Los Cabos.- Rotundo no público y firmado a la minería tóxica, quedó plasmado este viernes por el candidato a la presidencia Municipal de Los Cabos por el Partido Verde Ecologista, Alejandro Enrique Rojas en el marco de la firma del convenio con el Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur.

Alejandro Enrique Rojas reafirmó su postura en contra de todo desarrollo que lacere las áreas naturales protegidas, “de ninguna manera serán autorizados proyectos que tengan como objetivo el daño de nuestra tierra”.

De igual forma, el único candidato ciudadano aclaró no ser responsable de los hechos que el partido que lo abandera o algunos integrantes del mismo hayan hecho, sin embargo dijo que si será responsable de las decisiones que se lleguen a tomar a partir de que sea gobierno, puesto que su postura no cederá, porque en Los Cabos la minería tóxica no pasará.

Reafirmó su compromiso incluso al exponer que en caso de ser necesario saldrá en defensa del agua y la vida no solo en Los Cabos, sino en el estado y el país; en caso de requerirlo buscará las medidas por la vía jurídica para el blindaje y defensa.

El evento protocolario realizado en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Verde, donde el candidato ciudadano estuvo acompañado por las candidatas a diputadas locales, Araceli Miranda, Andrea Hernández, Minerva Monzón, Cristina Medina; por los Distritos VII, XII, XVI y I, respectivamente, así como el candidato a diputado local por el distrito IX, Francisco Amador.

Por el Frente Ciudadano por la Defensa el Agua y la Vida en B.C.S. estuvieron Alejandra Clavero, Víctor Trujillo, Cristian Mendoza y Armando Sánchez, quienes expusieron que la firma del documento es para garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos y habitantes del Municipio de Los Cabos, que de llegar a ser elegido en el proceso electoral 2018, para ocupar el cargo de presidente municipal, se compromete a cumplir con los compromisos que en la carta quedan plasmados.

Alejandro Enrique Rojas puntualizó que al no acceder a la minería tóxica, irá de la mano de una propuesta para diversificar el desarrollo en Los Cabos, tanto en las actividades primarias, reafirmación de la industria sin chimenea; todo por el bien de las generaciones actuales y futuras.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/municipios/rotundo-no-a-la-mineria-alejandro-rojas

Martes 5 de junio de 2018, 6 pm. Conversatorio:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple 3 años de lucha contra la minería

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
invita al conversatorio sobre:

EL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO

  20 DE JUNIO (FPDS) CUMPLE 3 AÑOS DE LUCHA
CONTRA LA MINERÍA

Martes 5 de junio de 2018, a las 18.00h

en CIMSUR-UNAM

Ma. Adelina Flores # 34-A, Barrio de Guadalupe,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

https://seminariootrosmundos.blogspot.com/2018/05/martes-5-de-junio-de-2018-6-pm.html

Este martes 5 de junio, tendremos el honor de recibir en nuestro conversatorio mensual a una compañera y un compañero del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) en el marco del tercer aniversario de esta lucha que resiste a la minería en los municipios de Escuintla y Acacoyagua, Chiapas.

Conformado oficialmente desde el 20 de junio del año 2015, el FDPS ha logrado despertar la conciencia de much@s chiapanec@s y mexican@s sobre la importancia de seguir unid@s y fuertes ante el avance del modelo extractivo que estamos presenciando en todo el país y América latina. Se organiza para defender su territorio, ubicado entre el bosque de niebla de la Reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada, y amenazado por 21 concesiones mineras.

Gracias a su perseverancia, ha mantenido un campamento en los caminos cercanos a la mina de titanio «Casas Viejas», de la empresa minera mexicana El Puntal S.A. de C.V., para impedir la entrada de su maquinas en el predio. Una acción de largo aliento que ha permitido suspender la actividad de la mina.

Además, el FDPS ha alentado a los habitantes de Acacoyagua a ejercer sus derechos colectivos para frenar las ambiciones de la industria extractiva. A finales del años 2017, los Bienes Comunales y el Ejido de Acacaoyagua firmaron en asambleas actas en los que prohiben etodo tipo de actividad proveniente de la minería.

¡Les invitamos a venir a escuchar la palabra de l@s compañer@s y conversar con ell@s!

