Niños, jovenes estudiantes, padres de familia y organizaciones civiles participaron en una marcha por las principales calles de esta población en la que rechazaron la explotación minera en la zona.

Convocado por el Grupo Ecologista Zanatepec con este desfile se celebró el séptimo festival infantil que en esta ocasión llevó el lema “Sí a la vida, no a la mina”.

Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec, detalló que desde el 2014, ellos tuvieron acceso a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad; sin embargo y por fortuna, la población está unida y cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal.

Explicó que este evento es para hacer patente a las autoridades federales y del estado, que en Zanatepec se rechaza la actividad minera, porque ésta implica acabar con los recursos naturales como ríos, arroyos y también cultivos de sorgo, maíz, camote, ajonjolí y mango, entre otros.

“Además de los estudiantes, los padres de familia, profesores y profesoras nos ayudan a sembrar, ha sido una labor grande, amamos la tierra y por eso la defendemos; rechazamos la minería, este municipio así se ha declarado”, expresó.

El grupo ecologista Zanatepec, para preservar el amor por los árboles, durante este año junto con estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria realizaron trabajos de reforestación en los parques ecológicos El Encuentro, La Limoncilla y Las Candelas.

En el 2008, la Secretaría de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y La Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/91398/organizan-desfile-contra-la-mineria-en-zanatepec-oaxaca

Habitantes de San Antonio y El Triunfo temen que la actividad del proyecto minero pueda afectar la salud de la población, luego de que se reportara la muerte de ganado.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) en Baja California Sur solicitó al gobierno federal revisar el proyecto de “La Testera”   que se está realizando sin los estándares de seguridad correspondientes y que podría poner en riesgo a los habitantes de San Antonio y El Triunfo.

El presidente del AP, Juan Carlos Jiménez Fuentes, que los trabajos de “La Testera” están matando un gran número de ganado en la zona. Los habitantes de El Triunfo y San Antonio aún no tienen la posibilidad de recibir un informe de impacto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los afectados consideran invitar a expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS),  Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar) y Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), para que investiguen el caso y puedan obtener un estudio por parte de profesionales.

“Es muy raro que no se responda a esta petición, […] nosotros no somos los expertos en el tema de contaminación, para ello existen las instancias correspondientes para verificar y dar un dictamen de la contaminación de los mantos acuíferos”, puntualizó.

“La Testera” es un proyecto minero que se remonta a 1993, se ubica cerca de la Sierra de la Laguna a 11 kilómetros de San Antonio. En el 2012, Profepa confirmó que existía un tajo a cielo abierto de forma irregular.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/25/exigen-a-la-autoridad-ambiental-revision-de-minera-la-testera

La minería no puede ser considerada sustentable, ya que además de quitarle sus tierras y el servicio de agua potable a las comunidades, en ocasiones se convierten en una amenaza mortal para los habitantes y generan ecocidio por los componentes que utilizan, confirmó la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ante las declaraciones que en días pasados realizó el candidato a la presidencia de la República por la coalición «Todos por México», José Antonio Meade Kuribreña, donde confirmó que los proyectos mineros valen la pena porque generan empleos, son compatibles con el medio ambiente y pueden brindar beneficios directos o indirectos a las comunidades.

Garza Tarazona mencionó que las minas a tajo abierto no pueden considerarse ecológicas, ya que la piedra que sacan la muelen e introducen en ácidos para quitarle los minerales que buscan, la cual vuelven a esparcir posteriormente dentro de la mina, lo que provoca que no pueda utilizarse como cultivo. Asimismo, el agua que es derramada con los ácidos llega a fugarse y contamina los ríos de diferentes entidades. «Les están quitando sus tierras a los habitantes de la región y les quitan el agua», señaló.

Hasta donde yo sé, están concesionadas a las minas la cuarta parte del territorio. ¿De qué se trata?, ¿de quedarnos sin tierras?, ¿que la gente se muera de hambre?

Asimismo, puntualizó que en el caso de Morelos tiene información de que los mineros pagan cinco pesos con 80 centavos por hectárea al año, «y yo me pregunto, ¿cuántos agricultores tiene una hectárea y cuántos agricultores pueden vivir con 5.80 al año; ese el gran beneficio que tenemos?», agregó.

La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que un ejemplo de estas afirmaciones es el proyecto minero de Huautla, el cual tiene en el centro la zona arqueológica de Xochicalco, donde en caso de empezar a utilizar bombas para explotar más la mina, se pueden ocasionar daños graves en la zona considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Garza Tarazona exhortó al aspirante presidencial a «ponerse en los pantalones» de cualquier campesino para ver si le parece propio para el país seguir dando oportunidad a este tipo de trabajos.

Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/imposible-la-mineria-sustentable-1636748.html

En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, territorios y recursos naturales, ha sido la aprobación de leyes regresivas, contrarias a los derechos humanos, que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, como actividades que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad.

La Ley Minera es una carta en blanco para robar. De acuerdo con el artículo 19, las concesiones mineras le otorgan a su titular la facultad para: Realizar obras y trabajos de exploración y explotación, disponer de los productos minerales que encuentren, disponer de los terrenos y obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de las tierras que sean indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación, así mismo pueden obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas, todo esto por 50 años que además pueden prorrogarse.

Jurídicamente, las concesiones amparan únicamente a los recursos minerales, no les otorga a los mineros la titularidad de las tierras que en muchas ocasiones son ejidales, comunales o indígenas, por lo que para poder efectuar los trabajos de exploración o de explotación, el concesionario deberá tener un acuerdo con los dueños de la superficie y en todo caso, solicitar y obtener de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal, una servidumbre de paso o una expropiación de la Reforma Agraria cuando se trata de terrenos agrarios. Con este menú de opciones, las empresas mineras tienen un amplio margen de negociación, que en realidad es de imposición, digamos que las comunidades tienen la opción de elegir entre tres distintas maneras de ser despojado, con resultados muy similares. La tierra y el territorio que siempre les ha pertenecido, herencia de los abuelos, ahora puede ser usado, destrozado y contaminado por una persona ajena a su comunidad que recibió una concesión minera y se comporta como dueño del terreno.

En la Guía de Ocupación Superficial (Publicada en Internet con este nombre), elaborada por la Secretaria de Economía de la que ya he hablado en otro artículo (Contralínea 12 de abril de 2015), se aconseja y asesora a las empresas mineras para que, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto, se llegue a distintos acuerdos. Si lo que buscan es comenzar con la exploración, deben firmar un acuerdo de arrendamiento o servidumbre; si ya están en el desarrollo de la actividad minera, deben firmar un acuerdo de ocupación temporal; si ya están en la operación, deben recurrir a la expropiación del terreno ejidal o comunal.

La figura que más se utiliza en las negociaciones entre ejidos y comunidades y las empresas es la de los Convenios de Ocupación Temporal y hay varias razones para ello:

Aunque la Ley Minera declara la preferencia sobre cualquier otro uso de la actividad minera, para las empresas mineras es difícil demostrar las causas de la expropiación. El segundo párrafo del Artículo 27 Constitucional establece que: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

La expropiación es un procedimiento tardado, que implica una evaluación de las causas de utilidad pública, una medición de las afectaciones, tanto de superficie de terreno, como de bienes distintos a la tierra para calcular las indemnizaciones, además de que están sujetas a la voluntad política del ejecutivo federal.

La expropiación es utilizada principalmente como una coacción a los núcleos agrarios. En caso de negarse a firmar un acuerdo de ocupación temporal, las empresas amenazan con solicitar sea expropiada la superficie que necesitan para su proyecto extractivo.

Para los acuerdos de ocupación temporal, no se requiere la aprobación del ejido o la comunidad en una asamblea dura o de formalidades especiales y aunque no se requiere la presencia de la Procuraduría Agraria, acude a las asambleas, las dirige y se comporta como abogada de la empresa y gestora de los proyectos extractivos.

Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales, en primer lugar por la asimetría de poder que existe entre las empresas mineras y las comunidades campesinas e indígenas; la falta de información con la que cuentan las partes contratantes, pues casi siempre se ocultan los efectos negativos, los impactos ambientales y sociales, así como las afectaciones a la salud de la población. Por último se trata de convenios leoninos, entendidos éstos como contratos en los que se pacta que todas las ganancias son para una de las partes y todas las pérdidas son para la otra parte. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan.

En todo el país podemos encontrar conflictos mineros que se suscitaron por el incumplimiento de las cláusulas del convenio de ocupación temporal, ya sea en el pago de la renta, o porque comienzan a extenderse más allá de los terrenos pactados o en contraprestaciones tan absurdas como el arreglo de caminos y escuelas, el trabajo para los ejidatarios, el transporte de los materiales y las obras sociales.

