Desplazamiento forzado en Arcelia, Guerrero; bajo la doble coacción de crimen organizados, y minera Telson Resources; cómplice inacción de autoridades.

En el municipio de Arcelia en la Tierra Caliente de Guerrero, se vive un doble asedio tanto por parte del crimen organizados como por la compra de minas. En dicho municipio se encuentra en la zona donde el año pasado ocurrieron fuertes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y donde ayer se anunció la puesta en marcha de la Mina de Campo Morado por la empresa canadiense Telson Reosurces.

Para el Centro Morelos de Derechos Humanos “los desplazamientos forzados de los pueblos en la Tierra Caliente de Guerrero tienen relación con la compra de la Mina de Campo Morado en el municipio de Arcelia, la cual este día anunció el inicio de su producción comercial”; según testimonios del periodista Alejandro Ortiz del portal noticiero Bajo Palabra

El año pasado, el asedio y hechos de violencia por la presencia de grupos delictivos ubicados entre los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, provocaron el desplazamiento de comunidades, puntualizó Ortiz.

“El 1 de agosto del 2017, la empresa canadiense Telson Resources compró la mina de Campo Morado en medio de esta situación” recordó el periodista.

Para el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” las acciones no son coincidencia si no que forman parte de una relación estrecha para evitar la oposición de los pueblos en contra de la explotación minera.

“Las empresas mineras lo que quieren es tener grandes rendimientos y obviamente el que para ellos no haya oposición, el que no haya ningún obstáculo, para ellos es lo mejor”, manifestó Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos; en declaraciones a Bajo Palabra, informativo que se define como un medio de la sociedad civil.

En declaraciones a dicho medio el activista señaló que “los gobiernos actúan en coacción doble en apoyo a las mineras, y mayormente afectando a los pueblos en donde existen trabajos desde exploración hasta explotación de diversos minerales”.

En primer lugar, recordó que tras la reforma al artículo 27 en 1992, el estado mexicano privatiza las tierras y abrió la posibilidad de que las mineras “se entiendan con unos cuantos” para lograr realizar labores en esos lugares sin el consentimiento total de un pueblo o núcleo agrario. “

Por el otro lado, el permitir que los grupos de la delincuencia organizada intervengan como un actor que ejerce la violencia para presionar, para desplazar a la gente y mediante el terror obligarlas a aceptar lo que les ofrezcan (…), pues prácticamente es una responsabilidad del Estado”, indicó Olivares Hernández.

Finalmente Alejandro Ortíz recordó que geográficamente, la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia se encuentra en la zona límite con las comunidades del municipio de San Miquel Totolapan, zona que fue sede de cruentes enfrentamientos entre el grupo de Los Tequileros y La Familia Michoacana, ambos con operación en la Tierra Caliente de Guerrero.

Fuente:https://regeneracion.mx/tierra-caliente-gro-bajo-asedio-de-mineras-de-canada-y-crimen-organizado/

Al menos 330 hectáreas serán utilizadas para la construcción de la mina La Paila, en Palma Sola, municipio de Alto Lucero. Martín Sánchez Estrada, especialista metalúrgico de la empresa Candelaria Mining Corp, reveló que se contemplan 25 terrenos en el cerro La Paila para los trabajos de minería a cielo abierto. 

Martín Sánchez Estrada, especialista metalúrgico de la empresa Candelaria Mining Corp, reveló que se contemplan 25 terrenos en el cerro “La Paila” para los trabajos de minería a cielo abierto.

La empresa canadiense ha comprado ocho de esos predios y los otros 17 se encuentran en renta con opción a compra.

El patio y las piletas de la mina serán construidos en 90 hectáreas del cerro.

Sin embargo, el 80 por ciento de esa superficie ya pertenece a Candelaria Mining Corp.

«En total el proyecto es de 25 terrenos, pero gran parte de ellos ya son de la empresa».

Compran terrenos por seguridad

La compañía de Vancouver, Canadá, también compró terrenos en la localidad El Tajo, municipio de Actopan, cerca del cerro La Paila.