Fuente:http://www.remamx.org/2018/06/conversatorio-el-frente-popular-en-defensa-del-soconusco-20-de-junio-fpds-cumple-3-anos-de-lucha-contra-la-mineria/

Alberto Baillères y Germán Larrea, los dos magnates que llamaron a sus empleados a no votar para Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, amasaron su fortuna en la minería, un negocio altamente rentable para los concesionarios, pero que prácticamente no reditúa nada a México: el año pasado, a pesar de producir 417 mil millones de pesos, la industria minera apenas contribuyó en 1% a los ingresos fiscales del gobierno federal.

Fuente: Proceso

Es más: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que 59 empresas y grupos mineros evadieron “presuntamente” el pago de derechos mineros en 2015, entre ellas, filiales de Grupo México -de Larrea- y Grupo Bal -de Baillères-, como lo documentó Proceso el año pasado.

“Es un negocio sumamente rentable, se puede extraer muchos minerales, oro y plata, y prácticamente no pagar nada por ello: hay impunidad, pues no hay quién llame a cuentas a las empresas por no pagar impuestos, por no pagar derechos, por invadir a áreas naturales protegidas; en buena medida, su fortuna se explica por esto”, dice Beatriz Olivera, investigadora en Fundar, en entrevista con Apro.

Reciben denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en el estado

Afectados responsabilizan a Minera Tayahua SA de CV, First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y Pan American Silver Corp

El caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado de los habitantes de la comunidad La Colorada (ubicada en el municipio de Chalchihuites) por parte de la empresa minera canadiense Pan American Silver Corp motivó la primera visita en la historia de Zacatecas de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Este 29 de mayo, Byron Cárdenas Vázquez y Laura Papasergio, oficiales del ACNUDH llegaron a la cabecera municipal de Chalchihuites para reunirse con los afectados, y buscaron al día siguiente entrevistarse con el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna.

El personal de la ONU también recibió documentos de denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en Zacatecas y autoridades locales tanto de orden federal, estatal y municipal, referidos a los casos de Salaverna, Mazapil; Chalchihuites y el Ejido San José de Buenavista “San José de Abajo”, los dos últimos, ubicados en la misma demarcación.

Los asuntos implican respectivamente en las denuncias a las empresas Minera Tayahua SA de CV (filial de Frisco), First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y en el caso de La Colorada, a la ya citada Pan American Silver Corp.

El desplazamiento forzado y despojo de territorio de los pobladores de esta comunidad ubicada a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites y a unas tres horas de camino en auto desde la capital del estado de Zacatecas, fue denunciado ya ante el representante en México de la ACNUH, Jan Jarab, y asimismo a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas del organismo, Victoria Tauli Corpuz, en su reciente visita al país, gracias a la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.

David Cayetano, integrante de la Red y quien interviene en estas denuncias haciendo trabajo de acompañamiento a favor de los habitantes de La Colorada, arribó alrededor de las 11 de la mañana con la comitiva del organismo internacional.

La reunión con la gente de la comunidad se realizó bajo criterios de confidencialidad según los protocolos de la ONU, y habiendo sido pactada para atender el caso concreto de La Colorada solo tuvo la asistencia de sus pobladores, el propio David Cayetano y los oficiales de la ACNUH.

El defensor de derechos humanos informó en entrevista para La Jornada Zacatecas, a la salida de esta reunión, que le ha dado seguimiento al asunto de La Colorada desde hace un año. Dijo que la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios busca visibilizarlo y llevarlo a todas las instancias hasta agotarlas.

Refirió que en este empeño actúan en sinergia con otras organizaciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Cabe recordar que ésta última registró el caso de La Colorada en su informe 2017 “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México”, como el único en el país en este periodo que tuvo como agente a una empresa minera, la Pan American Silver Corp.

El documento registra como afectadas a 47 familias que implican unas 230 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños. Y caracteriza el caso según los tipos de violencia en “el uso de armas de fuego o presencia de personas armadas”; haber sido las víctimas objeto de “amenazas e intimidación”; el que “sus casas o cultivos fueron quemados, destruidos o baleados”; y el reporte de “saqueo de viviendas, el robo de animales, cultivos y otras pertenencias”, así como el propio desplazamiento forzado.

David Cayetano dijo que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las familias de La Colorada son crímenes de lesa humanidad.
“Las secretarías de estado –federales- y el Gobierno del estado de Zacatecas han firmado las concesiones –mineras-, ¿con qué intención lo están haciendo? Muy claramente es el despojo, el arrebatar lo que es propio de las comunidades”.

A la gente de La Colorada, dijo, “le han quitado todo lo que tenían”, desde sus casa hogar, sus áreas de cultivo, sus ganados, “no puede ser que en estos momentos esté pasando esto aquí”.

