Representantes sociales se pronunciaron en contra de la explotación minera en los cerros El Cobre y La Paila, acto que se pretende realizar en este municipio y en la zona de Actopan, al asegurar que dañará considerablemente el medio ambiente.

El sacerdote de Actopan, Andrés Hernández Solano, aseguró que el movimiento contra las minas no es un acto de religión, tampoco para ganar adeptos, sino de lucha social frente a un hecho que dañará el medio ambiente.

Indicó que se unió a este movimiento de lucha social, debido a que se requiere generar conciencia en la población que aún no cuenta con la información necesaria sobre las consecuencias que se tendrán en caso de que los proyectos mineros se establezcan en la zona.

Hay gente que todavía no está bien informada sobre las consecuencias que estos proyectos tendrán, pero cuando vamos a las comunidades con la información cambian de opinión y se unen a este proyecto que busca defender los espacios ambientales de la zona y del estadoSacerdote Andrés Hernández Solano

El sacerdote realizó un exhorto a la ciudadanía para que se acerque a conocer el proyecto que busca derrotar las intenciones de empresas extranjeras que pretenden instalarse en la entidad.

Yo me uní a este grupo porque es una petición del Papa, porque nuestro arzobispo nos lo ha pedido y además de que es un acto al que no me puedo negar. Hay que recordar que muchos movimientos sociales que se han emprendido fueron creados por sacerdotes, pero también debemos recordar y puntualizar que no se trata de un movimiento religioso, aquí todos cabemos, todos son bienvenidos, todos hacen falta Sacerdote Andrés Hernández Solano

El activista de Cerrillos de Díaz, Miguel López Morales, aseguró que la lucha es necesaria para lograr erradicar los intentos de explotación minera en el estado.

Refirió que desde 2012 se comenzaron a organizar ciudadanos en las comunidades cercanas a la cabecera municipal con el objetivo de eliminar las intenciones de instalación de empresas extranjeras.

“Estamos unidos, trabajamos por el bien de todos y lo único que necesitamos es que la gente se una más para poder derrotar a estas empresas que buscan dañar el medio ambiente a costa de la explotación”, manifestó.

Mencionó que ha realizado trabajo informativo en las comunidades, con el fin de que la población tenga a la mano los datos relacionados con las consecuencias, daños y prejuicios generados con la explotación del suelo.

La activista de Palma Sola, Isabel Natividad Báez Juárez, indicó que gracias a la unión de las comunidades se logrará eliminar y detener la exploración minera que se pretende implementar sin considerar los daños causados al espacio natural.

Aunque dijo que no toda la población se encuentra informada sobre las problemáticas que se tendrán en caso de que las mineras se instalen en la entidad, sí existe resistencia al proyecto en el cerro La Paila.

Ante ello, destacó que en julio próximo se realizará una manifestación pacífica en contra del proyecto de minería, para la cual se espera la llegada de cientos o miles de personas.

“Así como la población se ha unido para impedir los cobros excesivos de energía eléctrica, nos uniremos contra los proyectos de explotación que van a dañar el medio ambiente por décadas”, expresó.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-la-lucha-contra-la-explotacion-minera-todos-hacemos-falta-sacerdote-1776545.html

Entre 2008 a 2009 el rendimiento por hectárea de frijol y maíz era de una a 3 toneladas

En los años en mención se asentó en el lugar Minera Peñasquito; actualmente el rendimiento es de 300 kilos en promedio, según datos de la Sagarpa

La región de Mazapil ha visto disminuida tanto la superficie destinada a la agricultura como el rendimiento de la producción por hectárea donde aún se realizan cultivos. Si entre 2008 a 2009 (cuando se asentó en el lugar Minera Peñasquito) el rendimiento en la producción de básicos como el frijol y el maíz se encontraba respectivamente, en una y tres toneladas por hectárea, ahora el rendimiento es de 300 kilos en promedio, expuso con datos de la Sagarpa, el investigador Federico Guzmán López.

Adelantándose a quien pueda sostener que en estas cifras incide el periodo de sequía atípica involucrado en esos años, el doctor por la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, argumenta que la tendencia a la baja que informa se refiere a la totalidad del periodo de 10 años que estudió. Y atribuye el fenómeno a la afectación en la calidad del suelo por los contaminantes generados por la minería a cielo abierto, modalidad en que trabaja la citada empresa.

El pasado sábado, luego de 14 días, concluyó la toma de la empresa Peñasquito por parte de los otrora ejidatarios, quienes se convirtieron al paso de los años también en prestadores de servicios para la misma como transportistas. Su movilización se debió a la decisión unilateral de la minera canadiense, de entregar los contratos de acarreo de materiales a la también empresa trasnacional de capital español, EPSA.

El gobernador Alejandro Tello celebró que concluyeran la toma de la minera. En nota del corresponsal de La Jornada, Alfredo Valadez, se refiere que la reflexión del mandatario dirigida a la gente de las comunidades de Mazapil respecto de la pérdida de contratos es que deben ver hacia adelante, “ya lo pasado, pasado”.

Detrás del reclamo del cumplimiento de estos contratos como transportistas, se encuentra un convenio originario (2009) en que se pactó la renta de las tierras por 30 años para explotación mineral por la que las trasnacionales les pagó 50 centavos (mexicanos) por metro cuadrado, que aparejaba el presunto trato preferente para la gente de las comunidades para la obtención de un trabajo para Peñasquito-Goldcorp, según han informado los propios afectados.

Con ese dinero lograron adquirir, para este momento, unos 200 camiones con capacidad de carga de 14 metros cúbicos para el acarreo de materiales, a fin de constituirse en prestadores de servicios de Peñasquito Goldcorp.

El asentamiento de la minera en 2009 implicó un primer golpe al trabajo colectivo de la región, pues como se expuso modificó la forma de vida de las comunidades, les quitó “su parcela dedicada a la agricultura y su agostadero dedicado a la crianza de ganado” con lo que se vulneró su derecho humano al trabajo, expuso Federico Guzmán, también maestro en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo.

Luego la destrucción del suelo ha impactado a la economía local de subsistencia, pues los ejidatarios han tenido cada vez menos superficie para sembrar y menor rendimientos en sus parcelas.

La decisión unilateral Peñasquito-Goldcorp constituye “una segunda vuelta en la destrucción del trabajo colectivo” luego que se habían convertido en parte de la cadena de proveeduría de servicios de la empresa, ahora “son desplazados, su trabajo colectivo es nuevamente destruido”, dijo Federico Guzmán.

Observó que el fenómeno debe verse mediante “una lupa más amplia” pues responde a la lógica de la integración del capital alrededor de la extracción de minerales metálicos en la que no debe perderse de vista el rol del capital financiero que sustenta con sus recursos la compra de maquinaria para la instalación de plantas de beneficio, de construcción de presas de jales, y la contratación de maquinaria pesada.

Las empresas visibles son las que se encargan de la extracción de los minerales, cuando se piensa en ellas en automático vienen nombres como Goldcorp, Frisco en Fresnillo o Peñoles en Fresnillo, dijo, pero detrás está quien las financia, y por debajo y en la modalidad de subcontratación, la cadena de proveeduría “de la que elegantemente” se dice en Zacatecas como en Chihuahua, que “somos honrados en tener un clúster minero”.

Los clústeres locales no son como los de Chile o Canadá en los que a nivel nacional están articulados los inversionistas de gran capital, pero también los locales en la cadena de proveeduría garantizando un efecto multiplicador para la economía.

En Zacatecas hay que revisar su composición y ver que son excepciones las empresas locales inmersas en esta cadena, “puede lanzarse un suspiro de alivio” cuando escuchamos nombres como Concreto Lanzado de Fresnillo SA de CV o Diseño y Construcciones Martínez SA de CV, pero si las que se oyen son Remsa, Grupo Cavi, o Minsol Minning, lo que tenemos son filiales de empresas extranjeras, que son en su mayoría quienes atienden los procesos más costosos, dijo.

Por ejemplo, para la instalación y mantenimiento de tecnología de control remoto y satelital hoy requerida para la megaminería, no es lo mismo en términos de costos de operación e inversión lo que puede destinar una empresa local que una trasnacional extranjera.

El otro asunto es la tendencia cada vez mayor a hacer todo en grandes proporciones así como se tienen megaproyectos mineros se requieren vehículos “mega” para el transporte.

“Nos asustábamos con ver yucles en Real de Ángeles en el año 1980, con capacidad de carga de 120 toneladas, ahora vemos camiones en Peñasquito, que tienen capacidad de carga cercanos a las 500 toneladas”.

“Esa es la tendencia de la proveeduría a nivel internacional en términos de maquinaria pesada y ahí es donde está el asunto de la segunda vuelta o la segunda fase del desplazamiento forzado ahora del trabajo colectivo de esos pequeños proveedores locales”.

Precisó también ahora respecto del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), que fue Mazapil durante el periodo de 2014 a 2016, el municipio zacatecano más beneficiado, según datos de la Sedatu.

De los mil 411.68 millones de pesos que recibió el estado de Zacatecas, a Mazapil le correspondieron 454.81 millones.

Pero el tema involucra problemáticas como las reglas de operación del Fondo Minero, pues hay municipios que no pueden ejercer los recursos porque no tiene capacidad para tener un proyecto inscrito en los distintos rubros especificados.

“Esa es otra debilidad que debiéramos cuestionar, cómo está configurado ese Fondo”, el destino que se le pretende dar, un tema en el que opinó, deben involucrarse los candidatos que ya buscan insertarse en el Congreso de la Unión y en la próxima Legislatura local.

Federico Guzmán sostuvo que parte de ellos debieran destinarse a la educación superior, y ciencia y tecnología en los estados con presencia minera como lo es Zacatecas.

“Pudieran servir para amortiguar a ese más de un millón 200 mil zacatecanos sobrecalificados que están siendo expulsados de territorio nacional por no tener oportunidades”, expuso.

Agregó no obstante el panorama expuesto, que la coyuntura actual es favorable para discutir en el debate público el tema de la minería como un asunto de interés nacional prioritario para el desarrollo del país.

Sumó en ello a la coyuntura electoral con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“¡Qué bueno fuera que todos esos actores políticos ya de una vez propusieran planteamiento de política pública avanzados!”, puntualizó.

No se refiere a que sean de corte “progresista”, de derecha, de centro o izquierda, “o de no sé qué”, sino que propongan posicionamientos que busquen el desarrollo de México replanteando el reparto de la renta minera de manea más equilibrada.

Dijo que el valor de la producción minera debería servir para que en este momento en que se discuten estos asuntos, se equilibre el salario de los trabajadores mineros mexicanos con el de sus pares que laboran en tierras de nuestros socios comerciales.

“Entonces ya no tuviéramos una asimetría como la que tenemos actualmente en la que un trabajador minero en el estado de Zacatecas, en suelo mexicano, cobra en promedio 20 dólares por hora, mientras que un trabajador minero de los socios de América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, cobra 40 dólares por hora”.

Específicamente aludió al llamado que hizo en el contexto de la renegociación del TLCAN, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, “qué bueno sería que les tomáramos la palabra (…) entonces hablaríamos de otra historia en cuanto al reparto de la renta minera”.

Tres décadas y media de neoliberalismo implicaron el despojo vía concesiones mineras del 60 por ciento del territorio nacional. Una cuarta parte de estas áreas (25 por ciento), fueron entregadas durante los gobiernos panistas “de la alternancia” de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, apunta el investigador Federico Guzmán López.

Para las comunidades zacatecanas donde se encuentran los yacimientos de minerales metálicos, este jugoso negocio implica actualmente, obtener 8 centavos de dólar por cada mil dólares que se llegan las megamineras, acota Federico Guzmán.

El investigador también ha alertado, que en este momento la Conagua ha concesionado a la minería en todo el país, 436.6 millones de metros cúbicos de agua para sus procesos industriales, con los que pueden satisfacerse el derecho humano al agua de 11.95 millones de mexicanos, población que equivale a la de Baja California Sur, Campeche, Colima, y Nayarit juntas.

Federico Guzmán López presentó el pasado 15 de junio en el patio central de Rectoría, su libro Megaminería. Y 7 maldades del despojo territorial (Editorial Académica Española, 2018). Al que propone como “una especie de provocación a la acción colectiva informada”, un llamado a la reflexión dentro del debate público acerca de los impactos de esta actividad económica para la población de Zacatecas y el país, que se inserta como una aportación de las investigaciones hechas al interior de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (UAED) de la UAZ para el gran debate internacional sobre este tema.

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador junto con sus candidatos a alcaldes de Los Cabos, Armida Castro y de La Paz, Rubén Muñoz, pretenden abrir la puerta para que empresas mineras canadienses se instalen en la zona de amortiguamiento en la Sierra La Laguna.

Andrés Manuel López Obrador dejó clara su intención con las empresas mineras canadienses que amenazan a la Sierra La Laguna en el decálogo que presentó en el 2017 como parte de las acciones contra las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; donde en el punto número 6 se establece:

“…suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”.

A dicho punto, la reacción en contra no se hizo esperar por parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes en una carta a la opinión pública en febrero de 2017, señalaron:

“…el Modelo Extractivo Minero por naturaleza es esencialmente insustentable pues extrae recursos naturales no renovables, y durante su proceso de extracción destruye y contamina todos los bienes naturales que le rodean. El minero es de los procesos extractivos que mayor emisión de contaminantes tóxicos emite tanto al agua, a los sedimentos y al aire, y esta contaminación es prácticamente irreversible”.

“Igualmente nos preocupa que usted tenga nexos políticos y operativos con allegados a la familia Salinas Pliego, precursores de la minería”.

Y es que como se señala por parte de la RMAM la campaña de AMLO está ligada con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y también propietario de una concesión de 600 hectáreas en la Sierra la Laguna para explotación minera y que desde hace varios años ha intentado iniciar la actividad de minería tóxica en Baja California Sur; esto quedó demostrado con la incorporación a la campaña del tabasqueño del Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca.