El caso del Ejido la Sierrita en Durango es emblemático en este sentido, pues la empresa minera Excellon firmó un contrato de ocupación temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron cláusulas de carácter social en beneficio del ejido como la construcción de una planta tratadora de agua; que los ejidatarios fueran contratados por la mina, la administración del comedor para los trabajadores, poder transportar el mineral, becas escolares y el pago de la renta anual. La única contraprestación cumplida parcialmente fue la renta el primer año. Intentaron negociar con la empresa mejores condiciones sin tener éxito, por lo que decidieron demandar la terminación del contrato de ocupación temporal, la restitución de las tierras y el pago de daños. La demanda se presenta ante el Tribunal Unitario Agrario en 2012 y hasta la fecha no se ha resuelto, mientras la empresa sigue trabajando y explotando la mina.

Ante el despojo legalizado que quieren imponer las empresas mineras, las comunidades indígenas y campesinas han dado respuestas de maneras muy diversas, unas han optado por cambiar a los representantes agrarios que aceptaron la minería, otros se han negado a firmar los acuerdos de ocupación temporal con todo y las amenazas de expropiación, otras comunidades han modificado sus estatutos agrarios para blindar sus territorios de actividades extractivas. Existen varias comunidades que acudieron por la vía del amparo a solicitar la cancelación de las concesiones mineras, algunas otras se han declarado “comunidades libres de minería”, hacen acuerdos, hacen fiesta, hacen tequio, se hacen peticiones y ceremonias, un sinfín de estrategias que lo que buscan es defender la vida y el territorio.

El Topil vía Otros Mundos Chiapas

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/mineria-en-mexico-un-despojo-legalizado-a-la-propiedad-social-expropiacion-ocupacion-temporal-y-servidumbres/

Mina marina de fosfato acabaría con producción pesquera. Si el gobierno lo permite ‘habrá guerra, porque no vamos a permitir que eso ocurra’

El amparo otorgado a mina marítima causa indignación entre los defensores del medio ambiente en Baja California Sur, entre los pescadores y los que viven de las actividades del mar.

En este sentido el periodista Sebastián López Avilés, de el Diario Independiente de esa entidad, se dio a la tarea de recoger el testimonio del sentir de los pescadores, ante la amenaza de la implementación del proyecto Don Diego.

“Es un tema peligroso porque está en riesgo la producción pesquera, es alarmante, es preocupante y debería preocuparle al gobierno estatal o a los que nos dicen representar, porque tendría un impacto importante en la economía nacional“, señalo en la entrevista Florencia Aguilar, representante vocal de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale

“Remover el fondo marino para explotación de fosfato y luego poner algas marinas, taparía el oxígeno y acabaría con la producción pesquera“, puntualiza el dirigente cooperativista, en el reportaje de Sebastián López.

“Tenemos pruebas, estudios y fotos. Cualquiera que tenga conocimientos profesionales podrá corroborarlo”, agregó el dirigente de los pescadores.

“Lo digo fuerte y claro: Sobre nuestro cadáver ese proyecto operará” señala el reportero al recuperar la voz de los afectados.

“Si el gobierno lo permite, se va a iniciar una guerra. Una guerra porque no vamos a permitir que eso ocurra“, puntualizó Florencio Aguilar

El Diario Independiente recoge el sentir de los pescadores:

“¿Dónde está el gobierno federal y nuestros representantes?.La explotación de fosfato acabaría con la economía de la región al verse afectada toda la cadena productiva”.

“Ojalá que el próximo presidente de México, tenga “los suficientes” para defender a la gente y no a la iniciativa privada”.

“Ya estamos cansados de las privatizaciones”- indico el cooperativista quién pidió terminar con las reformas estructurales “que han sido un desastre nacional”

Resurge la amenaza de minería marina por amparo de un juez

Tal como dimos cuenta en Regeneración. mx  el 1 de abril del 2018. En redes sociales el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, dió a conocer que la minera marítima Exploraciones Oceánicas, filial de la trasnacional Odissey Marine Exploration, obtuvo una orden de un juez para que Semarnat dictamine nuevamente la resolución de impacto ambiental que fue negativa para la minera marina, en Comondú, Baja California Sur.

El asunto causa alarma entre la población de Baja California Sur, debido a las consecuencias de la explotación de los fosfatos del fondo marino.

“Destruiría la vida del mar”, denuncian.

Es su momento la Semarnat señaló que dicha explotación acabaría – por lo menos- con el hábitat de las tortugas.

Tal como lo publicó en su oportunidad Excélsior, Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas, pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el Golfo de Ulloa, para extraer 350 millones de toneladas de fosfato.