De la apertura de estos expedientes en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego que se revise la información enterada por los habitantes de La Colorada y la que tenga origen en las autoridades, pueden derivar recomendaciones para el Estado mexicano, “un llamado de atención a las instancias que están violentando los derechos de las personas, socioeconómicos, culturales, de salud”, dijo.

Agregó respecto de la observación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por desatender las recomendaciones del organismo internacional en materia de derechos humanos de manera reiterada, que “es como una pérdida de esperanza porque el mismo gobierno no acata las recomendaciones, inclusive son las mismas instituciones las que firman las concesiones, en este caso la Secretaría de Economía”.

Observó sobre las intervenciones de las autoridades, que “es como negociar entre ellos –empresas y autoridades- sin la consulta previa de las comunidades” y sin ofrecer tampoco ninguna asesoría jurídica, “sí, es como no te pido permiso, lo hicieron sin esta consulta”.

Dijo que en estos casos opera siempre la corrupción gubernamental sin que importe “lo que viven las personas de las comunidades, no nada más en este caso aquí en Chalchihuites; en Salaverna, de los compañeros… Don Roberto –de la Rosa, líder comunitario de la localidad de Mazapil- que también han sufrido este tipo de desplazamiento y despojo de territorio, una infinidad de violaciones a sus derechos humanos”.

“Nosotros como defensores de derechos humanos con un actuar independiente de la ACNUH, sí denunciamos que el gobierno es cómplice del despojo y de violentar los derechos humanos”.

David Cayetano aludió también a la problemática de la división que generan las empresas mineras en las comunidades ya presente en La Colorada.

Expuso que es ocasionada “por la desinformación de nuestra gente, de nuestros hermanos de las comunidades” y ante los ofrecimientos y promesas de las empresas “de un bienestar, de una vida más estable económicamente y que al final de cuentas queda en puras mentiras; son manipulaciones” ya tienen previstas mediante procesos muy sofisticados de convencimiento.

“¿Hacia dónde van? Es el despojo, es el desplazamiento. En pocas palabras te chingan, en pocas palabras así vulgarmente, te jodo. Las mineras son así, el gobierno es así, y quienes salen beneficiados son los accionistas de las empresas trasnacionales”.

Las formas y los protocolos del actuar de las empresas extractivas y los gobiernos son similares en el mundo dijo, “se ha generado el mismo tipo de barbarie, es consternante lo que está pasando y no sabes en qué momento se puede suscitar; se han hecho constantes las denuncias” en países como México, Colombia, Perú, etc.

Agregó respecto de los documentos de denuncia que fueron entregados a los oficiales de la ACNHU que las organizaciones “estarán de pie muy cerquita exigiendo que realmente se les dé seguimiento adecuado”, porque en el caso de La Colorada las que se han hecho ante instancias locales “se han agotado”. Por ello la gente “ya siente desconfianza, generada por el mismo Gobierno del estado”.

En ese sentido celebró el esfuerzo de las familias por acudir a la entrevista con los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes acompañados de gente de la comunidad e integrantes de la UNTA y la Red hicieron una visita a La Colorada.

Personal de la guardia privada de empresa minera no permitió el acceso de los funcionarios del organismo internacional a la casa de uno de los pobladores que ha quedado dentro del área industrial y es la única que se mantiene en pie del poblado original gracias a que subsiste un litigio entre las partes en conflicto.

Fuente:http://ljz.mx/2018/05/31/personal-de-la-onu-acude-a-la-colorada-investiga-caso-de-despojo-de-territorio-y-desplazamiento-forzado/

Los hermanos Miguel y Agustín Vásquez fueron baleados por sicarios  el sábado 19 de mayo. Agustín fue trasladado a un recinto hospitalario donde era asistido de urgencia para salvarle la vida. Cuando Miguel visitaba a su hermano, sicarios lo abatieron en la entrada del hospital. Pocos minutos después moriría también su hermano.

Esto ocurrió en el municipio de Tuxpan de Bolaños, ubicado en Jalisco, México. Los hermanos Vásquez eran indígenas huicholes, defensores de los lugares sagrados del pueblo Wixárika. 

Desde el año 2009, los pueblos wirrarikas resisten al arrebato de tierras por parte del gobierno de Felipe Calderón, quien otorgó 78 concesiones a mineras canadienses para explotar territorio sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí. La empresa favorecida fue la First Majestic Silver. La concesión abarca el 70% del territorio sagrado de los pueblos Wirras, aproximadamente unas 140 mil 211 hectáreas.

