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Contra desinformación minera llega muestra del INAH a Ixtacamaxtitlán

Ixtacamaxtitlán, Pue.- “El oro o la vida” una exposición itinerante de sobre las consecuencias de la minería a cielo abierto sobre el patrimonio biocultural de los pueblos fue colocada en la cancha techada de San Francisco Ixtacamaxtitlán, la cabecera del municipio donde el gobierno federal dio a la empresa canadiense Almaden Minerals diversas concesiones para la explotación de oro y plata.

La muestra, diseñada por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene el objetivo de evidenciar la depredación de los bienes naturales, pero también del patrimonio sociocultural de las poblaciones donde se asientan los proyectos de la industria extractiva.

La exposición ha sido exhibida en Puebla y en Cuetzalan, ahora llegó a este municipio donde la empresa canadiense Almaden Minerals quiere iniciar en el año 2019 sus actividades de sustracción de oro y plata y, según su página web, diariamente dinamitará las montañas para la operación de una mina a cielo abierto.

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La muestra tiene cuatro secciones: el Problema, para saber en qué consiste el conflicto del patrimonio biocultural y la megaminería de metales; el Origen, de dónde proviene el problema,en sus raíces y en el desarrollo de las condiciones sociales, económicas y jurídicas propicias para el extractivismo ilimitado; los Efectos de esta práctica de manera masiva, las consecuencias diversas e irreversibles en los ecosistemas, en la salud colectiva e individual, en la dinámica social y cultural, económica y política; y Respuestas que el problema demanda, la participación imprescindible de los pueblos e individuos organizados, la respuesta necesaria de las instituciones y los ejemplos de resistencia que nacen en la participación colectiva y el compromiso individual.

Aunque los especialistas del INAH han aclarado que la exposición museográfica itinerante “El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple” no es una “cruzada contra la minería” consideran que una población informada tendrá más posibilidades de decidir sobre si le conviene el desarrollo de esta actividad económica en su territorio.

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EMPRESA Y RESISTENCIA

De acuerdo con su último escenario de producción, fechado el 3 de abril de 2017, la Almaden Mineral calculó que durante los primeros cuatro años de funcionamiento triturarán 7 mil 650 toneladas de roca por día y a partir del quinto año serán hasta 15 mil 300 toneladas diarias las que demolerán en los 14 años de vida que calculan para el yacimiento Tuligtic en el Proyecto Ixtaca.

Según la empresa por cada tonelada de roca demolida podrá obtener 0.62 gramos de oro y 37.37 gramos de plata y durante la vida productiva del yacimiento sacará 1,04 millones de onzas de oro y  70,9 millones de onzas de plata del tajo que abrirán en siete fases.

Para los canadienses las ganancias que obtendría por la explotación de la mina en Ixtacamaxtitlán no tienen comparación con lo que ha entregado a los pueblos: en su página web informó que ha generado 70 fuentes de trabajo y que ha invertido en salud y educación. Los pobladores dicen que además de adueñarse del edificio de la presidencia  auxiliar de Santa María Sotoltepec, hizo una biblioteca y compró el ultrasonido para la clínica, y ahí hay que parar de contar.

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Desde el año 2015, la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals luego de que se enteraron de que la Secretaría de Economía le había otorgado una concesión por 50 años que se sobrepone con el polígono de las tierras ejidales y obtuvieron la suspensión que ordenó a la empresa frenar sus trabajos y recientemente se determinó que el Juez de Distrito entre al estudio de la inconstitucionalidad de la Ley Minera.

Fuente:https://regeneracion.mx/contra-desinformacion-minera-llega-muestra-del-inah-a-ixtacamaxtitlan/

Mexico

171 mil toneladas de tóxicos desecharía mina Los Cardones

El Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida, publicó una tabla con los elementos tóxicos que produciría la mina Los Cardones en Baja California Sur. Entre los elementos que se produciría en dicho proceso se encuentran materiales altamente tóxicos como el arsénico y el cianuro; radiactivos como el uranio y el torio; en un total de 19 elementos dañinos para el medio ambiente; mismos que producirían 171 mil 765 toneladas de tóxicos.

Así compartieron un listado con los elementos de desecho producidos por este tipo de minería, en este caso Los Cardones, que serían producidos sobre las fuentes de agua de Baja California Sur. Tal como detalla el Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida.

Al polemizar con quienes sostienen la existencia de “Minería limpia”, recordaron que se trata de la liberación y desecho de 95 millones de kilos del tóxico arsénico; señalaron.

