El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue dos veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante.
El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio pidió detener la represión en contra de quienes se oponen a la instalación de una planta de cianuro de sodio en los ejidos Pueblo Nuevo El Siete, La Aurora y Las Américas, luego de que el viernes 9, la policía reprimió una protesta, y el enfrentamiento dejó medio centenar de heridos y más de 40 ciudadanos detenidos.
Desde junio de 2017, las autoridades locales aceptaron la construcción de esta planta de la empresa estadounidense Chemours Company, luego de que habitantes de dos municipios de Guanajuato rechazaron su instalación en ese estado por las implicaciones a la salud y al medioambiente que implica la producción de cianuro, un químico tóxico necesario para la separación de metales en la megaminería.
La planta está proyectada en un terreno de 11.7 hectáreas, dentro de la comunidad Dinamita, ubicada a un kilómetro del ejido Pueblo Nuevo El Siete, que tiene una población de 443 habitantes y 142 viviendas, y a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Gómez Palacio, al noreste del estado.
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, presentaron personalmente el proyecto, cuyas obras, dijo entonces el mandatario, concluirán a finales de 2019.
En octubre, pobladores de los ejidos cercanos realizaron un Encuentro por la Vida y el Territorio, con la presencia del obispo de Saltillo, Raúl Vera, y determinaron rechazar la planta química que busca producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año y crearon el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa del Territorio.
El conflicto fue escalando y el pasado viernes 9, alrededor de las 7 de la mañana, unos 500 miembros del Frente bloquearon los accesos carreteros al ejido La Aurora donde se encuentran los complejos industriales de cinco empresas dedicadas a la producción de insumos para la minería y donde se está construyendo la planta.
Los manifestantes aseguran que las empresas pidieron a la alcaldesa su apoyo para liberar la carretera y permitir el paso a los trabajadores del complejo; poco después de las 10 de la mañana llegó la policía municipal con equipo anti-motín para despejar la carretera por la fuerza, lo que inició una confrontación. A la policía municipal se le sumaron agentes de la policía metropolitana y de investigación del gobierno estatal, según el comunicado del Frente Unido. Esto provocó que el enfrentamiento se alargara varias horas, según el El Siglo de Torreón: “los agentes tomaron palos, piedras, extinguidores, así como gas lacrimógeno y se enfrentaron violentamente a los ejidatarios, quienes repelieron la agresión a pedradas y bombas molotov”.
Según los testimonios de personas que estuvieron en la protesta, los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, corrieron cuando vieron llegar a los refuerzos y buscaron refugio en las casas cercanas, la policía por su parte irrumpió en los hogares para detener a manifestantes e incluso incendiaron coches y motocicletas como represalia.
Al final de la jornada, el gobierno estatal reportaba 34 policías heridos, mientras que el Frente hablaba de al menos 17 ciudadanos heridos.
El número de detenidos también era incierto. “Para las cinco de la tarde teníamos el reporte de una docena de heridos y 27 personas detenidas, el numero se duplicó para la noche y hoy amanecimos con la cifra de por lo menos 67 personas extraviadas (…) entre las que están en el ministerio público, en el hospital y escondidas”, dijo el sábado a Pie de Página Gustavo Lozano, de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) una organización civil que ha orientado a los opositores de la planta.
Más tarde la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su vocero Pedro Galindo, aseguro que son 43 las personas detenidas, 27 hombre y 16 mujeres. También afirmó que “no hubo una cacería” de manifestantes en las casas del ejido y que todo se hizo manteniendo el Estado de Derecho.
Las posturas: ¿salud o empleo?
El cianuro es la principal sustancia que se utiliza en la industria minera moderna y sirve para separar y limpiar los metales como el oro y la plata del resto de material removido por medio de un proceso de lixiviado. El boom minero en el continente convierte a la producción de cianuro en un negocio muy lucrativo y para la Chemours Company, pues la planta en México es clave por su posición geográfica y el crecimiento sostenido que la minería ha alcanzado en las últimas décadas en el país.
“Le vendemos a las empresas mineras. México es el primer productor de plata en el mundo y el octavo de oro, pero en reservas es tal vez el segundo país con las mayores reservas de oro en la minería, dijo en una entrevista con El Universal, Luis Rebollar, ex presidente de la Chemours Company.
Sin embargo, el químico es altamente tóxico. Los opositores argumentan que la instalación de la planta, que estaría funcionando durante los próximos 30 años, pone en peligro a la región entera y que la Chemours está violando las normas para construir un proyecto de este tipo.