El Frente en Defensa de Wirikuta sostiene que el territorio en disputa “es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixarika” (huichol). En Wirikuta se originó la Creación y allí peregrinan las distintas comunidades del pueblo Wixarika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. En ese lugar se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta.

La First Majestic Silver es de origen canadiense y factura unos 245 millones de dólares de ganancia al año, según su propia página web. El gobierno mexicano la considera una empresa “responsable”. “Perderíamos toda nuestra cosmogonía, es ahí donde hacemos nuestras prácticas tradicionales, ahí se funda la esencia de nuestra vida y nuestras raíces culturales” sostienen las comunidades, para quienes el lugar es el equivalente a la Meca musulmana.

Fuente:http://revistadefrente.cl/asesinan-a-lideres-indigenas-que-se-oponian-a-mineras-canadienses/

La empresa Candelaria Mining Corp ocupará 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro en el cerro “La Paila”, ubicado en el municipio de Alto Lucero.

De acuerdo con Héctor Salas Hernández, geólogo de la minera mencionada, en cada uno de los ocho años -tiempo de vida estimado para el proyecto- se utilizaría medio millón de metros cúbicos de agua.

A su juicio, dicha cantidad de agua no es representativa en comparación con otros proyectos.

«La presa de eventos está diseñada para contener 383 mil metros cúbicos, lo cual significa que casi un 80 por ciento de las necesidades de agua para la operación salen de la pileta de eventos y nada más necesitaríamos un muy pequeño porcentaje de alguna otra fuente».

El entrevistado detalló que se requeriría sólo el 20 por ciento de alguna otra fuente de abastecimiento.

«Pero como esto nada más se carga la primera vez la totalidad de la presa y después nada más se repone la pérdida en proceso, se supone que no deberíamos de usar agua de otra fuente en ningún momento».

El Geólogo de Candelaria Mining explicó que la minería utiliza agua en circuitos cerrados, sin descargas.

Además, se han incorporado plantas de tratamiento de agua, logrando un doble propósito: no consumir agua de primer uso y contribuir a su saneamiento.

Salas Hernández aseguró que actualmente hay operaciones mineras que funcionan al 100 por ciento con agua procesada.

«La empresa minera Caballo Blanco llevó a cabo estudios geohidrológicos para saber cuál es el recurso completo hidrológico qué hay en la región y el estudio arrojó qué hay potencial para la existencia de un tercer acuífero, más abajo que el acuífero Actopan, estaría más o menos a 350 o 400 metros de profundidad. La razón por la cual estamos investigando estas fuentes es porque no queremos tomar agua del acuífero de Actopan», subrayó.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado a la empresa Candelaria Mining Corp que la recarga media-anual de agua subterránea para el acuífero de Actopan es de 400 metros cúbicos, con una descarga natural al mar de 318 millones de metros cúbicos.

«El volumen de agua que ya está concesionado es de 36 millones de metros cúbicos, haciendo el descuento del volumen concesionado y la descarga a la recarga anual media, nos queda una disponibilidad de 45 millones de metros cúbicos, es agua que no se usa. La empresa minera Caballo Blanco para su proceso requeriría de poco menos de medio millón de metros cúbicos (al año), eso es apenas el 1 por ciento de la disponibilidad de agua de este acuífero, agua que nadie utiliza, así que no hay manera de que afectemos con nuestro proceso industrial al consumo de agua de la región», remató.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/05/28/minera-usara-4-millones-metros-cubicos-agua-la-paila/

La Iglesia Católica exige a los tres niveles de gobierno que frente el proyecto minero La Paila en Veracruz.

Andrés Hernández Solana, sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís, exigió a las autoridades que retire la concesión a la empresa Candelaria Mining Corp, para evitar la extracción de 20 toneladas de oro en el cerro La Paila.

El párroco de Actopan participó en las movilizaciones contra la minería a cielo abierto, realizadas en ese municipio, el viernes pasado.

«Queremos que el gobierno diga no a las minas, que el gobierno apoye a su pueblo, no queremos la muerte para nuestro pueblo, queremos la vida, tenemos experiencias de otros lugares donde ya las enfermedades son un hecho: Zacatecas, Guatemala».

El religioso negó que representantes de la empresa Candelaria Mining Corp hayan visitado a los sacerdotes de Actopan y Alto Lucero, lugares donde existen comunidades cercanas a la mina.

