utilizando los términos del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN)», asegura Otros Mundos.

México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina, según el gobierno.

Muchas de las minas en México son canadienses y varias han estado involucradas en escándalos.

Dos personas murieron en noviembre pasado durante un enfrentamiento cerca de una mina de Torex Gold en Guerrero (sur), un caso que resonó en las negociaciones del TLCAN que están llevando a cabo México, Canadá y Estados Unidos.

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5 Febrero 2018

El 27 de noviembre 2009, el defensor chiapaneco Mariano Abarca Roblero fue asesinado por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, por encabezar la resistencia de su pueblo a la mina de barita «La Revancha» en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Hoy, a más de ocho años de este crimen, la familia del activista antiminero, miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tomó un nuevo paso en su búsqueda de justicia en Ottawa, Canadá.

Su hijo, José Luís Abarca, participó en un acto de conmemoración, realizado en frente del famoso Monumento Canadiense a los Derechos Humanos de la ciudad, en homenaje a su padre y a todas la víctimas de los crímenes cometidos por la minería canadiense en América latina. «Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social», declaró José Luís Abarca durante el evento.

Lo acompañaban la organización canadiense MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá) y tres organizaciones mexicanas (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH). «El trabajo de Mariano Abarca en Chicomuselo nos ha inspirado y nos continúa inspirando para la defensa del territorio en el estado de Chiapas y en el país para denunciar a la empresas mineras, especialmente las canadienses», expresó Libertad Díaz Vera, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la REMA.

Después del homenaje, la delegación entró a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), para presentar una denuncia administrativa ante esta institución a nombre de la familia Abarca, MiningWatch Canada, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UNACH.

En esta denuncia, los demandantes exigen que se investigue a la Embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo. Argumentan que las acciones y omisiones de la Embajada pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, y que la Embajada puede no haber seguido la política que la obliga a informar a las autoridades de Canadá sobre actos de corrupción cometidos por empresas canadienses.

Ahora, el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá tiene 15 días para anunciar si tomará en cuenta la denuncia y si investigará o no a la Embajada de Canadá.

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

El acta del Ejido fue firmada con la aprobación del 57% de los firmantes el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria. Así mismo el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 con la presencia de la mayoría de comuneros.

“Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla”, argumentan en su declaración los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), ejidatarios y miembros de los Bines comunales del municipio de Acacoyagua.

I. El gobierno parlamentario de Canadá no permite que sus empresas contaminen ni el aire y mucho menos el agua potable y para riego. Pero en nuestro país, los concesionarios de capital canadiense como la compañía Torex, hacen de las suyas. Y es que los directivos de esta empresa, a cambio de entregar mensualmente un soborno de hasta 200 mil pesos al presidente municipal de Cocula, Guerrero, está vertiendo sus desechos, altamente tóxicos, en el río Mezcala, en la presa el Caracol y en el Río Balsas. Los mineros, a quienes la Secretaría del Trabajo no atiende sus demandas por la injusticia laboral de que son víctimas de inversionistas canadienses, han denunciado la cantidad de desechos que sus directivos ordenan verter en esos lugares; contaminando todo lo que ese veneno encuentra a su paso: tierras, agua, sembradíos y al ganado. Y lo más grave es que los pobladores de esa región están padeciendo terribles daños a su salud, sin que el desgobernador Héctor Astudillo intervenga.

II. Este personaje nada ha hecho pese a las constantes denuncias para que esa minera deje de arrasar con sus prácticas gran extensión de terreno en esa entidad; aparte de que se llevan directamente en su transporte a Canadá, el oro y la plata por toneladas sin ser revisada en nuestro país. La reportera Patricia Muñoz (La Jornada: 3/I/18) fue a recabar información de esos hechos y los ha consignado en su nota; en la que expone, detalladamente, cómo esa minera Torex lleva años dañando el ecosistema de esa región guerrerense, y cómo ningún funcionario municipal del estado de Guerrero, ni federal, interviene. Ese intencional abandono de los gobernantes se debe a que reciben sobornos y a que son indiferentes para con los asuntos del pueblo, quienes, como los mineros de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, etcétera, una y otra vez presentan sus denuncias ante los ministerios públicos. Como ante la Secretaría del Trabajo sus paros y huelgas por otras injusticias, sin que reciban respuesta alguna a sus legales peticiones, a lo más que llegan esos temas es como información en los medios de comunicación, mientras prevalece la total injusticia para los trabajadores.

III. Ahora es el caso en el municipio de Cocula, también en el estado de Guerrero, donde dominan los narcos y su sangrienta violencia de cientos de homicidios al mes, desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y desgobernantes llegan y se van enriquecidos y no cumplen con sus obligaciones. Así que la empresa Torex se lleva sin control el oro y la plata a Canadá y deja, tras esa explotación mineral, una contaminación que ya causa estragos humanos, envenenamiento de tierras y agua potable. Y ni por piedad intervienen los funcionarios, mucho menos los del municipio que reciben cuantiosos sobornos. Por lo que a esos mineros no les queda más remedio que actuar en defensa de sus vidas, ante la violencia sangrienta y secuestradora que impera. Peña-Navarrete y el tal Astudillo han ignorado ese drama. Y permiten a esos canadienses continuar dañando irreversiblemente la zona, a pesar de las denuncias y quejas de sus pobladores.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/23/minera-canadiense-contamina-agua-tierras-guerrero/

La Paz, Baja California Sur.- El Comité Minería Responsable, en Baja California Sur (BCS), solicitará alrededor de 800 firmas, como lo solicita la Ley de Participación Ciudadana, para modificar las leyes existentes en cuanto a la protección para el estado de los proyectos de minería tóxica.

De acuerdo con Miguel Ángel Luna Salaices, presidente del comité, pretenden reformar las leyes para que se sólo se aprueben proyectos responsables, y de tajo, se impida el arribo de los proyectos “tóxicos”.

Asimismo, este iniciativa ciudadana contempla que las empresas mineras se involucren en temas de salud, cultura y medio ambiente.

De acuerdo con Leslie Peñuelas León, vicepresidente del comité, hoy inicia la recolección de firmas y las pláticas informativas sobre dicha iniciativa.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/solicitaran-firmas-para-combatir-proyectos-mineros-toxicos-en-baja-california-sur/

Regeneración, 21 de enero de 2018.- En los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en el estado de Chiapas, comuneros por medio de una asamblea ejidal prohibieron 21 concesiones mineras en esas regiones, pues causan una fuerte contaminación al aire, tierra y además destruyen caminos, así lo difundió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS).

A través de una carta de ejido y una más de bienes comunales, la mayoría de los comuneros de los dos municipios lo avalaron y refieren la “prohibición de la actividad minera dentro de estos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos del deterioro”.

De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, en el municipio de Acacoyagua comuneros acordaron que como parte de ejercer sus derechos agrarios, “a partir de este momento está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras sobre toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”, establecieron el comunicado de la Rema.

Además los campesinos de sus territorios están siendo amenazados por las 21 concesiones mineras que ha otorgado el Gobierno Federal, en dicha región de Chiapas. Una de éstas corresponde a la mina Casas Viejas, en posesión de la empresa El Puntal SA de CV, de donde extrae ilmenita desde 2012 y “cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos”.

Cabe resaltar que desde septiembre de 2016, el FPDS mantiene dos campamentos en Acacoyagua para impedir actividades mineras en esa región de la Sierra Madre de Chiapas.

El comunicado que fue publicado el pasado 17 de enero indica que “las actas fueron firmadas después de una sesión extraordinaria de cabildo, el 24 de agosto de 2017, para ratificar dos compromisos”.

En el primero, el ayuntamiento hizo la promesa de no permitir la contaminación de los ríos, “independientemente de cuál sea su origen, para así preservar la flora y la fauna del municipio”. El segundo, “a no extender ningún permiso ni licencia para la actividad minera en el periodo de la administración 2015-2018 en Acacoyagua”.

Dichos compromisos, dicen, “nos alentaron a pensar que contábamos con un mutuo acuerdo de parar los atropellos de la empresa en el territorio y la colaboración de las autoridades municipales para el respeto de nuestras designaciones comunitarias”.

A pesar de ello, “esos acuerdos han sido transgredidos por la minera El Puntal. Para nosotros son de extrema preocupación las estrategias de división, cooptación y difamación que la firma aplica y financia para frenar nuestro trabajo en defensa del territorio”.

También destacan que en varias ocasiones han denunciado las agresiones verbales y amenazas por sujetos a quienes les pagaron para tal fin, cometidas el año pasado.

El 31 de julio del año pasado, un grupo que encabezó el empresario Julio Alfaro, y que esta vinculado a El Puntal “nos atacó en uno de nuestros campamentos; el 4 de agosto, el mismo grupo se manifestó en contra de nosotros frente al palacio municipal de Acacoyagua cuando solicitábamos una reunión con el cabildo”.

PAGAN A EL DIARIO DEL SUR

En cuanto a la campaña de difamación, denuncian que en 2017 “operadores de la minera pagaron al periódico local El Diario del Sur para que publicaran al menos 16 artículos en los que acusan a varios integrantes del FPDS de ‘secuestrar al municipio’”, además de extorsionar y de no permitir el desarrollo en la región, para desacreditar la lucha justa y colectiva de nuestra organización en favor del bien común.

Además, la minera “invierte en la formación de grupos que amenazan al comité de aguas de la ranchería Jalapa en Acacoyagua, e intervienen en los grupos de programas federales de Prospera para convocar a actividades de la empresa”, refiere el comunicado.

Debido a lo anterior, “exigimos al ayuntamiento de Acaoyagua que respete y haga respetar nuestras actas de asamblea y no permita más minería en la región. Exigimos que cancele la actividad minera de El Puntal SA de CV por no contar con la licencia requerida para realizar actividad económica en el municipio”.

Fuente:https://regeneracion.mx/comuneros-prohiben-21-concesiones-mineras-en-dos-municipios-de-chiapas/

La muerte de una persona en 1999 por beber agua contaminada con arsénico en Zimapán, hizo que las autoridades voltearan a ese municipio, cuya principal actividad es la minería.
Recientemente, el tema volvió a estar en la agenda estatal cuando el actual presidente municipal Erick Marte Villanueva recordó que Zimapán es la segunda ciudad en el mundo con altos índices de arsénico en el agua, solo después de Bangladesh.
Dicha ciudad y Zimapán, aunque separadas por miles de kilómetros, tienen algo en común: la alerta sanitaria que presentan desde hace varios años debido a su agua contaminada.

Una problemática de años

Acceder a Zimapán no es fácil, la carretera está llena de curvas y precipicios, por lo menos de Ixmiquilpan hasta llegar allá. Dentro de los 84 municipios que integran Hidalgo, ese posee la mayor extensión territorial, anclado en la Sierra Gorda, cuenta con 4.19 por ciento de la superficie del estado.
Del total de la población, alrededor del 85 por ciento tiene acceso al agua potable; asimismo, ubicarse entre la Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico, lo hacen rico en metales, por lo que la minería es una de las principales actividades de los habitantes de ese lugar.
Desde hace 18 años cuando la problemática fue abordada, poco han hecho las autoridades, pues incluso el agua de una de las principales fuentes de abastecimiento, conocida como El Infiernillo, es desviada a Querétaro, como también denunció el edil.
Durante estos años diversas instancias han analizado e investigado la problemática del agua contaminada con arsénico en Zimapán, como Marco Moreno Gaytán, presidente de la Sociedad Ambientalista de Hidalgo, quien narró que el consejo estatal de ecología (de ese tiempo) manifestó que la contaminación del agua tenía relación directa con una roca, la arsenopirita.
No obstante, el Instituto de Geofísica de la UNAM demostró que la presencia del arsénico en el agua no solo era causa de la arsenopirita, sino también de los drenajes ácidos en los jales mineros del municipio, los cuales se forman en temporada de lluvia o cuando las presas se rompen y empieza a correr el agua afuera, lo que ocurre constantemente en algunos lugares, como la comunidad de San Antoni, donde incluso la ruptura de la presa de jales inundó una primaria.

Desde esa fecha, la Sociedad Ambientalista de Hidalgo solicitó que el gobierno garantizara la estabilización de los jales mineros de Zimapán y el confinamiento en sitio, es decir, buscar la manera de que fueran tapados o acorazados con algún polímero que impida las filtraciones para que dejen de representar un riesgo para la población.
Anteriormente, a la cabecera municipal se le dotaba del vital líquido desde Tasquillo, donde se tendió una red de agua potable, por lo que el problema existe desde entonces, mencionó Marco Moreno Gaytán, fecha en que demostraron la presencia del arsénico en el agua; sin embargo, las empresas mineras siguen acumulando residuos en sus jales, aguas crudas que contienen elementos químicos contaminantes.

Para el ambientalista, el agua no solo se contamina por correr en la vieja red, como explicó hace unas semanas el alcalde, quien subrayó en entrevista para este medio que son necesarios más de 250 millones de pesos para cambiar todo el sistema de las 45 comunidades de ese municipio, ya que, según él, el deterioro es el que genera que el líquido esté contaminado derivado del sarro presente en la red.
Además, el presidente de la sociedad ambientalista considera que la problemática va más allá, como lo demuestran los estudios, por lo que dijo que “sería bueno que la presidencia municipal tuviera acceso a estos, los cuales han documentado la situación a lo largo de los años”.
Exhortó a las distintas dependencias a que den respuestas y no culpas, pues refirió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema de Agua Potable del municipio deben desarrollar estrategias que permitan resolver el problema, así como que deben involucrarse áreas del gobierno como la Secretaría de Políticas Públicas, del Medio Ambiente y la Semarnat federal.
Agregó que esas instituciones deberían discutir con el alcalde de Zimapán cuáles son las mejores opciones para garantizar que el agua que consuma la población esté libre de arsénico. Además, deben revisar la presencia de la roca, así como los estudios de geofísica de la UNAM, que demuestran la existencia de drenajes ácidos producidos por los jales mineros y que son los responsables de la contaminación de los pozos.
“La población es lo que requiere, atención, respuesta inmediata y ya no buscar culpables, perderíamos tiempo y quien sufre las consecuencias de esto es la gente del municipio.”
La Sociedad Ambientalista de Hidalgo propuso poner en marcha una mesa interinstitucional en donde revisen el asunto y den respuestas. Además instó a los municipios cercanos a estar atentos a la problemática.

Efectos del arsénico en la salud

El arsénico es un elemento químico presente en la naturaleza, entre los más tóxicos para el consumo humano, y se encuentra especialmente en regiones con actividad volcánica.
Aunque el arsénico puede encontrarse en aguas superficiales, son las subterráneas las que principalmente presentan contaminación con este elemento.
La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico puede causar efectos crónicos por su acumulación en el organismo, como irritación de estómago e intestino, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, irritación de los pulmones, lesiones en la piel, diabetes, posibilidades de cáncer en la piel, pulmón, riñones e hígado. En exposiciones muy altas: infertilidad y aborto en mujeres, daño del cerebro y problemas cardiacos.

