La fila de autos es tan larga que la mirada no alcanza para abarcarla. Un solo hombre desde la altura de su bici abre el camino.

José, de 9 años, observa pasar la caravana desde una barrera levantada con piedras junto a su casa. Ha visto con ojos enormes pasar el primero de los autos, le seguirán al menos una centena más.

José, de 9 años, no imagina que podría, muy pronto, escuchar una detonación como hasta ahora no se ha escuchado en Ixtacamaxtitlán y que, después, podrían sonar varias más.

José no sabe que tras las explosiones, podría salir de su casa y encontrar un paisaje muy distinto del que ha visto durante 9 años. Uno en línea recta y sin la posibilidad de imaginar lo que hay detrás de los cerros.

Se trataría del primer daño que la canadiense Almaden Minerals provocaría al medio ambiente de dicho municipio poblano para operar una mina a cielo abierto, la cual requiere un tajo de mil metros de diámetro que equivalen a 140 canchas de futbol profesionales.

La empresa Almaden Minerals ha venido explorando el territorio de la sierra norte desde hace más de 15 años y el 72% de las concesiones en la región le pertenecen, sin embargo se trataría de su primera mina a cielo abierto.

Por ello, el pasado 17 de marzo, habitantes de la región y organizaciones realizaron la Caravana por la Vida y contra la Minería, la cual paró en el pequeño poblado de Santa María Zotoltepec, la comunidad más cercana al sitio donde la canadiense pretende crear la mina para explotar otro y plata, para concluir en la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán, donde se realizó un mitin.

Actualmente el proyecto está en etapa de exploración y para comenzar la explotación solo le falta el permiso de uso de suelo, el cual deberá de ser otorgado por el presidente municipal Eleazar Hernández Arroyo, quien en 2013, siendo candidato, prometió que de ganar la alcaldía retiraría a Almaden del municipio, así como a cancelar todos los permisos municipales para detener la exploración minera.

Al acto, al cual concurrieron desde niños hasta personas de la tercera edad, estuvo convocado el munícipe, sin que acudiera a la cita.

Ixtacamaxtitlán cuenta con al menos 25 mil 326 pobladores que viven en 126 localidades con un alto grado de marginación; 6 mil 403 personas viven en pobreza extrema con base en datos del INEGI.

Inegi.

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Por lo anterior, la población se encuentra dividida, pues «o trabajan en el campo o en el comercio, son las únicas fuentes de empleo», comenta una mujer que tiene un puesto de comida frente a la plaza central.

«La verdad es que la gente prefiere vender su tierra por lo que sea, por 20 mil pesos, porque no hay dinero, pero por el otro, pues nos ponemos a pensar en todos los daños, en la contaminación que la mina va a causar», secunda el esposo de la mujer.

LOS DAÑOS

Además de volar los cerros como hasta ahora los conocen sus habitantes, el segundo daño inmediato sería la contaminación y afectación en el agua, pues el proyecto minero Ixtaca, como lo denomina la empresa, se ubica en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos cuantos metros de la población de Santa María, y afectaría las tierras de cultivo. En caso de un derrame, dañaría 200 kilómetros desde la presa de jales.

Inegi.

A esto hay que sumar que la empresa ha dicho que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades han dicho que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia, por lo cual se usaría la del río Apulco, provocando su eventual desecamiento y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamiento de lixiviados.

Asimismo, la empresa ha realizado hasta ahora 236 barrenos más de los autorizados, con mayor densidad y profundidad que la permitida por la norma, y fuera del tiempo autorizado por Semarnat para la exploración.

Algunos de los barrenos tienen hasta 700 metros de profundidad, aunque a Semarnat le habían reportado que no perforaría más allá de 150 metros, por lo cual la dependencia negó permisos en abril de 2017.

Debido a que algunos de los pobladores han presentado quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos y a Profepa sobre daños ambientales, además de otros procedimientos legales, por el momentos las actividades de exploración están detenidas.

Incluso en diciembre de 2017, un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals, en Canadá, para protestar contra el proyecto.

En informes a sus inversionistas, la empresa ha negado que el sitio esté habitado. La organización Poder documentó en febrero de 2018 que el director jurídico de GMI Consulting, quien elaboró la Evaluación de Impacto Social de Almaden, declaró a la prensa que en Ixtacamaxtitlán no existe población indígena. «Te doy la noticia fundada, motivada y comprobada de que no hay comunidad indígena en la zona. Estamos fuera de las comunidades indígenas», afirmó.