«Las mineras normalmente mienten, ellos dicen que han visitado escuelas, iglesias, sacerdotes y eso no es cierto, tal vez algunas escuelas, pero aquí en el decantado no ha habido ninguna visita a algún sacerdote, más aún la curia, el obispado, el presbiterio, estamos en sintonía para apoyar la lucha de los lugareños, nosotros no conducimos esto (protestas), nosotros apoyamos basados en el Papa Francisco, en la doctrina social y la iglesia».

Hernández Solana indicó que los sacerdotes temen sufrir alguna agresión por parte de las mineras, al rechazar sus proyectos millonarios en Veracruz por la catástrofe ambiental y los daños a las poblaciones que representan.

«Siempre hay riesgos, esos no los descartamos, pero hasta el momento no ha habido ninguna agresión, ni amenaza. Las autoridades eclesiásticas están conscientes de que es una lucha que se tiene que seguir y a nosotros nos respaldan», remató.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/05/27/iglesia-catolica-exige-al-gobierno-detenga-mineria-cielo-abierto/

Al grito de “ni por todo el oro del mundo”, “en Veracruz queremos vivir, la mina se tiene que ir”, “queremos arroz, queremos pescado, fuera mineras de nuestro estado”, “gritemos muy fuerte, la mina trae muerte” y “no a la mina, sí a la vida”, cientos de personas que se congregaron en la iglesia de San Francisco de Asís, rechazaron el proyecto de minería a cargo de la empresa Candelaria Mining Corp que se pretende llevar a cabo en el cerro La Paila.

Pasado el mediodía, habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero llegaron hasta la iglesia para recordar a las autoridades que se encuentran en contra de este proyecto que pretende extraer al menos 20 mil toneladas de oro.

Los pobladores atendieron la convocatoria de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LaVida), ambientalistas y protectores del medio ambiente, quienes han luchado por más de una década para detener dicho proyecto.

Los ambientalistas dieron a conocer a los pobladores que las labores podrían comenzar a partir de julio próximo en el cerro donde se harán los trabajos de minería, acto que fue rechazado, no sólo con pancartas, sino con gritos de rechazo al mismo.

Aunado a los daños que el proyecto de minería puede generar, según los ambientalistas, se le suma el peligro de la actividad, pues el cerro La Paila se ubica a sólo seis kilómetros de la central nucleoeléctrica “Laguna Verde”.

En el año de 1994 se descubrió que La Paila sí tiene oro, pero los trabajos de excavación a cargo de la empresa Caballo Blanco comenzaron en 2004 y se detuvieron en 2012 ante la presión de los pobladores.

Para el año 2016 se reanudó el proyecto, ya que fue retomado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, empresa que tiene contemplado ampliar su exploración con cuatro proyectos más en el municipio de Alto Lucero. Esto con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El conflicto social en torno al establecimiento de la megamina a tajo abierto “Los Cardones”, esto en la Reserva de la Biósfera de Sierra de la Laguna, se ha intensificado en las últimas semanas; y en medio de todo este asunto se han manifestado en contra y a favor diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana.

En honor a la verdad bien valdría señalar que son muchos más los sectores en contra. Pero: ¿Qué se necesita para entender que la megaminería es perniciosa, destructiva, tóxica?

Bueno, pues por más beneficios económicos que pueda generar, debemos preguntarnos: ¿Para quiénes son esos beneficios multimillonarios? ¿Para el pueblo, para los pocos trabajadores mineros? ¿Para extranjeros, los potentados empresarios o para los políticos corruptos?

Ante esto señalado, sería bueno recordar que Baja California Sur ha vivido y sobrevivido sin proyectos de megaminería a tajo abierto, sobre todo en las últimas décadas, periodo en el que este tipo de industria nociva se ha establecido en otros estados del país dejando huellas inborrables.

Y se debe reconocer también que en la media península se ha practicado la minería, misma que aportó al desarrollo económico aunque generó pocos empleos y, además se debe decir que aparte de generar contaminación, pues ha envenenado a la población en lugares como Los Planes y Juan Domínguez Cota, entre otros, y eso es de lo que se conoce.

Y digan lo que digan se sigue llevando a cabo esta práctica, ahí está ROFOMEX que extrae fosforita en San Juan de la Costa, o la empresa Exportadora de Sal en Guerrero Negro, minas que contaminan y generarán consecuencias medioambientales negativas si no es que ya lo han hecho, porque ninguna minería, sea la que sea, es inofensiva.