El fosfato es una sustancia negra y pegajosa, parecida al chapapote, útil en la fabricación de fertilizantes para la agricultura, en un reprotaje de Ernesto Méndez.

El periodista Méndez precisa varios puntos:

–La firma con sede en Tampa, Florida, dedicada al rescate de tesoros submarinos y que cotiza en la Bolsa de Nueva York

-Lo que se pretende es dragar una superficie que equivale al 60 por ciento del territorio que ocupa el Distrito Federal.

-El permiso es de 50 años, renovable a otros 50 años.

– Se pretende extraer tal cantidad de fosfatos que “puede abastecer a México por más de 100 años de sus necesidades de fosfato

–El proyecto se llama Don Diego —en honor al primo hermano de Hernán Cortés, Diego Hurtado de Mendoza.

– La explotación se localiza en la Zona Económica Exclusiva de México, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, a 22 kilómetros de la costa.

– El proyecto Don Diego emplearía a 80 personas de la región en un dragado de succión permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, con el apoyo de una barcaza y un buque remolcador.

Los impactos ambientales

El dragado consiste en remover el fondo marino con todo y los organismos que habitan en este, obtener el mineral y regresar millones de toneladas de sedimentos que serán suspendidos en la columna de agua, publicó noticias BCS

“Es al mismo tiempo fácil y aterrador imaginar los impactos que esto traerá a los cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en esta región” dijo Meredith de la Garza Treviño, directora ejecutiva de la Sociedad de Historia Natural Niparajá.

La zona del Golfo de Ulloa es una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Reconocida por su alta productividad biológica y por esta misma razon, sitio de gran importancia para la pesca de la región. De hecho, el 42% de la actividad pesquera en BCS.

El área donde pretende desarrollarse el proyecto, también ha sido identificada como zona crítica para la población de tortugas marinas.

Daños irreversibles

Por su parte el portal Industrias pesqueras alertó en un artículo con evidencia científica que advierte sobre los daños irreversibles de la minería marina

La minería en el lecho oceánico podría causar daños irreversibles a los ecosistemas de aguas profundas, según un nuevo estudio sobre propuestas mineras en fondos marinos de todo el mundo realizado por la Universidad de Exeter y Greenpeace. Es el primer informe en ofrecer una visión global de todos los planes actuales para extraer los fondos marinos, tanto en aguas nacionales como internacionales, y analiza los posibles impactos, incluida la destrucción física de los hábitats de los fondos marinos, la creación de grandes columnas de sedimentos submarinos y los efectos de contaminación química, acústica y lumínica derivada de las operaciones mineras.“Nuestro conocimiento de estos ecosistemas es aún limitado, pero sabemos que son muy sensibles”, apunta David Santillo, biólogo marino y científico senior de Greenpeace con sede en la Universidad de Exeter. “La recuperación de la perturbación causada por el hombre podría llevar décadas, siglos o incluso milenios, si estos ecosistemas se recuperan”. Y en este sentido añade que “a medida que aprendemos más sobre los ecosistemas de aguas profundas y el papel de los océanos en la mitigación del cambio climático, parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas”.

Enre los ejemplos de los que se hacen eco en el estudio, los investigadores destacan la primera empresa comercial en aguas profundas, que se espera apunte a sulfuros ricos en minerales a profundidades de 1.5-2km frente a Papua Nueva Guinea, está programada para comenzar a principios de 2019. El equipo de investigación de Exeter y Greenpeace explica que hay “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la minería de los fondos marinos, incluidos los problemas legales y las dificultades para predecir la escala y el alcance de los impactos por adelantado, y para monitorear y regular la actividad minera.

En el trabajo también se recogen los conflictos que pueden surgir con otras actividades, como la pesca o el tráfico marítimo, y en este sentido se hace eco de la propuesta de creacón de una zona de exclusión de 23 × 9 km en aguas de Namibia para la explotación de depósitos de fosfato en los fondos marinos, lo que afectaría a los principales caladeros comerciales de merluza, jurel y rape. En otro ejemplo, las compañías pesqueras se oponían activamente a una propuesta de hierro y extracción minera frente a la costa oeste de Nueva Zelanda. Pero no solo ya que también hay preocupación con el impacto de la minería en los recursos genéricos, una industria que en la actualidad genera miles de millones de dólares.

El documento, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, bajo el título “Una visión general de la minería del fondo marino incluyendo el estado actual de desarrollo, los impactos ambientales y las lagunas de conocimiento” se puede descargar aquí.

Fuente:https://regeneracion.mx/mina-submarina-sobre-nuestro-cadaver-pescadores-del-bcs/