Sin embargo, el municipio tiene una población indígena de aproximadamente 2 mil 797 habitantes, con base en cifras del INEGI.

Hace siete años, las acciones de la empresa llegaron a su máximo histórico de 4.89 USD; en 2012 llegaron a 2.84 USD; actualmente cada acción tiene un valor de 0.83 USD. Consulta aquí la cotización al momento.

ENTRA EL INAI

Casi doce horas después de que representantes de las comunidades afectadas por el proyecto minero se manifestaran frente a las oficinas de esta empresa en Vancouver, Columbia Británica, el 11 de diciembre de 2017, Almaden difundió un boletín de prensa anunciando que había concluido una Evaluación de Impacto Social (EVIS) sobre su proyecto Ixtaca.

De acuerdo con esa comunicación, la EVIS hecha por la empresa «proporciona una visión objetiva del grado en que los miembros de la comunidad entienden el proyecto Ixtaca, y ofrece un mapa de ruta valioso para futuras interacciones con las comunidades que viven en el área del proyecto Ixtaca en el estado de Puebla, México».

Al anunciar la existencia de la EVIS en la prensa extranjera (el anuncio se hizo sólo en inglés y no se incluyó en la sección en español del sitio web de la empresa), el documento íntegro de dicha evaluación no está a disposición del público. Dada la importancia de un documento que habla del «impacto social» de un proyecto que afectará la vida de decenas de comunidades y miles de personas en el municipio mencionado, la organización Poder recurrió a diversas instancias de gobierno, entre ellas, la Secretaría de Economía, para tratar de conseguirlo.

Al recibir una respuesta insatisfactoria por parte de la Secretaría de Economía (SE), la organización interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INA) señalando que la respuesta de SE no hacía referencia a la información solicitada.

A este recurso, el INAI respondió con una resolución donde señala que elaboró un estudio de fondo para determinar si la información proporcionada correspondía a lo requerido por la parte solicitante y concluyó que «la respuesta otorgada por la Secretaría de Economía no guarda relación con lo requerido, pues omitió indicar si contaba o no con la información de interés del particular», por lo que instruyó a la dependencia a realizar una búsqueda exhaustiva y que provea al solicitante el documento requerido.

Fuente:https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/24/la-caravana-que-busca-frenar-un-cuestionado-proyecto-minero-en-la-sierra-norte-de-puebla_a_23394148/

Édgar tiene problemas de visión y las manos con manchas blancas. Le han dicho que el origen de sus males es por el alto contenido de arsénico en el agua, y que podría desencadenar un cáncer o gangrena. Él no tiene miedo, siempre ha vivido aquí y no tiene para dónde irse.

“La piel punteada no me provoca dolor, sólo es desagradable porque tengo que dar explicaciones cuando alguien pregunta por qué está así”, dice.
Édgar y su hermano Francisco viven en Zimapán, en su familia son tres hermanos y dos han sido afectados por la contaminación de metales pesados que se encuentran en el agua de este lugar. El hombre de 38 años y con infecciones constantes en los ojos muestra las manos con pequeñas manchas que se acentúan en las palmas, los puntos blancos son la prueba de que en su sangre existe arsénico.

Zimapán se ubica en la Sierra Gorda de Hidalgo, en una zona semidesértica, donde habitan 40 mil personas, la mayoría tiene empleos relacionados con la minería. Aquí, la composición natural del suelo genera la contaminación de metales en el agua.

El municipio es conocido a nivel mundial por dos hechos: el primero, porque de aquí salió la única aportación mexicana a la tabla periódica de los elementos, el vanadio, ubicado en el número 23 del grupo cinco, y la segunda, porque en sus aguas hay una alta presencia de arsénico y plomo, que lo ponen al nivel de Chile y Bangladesh.

Según reportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Salud, en los años 60 el agua en la región de Antofagasta en Chile registró 80 veces lo permitido y en Bangladesh la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que superaba cinco veces la norma de la OMS.

En los pozos de abastecimiento de Zimapán se registran altas concentraciones de arsénico que superan casi 100 veces la presencia del metal permitido para el agua potable por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya norma es de 0.01 miligramos por litro.

La presencia de arsénico en Bangladesh y Chile ha causado alarma mundial, pero en Zimapán no ha pasado nada.

Buscaban cólera, hallaron arsénico

En Zimapán, el descubrimiento del arsénico en los mantos freáticos fue en 1992, cuando de manera casual se detectó el metal, mientras se hacían pruebas sobre el cólera. La doctora María Aurora Armienta Hernández, quien en esa fecha realizó investigaciones sobre el municipio para el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la principal fuente de contaminación por arsénico en los pozos de agua potable es natural y que, de los cinco existentes, el que tiene mayores concentraciones es el de la comunidad de El Muhí, que surte principalmente la cabecera municipal y el centro de la región.

Francisco Patiño Cardona, científico e investigador del Conacyt, considera criminal que nadie haya volteado hacia ese municipio, el porcentaje es 100 veces superior a lo permitido por las normas de salud. “Imaginen a una persona consumiendo y usando el agua contaminada toda su vida”, señala y exige que la Secretaría de Salud aclare las principales enfermedades y sus causas, “si alguien dice que no hay un impacto a la salud de la población, miente”. No hay manera de que no haya repercusiones en la población si toda la vida alguien ha tomado esa agua, asevera. La contaminación por arsénico genera primero manchas en la piel y deriva en todo tipo de cáncer desde estómago, piel, pulmón, vejiga e incluso gangrena, “una de las enfermedades más crueles para morir”, enfatiza, el científico.

La Paz, Baja California Sur.- “Quien sea favorecido como abanderado a la alcaldía de La Paz por el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, deberá pronunciarse en contra de la minería tóxica”, afirmó Marcos Acuña González, aspirante a este cargo de elección popular por dicho instituto político.

Dijo que el tema de la minería rebasa el aspecto electoral, por lo que todos aquellos candidatos deben manifestarse en contra de los proyectos que la promuevan.

“Tajantemente rechazo todos aquellos proyectos que contaminen los recursos naturales de este municipio de La Paz”, refirió.

Asimismo, dijo que se oponen a dichos planes debido a que impactan en la naturaleza de manera negativa y los efectos de éstos son a corto, mediano y largo plazo, los cuales terminan también afectando la salud de la población.

El aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de La Paz para el periodo 2018-2021, dijo que el próximo alcalde, sea del partido que sea, deberá tener un programa de desarrollo en el cual incluya alternativas distintas para impulsar el desarrollo del municipio, sin tomar en cuenta los proyectos mineros.

Se le cuestionó sobre la versión de que a su competidor de contienda interna, Rubén Muñoz Álvarez, se le vincula a favor de estos proyectos, a lo que respondió: “Yo opino de lo que yo sé sobre este tema, mas no puedo saber quiénes están representado estos intereses en el municipio de La Paz”.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/morena-ira-en-contra-de-la-mineria-toxica

A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.

La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV, perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas, Durango, localidad donde se extrae oro y plata.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa «de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla».

Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas -la mayoría de procedencia extranjera-, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.

«El derrame de Durango ratifica la impunidad con la que se opera y se desarrolla la megaminería en nuestro país con el supuesto falso de que las inversiones del sector serían la clave para el desarrollo regional, de los estados y para el crecimiento económico», dijo el investigador García Zamora. El especialista agregó que «(la minería) viene a institucionalizar la impunidad en los territorios, los recursos naturales y las comunidades, que están totalmente subordinadas al interés de las grandes corporaciones».

«Esta gente que provoca desastres ambientales en México lo hace porque difícilmente será sancionada y, en caso de que sea sancionada, el castigo o la pena puede ser pagada fácilmente, por lo que esas grandes corporaciones pueden seguir operando; es decir, no hay incentivos por parte de las autoridades federales y locales en la aplicación de la Ley para que las empresas dejen de actuar abusiva y descuidadamente», añadió el académico de la UAZ.

Al respecto, Gustavo Lozano urgió a la Profepa a investigar exhaustivamente de qué manera ocurrió el derrame y en caso de ser necesario sancione a la empresa.

«Lo que sigue es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indague sobre el nivel de daño que ha ocurrido, establezca responsabilidades y sancione conforme a la Ley. Además, debe haber una sanción de remediación para limpiar la tierra y el agua de contaminantes», exigió.

El investigador García Zamora destacó que a pesar de que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desarrollan estudios diagnósticos «son incapaces de realizar cualquier sanción a estas grandes corporaciones. Las empresas tienen todo el respaldo de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y hasta del Ejército».

«(La Semarnat y la Profepa) son dependencias cosméticas que no van más allá de los diagnósticos. Están dirigidas, como en el caso de la Semarnat, por funcionarios corruptos que se van a pasear», dijo en referencia al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano Alamán, quien -de acuerdo con una investigación del diario Reforma- aprovechó el puente del fin de semana pasado para viajar a Aspen, Colorado, en un avión privado: un Learjet 40, matrícula XA-USP.

Cianuro, veneno poderoso

La megaminería, comentó el doctor García Zamora, genera desastres ambientales y sociales permanentes en donde opere.

«Lo que llama la atención es la ausencia total de las dependencias federales y estatales frente a este tipo de enormes ecocidios que no solamente afectan de inmediato los mantos acuíferos y la tierra, sino que destruyen los ecosistemas y la estructura tradicional de vida de las comunidades», criticó.

Lozano, por su parte, aseguró que el cianuro es uno de los venenos más poderosos del mundo.

En el mismo sentido, en el documento «Cianuro. La Cara Tóxica del Oro», realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), se lee que la minería de oro es «la fuente de mayor contaminación de las aguas por cianuro».

El texto plantea que la exposición crónica al cianuro por periodos extensos en dosis pequeñas tiene «efectos considerables» en la salud, entre ellos se encuentran la pérdida de apetito, migrañas, nauseas, irritación de los ojos e incluso puede atacar las fibras musculares del corazón o afectar al funcionamiento de la tiroides. Sin embargo, la investigación indica que en dosis mayores, el cianuro llega a ser letal.

En los peces, el cianuro suele ser fatal en corto tiempo. De hecho, en el caso del río Piaxtla, en el municipio de San Dimas, Durango, la Profepa dio a conocer que «un número indeterminado de peces» murió a causa de la solución derramada el pasado 11 de marzo que, una vez que alcanzó la corriente del río, se desplazó aproximadamente 245 metros lineales, causando la muerte de peces, en su mayoría especies juveniles de uno a cinco centímetros de talla.

En el caso de la planta de Cianuro que -con el apoyo del gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, la priista Leticia Herrera Ale- pretende construir la estadounidense Chemours Company, Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asegura que la compañía presentó una manifestación de impacto ambiental que contiene un montón de irregularidades, de falsedades y mentiras, lo que los obligó a interponer una demanda de nulidad ante la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, misma instancia que permitió la instalación esa empresa.

Entre las irregularidades, Lozano destaca que Chemours afirmó que el proyecto «no se ubicará en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se encuentra a una distancia de 7 kilómetros localidad de Brittingham y a 8 kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita». Cuando la realidad es que el ejido El Siete, donde habitan unas mil personas -muchos de ellos pensionados y jubilados-, se encuentra a menos de un kilómetro.

Según Lozano, establecieron que en la zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059, que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, la realidad planteada por la REMA es que existen cactus propios de la región, aves y animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los ordenamientos territoriales.

Además, pobladores de El Siete y el integrante de REMA afirman que no sólo esta comunidad se podría ver afectada por la contaminación del cianuro, sino también otros poblados como Abisinia, La Aurora, Martha, Numancia, el Volado, Las Américas, entre otras.

El gobierno apoya a mineras

Tanto Lozano como el doctor García Zamora afirmaron y reprobaron que el gobierno mexicano favorezca el interés privado, sobre el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el de las mineras provenientes de Canadá, dueñas del 75% del total de minas que hay en México.

«El gobierno es cómplice a nivel nacional del ecocidio, de la destrucción de los territorios, de la destrucción de las comunidades. Es una complicidad en la economía de la muerte. La minería destruye la estructura productiva, la tierra, el agua, la cohesión social y de alguna manera subordina totalmente los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de acuerdo a sus intereses», apuntaló García Zamora.

Además, recordó que en el país la minería es considerada como una actividad preponderante, tal como lo establece el Artículo Sexto de la Ley Minera.

«Prácticamente se le invita a la inversión extranjera a destruir, extraer la riqueza sin que existan consecuencia y eso está muy cerca del tema de la corrupción, de la complicidad y de la destrucción del Estado mexicano en términos de un Estado que ha claudicado en defender los intereses de la mayoría de la población, para salvaguardar simplemente los intereses de la acumulación de capital por todos los medios», destacó.

Lozano recriminó que el gobierno de la República, por un lado conduzca la política en materia de minería, sepa de qué manera operan, conozca la problemática, los daños ambientales que genera, los problemas sociales que desencadenan «y aún así siga estimulando el negocio a través del otorgamiento de títulos de concesión minera».

Mineras extranjeras y destrucción

Son innumerables los casos en los que las mineras han arrasado con territorios, en los que han pisoteado los derechos humanos y en los que han afectado la salud y el medio ambiente.

En octubre de 2017, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, según información que la minera entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran liberados.

Hace algunas semanas, José Luis detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregó una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre «las acciones y omisiones» de la Embajada canadiense en México en el crimen, ya que acusa que el asesinato se perpetró desde la compañía.

En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, ha puesto en riesgo la salud de los pobladores, el medio ambiente e incluso el acceso al agua.

Por ese tema, en diciembre pasado, un grupo de pobladores, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al gobierno del país norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con dicho proyecto.

Fuente:http://www.economiahoy.mx/sinembargo/noticias/9021713/03/18/Mineras-extranjeras-operan-en-Mexico-con-impunidad-ante-desastres-ambientales-especialistas.html

En el último año creció en un 31 por ciento las concesiones otorgadas a mineras aproximadamente, tan solo en el estado de Puebla, declaró el presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano, Juan José Hernández López.

Asimismo indicó que existe deficiencia en cuanto al control del impacto ambiental, al uso desmedido de la explotación de recursos naturales no solo en la minería, sino también en los alrededores donde se realiza la extracción, pues hay daños en las diferentes comunidades así como en el aspecto laboral.

El 62 por ciento de las empresa mineras se encuentra en la Sierra Norte de Puebla; sin embargo, también las hay en otros municipios como Jolalpan, Chietla, Tetela de Ocampo, Zacatlán, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Teziutlán y Santiago Miahuatlán; entre otros.

Cabe mencionar que todas las concesiones mineras tienen un plazo de 50 años para poder trabajar, no obstante en 2016 había cerca de 236 empresas de esta índole y actualmente hay 310, otras más tuvieron que cerrar por diversas razones.

Por otra parte, Hernández López reconoció que el extraer distintos minerales es un “mal necesario” pues varios de estos materiales son destinados para fabricar pilas de teléfonos celulares, circuitos integrados y materiales para la construcción entre otros, pero también es de suma importancia su regulación.

Fuente:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-otras/64950-Crecen-los-permisos-de-mineras-en-Puebla

A LA OPINIÓN PÚBLICA

PROFEPA CÓMPLICE  DE LA DESTRUCCIÒN Y EL DESPOJO.

20 DE MARZO DEL 2018

El 7 de marzo del 2018 la empresa minera Altos Hornos de México (AHMSA), recibió dos nuevos certificados de “Industria Limpia”, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en reconocimiento “a la eficiencia en la aplicación de sus programas en materia de control ambiental”.

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar el denigrante roll que juegan las Instituciones encargadas de la protección ambiental en el país (SEMARNAT y PROFEPA), que, en lugar de velar por la preservación ambiental, sancionando -con recursos fiscales y legales efectivos- a las mineras que contaminan múltiples territorios del país, continúan premiándolas y ayudándolas a limpiar su imagen.

Primero. – Señalar que, el ingeniero Tomás Samuel Heinrichs Loera, Delegado Federal de la PROFEPA en Coahuila, quien entregó ambos certificados al Director General de la empresa Luis Zamudio Miechielsen, fue empleado de la misma empresa Alto Hornos de México, dato que puede ser constatado en la semblanza curricular de Tomás Samuel Heinrichs Loera, en la cual se dice laboró como “SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN PLANTA CONCENTRADORA LA PERLA, MINAS DE FIERRO DE A.H.M.S.A.

Es evidente el conflicto de intereses y la creación de las estrechas y personales relaciones que establecen las empresas mineras con distintos funcionarios de las instituciones mexicanas, como en este caso PROFEPA, pero en muchos otros como SEMARNAT,  Conagua o la SSA, entre otras, que al ser las encargadas de supervisar y reaccionar de forma contundente ante los impactos y daños ambientales y a la salud ocasionados por actividad minera, por el contrario actúan de forma sumisa, protegen y, con cinismo premian a las empresas, creando espacios para la manipulación de información para confundir a la sociedad.

Segundo. – Que el gobierno mexicano reconozca a la empresa Altos Hornos de México cómo “industria limpia”, es omitir la responsabilidad que esta tuvo y sigue teniendo, en la contaminación del aire en el municipio de Monclova en Coahuila. También es eludir  y relegar al olvido la presencia de tres de sus ejecutivos en la lista de la investigación “Pánama Papers”, por haber comprado un departamento con vista al mar en Nayarit (2.6 millones de dólares), a través de la empresa Carlyle Technologies Corp, que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca.

Con este tipo de actuación, ya se fragua la potencialmente posible responsabilidad que tendrá el proyecto Pachuca, a cargo de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Alto Hornos, al proyectar depositar por lo menos 90 mil toneladas de jales, que son desechos altamente tóxicos provenientes del procesamiento de minerales que la empresa realiza en el ejido de Jometitlán en Epazoyucan, lugar en donde, desde hace algunos años, se ha venido consolidando la resistencia y defensa contra ese proyecto a través de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A. C.,  a quienes orgullosamente recibimos como miembros de REMA, y de manera conjunta detener ese proyecto de muerte para el pueblo hildaguense.

 Tercero. – Desde REMA, nuestro posicionamiento es claro, NO EXISTE NI LA MINERÍA, NI EL CAPITALISMO SUSTENTABLE. Y seguimos firmes en nuestra convicción de derrumbar con pruebas, argumentos y con los testimonios recogidos a lo largo del país, el discurso de la minería verde, sustentable o socialmente responsable, y otra serie de barbaridades que sólo persisten como mitos en el sector minero. Discurso solapado por estas mismas empresas para mantenerse en el poder y seguir saqueando y contaminando nuestros bienes comunes para generar más acumulación del capital.

En consecuencia, continuaremos denunciando a las instituciones y sus empleados disciplinados y dóciles al fomento del mito de la minería “verde”, así como la constante violación de las tan maltrechas leyes mexicanas.

PROFEPA cubre y, en consecuencia, actúa en contubernio, a las grandes empresas que reiteradamente impactan al ambiente y a la salud de la población, tal como también ha sucedido con el triste caso de Grupo México en Sonora. Cuando, a dos años de la contingencia ambiental calificada por el mismo ex secretario de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, como “el peor desastre ambiental de la industria minera del país”, puesto que acabó con las cadenas productivas familiares en la entidad y provocó el éxodo de miles de personas en la sierra baja. En el año 2016, en el marco de la Décimo Cuarta edición del “Taller de Intercambio de Experiencias” que organiza la Cámara Minera de México, la SEMARNAT, en conjunto con la PROFEPA, le otorgó a Grupo México no 1, ni 2, sino, 10 Certificados de Industria Limpia por desarrollar prácticas ambientales correctas.

Práctica que se ha reportado en repetidas ocasiones, pues la empresa Goldcorp fue certificada también como industria limpia en el estado de en Guerrero.

DENUNICIAMOS QUE ESTAS INSTITUCIONES NOS AVERGÜENZAN COMO MEXICANOS.

CONSIDERAMOS QUE, AL PRESTARSE A ESTE TIPO DE PRÁCTICAS, EN ASOCIACIÓN CON LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO (CAMIMEX), SON COPARTÍCIPES Y RESPONSABLES DE LAS GRANDES AFECTACIONES AMBIENTALES A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. AFECTACIONES QUE DESDE REMA HEMOS DOCUMENTADO Y DENUNICADO INCANSABLEMENTE.

AUNADO A ELLO, RECORDAMOS QUE, NO SOLO ESTA EN JUEGO EL COMPONENTE AMBIENTAL, SINO TAMBIÉN, UNA LARGA LISTA DE AGRESIONES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DENUNIADAS INCLUSO DESDE EL NIVEL INTERNACIONAL.

SEÑALAMOS QUE, FUNCIONARIOS COMO EL ING. TOMÁS SAMUEL HEINRICHS LOERA, DEBEN SER DESTITUIDOS Y ENCARCELADOS POR SOLAPAR Y ENCUBRIR TODOS ESTOS DAÑOS AL AMBIENTE, ASÍ COMO POR UTILIZAR DE FORMA FACCIOSA Y BAJO CONFLICTO DE INTERESES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ÚNICAMENTE A FAVOR DE BENEFICIOS PRIVADOS

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más de 200 litros fueron tirados de manera accidental por la minera en el Río Piaxtla de Durango.

El pasado 11 de marzo, la compañía “Primero Empresa Minera” derramó más de 200 litros de una solución cianurada en el Río Piaxtla perteneciente al municipio de San Dimas, en Durango.

Al parecer, empleados de la empresa de minería del gobierno mexicano no cerraron de manera adecuada una válvula de una pipa que trasladaba dicha sustancia química, el vehículo subía una pendiente cuando se quedó sin gasolina, dejando caer el líquido venenoso en el río.

Según informes, dicho accidente contaminó 245 metros de agua y mató a una determinada cantidad de peces, que según el diario mexicano El Universal, era especies jóvenes con un tamaño de 1 a 5 centímetros.

Posterior al accidente, la empresa minera avisó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien mandó a su personal para revisar la zona y atender el derrame, además de que informaron que realizarán una visita a dicha empresa para recabar datos que permitan una investigación correspondiente.

La solución de cianuro que cayó al Río Piaxtla se utiliza en la industria minera para extraer metales como el oro y la plata mediante un proceso llamado “lixivación”, que consiste en la extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido, en este caso, la solución cianurada.

Fuente:https://www.mimorelia.com/empresa-minera-derrama-200-litros-cianuro-rio-durango/

Este es nuestro territorio, aquí estamos, defendemos nuestros bienes naturales, nuestra manera de vivir y nuestra cultura, fueron los mensajes que habitantes de Ixtacamaxtitlán mandaron a los empresarios canadienses de Almaden Minerals que, con una mina a cielo abierto, quieren sacar el oro y la planta que hay en la entraña de esta tierra.

Es sábado a mediodía, los campesinos y ejidatarios llegan a Santa María Sotoltepeccon sus familias para participar en la Caravana por la Vida. Irán a la cabecera San Francisco Ixtacaxtitlán. Vienen en camionetas de redilas, colectivas de transporte de pasajeros, taxis, motos y bicicletas. Hay muchos jóvenes y algunos niños. Pero son más los adultos que vienen a manifestarse: ellos bien ensombrerados, ellas con trenzas y delantales cuadriculados. Todos, rostros curtidos por el sol que parece que aquí es más intenso, quizá porque los sotoles son tacaños para dar sombra.

Quieren que el presidente municipal de extracción priista Eliazar Hernández Arroyo les explique cuál es el estado del proyecto minero pero, sobre todo, que niegue los permisos de uso de suelo que requiere Almaden para abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol y que dependen de él. Además él así lo prometió en cuando les andaba pidiendo sus votos, recuerdan

Aunque también quieren que los vecinos de Santa María le cierren las puertas a la minera porque han sido los más renuentes a participar en la lucha que desde hace cinco años mantienen contra la empresa.  Son miembros de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua. Llegaron de Tecoltemi, Tenamigtic, Cruz de Ocote. Los acompañan cuetzaltecas, sus paisanos de Amixtlán, de Ocotepec, de Libres, de Zautla. También atravesaron las montañas los totonakusOlintla.

Vinieron aquí para volver a decir que no quieren a la minera, porque a pesar de que AlmadenMineralssólo ha hecho trabajos de exploración, ya violó sus derechos al territorio, al consentimiento y a la consulta, según ha informado la organización PODER.

AlmadenMinerals lleva más de 15 años explorando el territorio de la Sierra Norte, cuentan los de PODER. Hay registro de sus concesiones en la región desde marzo de 2003. Morgan Poliquin, el director y presidente ejecutivo de la minera, conoce el sitio al menos desde 1994, por haber hecho su tesis doctoral para la empresa de su padre, DuanePoliquin.

“El proyecto minero Ixtaca, como lo denomina la empresa, se localiza en la cabecera de la cuenca del Río Apulco, a unos cuantos metros de la población de Santa María, y afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga, entre otras, además del suministro de agua de más de 1,600 personas que habitan en las 11 poblaciones que estarían dentro de la zona de impacto directo de la mina”, añaden los investigadores.

COMO PEDRO POR SU CASA

Y lo que se ve, no se juzga: la minera se apoderó ya de todos los espacios de la vida de los habitantes de Santa María Sotoltepec –puntal del rico yacimiento Ixtaca-: tienen un almacén junto a la cancha de futbol, entran y salen de las escuelas sin el consentimiento de los padres de los alumnos, pero con el apoyo de los profesores;despachan en el edificio de la presidencia auxiliar y hasta pintaron la iglesia de la pequeña comunidad con los colores de la empresa.