Pero la contaminación y las consecuencias negativas de las minas en activo en Baja California Sur son infinitamente menores de las que produciría por lo que sería la megamina a tajo abierto como el caso de “Los Cardones”.

Hay un dato que para muchos pasa desapercibido, y que es que son muy pocos los trabajadores que se benefician de la minería, porque basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de acuerdo con el Censo del año 2014, la población de Baja California Sur ocupada en el rubro de minería era de tan solo un 2.51 por ciento, cuando la mano de obra ocupada en el sector turístico –que es lo que realmente mueve a la economía de la entidad- era del 22.7 por ciento, al menos en hoteles y restaurantes; y faltaría considerar a todos aquellos que dependen del turismo en otras actividades y que en números gruesos, de las 156 mil 985 personas que laboran en el estado, sólo 3 mil 863 lo hacen en la minería.

Ahora bien, así como hay un sector grande de la población que está luchando en contra del establecimiento de Los Cardones, agrupados en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, del que destacan organizaciones como Medio Ambiente y Sociedad de la ciudad de La Paz; y SOS No Minería Tóxica en Baja California Sur con registro en la zona de Los Cabos, también existe un sector de la población -muy reducido por cierto- que dice apoyar la minería a tajo abierto e incluso se han manifestado al respecto públicamente, esto bajo el amparo del denominado Frente Pro Desarrollo Sustentable, formado en el fragor del conflicto minero, en cuyo Consejo se encuentra ni más ni menos que David de la Paz, y quien ahora funge como director de TV Azteca en la entidad.

Así que definitivamente la megaminería a tajo abierto –pésele a quien le pese- es un crimen contra el medio ambiente y la humanidad; crimen que una firma en un documento del gobierno puede detonar; crimen que una conciencia comprada puede avalar; crimen que afectará a todos los grupos de la sociedad, ya sean de derecha o a los de izquierda, a los anulistas, a los pobres y a los adinerados, a la gente del campo y las ciudades, a los cristianos y a los ateos, a hombres, mujeres y niños.

Por eso creo que la ignorancia es lo que los hace apoyar la megaminería, pues de otra manera no lo entiendo, porque ni siquiera todo el oro o dinero del mundo justifica eso, por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .

Fuente:http://www.remamx.org/2018/05/balconeando-a-quien-beneficia/

Este sábado fue asesinado Miguel Vázquez, líder huichol, cuando salía del hospital en donde se encontraba internado su hermano Agustín, quien también fuera baleado por un grupo armado.

Por la tarde del sábado pasado, en el municipio de Tuxpan de Bolaños ubicado en Jalisco, Miguel y Agustín Vázquez fueron atacados por un grupo armado, razón por la que Agustín fue trasladado al hospital; y poco después, cuando Miguel acudía a ver a su hermano fue asesinado a las puertas del hospital por los mismos sicarios.

La fiscalía de Jalisco refirió que los hechos se produjeron en la tarde del sábado pero que fueron reportados hasta las 10 de la noche; y que por el momento trasladaron ambos cuerpos para la autopsia y posteriormente serán entregados a su comunidad para que sean velados y enterrados.

Pero estos asesinatos no son casuales, son producto de la lucha que emprendían los hermanos por la defensa de su comunidad y los territorios huicholes. Miguel fue un activista que luchó para recuperar los sitios sagrados del pueblo wixárika, en la región que los huicholes denominan Wirikuta y que se ubica alrededor de Real de Catorce, San Luis Potosí; región en la que el gobierno ha otorgado concesiones a mineras canadienses.

De la misma manera lo reconoce el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, que a través de su página de internet expresó:

“Miguel Vázquez fue miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárika, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (en 2010) e integrante de la Mesa Jurídica.

En su mandato la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra, el 22 de septiembre de 2016, esté era solo uno de los 12 juicios a favor de la comunidad, pues hay en proceso la recuperación 10 mil hectáreas por invasión histórica a esta comunidad.

Por otro lado, su hermano Agustín Vázquez Torres se identificó como una persona comprometida con su comunidad, padre de familia, que logró una carrera profesional en Derechos Humanos, pues estaba a favor de la defensa del territorio y el respeto a los derechos humanos e indígenas.”

Fuente:http://www.laizquierdadiario.mx/Wirikuta-esta-de-luto-asesinan-a-lider-Huichol?id_rubrique=1714