Por ejemplo, la empresa asegura que la planta está alejada de complejos habitacionales o comerciales. Pero basta ver un mapa para notar que hay por lo menos una decena de comunidades en un radio de 5 kilómetros de la planta -entre ellas El Siete y Dinamita- y el Frente Unido asegura que son 27 comunidades amenazadas por la presencia del cianuro y que sufrirían graves daños en caso de contingencia.
¿Por qué, entonces, el gobierno municipal y estatal lo autorizaron?
Porque genera empleos “bien pagados” y porque “están contratando jóvenes con estudios de nivel medio y superior”, según ha asegurado el gobernador José Rosas Aispuro Torres.
“Le dio los permisos la Secretaría de Medio Ambiente porque la empresa cumple cabalmente con todos los requisitos. Yo les diría: es mucho más la gente que está a favor, los que están en contra sólo son unos cuantos que sólo buscan generar ruido, que sólo buscan llamar la atención en contra del desarrollo”, dijo en una entrevista a finales de noviembre.
La alcaldesa, Leticia Herrera, también declaró que las voces opositoras “deberán demostrar los daños que pudiera causar la compañía o dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleos bien pagados que el municipio merece”, según
La comunidad de Dinamita fue fundada a inicios del siglo XX, como una zona de vivienda de trabajadores de la compañía estadunidense Dupont, que instaló ahí una fábrica de explosivos para las actividades mineras, que en ese momento era de socavón; la producción de algodón en esta zona apartada de la Comarca le proporcionaba la glicerina, una materia prima para la fabricación de los explosivos; pero la baja en la demanda de dinamita bajó sustancialmente la actividad económica de la población. Ahora, el boom de la minería a cielo abierto reactivó la idea de la empresa -Chemours es una filial de Dupont- de aprovechar el terreno para fabricar cianuro.
Antes de llegar sin aviso a la comunidad El Siete, La Chemours había intentando, fallidamente, instalarse en dos municipios de Guanajuato. Primero fue en 2015 cuando la gigante de los químicos presentó el proyecto “Salamanca Bajío”, donde quería construir la planta en más de 100 mil metros cuadrados del municipio de Salamanca con una inversión de mil 600 millones de pesos. En mayo de 2016 la empresa retiró el proyecto tras mostrarse que la declaración de impacto ambiental que había presentado a la Semarnat tenía información falsa.
Dos meses después la empresa presentó un proyecto nuevo en San Luis de la Paz, a 160 km de Salamanca. Sin embargo los ciudadanos crearon la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y emprendieron una batalla contra las autoridades locales para impedir la instalación de la planta en su comunidad. Tras 10 meses de presión social, la Chemours desistió del proyecto en silencio y movió su objetivo a Durango.
Pero el patrón fue el mismo. En 2016, cuando sus ciudadanos llevaban una batalla enormemente desigual contra la Chemours, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, repitió hasta el cansancio que el cianuro es inofensivo “e igual a cualquier otro tipo de sal, como la de mesa”.
Fuente:https://aristeguinoticias.com/1103/mexico/reprimen-a-pobladores-que-se-oponen-a-instalacion-de-planta-de-cianuro-de-sodio-en-durango/
Hoy hace seis años, en la noche del 15 de marzo de 2012, fueron interceptados cerca de San José del Progreso y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego, los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
El proyecto Chemours ya había sido cancelado en dos ocasiones, cuando se pretendía realizar en Guanajuato, por los daños irreversibles que generaría al medio ambiente y el riesgo de salud de los habitantes cercanos.
(SPI).- La organización Ecoguías la Mancha en Movimiento rechazan rotundamente toda actividad minera en los municipios de Actopan y Alto Lucero, debido a que el sustento económico de cientos de familias depende precisamente de la conservación de los recursos naturales de la zona, como son los manglares.
El proyecto minero que se pretende construir en la región de Tehuacán causará un impacto y repercusión grave en la salud de los habitantes, sobre todo de los municipios de Chapulco, Santiago Miahuatlán, Tehuacán y Nicolás Bravo, por el uso de cianuro para extraer minerales como oro y plata, señaló el dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza.
En un año, las concesiones para explotación minera en Puebla crecieron en 31 por ciento, pues a finales de 2016 había 236 y en 2017 llegaron a 310, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía (SE).
El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas