Mexico

La minera canadiense acusada de despojar ancianos en Coahuila va por plata y oro de Durango

First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

Del total de los proyectos mineros en el país, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

LOS ABUSOS DE FIRST MAJESTIC

Apenas en octubre pasado cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

Fuente:http://periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/item/4139-la-minera-canadiense-acusada-de-despojar-ancianos-en-coahuila-va-por-plata-y-oro-de-durango
Mexico

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería “sustentable” a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales .

 

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

 

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay “crecimiento económico” alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, “generación” no es “distribución”. ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama “sustentabilidad” y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/los-problemas-economicos-no-se-resuelven-vulnerando-a-la-poblacion-y-a-su-territorio/

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Necesario, estudio de impacto ambiental en proyectos mineros

Para el biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Óscar Dorado Ramírez, la explotación de la minería en la zona Sur del estado podría traer graves consecuencias para el medio ambiente, sobre todo si se hace a cielo abierto, por lo que se sumó al reclamo de los pobladores para que antes de reactivar los trabajos se efectúe un estudio de impacto ambiental en el lugar.

Si bien dijo no ser especialista en minería ni en geología, consideró que lo primero que se tiene que hacer es una serie de estudios para conocer el proyecto y determinar la factibilidad de lo que se pretende hacer.

“Se nos está haciendo una costumbre en el país estar en contra de casi todo y sin estar a favor de este proyecto, debemos esperar a conocer el dictamen para que gente verdaderamente especialista en casos de esta naturaleza pueda opinar a favor o en contra, sin sesgos”, opinó el biólogo.

Sin embargo, dejó en claro que si la mina es a cielo abierto por supuesto que afectará el entorno ecológico, aunque se establezcan medidas de mitigación; “no es lo mismo una minería a cielo abierto que a profundidad”, refirió.

En términos generales, expuso que afectaría el entorno y los alrededores, toda vez que el cianuro que se utiliza para el procesamiento de los materiales es un químico nocivo para la diversidad ambiental y los seres humanos, además de que el daño llegaría hasta la Sierra de Huautla y a otros espacios verdes.

Asimismo, fue claro al mencionar que en todo proyecto se deben establecer medidas de mitigación para aminorar sustancialmente las posibilidades de una contaminación mayor.

Calificó como una labor adecuada que los ciudadanos empiecen con la defensa de la tierra y de los recursos ecológicos.

Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-estudio-de-impacto-ambiental-en-proyectos-mineros

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México S.A. Pasta de Conchos: 12 años

Han transcurrido 12 larguísimos años desde la explosión del 19 de febrero de 2006, y el empresario responsable del homicidio industrial (el tóxico Germán Larrea, junto con su Grupo México) se mantiene impune e incrementando su de por sí enorme fortuna, mientras 63 cuerpos de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, permanecen bajo toneladas de rocas y tierra, y los deudos sin respuesta alguna.

El primer reporte del accidenteen aquella mina coahuilense (que a todas luces se pudo evitar si las constantes denuncias de los trabajadores hubieran sido atendidas) señalaba que la acumulación de gas metano (muy por encima de los estándares legales para poder trabajar) provocó la explosión y derrumbe de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas. El accidente ocurrió a 150 metros bajo tierra en la madrugada del domingo 19 de febrero. Trece trabajadores fueron rescatados y hospitalizados con golpes y quemaduras. El equipo de auxilio señaló que las labores de búsqueda se realizan con lentitud debido a las condiciones en que quedó el sitio. Los familiares se mantienen en zozobra. Y éstas así se han quedado, en espera del rescate de sus seres queridos”.

En su informe 2006 Grupo México dijo que ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta de Conchos y la empresa dio respuesta inmediata y decisiva a este grave accidente en los trabajos de rescate y luego de búsqueda de nuestros mineros, así como el apoyo humanitario a sus familias de índole económico, educativo, de salud y social, sin precedente en México para las familias de nuestros mineros. Sin embargo, en los hechos, esa respuesta inmediata y decisiva nunca trascendió el discurso y, con la anuencia del gobierno foxista, apenas cinco días después de la explosión se suspendió la búsqueda de los mineros. Y nunca se hizo el menor esfuerzo para rescatar los cuerpos.

Pero a los barones de la minería les fue de maravilla. El 12 de marzo de 2006 en este espacio se comentó que no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legisladores trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizarles un filón adicional a los empresarios de la minería. El Legislativo aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresarios de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México (Larrea), Peñoles (Bailleres), Autlán (Rivera Larrea) y Grupo Acerero del Norte (Ancira), por medio de sus subsidiarias Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacionales con las que estos corporativos mexicanos se han asociado.