“Que se vayan a hacer sus minas tóxicas “responsables” a otro lugar en donde no perjudiquen ni a las actuales ni a las futuras generaciones”, demandaron.

Con base en el estudio de impacto ambiental presentado ante Semarnat, la minera en Los Cardones, producirá lo siguiente:

-Para producir 50.138 toneladas de oro, que caben en dos tinacos de 2 mil litros.

-Extraer 236 mil 249 millones de toneladas de material.

-Se obtendrán 56.330 millones de mineral rico en oro.

-Los desechos iran a presas de jales, molidos finamente como talco

– Los desechos tendrán arsénico, metales pesados y radiactivos y cianuro remanente del proceso.

-179.919 millones de de toneladas de material llamado “estéril” se desecharían en las tepetateras por no contener oro, pero sí contendrían elementos tóxicos y radiactivos, aunque en menor concentración que en el mineral rico en oro.

Aclaran que “La concentración del ARSÉNICO (As) en el mineral es de 1,291 mg/Kg = 1.291 kg de As/Ton de mineral X 56.330 MILLONES de ton de mineral procesado = 72.722 MILLONES de Kg de ARSÉNICO en la presa de jales.

Para poder entender las dimensiones del problema, Regeneración.mx, se dió a la tarea de puntualizar los efectos en la salud de la mayoría de los contaminantes detallados por los ambientalistas, con relación a la mina Los Cardones.

Polvos finos como el talco: mortales contaminantes

Vanadio, La contaminación por vanadio, en combinación con el consumo de bebidas azucaradas, ocasiona daños severos en diferentes órganos, especialmente en el páncreas endócrino y el riñón.

El Cromo (III) es un elementos esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para los organismo. Este puede alterar el material genético y causar cáncer.

Cobalto. Cuando el cuerpo absorbe demasiado cobalto pueden ocurrir efectos perjudiciales como dificultad para respirar;efectos graves del pulmón, incluyendo asma, pulmonía y jadeo.

En personas expuestas a 0.5 mg de cobalto/kg durante varios años se observaron efectos sobre la tiroides.

Níquel. Los efectos más graves a la salud por exposición al níquel, son bronquitis crónica, disminución de la función pulmonar y cáncer de los pulmones y los senos nasales.

Tungsteno, o Wolframio. Todos los compuestos están considerados como altamente tóxicos. El polvo del metal presenta un peligro de incendio y explosión.

Cobre. Pueden irritar la nariz, la boca y los ojos y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte.

Zinc. daños como úlcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. Niveles alto de Zinc pueden dañar el páncreas y disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar arterioesclerosis.

Estaño. Produce en bajas cantidades irritaciones de ojos y piel
dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos y mareos, sudoración severa, falta de aliento, problemas para orinar.

Los efectos de largo plazo del Estaño son: depresiones, daños hepáticos; disfunción del sistema inmunitario; daños cromosómicos.

Además de lo anterior escasez de glóbulos rojos; daños cerebrales (provocando ira, trastornos del sueño, olvidos y dolores de cabeza)

Plomo. Los síntomas del envenenamiento por plomo incluyen, irritabilidad, insomnio, erupciones, letargo o hiperactividad, perdida de apetito, dolores de cabeza. Puede provocar disconfort abdominal, daños del sistema nervioso y encefalitis. A altos niveles, puede provocar convulsiones, coma y muerte.

Molibdeno y sus compuestos son altamente tóxicos. Se ha informado de alguna evidencia de disfunción hepática con hiperbilirubinemia en trabajadores crónicamente expuestos a una planta soviética de molibdeno y cobre. Además, se han encontrado signos de gota en trabajadores de fábricas y entre los habitantes de zonas de Armenia ricas en molibdeno

El niobio, cuando es inhalado, es retenido principalmente en los pulmones, y secundariamente en los huesos. Interfiere con el calcio como activador del sistema enzimático

Rubidio: Quemaduras en piel y ojos. Problemas para ganar peso, ataxia, hiper irritación, úlceras en la piel, y nerviosismo extremo. Afecciones médicas agravadas por la exposición: Enfermos del corazón, desequilibrios del potasio.

Desde luego, son conocidos los efectos mortales del cianuro y del arsénico.

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Fuente: https://regeneracion.mx/171-mil-toneladas-de-toxicos-desechara-mina-los-cardones/

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Saquean mineras el agua de Oaxaca

Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.

Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.

La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.

La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.

Este volumen de extracción de agua supera por mucho lo permitido para el uso doméstico que es de 85 mil m3 y para los concesionarios ganaderos, mismos que sólo pueden extraer 539 mil metros cúbicos anuales, según refiere la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo, a diferencia de la extracción ganadera o doméstica, las consecuencias de la extracción minera lejos de hacer un bien colectivo, deja consecuencias negativas para el territorio y sus habitantes.