Lo anterior como parte de una medida de seguridad, no para su utilización en los trabajos de extracción de 20 toneladas de oro, durante los ocho años de operación de la mina.

«Es posible para que no seamos incómodos, la gente dice que va a haber ruido y también la desinformación, pero no por seguridad de eventos, porque cero fugas y cero consecuencias por explosiones».

El especialista confirmó que serán utilizados explosivos para la extracción de oro en piedra del cerro La Paila.

Durante un recorrido en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, y en las faldas del cerro “La Paila”, personal de Candelaria Mining compartió un video donde se observan explosiones en el cerro de “San Pedro”, estado de San Luis Potosí, sitio localizado a unos 100 o 150 metros de una iglesia y las casas.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40726-destruiran-330-hectareas-con-proyecto-minero-la-paila

A la sociedad civil de Chiapas, México y Canadá,
A las organizaciones de derechos humanos de Chiapas, México y Canadá,
A los medios de comunicación,

La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

Entregamos dicha denuncia al Comisionado en Ottawa, Canadá, exigiendo que iniciara una investigación por las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, ocurridas durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca, cuando luchaba contra los impactos socio-ambientales de la minería en Chicomuselo, hasta que culminó con su asesinato. Nosotros alegamos, en base a nuestra investigación, que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideramos que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Mariano por defender la vida y los derechos humanos.

Al Comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration, justo en diferentes momentos antes de su asesinato en los cuales Mariano era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Blackfire, y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la Embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

En su rechazo para realizar una investigación a fondo como le solicitamos, el Comisionado declara que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades, no representan «políticas oficiales». Por lo tanto, desde la perspectiva del Comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación, sólo abroga a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como coparticipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realizan en toda Latinoamérica.

Nosotros continuaremos buscando la verdad y la justicia hasta llegar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano. Por ello, ante nuestro desencuentro con el Comisionado, hemos asistido a la Corte Federal de Canadá para presentar una notificación de aplicación para una revisión jurídica de la decisión del Comisionado. Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero.

Es importante recordar que también en Mexico hemos realizado un largo recorrido, donde sigue abierta una investigación penal que aún no ha llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Ante la omisión del propio gobierno mexicano, en junio del 2017, llevamos una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina.

Continuaremos caminando, enfrentando y denunciando la falta de voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. Asimismo, no dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el estado canadiense detenga su política extractivista que extermina los pueblos.

¡Fuera las empresas mineras de los territorios de México y América Latina!

¡La minería no es desarrollo, es muerte y destrucción!

¡Ni un asesinato más a defensores y defensoras de la tierra y el agua!

FIRMAMOS:

Familia Abarca Montejo
Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2908-acudimos-a-la-corte-federal-de-canada-para-exigir-justicia-para-mariano-abarca

Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.

La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.

A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.

El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país.
La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.

Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.

Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.

La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad.
El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.

“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.

“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró.
La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40672-familia-de-activista-antiminero-asesinado-cree-que-embajada-de-canada-tomo-parte

ANTE NEGATIVA DE TV AZTECA PARA EJERCER DERECHO DE RÉPLICA,   NUESTRA SOLIDARIDAD PARA JUAN ANGEL TRASVIÑA AGUILAR

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.

De manera irresponsable, a través de sus diferentes plataformas informativas, TV AZTECA ha señalado que el ingeniero Juan Angel Trasviña y su familia están vinculados con la industria minera en Baja California Sur. Igualmente, TV AZTECA, ha asegurado que detrás de la familia Trasviña “hay fuertes intereses económicos de grupos mineros tóxicos…”

Con estos señalamientos, que consideramos irresponsables, TV AZTECA no sólo le miente a la sociedad sudcaliforniana sino que intenta -sin conseguirlo- dañar la imagen de uno de los principales luchadores y de los diferentes espacios colectivos a través de los cuales combate al Modelo Extractivo Minero en el Estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, las televisoras desempeñan una actividad de interés público y tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, para lo cual procurarán, entre otras cosas, “afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”, así como “fortalecer las convicciones democráticas”. En este sentido, GRUPO SALINAS, propietario de TV AZTECA no debería usar una concesión pública para la defensa de sus propios intereses. TV AZTECA tiene la responsabilidad de informar de manera transparente y objetiva, con independencia de los negocios de sus propietarios.

Rechazamos las campañas negativas que pretenden desacreditar el histórico trabajo de nuestros aliados en Baja California Sur. Del mismo modo, denunciamos al Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable presidido por Miguel Ángel Luna Salaices,  engaña a la opinión pública y opera a favor de las empresas mineras al abogar por una mineria sustentable en oposición a una minería tóxica. Desde la Red Méxicana de Afectados por la Minería negamos la existencia de una minería verde, sustentable y/o responsable.

En este sentido, respaldamos total y plenamente la integridad, la solvencia moral, así como la posición política del ingeniero Juan Ángel Trasviña Aguilar y de los grupos a los que pertenece y cuya trayectoria en la defensa del agua y del territorio hablan por sí mismas.

Como en casos anteriores, a TV AZTECA y a los grupos “PRO – MINERÍA” como el Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable les decimos que campañas de este tipo, que tienen por objeto desinformar, nos indignan pero no nos paralizan. Conocemos la forma y los mecanismos a través de los cuales el lobby minero se conduce para llevar a cabo sus proyectos de extracción.

El ingeniero Trasviña Aguilar ha solicitado, de manera consecuente con su trayectoria, una réplica ante las difamaciones de las que ha sido objeto sin que a la fecha haya obtenido, de parte de TV AZTECA, una respuesta satisfactoria a la cual tiene derecho. En la REMA hacemos nuestra su exigencia y urgimos a TV AZTECA a que atienda su solicitud para que, como corresponde, pueda realizar las aclaraciones que considere pertinentes y decir lo que a su interés convenga.

Agua Si, Mina No

BCS Libre de Mineria Tóxica, Responsable y Sustentable

Fuente:http://www.remamx.org/2018/05/comunicado-rema-ante-negativa-de-tv-azteca-para-ejercer-derecho-de-replica-nuestra-solidaridad-para-juan-angel-trasvina-aguilar/

 El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.

Luna Salaices agradeció a los sudcalifornianos el haber colaborado en la colecta de firmas, la cual ascendió a las 4 mil rúbricas, es decir, el triple que se requiere para presentar el apoyo al Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), destacando que lo anterior refleja una gran cantidad de ciudadanos que quieren participar de forma activa en las decisiones que competen al futuro de BCS.

Luna Salaices subrayó que pese a las críticas y ataques que ha sufrido el comité a su cargo por parte de la familia Trasviña, quien pregona su preocupación por el medio ambiente, la cual se encuentra vinculada con asuntos referentes con la minería tóxica, tal es el caso de la mina La Testera, lugar donde trabajó Manuel Salvador Trasviña, como empleado.

El presidente del Comité Promotor acusa Juan Ángel Trasviña de haber recibido financiamiento del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemeda), así como de recibir recursos de fundaciones extranjeras y de ser propietario de la empresa Biodingenieria Internacional, S.A. de C.V., donde tiene clientes hoteleros e industriales de quienes recibe grandes cantidades de dinero.

“Este personaje dice oponerse a la minería sin dar fundamentos científicos y sin escuchar a los expertos, a pesar de que sabe que la minería tóxica que opera en nuestro estado le niega la oportunidad de llevar una minería sustentable y sigue solapando la minería tóxica”, aseguró.

Finalmente, Miguel Ángel Luna invitó a los candidatos a que conozcan y apoyen su iniciativa y se sumen a la lucha por una minería sustentable, rechazando así la minería tóxica.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/acusan-a-la-familia-trasvina-de-solapar-proyectos-de-mineria-toxica-en-baja-california-sur/

El Cerro Quemado, es uno de los lugares sagrados de los huicholes o wixarikas, hacia él peregrinan para lograr una comunicación con sus dioses mientras los marakames los guían en esa travesía donde recogen a sus antepasados, el peyote, los venados y el agua de los manantiales. Este grupo indígena que se ha negado a la modernización, ve en peligro sus tradiciones ancestrales, puesto que el gobierno mexicano ha dado a la minera canadiense First Majestic Silver, una concesión para explotar las vetas de plata del subsuelo y los cerros de Wirikuta, el lugar sagrado de los wixarikas.