Desde entonces, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y la única ruta por la que esa tercia transitó fue la de garantizar impunidad a Larrea (como a otros barones), otorgarle más y más concesiones mineras, ofrecerle “nuevas oportunidades de negocios (como el petrolero) y protegerlo de cualquier responsabilidad por todo tipo de accidentes tóxicos, como la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014 (léase el derrame de cuando menos 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, antes Minera Cananea, propiedad del tóxico empresario; el gobierno peñanietista los calificó como el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, pero no le canceló la concesión ni hizo mayor cosa para no ofender al magnate).

Así, a lo largo de ese periodo la fortuna de Germán Larrea se multiplicó por 14 (de mil a 14 mil millones de dólares), siempre a costillas de los bienes de la nación, al tiempo que este personaje y sus cancerberos afirman que Grupo México no tiene dinero para rescatar los cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos. Sin embargo, la mayor parte del complejo de carbón y coque de Nueva Rosita, Coahuila, (propiedad de Larrea) sigue en operación. De hecho, en su más reciente informe financiero, Grupo México detalla que en esa zona opera una mina a tajo abierto con una capacidad de producción de 350 mil toneladas de carbón al año y que al 31 de diciembre de 2016 las reservas de carbón para la planta de Nueva Rosita eran de 95.1 millones de toneladas. Pero no hay dinero para el rescate.

Entonces, en los 12 años transcurridos se han sucedido tres inquilinos de Los Pinos (Fox –quien al igual de Germán Larrea, nunca se apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros fallecidos–, Calderón y Peña Nieto); cinco secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de monseñor Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador y vocero priísta–, Rosalinda Vélez, Alfonso Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernación, y Roberto Campa, recién estrenado en el cargo); siete procuradores generales de la República y un encargado de la tienda (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodamente instalada en el consulado de México en Milán, Italia–, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), Raúl Cervantes Andrade (el fracasado fiscal carnal) y Alberto Elías Beltrán.

Además, ocho secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont –abogado corporativo del propio Grupo México–, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida); cinco titulares de Economía (dependencia encargada de las concesiones mineras: Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Ma-teos, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo), y tres gobernadores de Coahuila (Humberto Moreira, su hermano Rubén y Miguel Riquelme).

Y todos ellos sólo hicieron dos cosas: mantener impune a Germán Larrea y su Grupo México.

Las rebanadas del pastel

Las autoridades prometieron investigar a fondo, castigar a los responsables, no cerrar la mina, no solapar a nadie, por más importante que sea, nuevos peritajes e investigaciones, reiniciar el rescate de los cuerpos… En los hechos, 12 larguísimos años y la impunidad goza de cabal salud.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/pasta-de-conchos-12-anos/

Mexico

“No habrá minería”

El secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, dijo que la administración de Graco Ramírez no ha permitido el trabajo de los proyectos mineros en Temixco o en ninguna parte de la entidad, si bien el Gobierno estatal no tiene facultades para cancelar la concesión, como a la empresa “Álamos Gold”, al ser un permiso federal, sí puede evitar que trabajen.

“Se canceló la autorización de la operación, no la concesión, eso no depende de nosotros, ésta se la dio la Secretaría de Economía a nivel federal el proyecto por ahora está cancelado”, precisó.

Incluso, el 15 de febrero, el gobernador confirmó que a su llegada, todos los proyectos mineros a cielo abierto que concesionó el Gobierno federal, serían cancelados debido al impacto que implicaría al medio ambiente.

En su lugar se construyeron plantas de remediación, pues su mayor preocupación era la minera en Temixco, donde la empresa canadiense “repartió” dinero a la gente con el fin de exigir al Gobierno estatal su aprobación para cortar el cerro. Sin embargo, debido a la información que se entregó a la gente, aceptaron que ésta fuera cancelada.

Cabe decir que, aunque la embajadora de Canadá en México intervino a favor de la empresa, por la gran inversión que representaba; “nos mantuvimos firmes y no permitimos que se siguiera afectando el entorno ecológico”.

Por eso, MacBeath aclaró que la empresa aún posee la concesión, y eso no se ha podido revocar; “lo que ellos metieron fue la autorización para extracción”, agregó.

Puntualizó que la política del mandatario estatal es no permitir durante su Gobierno la extracción de minerales a cielo abierto, en tanto han estado informando al gente de esta situación; “pero nosotros no autorizaremos esa mina, ni ninguna otra, porque hay como 33 concesiones de mineras en el estado de Morelos en diferentes puntos que otorgó en su momento la Secretaría de Economía”.

Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/no-habra-mineria

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Piden cancelar la minería en el sur

En reunión informativa con vecinos de la comunidad de Coatetelco, activistas se pronuncian a favor de sumarse a la lucha contra la explotación minera de Álamos Gold; demandan la cancelación de los permisos y la conservación de los recursos naturales.

Junto a la iglesia de San Juan Bautista, afectada por los sismos del 19S y del 16 de febrero, la comunidad parroquial habilitó un espacio con lonas para poder realizar las celebraciones religiosas.

Al termino de la misa y con la autorización del párroco, activistas realizaron una reunión para informar a la población acerca de los proyectos de minería que hay en la región Surponiente.


CONCESIONES BARATAS
Paul Hersch Martínez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo hincapié en el impacto socioeconómico que dejará la explotación minera; además, destacó que la empresa canadiense Álamos Gold tiene siete concesiones en la región, que abarcan más de 15 mil hectáreas.

“Es importante dar a conocer este proceso de explotación minera y sus consecuencias múltiples”, apuntó Hersch Martínez, quien advirtió que hay desinformación deliberada en el tema, y explicó que esta situación se da a raíz de las implicaciones económicas y de salud en las comunidades.

Reveló que “el Gobierno federal tiene cuotas muy bajas para la explotación minera”, y refirió que van “de 5.80 a 5.90 pesos por hectárea, anuales”.

En cuanto a las consecuencias de estas explotaciones, mencionó que dejan “zonas inhábiles para la producción y con efectos de contaminación en mantos freáticos y en la salud, además de un nivel de afectación en la trama social de las comunidades”.

 

El investigador expuso que tal detrimento se denomina “ingeniería de conflictos”, y detalló que eso “genera la división, y en el país ya hay numerosas explotaciones de minería de tajo abierto y sus efectos son patentes, con una política de otorgamiento de concesiones sin consultar a las comunidades“.José García, representante de los defensores de los lugares sagrados y vecino de Santa María Alpuyeca, comentó que “la minera va a destruir el campo, el suelo y patrimonio, por eso estamos contra la minera, que va a sustraer el metal con maquinaria y dinamita y va a dejar una contaminación inmensa por el uso de cianuro y de gran cantidad de agua”.

 

DEFENSA DEL PATRiMONIO DE LA HUMANIDAD

En su participación, Silvia Garza, arqueóloga que trabaja en Xochicalco, detalló que para obtener los metales preciosos, como el oro y la plata, van a sacar montañas de tierra que tendrán que remojar en albercas inmensas de agua y grandes cantidades de cianuro, lo que derivará en suelos queden contaminados.

Expresó que “Xochicalco es un patrimonio de la humanidad, ” y la zona cuenta con 39 cuevas, en donde el suelo es calizo y se disuelve con el agua; por lo tanta, “cuando llegue la minera a la zona arqueológica, ésta se va a caer”.

 

LAS CONCESIONES COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES
Juan Jiménez Escobar, de Bienes Comunales de Miacatlán, participó en la exposición y advirtió que “en cualquier comunidad del país se tienen los mismos problemas del saqueo; la mitad del país está concesionado a las mineras, a las constructoras de viviendas y otras actividades”.

En torno al tema, el Gobierno federal ha concesionado 16 mil hectáreas, siete porciones a la minera canadiense “Esperanza Silver”, que vendió dicha concesión a “Álamos Gold” en 69 millones de dólares.

Las concesiones están en la Bolsa de Valores y las escrituras son por 50 años y podrían ampliarse otro medio siglo.

“Se trata de un mega proyecto que impacta a 1.7 millones de habitantes, por lo que, en consecuencia, debe ser una mega indignación. Hay que parar la destrucción y el saqueo de toda la región poniente”, expresó Jiménez Escobar.

 

COATETELCO PERDERÁ 303 HECTÁREAS

Roberto Solís Pineda, vecino de Coatetelco, dio a conocer que la minera tiene concesionadas 303 hectáreas del ejido de la comunidad indígena.

En ellas encontraron: oro plata y antimonio, por lo que se sabe que a la empresa le urge empezar a trabajar.

El proyecto, indicó Solís Pineda, impactaría en los dos lagos: El Rodeo y Coatetelco, parte fundamental de la actividad económica y turística de la localidad.

“Es preocupante que no ha habido eco; las autoridades no responden al llamado. Aquí se firmó un amparo, pero ni el ayudante ni el comisariado ejidal han respondido”, advirtió.

Hasta la fecha, los trabajos en las minas de la zona están detenidos por un amparo; sin embargo, los activistas consideran que es necesario que el movimiento de resistencia pueda crecer más, para exigir la cancelación de esas concesiones que son una verdadera amenaza de contaminación.