Habitantes de Capulálpam de Méndez, señalan que 13 de 17 manantiales que abastecen de agua a la comunidad están contaminados; acción provocada por las malas practicas de las empresas mineras en su comunidad.

En ese mismo sentido, la geografa Sol Pérez Jimenez documenta que se ha causado grave contaminación en los ríos y los mantos freáticos de la entidad por el mismo hecho.

Así mismo refiere que, además del daño ambiental que se ocasiona, los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones también involucran a la minería en su contacto con el agua.

En Oaxaca se registraron al menos 7 conflictos activos de comunidades en contra de las empresas mineras en el 2017, mismas que han buscado sacar de sus territorios a estas empresas.

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/90356/saquean-mineras-el-agua-de-oaxaca

Mexico

Pronunciamiento del Encuentro de comunidades en resistencia contra el proyecto Chemours Laguna

A las Comunidades Afectadas

Al Pueblo de la Comarca Lagunera

Nos hemos reunido hoy en la Comunidad de La Aurora para reconocernos como Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio luego de que, el 9 de marzo pasado, en el contexto de una protesta pacífica en contra del Proyecto “Chemours Laguna”, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, nos reprimieran violentamente.

Ese día, las policías, violaron nuestro derecho a la libertad de expresión y vulneraron nuestra integridad personal al confrontarnos con amenazas e intimidación, con agresiones físicas directas, puñetazos y patadas, utilizando gases lacrimógenos y detonando armas de fuego. Allanaron nuestras viviendas, destruyeron nuestros comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas.

A treinta y seis días de aquellos hechos, muchas cosas han ocurrido pero nuestra posición respecto de la “fabrica de la muerte” se mantiene: No la queremos en La Laguna!

No olvidamos! Ese gobierno que ahora quiere debatir sobre el Proyecto “Chemours Laguna” es el mismo que nunca nos atendió, el mismo que mandó golpearnos, el mismo que arrestó a muchos de nuestros compañeros, el mismo que intentó infiltrar nuestro movimiento y trató de debilitarlo.

Ese mismo gobierno ha priorizado su relación con la empresa “The Chemours Company” en oposición al deseo de las comunidades que aquí nos encontramos. Rosas Aispuro no ha dejado de pronunciarse a favor del Proyecto “Chemours Laguna”  a pesar que desde aquí le hemos dicho que no lo queremos en nuestros territorios.

Ahora mismo el Proyecto “Chemours Laguna” se encuentra suspendido por orden judicial y queremos aprovechar para agradecer a la organización “Pro-Defensa del Ciudadano”, A.C. por este esfuerzo solidario para que el derecho a la salud, al medio ambiente sano y la autodeterminación de los pueblos de la Comarca Lagunera no se vea vulnerado.

Hoy, después de múltiples intentos, tanto del gobierno municipal de Gómez Palacio, como del gobierno del Estado de Durango y de la la empresa “The Chemours Company” por desestabilizarnos y debilitarnos, nos encontramos más fuertes que nunca. A ellos les decimos que NO desistiremos en nuestra oposición a la instalación de su fábrica de muerte.

A los ciudadanos de la Comarca Lagunera les hacemos un atento llamado para que hagan suya esta lucha que no tiene otra intención más que la de garantizar la seguridad de nuestro entornoNo queremos un desarrollo que genere víctimas. No queremos ser el vertedero de desechos, materiales y humanos, de industrias irresponsables. No queremos vender nuestra salud, ni nuestro territorio. No queremos que el modelo de desarrollo sea una amenaza para nuestras comunidades. “Chemours” no debe instalarse ni aquí ni en otro territorio de México.

Sí queremos una vida digna. Queremos participar y ser tomados en cuenta. Queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. Invitamos a aquellos que compartan estos ideales a seguir unidos para no permitir que intereses mezquinos desangren la vida. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue vivo e invita a que cada vez más estemos informados, organizados y dispuestos a unir fuerzas por nuestra tierra.

¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/pronunciamiento-del-encuentro-de-comunidades-en-resistencia-contra-el-proyecto-chemours-laguna/

Mexico

Los descarados privilegios de la minería

La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.