Es aquí donde los pobladores recienten más su división: don Lolo, por ejemplo, es incondicional de los mineros, aseguran sus vecinos, y “cómo no, si les vendió un terrenote, les renta una bodega y puede tener su almacén bien lleno de mercancía. Unos poquitos tienen trabajo y no los envidiamos, sólo creemos que no entiendeno no saben que si abren la mina, los jodidos vamos a ser todos, todos. Y cuando decimos todos pues hablamos de quienes vivimos a lo largo de los 350 kilómetros que tiene de longitud el río Apulco, que nace aquí, pero que llega hasta al Tecolutla”, explican.

Ante la protesta de este sábado, cuentan, los canadienses no abrieron sus oficinas. Pero suben y bajan de los cerros en sus poderosas pickups blancas, anónimas, sin logos y sin placas de circulación, y con sus perros –unos hermosos pastores belgas- en las bateas.

Ahora van también sobre las escuelas de Ahuateno, quieren obligar a los padres que dejen a sus hijos ir a las “minas”, el martes a las 5 de la tarde harán una reunión en el kínder Francisco I. Madero, dicen que les quieren hacer una encuesta y así simular que todos están de acuerdo en que la Almaden se quede en estas tierras y se lleve el oro y la plata que asegura que hay aquí.

Pero “no lo vamos a permitir. Nosotros siempre hemos vivido aquí. Nuestros padres no se murieron de hambre siendo campesinos y todavía están, y nuestros nietos, ¿cómo van a vivir con todas las porquería que quieren hacer aquí?”, se preguntan.

En un acto a espaldas de la bodega de la minera. Alumnos del CESDER hacen una pequeña obra de teatro para que todos se enteren de lo que pasa en la comunidad con la llegada de los mineros. Se visten de empresarios y se maquillan como calaveras porque para “nosotros ellos representan la muerte”.

Su participación saca las risas y la indignación del público: “que se vayan a su puta tierra y que se coman su oro”, grita una mujer de la tercera edad cuando los jóvenes ofrecen lingotes de cartón y papel oropel al que actúa como presidente municipal.

Salen de Santa María hacia la cabecera. Una larga fila de vehículos y manifestantes recorren los 6 o 7 kilómetros que los separan del antiguo poblado ubicado al pie del cerro de Acolhua, asiento del rey Tenamascuicuitl. La montaña culmina en la cabeza de la serpiente que forma la cordillera de la Sierra Madre Oriental.

GUARDIANES DE LA MADRE TIERRA

Están enojados, señalan, porque la minera dice que no existen. La consultora GMI Consulting que es propiedad de Juan Pablo Gudiño Gual, un ex funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ahora le trabaja a los canadienses de la Almadenhizo un supuesto estudio de impacto social y declaró que aquí no hay población indígena. “Nos quieren desaparecer”.

También por eso desagravian a la Madre Tierra con esta protesta y con una ofrenda ritual en la que le traen sus semillas y sus frutos, su pulque y sus escamoles, y tocan los tambores para que “ella nos oiga y sepa que estamos con ella y que estamos en su defensa. Estamos para ser sus guardianes. Los canadienses sólo nos dejarán contaminación y tristeza.Queremos una vida que nos dé felicidad a todos”.

En la Caravana por la Vida participan también miembros del MIOCUP-CNPA. Proclaman la unidad de sus luchas.

“Sabemos que nos quieren dividir, confrontar, que buscan sembrar odio y desconfianza entre pueblos, entre luchas, es necesario poner un alto ya a esta agresión. El tiempo es nuestro, nuestra vida está en nuestras manos, es momento de unirnos y actuar. No caigamos más en el engaño electorero, ningún partido salvará al pueblo. Sólo la organización independiente del pueblo, la unidad de las luchas, así como nuestro trabajo para seguir produciendo alimentos, salud, conocimiento para la vida y ejercer nuestra autoestima, nos pondrá en la ruta de seguir construyendo y reproduciendo la vida, no los caminos de muerte del mal gobierno y las grandes empresas. Basta ya de muerte y destrucción. Basta ya de agresiones”, proclaman.

Fuente:https://regeneracion.mx/caravana-por-la-vida-llama-a-cerrar-puertas-a-la-mineria-en-ixtacamaxtitlan/