Una vecina compartió que personal de la mina entró a un predio para explorar, y derribó dos huamúchiles. En virtud a esa participación, los activistas explicaron que esta empresa llega a los lugares para tomar muestras de suelo y hacer estudios preliminares.

Además, usan aviones rasantes con magnetismo para detectar metales. Mencionaron que en Tetlama ya hicieron excavaciones más finas.

Ante la baja participación de vecinos, los activistas quedaron comprometidos a seguir haciendo estas reuniones informativas y destacaron que es importante que la gente conozca y no permanezca ajena de la situación.

Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/piden-cancelar-la-mineria-en-el-sur

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Comunicado REMA

COMUNICADO

14 de febrero de 2018

A la población en general
El pasado 8 de febrero del año en curso el Subsecretario de inería Mario Cantú Suárez en el marco del evento
“México Mining Forum”, señaló que a raíz del impacto que ha generado el crimen organizado en la industria
minera que ha derivado en pérdidas de la producción del sector y en la reducción de inversiones de empresas
mineras afiliadas a la Cámara Minera de México, las autoridades mexicanas han establecido estrategias para
garantizar la seguridad de las minas en el país.
Ante las declaraciones descontextualizadas e imprudentes del subsecretario que intenta victimizar y poner como
un sector vulnerable a la minería, as y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
desaprobamos las declaraciones y reafirmamos categóricamente que:
La minería en México no sólo explota los bienes naturales de poblaciones indígenas y campesinas de una
manera insostenible y violentando leyes y derechos, sino que las empresas mineras han incorporado como una
de sus estrategias aliarse precisamente con el crimen organizado. El vínculo se ha evidenciado en numerosas
ocasiones e incluso hay declaraciones de gerentes de las empresas afirmando su relación con los criminales,
para coaccionar, lavar dinero y desplazar o asesinar a población en contra de la explotación y sus efectos (véase
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/09/opinion/017a2pol).
2. Las estrategias de seguridad que brinda el gobierno mexicano a través de la protección que da la Policía
Federal y la Gendarmería Nacional a las minas, en lugar de proteger a los territorios amenazados, refleja la
complicidad existente entre el gobierno, el crimen organizado y las empresas mineras que operan al unísono para
concesionar y explotar territorios que no sólo serán víctimas de las afectaciones a la salud y ambientales sino de
vivir la violencia directa que derivará en el abandono de sus tierras o la pérdida de la vida.
https://suracapulco.mx/impreso/2/resguardan 70 gendarmes federales la entrada media luna informa mando
policiaco/
3. Declaraciones de esta naturaleza, sólo muestran la falta de escrúpulos de las autoridades mexicanas que
priorizan la inversión minera por sobre la política social y en consecuencia actúan en contra de la vida de
poblaciones indígenas y campesinas.

ALTO A LA VICTIMIZACIÓN DE LAS NARCOMINERAS
ALTO A LA COMPLICIDAD ENTRE GOBIERNO, MINERAS Y CRIMEN ORGANIZADO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERA
(REMA)

Mexico

Acaba Goldcorp con Mazapil

SAÚL ORTEGA Y MIRIAM SERRANO/NTRZACATECAS.COM 12-02-2018
Desde la entrada norte hasta la cabecera municipal, por la vieja carretera que conduce de Concepción a Oro a Mazapil, es posible ver un pueblo devorado por el tajo de la mina de oro más grande de Latinoamérica.
Los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza: enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano.
A poco más de una década de la llegada de la minera Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, las calles de la cabecera de Mazapil lucen vacías y con casas derrumbadas.
Al menos una docena de restaurantes se encuentran abandonados. En el centro de la plaza se yergue la iglesia y, al costado, un par de columpios se mecen con el viento, junto a otros pocos juegos infantiles que poco uso reciben.
Unos metros después está la presidencia municipal y el único cajero automático de Mazapil, donde una fila de hombres y mujeres esperan su turno para retirar dinero.
Dentro del ayuntamiento, la mayoría de las oficinas se encuentran cerradas. Unas cuantas personas esperan en la recepción al alcalde Gregorio Macías Zuñiga, quien, de acuerdo con quienes lo aguardan, es raro que asista a sus oficinas.

En el olvido
El camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal.
El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo.
También está una tienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recién remodelada, con una placa que indica que fue inaugurada en diciembre de 2017; sin embargo, los comuneros afirman que no han ido las autoridades a ponerla en servicio.
María Guadalupe, quien vivió en la desaparecida comunidad Peñasquito, asegura que ésa no es la única promesa incumplida por la minera.
Con tristeza pasea la vista por la calle y recuerda que los directivos de la compañía prometieron que las calles de la nueva comunidad serían pavimentadas. “Ahora mire: ni eso, todo está sin pavimento y lleno de polvo”.
La mujer clava la vista en un solitario árbol de durazno y lamenta: “no nos dejaron traer nada. Allá tenía una nopalera muy bonita, pero ni un nopalito nos dejaron traer, nomás vimos cómo los arrancaron las máquinas”.
La tristeza es común en Nuevo Peñasco. Sólo quienes llegaron años después cuentan con el beneficio de tener alumbrado en sus calles y una vivienda digna, bien construida.
“Cuando nos trajeron a ver las casas pues se veían muy bonitas, bien pintadas, pero ahora tienen goteras y cuando llueve se mete por todos lados el agua”, agrega María mientras señala las grietas de su hogar.
A una cuadra habita otra familia que perdió la casa de adobe que tenía en Peñasquito. Ahí María Juana, recargada sobre los barrotes de su portón, recuerda que su anterior hogar era fresco y no tenía problema alguno.
“En esta casa tenemos que lidiar con la falta de agua y que está toda agrietada, con muchas goteras”, lamentó María Juana.
Supuestamente, la minera les entrega 200 mil pesos anuales para compensar la pérdida de sus tierras, pero los habitantes de la nueva comunidad desmintieron a la empresa.
“Dizque nos dan 20 mil pesos mensuales. ¡Bueno fuera! Así ni siquiera tendríamos de que quejarnos. No nos dan ni un peso”, sentenció María Guadalupe.
Ambas mujeres dicen que la única promesa que tienen es que Goldcorp arreglaría las casas que se les entregaron para evitar las goteras, pero eso se les prometió desde hace más de seis meses. Ahora la compañía presume que las reparaciones comenzarán en marzo.
“Dicen que de una en una, porque no pueden hacer todo al mismo tiempo”, reprocha María Juana.
Las dos Marías evitan ver hacia donde está el tajo de la mina: “si miro para allá, me desmayo, porque no queda nada”, explica con melancolía Guadalupe.

Sin respuestas
Aun cuando el presidente municipal de Mazapil conoce las necesidades de la comunidad Nuevo Peñasquito, no tiene respuestas para sus habitantes y reconoció, en entrevista con NTR Medios de Comunicación, que no existe un proyecto para mejorar sus condiciones de vida.
Gregorio Macías señaló que la minera sólo realizó algunos proyectos para mejorar las condiciones de tramos carreteros, pero hasta la fecha no se han formalizado.
Aceptó, además, que se carece de estudios sobre los efectos que tienen las presas de jales en la población de las comunidades aledañas.
Macías Zúñiga aseguró que, en coordinación con Goldcorp, se realizan instalaciones de agua potable, drenaje, pavimentación de calles en al menos 20 comunidades cercanas a la mina.
Sin embargo, aceptó que la compañía canadiense ha quedado mal a los ejidos. “Hemos intervenido para que se cumplan estos compromisos, tuvimos una reunión para que la minera llegue a acuerdos para cumplir con todo lo prometido”, excusó.
Un ejemplo de las fallas es la construcción de un nuevo centro de salud, pues a pesar de que el ayuntamiento donó el terreno donde se edificaría, la empresa no concretó su compromiso y, varias administraciones después, el tema de diluyó.

Afectados
Los problemas de salud, principalmente afectaciones en la piel e infecciones de ojos, han aumentado desde la llegada de la minera, pero la situación de las poblaciones aledañas puede ser más grave.
Personal médico del lugar expuso que las enfermedades se intensifican durante la temporada de estiaje, “porque es cuando los jales están secos y se levantan fuertes polvaredas”.
Los trabajadores del antiguo Centro de Salud lamentaron que a la fecha no exista un estudio sobre el impacto que tienen los desechos mineros en la población de Mazapil.
Por otro lado, Eduardo Manzanares Acuña, doctor en Ciencias e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó de que los riegos son mayores, “porque los residuos de las presas siempre contienen metales pesados que afectan a nivel del ADN”.
Una de las consecuencias del daño es que los niños del lugar nazcan con retraso mental y no puedan desarrollarse de manera adecuada.
Los más vulnerables son los menores de cinco años, porque “su principal contacto de juego es con el suelo, con la tierra y no existe la cultura de lavarles las manos constantemente”.
“Esta situación lleva a que los niños ingieran los metales pesados que contiene la tierra que llevan en sus manos”, advirtió el especialista en temas ambientales relacionados con la minería.
A estos problemas de salud se suma un incremento en la incidencia de enfermedades de la garganta y, en general, de las vías respiratorias.
Manzanares Acuña recalcó que es necesario realizar un estudio de los desechos para determinar el grado de riesgo que corre la población que vive a 200 kilómetros a la redonda de la mina, según los metales pesados que se encuentren. “Lo malo es que no dejan tomar muestras de los jales”, lamentó.
Reprochó que a nadie le importe esta situación, porque no se considera que, al estar los desechos de la mina a cielo abierto, toda la gente de la región del semidesierto sufrirá los efectos en su salud.

Pocas ventas
La señora Nelly es comerciante, dueña de una tienda que está a un costado de la parroquia. El negocio se lo heredó su abuelo, y, aunque casi no hay gente en el pueblo, vende “de a poquito”.
Ésta es de las pocas tiendas que están abiertas en Mazapil ante la falta de clientela. En un esfuerzo de mantener el sustento para su familia, Nelly remodeló su establecimiento y trata de abastecerlo lo mejor posible.
Atrás del mostrador, con una sonrisa forzada reconoce que los beneficios traídos por la minera son pocos y el empleo no es uno de ellos.
Refiere que lo que hace la compañía es proponer a las personas que se capaciten para montar un taller u otro tipo de empresa familiar, en la que los interesados deben invertir 50 por ciento de lo requerido.
Al preguntarle por qué su esposo no trabaja en la minera, la señora Nelly dijo que es muy difícil entrar; “el sindicato es el que decide ese tipo de cosas y sólo que haya algún hermano o pariente adentro es más fácil, de lo contrario no se puede”, explica.

Apoyo insuficiente
“La gente no se deja ayudar. Piden ayuda y se les da, pero no es la que esperan”, asegura Rafael Tiscareño Rivera, párroco de la iglesia de San Gregorio Magno, ubicada en la cabecera municipal.
Con voz muy baja, como si tuviera temor de ser escuchado, el religioso sostiene que la instalación de la minera Peñasquito trae beneficios a la población, “aunque no los esperados”.
Añade que Goldcorp otorgó fuentes de empleo; sin embargo, “desafortunadamente, la mayoría de las personas que trabajan ahí son de fuera y sólo muy pocos lugareños prestan sus servicios a esta trasnacional”.
De pie en el recibidor de su casa, como si tuviera prisa por terminar la entrevista, insiste en que los pobladores reciben algunos apoyos, “pero no los que ellos esperan, pues no se esfuerzan por mejorar y, aunque la empresa minera ha impulsado algunos proyectos, la gente no muestra interés en ellos”.
Otro aspecto que destaca el párroco es la inequidad con la que la empresa apoya a las localidades, pues reprochó que mientras en algunas construyeron carreteras o instalaron servicios básicos, “son las menos, pues el resto se encuentra en total abandono”.

Lucha apagada
Lauro Herrera Hernández, representante de los ejidatarios de Mazapil y presidente de la comisión reguladora, critica que, a pesar de que el gobierno estatal y la minera conocen los problemas ecológicos, “nadie hace nada para repararlos”.
Bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay al pie de la carretera que conduce la comunidad Cedros, Herrera Hernández se dice cansado de ver cómo se destruye el entorno y de denunciarlo.
El hombre tiene más de una década en la defensa del medio ambiente. Es consciente de que, durante la temporada de estiaje, el polvo que levanta el viento desde los jales afecta al menos a unas 450 familias de los ejidos de Mazapil, Cedros, Nuevo Peñasquito, Palmas y Mesas.
“Se hacen grandes nubes de polvo que tapan el cielo. Suponemos que le hace daño a la gente, pero nadie nos dice nada”, advirtió Herrera Hernández.
Coincide con médicos e investigadores en que urge realizar un estudio entre la gente de estas localidades para determinar si su salud está afectada; “los de la mina dicen que ya lo hicieron, pero nunca dan a conocer los resultados”, mencionó.
Este problema se agravó cuando la mina comenzó a expandirse para tirar los jales, pues “el acuerdo era por la explotación de 5 mil 200 hectáreas, pero invadieron más de mil 200”.
La expansión trae consigo otro consigo otro conflicto que es el del acaparamiento de la superficie, que reclaman los ejidatarios. “Todo eso que se extendieron no está en los convenios que firmamos originalmente y ahora no quieren responder por toda esa tierra”, recriminó el representante de los comuneros.

A medias
El albergue estudiantil del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) está en pésimas condiciones. Mejorar este espacio fue otro de los compromisos que Goldcorp incumplió.
Los jóvenes que acuden a esta institución duermen hacinados y entre mal olor de los baños que carecen de puertas. También hay un área de regaderas, donde sólo se ven los tubos que sobresalen de la pared, pues carece de divisiones para dar privacidad a los muchachos mientras se bañan.
La directora del plantel, Yurilia Juárez Juárez, informó que el compromiso de la minera era concluir la construcción del albergue, que quedó en sólo una nave de dormitorios y una bodega donde pernoctan 90 jóvenes, hombres y mujeres.
En ambos dormitorios las literas están convertidas en un laberinto que, en caso de una emergencia, muy probablemente se convertiría en una trampa imposible de sortear.
En el área de mujeres, la señora Rosita cuida que las estudiantes mantengan limpio el espacio, aunque la única diferencia con el dormitorio varonil es que las camas están tendidas. El hacinamiento vuelve claustrofóbico el lugar.
La directora del plantel explicó que minera Peñasquito aportó 8 millones de pesos para la obra del albergue y la adquisición de equipo para los talleres. A pesar de que se tiene el terreno para continuar la construcción, la escuela se quedó sólo con la promesa de que se les daría lo necesario para terminar.
Respecto al mantenimiento del lugar, Juárez Juárez dijo que los alumnos pagan 50 pesos por semana, lo que les permite pernoctar ahí y acceder a tres comidas al día.
“El recurso es insuficiente, la presidencia apoya con las tortillas diariamente y el resto lo asume la institución”.

Ocultos
En reiteradas ocasiones, NTR intentó establecer contacto con representantes de Goldcorp. Se buscó a Nelson Núñez, gerente de Sustentabilidad, y a Carlos Acevedo, coordinador de Relaciones Públicas, para conocer su postura sobre los problemas en las comunidades.
La respuesta de los directivos fue contundente: “todo tema a tratar será a través de Relaciones Interinstitucionales, con Doris Liliana Vega Pérez”.
Sin embargo, este medio también la buscó ella y no se obtuvo respuesta. NTR visitó las instalaciones de la minera y, pese a que se comprometieron a que se concedería una cita, la responsable de Relaciones Institucionales no atendió al medio.
En contraste, Vega Pérez ha otorgado entrevistas a revistas de sociales, en las que se presenta como una mujer exitosa en el mundo de la minera, con una tendencia al culto a su persona. Presuntamente, estas publicaciones fueron pagadas por ella misma o por la empresa.
Este tipo de entrevistas fueron reproducidas en un sinnúmero de artículos a nivel local, en los que se contrata un gran espacio para informar los logros de la representante de Goldcorp, en la esfera en la que se desenvuelve, con autopromoción de su imagen.
En estas publicaciones muy poco o nada se informa sobre los avances, beneficios y/o afectaciones que ha obtenido la comunidad desde la instalación de minera Peñasquito en Mazapil.
Sólo de vez en cuando se envían algunos boletines de prensa con supuestos beneficios que otorga la empresa a la población, sobre todo cuando se registran manifestaciones de los ejidatarios, transportistas y hasta proveedores.
Además, el silencio, la cerrazón y el hermetismo forma parte de la política de la empresa hacia los medios de comunicación, el área dirigida por Doris Liliana Vega.

Se acaba el agua
Los problemas para Mazapil van en aumento. De acuerdo con el académico Federico Guzmán López, la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad.
El experto en el tema mencionó que la minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
En total, todas las industrias mineras establecidas en la entidad explotan al año, para sus procesos de beneficio, el agua suficiente como para abastecer a casi toda la población de Zacatecas, pero del total, tres cuartas partes son utilizadas por Goldcorp.
Guzmán López agregó que el mayor volumen de extracción por parte de la empresa es en Mazapil.
“Se documentó que de los 43.9 millones de metros cúbicos que extraen por año, sería posible dotar de agua a un millón 202 mil 773 personas, lo que equivale a 80.68 por ciento de la población del estado”, mencionó el universitario.
Ante tal situación, el especialista advierte que esto llevará a Zacatecas a tener un desabasto de agua en esta región en un promedio de 25 años, de acuerdo con análisis del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Esto se debe a que la sobreexplotación de los mantos acuíferos genera un déficit hídrico de hasta 299 metros cúbicos de agua.