Contrario a lo que pueda suponerse, la minería no es ese motor de desarrollo económico para el país. Es una industria que ha incumplido con obligaciones fiscales importantes como es el pago de derechos mineros a los que está sujeta desde 2014, de acuerdo con los informes que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los años 2015 y 2016 sobre el pago de derechos. Los documentos revelan que apenas un 0.8 por ciento de los titulares de concesiones mineras en México realizó el pago del derecho especial sobre minería y tan sólo el 32.4 por ciento realizó el pago del derecho extraordinario. Sobre el derecho adicional, el SAT no contó con información para determinar cuántos concesionarios estaban obligados al pago correspondiente. Ojalá fuese así de bondadoso con el resto de los mexicanos.

Aunque la situación mejoró ligeramente para 2016, de nueva cuenta la ASF encontró más irregularidades en la entrega de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias y en los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación a los que están obligados. La entrega de estos informes es importante, puesto que es un paso previo a la identificación de las empresas mineras que deben pagar derechos sobre minería, al no contar con esta información, tampoco es posible la exigencia de sus pagos.

Ante estas violaciones fiscales, la Secretaría de Economía no ha sancionado a los concesionarios mineros que han incumplido con el pago de sus obligaciones. De hecho, de acuerdo con la Ley minera, el incumplimiento de estos pagos es motivo suficiente para iniciar con el procedimiento de cancelación de las concesiones mineras correspondientes y no ha sucedido.

Lo anterior es una muestra clara de un Estado corporativo, donde el capital privado goza de grandes privilegios y cuyas leyes están pensadas para favorecerles casi exclusivamente. Muestra de ello es el carácter preferente que se da a la actividad minera. El artículo 6 de la Ley minera establece que la exploración, explotación y beneficio de minerales tiene carácter de preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, lo cual implica que todas las actividades productivas, exceptuando la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad,  quedan subordinadas a la minería; tales como la agricultura, el turismo o  cualquier otra actividad industrial e incluso los usos que del territorio realicen las comunidades indígenas y campesinas de acuerdo con sus costumbres y cultura. En consecuencia, a través de la Ley Minera y de manera contraria a las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se priorizan los intereses de las empresas mineras. Lo anterior, aunado a la franca violación al derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua, plasmados en el artículo 4º constitucional.

Por si esto fuera poco, otra condición favorable a la minería establecida en la Ley Minera es la que otorga el Estado en lo referente a las concesiones, mismas que pueden darse hasta por 50 años y ser prorrogadas por igual término. Así, las empresas mineras tienen un siglo para extraer el oro y la plata que requieran.

No puedo dejar de mencionar que la minería también puede realizarse dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), pese a que éstas por su misma naturaleza debieran estar resguardadas en su totalidad y ser excluidas de actividades industriales.

Los privilegios que otorga el marco legal a la actividad minera contrastan con los fuertes impactos que tiene en la vida de las personas y en el medio ambiente. Además de los conflictos socioambientales cada vez más comunes en los territorios donde ésta se realiza. Ante ello, vale la pena preguntarse ¿de verdad una industria que provoca tal cantidad de conflictos, impactos, que viola derechos humanos y de pueblos indígenas y, que además no contribuye con sus obligaciones fiscales, debe gozar de tan grandes privilegios? ¿No deberían privilegiarse las actividades económicas que verdaderamente beneficien a las y los mexicanos y no a estas corporaciones? Sin duda, es urgente invertir el equilibrio de poderes y cambiar urgentemente las reglas.

 

Información más detallada puede consultarse en el Anuario de Industrias Extractivas 2016

Fuente:http://www.sinembargo.mx/16-04-2018/3406709

Mexico

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).

También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

– La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

 

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Mineros marcharon el pasado 19 de febrero desde la Segob al Ángel de la Independencia, en la CdMx, a 12 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde murieron 65 mineros cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será  negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/15-04-2018/3404994

Mexico

Una mina submarina en el Golfo de Ulloa llevará a un colapso pesquero, señalan

La Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Chale solicitó a las autoridades pensar en impacto negativo económico sobre la región.

 Desde la perspectiva de Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, un proyecto de minería en fondos del Golfo de Ulloa, como el de “Don Diego”, pondrá en riesgo al sector pesquero de

“Es un tema peligroso porque está en riesgo la producción pesquera; s alarmante, preocupante y debería de preocuparle al gobierno estatal (…) porque tendría un impacto importante en la economía nacional”, expresó en entrevista con Diario El Independiente.

El proyecto extractivo de Altos Hornos de México y Exploraciones Oceánicas pretende extraer millones de toneladas anuales de arena fosfática, durante 5 décadas, en una zona en la que existen colindantes con 6 zonas importantes de pesca.