Zimapán, distrito minero

Las primeras minas fueron descubiertas en 1575, lo que ocasionó que ese distrito se poblara y posteriormente levantaron algunas haciendas de beneficio, lo que dio origen a Zimapán en 1576. En el siglo XVII aumentó su importancia, al ser descubierta la mina Lomo de Toro en 1632, con lo cual comenzó el esplendor de ese distrito.
Durante la guerra de Independencia (1810) la explotación fue interrumpida por 13 años, después, en 1823 existió otra época de esplendor (60 minas). En 1945 fueron descubiertos nuevos cuerpos de óxidos en la mina Lomo de Toro y en esa misma década la compañía Fresnillo SA de CV inició sus actividades.
Actualmente el distrito está en operación, pero con relativa baja producción. El distrito minero Zimapán cuenta con varias presas de jales (antiguas y recientes); la principal, por su volumen, es la presa El Monte, localizada a 9.5 kilómetros aproximadamente hacia la parte noreste del municipio, con ocho presas de jales que ocupan 9.58 hectáreas, donde la octava estuvo en operación constante hasta el 2000.
Además, existen presas antiguas en la periferia noroeste del poblado (como San Miguel y Santa María), las cuales tienen aproximadamente 50 años de depósito (influencia de los minerales de los jales en la bioaccesibilidad).

Planta tratadora

El presidente municipal Erick Marte precisó que a fin de atender la situación, cerca de la cabecera municipal está la planta tratadora que funciona desde hace seis años, cuya agua arriba al pozo de La Cruz, donde llegan 25 litros / segundo, además del pozo conocido como El Mui, donde caen casi 21 litros / segundo.
En ese lugar realizan el tratamiento para separar el arsénico, el cual no es suficiente para la necesidad de la cabecera municipal; al edil le preocupa no actuar con la prontitud requerida, lo cual depende de los recursos que puedan conseguirse en la Conagua.
Por lo anterior, insistió en solicitar los recursos necesarios al Banco Interamericano, tanto para el reemplazo de la red hidráulica, como la planta de tratamiento; asimismo, lamentó que no efectuaran las acciones necesarias para atender el tema.
Mientras que Querétaro recibe el 70 por ciento del agua de Zimapán, 45 comunidades de ese municipio no cuentan con la suficiente; al respecto, el alcalde recordó que fue en el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong cuando el líquido se desvió al estado vecino.
En promesas quedaron los 200 millones de pesos que garantizarían el agua para las localidades que la requieren, así como acciones para abatir el problema de contaminación con arsénico. Sostuvo que aunque en su momento propusieron clausurar los pozos, no es una idea factible, pues el municipio no cuenta con el agua suficiente.
“El llamado que yo le hago al gobierno de la República es que se liberen los recursos para poder concluir con el proyecto del Infiernillo, el de La Cerrada, que se ha ido en etapas pequeñas, duplicar el agua de otro punto llamado La Cruz, en el que se tiene identificado otro sitio o yacimiento.”
Ante la negativa de Tasquillo de concederle agua a Zimapán, como opción habilitaron el pozo La Cruz. Con los recursos piensan mejorar el agua, mediante una planta de tratamiento que tenga la tecnología necesaria y monitoree la calidad del vital líquido.
Esperan que este mes el gobierno federal, por medio de la Conagua, asigne el recurso correspondiente, ya que las autoridades deben atender el tema de manera inmediata, pues expuso que se trata de una alerta sanitaria.

Además, el hospital está abandonado

Los habitantes de Zimapán

tiene casi ocho años esperando la culminación del hospital regional, pues luego de los problemas generados por la ingesta de arsénico en el agua, muchas personas dejaron de atenderse al no contar con los recursos para trasladarse a otros lugares, enfatizó Erick Marte; son 49 millones de pesos los que se requieren

Relató que los Martes

ciudadanos llegan muchas peticiones de salud, por lo que instó a las autoridades para que concluyan el nosocomio, “hay otras cosas que pueden esperar, pero el tema de salud debe estar por delante, por lo que espero que pronto sepamos de cuánto es el recurso para que se termine la última etapa”.

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/agua-contaminada-zimapan/