Sólo foráneos
El mayor reclamo de la población de Mazapil es la falta de empleos, pues una de las principales promesas de Goldcorp fue que dotaría de empleos a los habitantes del municipio. Nada más lejos de la realidad.
La directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) revela que los egresados, aunque adquieren el conocimiento necesario para realizar distintos trabajos en la mina, “no son contratados, entonces los jóvenes buscan en otras empresas, donde el salario no es tan bueno”.
Estas compañías son las que subcontrata la minera para realizar trabajos fuera del tajo y los empleos que otorgan “principalmente son para la reparación de motores a diésel”.
Los habitantes de Mazapil explicaron que la empresa “trae gente de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, Durango y de la capital del estado… pero a la gente de aquí no nos contratan”.
De acuerdo con especialistas en el tema, la planta laboral de la mina Peñasquito se compone en su mayoría por personal que la compañía contrata en otros estados y deja sin oportunidades laborales a los habitantes de Mazapil.
La realidad aplasta cualquier discurso, aunque la empresa presume en su página web que 80 por ciento de los empleados y proveedores se contratan de manera local y regional.
Una prueba más de la falta de oportunidades son los fraccionamientos que se encuentran en las entradas al pueblo. Las casas nuevas quedaron en total abandono, fracasó el proyecto que hace más de cuatro años impulsó una constructora de Monclova, Coahuila, que estimaba que los trabajadores de la minera contrataran las viviendas créditos Infonavit.
Ahora en el lugar se encuentra un velador, quien “cuida” que las pocas casas no sufran destrozos, pero ello no ha impedido que el paso del tiempo y las inclemencias climáticas hagan lo suyo. Hoy los inmuebles lucen desgastados.
Existen por lo menos 20 viviendas edificadas en el lugar y, aunque el terreno se encuentra totalmente fraccionado y listo para las conexiones de los servicios básicos, la empresa decidió no continuar la construcción.
En cambio, la mayoría de los trabajadores viven en el centro habitacional que les proporciona la minera. Laboran 15 días ininterrumpidos por una semana de descanso, tiempo que utilizan para regresar a sus hogares, que no están en Mazapil, sino en otros lugares, por lo tanto, no hay consumo en las comunidades y la economía se encuentra estancada.

Más conflictos
La minera no trajo ni prosperidad ni desarrollo al municipio, por lo que los habitantes del lugar reprochan que la falta de fuentes de trabajo es muy alta, al igual que la contaminación, la devastación de la tierra y las enfermedades.
Desde la cabecera municipal hasta la mina es necesario recorrer un trecho de 10 minutos, la mitad del camino está pavimentado y en las cercanías de la entrada a la excavación es necesario transitar sobre terracería.
Durante el trayecto el paisaje cambia dramáticamente: los cerros de desperdicio de la mina adquieren tonos que van del gris al negro, en otros puntos son color marrón claro.
Por las laderas de estas montañas se ven camiones enormes, con capacidad de 30 toneladas, que suben y bajan para dejar en la cima sus cargamentos de jales.
A lo largo de la carretera existe un constante ir y venir de vehículos procedentes del tajo, pero ninguno para Mazapil: la mayoría van a casas de la comunidad Nuevo Salaverna o bajan directo a Concepción del Oro para realizar compras.
Frente a la entrada principal de la mina, se encuentra un grupo de transportistas zacatecanos, los conductores dicen que es “para presionar a la minera (para que les dé cargas)”, pero desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el lugar para lograr su objetivo.
Los líderes sindicales buscan establecer diálogo con la minera que, en diciembre, se comprometió a no realizar más viajes de material hasta llegar a un acuerdo con los transportistas zacatecanos. Otro compromiso que la canadiense no cumplió.

http://ntrzacatecas.com/2018/02/12/acaba-goldcorp-con-mazapil/

Mexico

Comunidades veracruzanas se declaran libres de minería

Habitantes de las comunidades de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, entregaron a autoridades federales y estatales actas de asamblea en las que asientan su decisión de declararse pueblos libres de megaminería tóxica, amparados por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los convenios internacionales firmados por México.

Las autoridades notificadas son Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal; a nivel estatal se notificó a la Secretaría del Medio Ambiente y al Gobierno del estado.

Los pobladores denunciaron que la Secretaría de Energía ha entregado 21 concesiones de explotación de minerales en su territorio, a partir de las cuales las empresas Candelaria Mining y Almaden Minerals han intentado abrir las minas a cielo abierto conocidas como La Paila (antes Caballo Blanco) y El Cobre.

En octubre de 2017, Candelaria Mining suspendió el proyecto en La Paila pero no lo canceló. Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto se suspende. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Fuente: http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38936-comunidades-veracruzanas-se-declaran-libres-de-mineria

Mexico

Encubrimiento sistemático de Canadá a violaciones legales de sus mineras: activistas

Redacción AN 10/02/2018
José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades canadienses para mostrar pruebas.    Por Ángeles Mariscal
MONTREAL, CANADÁ.- La demanda contra la embajada canadiense en México abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continúas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primera demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México.

El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (Rema), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.

Homicidios, desplazamientos, contaminación y envenenamiento

En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la Rema, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

Silencio de la embajada

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo el dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de Rema.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas del código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado –un proceso que llevó más de 8 años-, el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-, a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de Rema, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dijeron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.

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