En 2015, Florencio Aguilar junto a otros miembros del organismo pesquero, así como un reportero, fueron denunciados por el despacho que representa a la empresa norteamericana Exploraciones Oceánicas, por impedir el desarrollo económico de México ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La preocupación del representante pesquero, es evidente luego de la aparición de la noticia de que un tribunal federal otorgó a la empresa, un resolutivo favorable para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitiera de nuevo un fallo, el cual, no le favoreció.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto ponía en peligro a la tortuga amarilla, porque en el Golfo de Ulloa es un área importante de alimentación y anidación de dicha especie, actualmente en peligro de extinción según la NOM 059.

Según datos de INEGI, en la región existen 26 comunidades pesqueras, según información dada por cooperativas a medios de comunicación, por lo menos 12 mil personas dependen de la pesca en la región mientras que el proyecto minero ofrece 80 empleos con capacidades técnicas muy definidas.

“Lo digo fuerte, y lo digo claro: ¡sobre nuestro cadáver ese proyecto operará! Si el gobierno lo permite se va a iniciar una guerra, porque no vamos a permitir que eso ocurra. ¿Dónde está el gobierno estatal y nuestros representantes?”, declaró.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/11/una-mina-submarina-en-el-golfo-de-ulloa-llevara-a-un-colapso-pesquero-senalan

Mexico

En BCS pescadores protestan contra minera submarina “Don Diego”

De nuevo, el sector pesquero está preocupado por el nuevo resolutivo que tendría que emitir la Semarnat, a un proyecto que ya había sido negado.

 El día de hoy se manifestaron en la explanada de la alcaldía de Comondú, pescadores de distintas cooperativas para reafirmar su irritación contra el extractivismo en fondos marino, por parte del sector pesquero que dependen del Golfo Ulloa.

Ante la insistencia de inversionistas por desarrolla minería de gran calado en tierra y mar en Baja California Sur, Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Puerto Chale, cree que es una buena idea formar un frente en común con aquellos actores sociales que luchan y niegan que su territorio sea transformado a capricho de otros.

Al preguntar acerca de los ciudadanos y las ciudadanas que rechazan a la minería a cielo abierto, en la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna y en otras partes de BCS, consideró sumarse para crear “un frente fuerte para que esto no pase y sea para salvar la vida de todos los que habitamos Baja California Sur”.

Ante el resolutivo que una corte federal emitió a favor del proyecto de minería submarina “Don Diego”, el cual obliga a la autoridad ambiental a emitir un nuevo dictamen; “la empresa se ampara ante el rechazo que dio la Semarnat y tendrá que hacer un pronunciamiento otra vez, eso nos preocupa”, expresó el representante pesquero.

Recordó el lamentable episodio cuando Exploraciones Oceánicas, firma que impulsa a “Don Diego” junto con Altos Hornos de México, lo demandó a él y a otros miembros la organización pesquera, porque se resisten a que la minera submarina opere en el Golfo de Ulloa. “No estamos dispuestos a vendernos: no vamos a vender nuestras aguas”, afirmó.

“Sabemos que hay gente poderosa y digo su nombre: Diego Fernández de Cevallos quien siempre ha estado detrás del PRI y el PAN buscando cómo y dónde para afectar al país, lo digo así, porque así es y no me da miedo decirlo porque esta gente está involucrada en todos estos temas”, dijo.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/12/en-bcs-pescadores-protestan-contra-minera-submarina-don-diego

Mexico

Congelan la ley de biodiversidad

La Paz, Baja California Sur.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que “ante la falta de consenso, dejaría de promover la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que expide la ley general de biodiversidad”.

Esta decisión fue publicada en el orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, a petición del coordinador del PVEM, Jesús Sesma, lo que implica que el dictamen se va a la “congeladora”, y quedará en calidad de proyecto para la próxima legislatura que inicia el 31 de agosto.

La noticia fue ampliamente celebrada por académicos, intelectuales, líderes de organizaciones, campesinos, pescadores, dirigentes de partidos políticos, funcionarios y candidatos a cargos de elección popular.

En las últimas horas los diputados el Partido Verde habrían tratado de cabildear el respaldo de los legisladores del PRI, sin obtener éxito alguno, de tal manera que en caso de haberse subido al pleno la votación, habría sido “libre”, es decir, sin compromisos de apoyo, y por tanto con una segura votación en contra.

A nivel local, el retiro de este dictamen fue ampliamente celebrado por dirigentes de organizaciones de pescadores, campesinos, ambientalistas, académicos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, candidatos y actores políticos de Baja California Sur. Hasta ahora, sólo el senador Isaías González Cuevas lo ha defendido. También ha opinado a favor, el despacho denominado Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/congelan-la-ley-de-biodiversidad