Los huicholes tienen una geografía sagrada que abarca desde las costas de Jalisco en el Pacífico, atravesando los estados de Durango, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas, en toda esa área encuentran los pilares de su cosmovisión. En esa peregrinación que parte en el mar y culmina en el desierto Wirikuta, acuden los marakames o guías y hikuritamete también conocidos como peyoteros o jicareros.

¿En qué consiste la peregrinación?

COMUNICADO

16 mayo de 2018

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El asesinato del defensor de derechos humanos Manuel Gaspar Rodríguez (integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala -Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN), activista defensor de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, en la Sierra Norte del estado de Puebla, sucedido el pasado 14 de mayo en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, viene a confirmar la soberbia, intransigencia, impunidad con la cual actúa el estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, al implementar, en todo el territorio nacional, una estrategia de despojo y muerte en contra de las comunidades y pueblos campesinos que se niegan a entregar las tierras y la vida para el falso progreso y desarrollo que el modelo extractivo impone en toda Latinoamérica.

Nuevamente nos encontramos ante un crimen instrumentado en un clima de hostigamiento y criminalización previa en contra de los integrantes y representantes de la CNPA MN así como a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC), aunque no podemos obviar, se trata también de una agresión permanente en contra de todas las y los mexicanos que hemos tomado la determinación de defender la vida en contra de un modelo económico y ambiental depredador y ecocida que solo favorece a quienes desde las cúpulas de poder lo promueven aún por encima de la vida.

Nuestro abrazo solidario a la familia Manuel Gaspar Rodríguez y a todas y todos sus compañeros de lucha,  ratificando que cada vez somos más quienes decimos ¡basta!, ¡Sí a la vida, no a la mina!

FRATERNALMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

En agosto de 2014 el complejo minero Buenavista del Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora. Más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas que buscaron resarcirse con la creación de un fideicomiso, pero los recursos se manejaron con opacidad, de manera discrecional y el dinero se terminó sin haber cubierto una larga lista de necesidades entre la población. Calificado como uno de los peores desastres medioambientales de los últimos años, el derrame provocó contaminación, daños al medio ambiente, a la salud de los habitantes y al sector económico.

El fideicomiso destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, ubicados en la región centro-norte del estado de Sonora, se acabó, según un reportaje de Fundar.

En agosto de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal contra el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, luego de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas que buscaron resarcirse con la creación de un fideicomiso, pero los recursos se manejaron con opacidad, de manera discrecional y el dinero se terminó sin haber cubierto una larga lista de necesidades entre la población.

Calificado como uno de los peores desastres medioambientales de los últimos años en México, el derrame provocó contaminación, daños al medio ambiente, a la salud de los habitantes y al sector económico.

Los habitantes de Baviácora y de los otros seis municipios perjudicados por la tragedia ambiental recibieron apoyo del Fideicomiso Río Sonora. Sin embargo, este recurso se extinguió en febrero de 2017, el cual estaba destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame y funcionaba con dinero proveniente de las empresas responsables del daño: Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A de C.V.

El dinero -2 mil millones de pesos– también serviría para instalar plantas potabilizadoras de agua, reparar daños ambientales y atender, con una clínica, a los pobladores que presentaran padecimientos que pudieran derivarse de la contaminación.

María Silvia García, habitante de la localidad de Baviácora, señala que el apoyo se tradujo en un tinaco de la marca Rotoplas y 15 mil pesos. “Decía tercero y último pago, pero nada más me dieron uno”, comentó en julio de 2017, días antes Nacional Financiera informó que el Fideicomiso desaparecería ya que se daba por finalizada al quedar finalizada la reparación del daño.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40534-desastre-minero-de-sonora-millonario-fideicomiso-y-pobalcion-sin-atender