En lo local, para la elección de este año, las mineras canadienses tendieron una red de candidatos, principalmente en partidos de izquierda ligados a Andrés Manuel López Obrador; en La Paz se pudo como candidato a la alcaldía a Rubén Muñóz, quien recientemente se descubiró incluso es propietario de una empresa dedicada a la minería; mientras que en Los Cabos por Morena se lanzó a Armida Castro y por el PT a Ernesto Ibarra Montoya.

En contraste, el mismo Andrés Manuel López Obrador en el 2010 se oponía a la instalación de proyectos mineros en Baja California Sur, como lo dejó en claro en una entrevista en el marco de una de sus visitas a San José del Cabo:

“Hemos sostenido que estas empresas no dejan beneficios al país, ni a la gente, contaminan, destruyen el territorio, le pagan muy poco a los trabajadores, no pagan impuestos; esto es producto de la política entreguista que inició con Salinas y continúo con Fox y Calderón; desde que cambiaron la Ley Minera han entregado 25 millones de hectáreas a empresas extranjeras, es decir el 12% del territorio nacional”.

“Nosotros nos oponemos que se lleven a cabo estos desarrollos mineros que no benefician al país”.

Ocho años después, AMLO ha cambiado su forma de pensar respecto a la minería y lo expresó en su última visita proselitista a San José del Cabo donde señaló que abriría Baja California Sur a la inversión minera, pero “con salarios bien remunerados y con respeto al medio ambiente”, lo cual como lo señala la Red Mexicana de Afectados por la Minería, no es posible.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/06/26/la-operacion-de-morena-para-traer-mineria-toxica-a-la-paz-y-los-cabos/

Sonora ha sido históricamente un Estado minero, su posición geográfica/geológica y su gran extensión territorial se lo han permitido. Es un Estado tan dominante en esta actividad extractiva que aproximadamente más del 50 por ciento de la producción minera en México viene de Sonora, donde se tienen más de 43 mil kilómetros cuadrados concesionados a la industria minera con más de 5 mil concesiones. La mayoría de ellas son concesiones a empresas mineras transnacionales que tienen sus oficinas generales en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, China y la India entre otras. El 23 por ciento del territorio estatal les pertenece a estas empresas.

El documental “Juba Wajiín, Resistencia en la Montaña de Guerrero” relata la historia de lucha que sostuvo la comunidad del mismo nombre, contra dos concesiones de megaproyectos mineros que se intentaron instalar en su territorio. Actualmente, ha participado en diversos certámenes como  el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA), con la intención de crear conciencia sobre el impacto de estas empresas.

A 1.574 metros de altura, entre las montañas del Estado de Guerrero en México, se encuentra la localidad de San Miguel el Progreso. Sin embargo, sus habitantes se refieren a ella como Juba Wajiín, frase de la lengua me’phaa, idioma todavía vigente entre la población indígena que habita estos cerros sagrados.

La apacible vida de esta comunidad se ve interrumpida en el año 2011, momento donde el gobierno Federal Mexicano, a través de la Secretaría de Economía otorgara dos grandes concesiones, llamadas Corazón de Tinieblas, a megaproyectos mineros sobre el territorio en el que coexisten, sin haberles garantizado sus derechos y sin previa consulta.

Fue este conflicto de intereses el que llevó a la asamblea de la comunidad a buscar la asesoría de diversas organizaciones, con la intención de detener el avance de estos proyectos y el posterior retiro de éstos. Entre estos grupos aparece Tlachinollan, centro de derechos humanos de la montaña, en conjunto con diversos medios de comunicación libres y comunitarios, quiénes en conjunto idearían una estrategia jurídica y comunicacional que les permitiría obtener un veredicto a su favor.

Esta sentencia marcaría un precedente en lo que respecta a la concesión de suelos indígenas sin previa consulta a megaproyectos mineros, ya que el trabajo de la comunidad en conjunto con las diversas organizaciones permitió el retiro de la Horschild Minning Company, dándole el triunfo a Juba Wajiín.

Todo este proceso sería registrado de forma audiovisual para posteriormente dar paso a un documental, a través del cual los pobladores de Juba Wajiín cuentan su historia, muestran sus tradiciones y dan cuenta de su organización y lucha, todo narrado en su lengua madre y narrado por sus propios protagonistas.

El miembro del Laboratorio Popular de Medios Libres y uno de los realizadores de este documental, Nicolás Tapia, cuenta que este proyecto se gestó a partir de la participación de diversos medios comunitarios en este tipo de actividades.

“En este caminar hemos trabajado también muchas veces con el centro de derechos humanos, Tlachinollan. Ellos nos piden que nos acerquemos para trabajar con la comunidad de Juba Wajiín, ya que estaban llevando una estrategia legal para detener las concesiones que se hicieron sobre su territorio sin una consulta previa”, recuerda Tapia.

De las video cartas al documental

Nicolás Tapia, quien en esta pieza audiovisual ejerció los roles de dirección, fotografía y postproducción, señala que el trabajo inicial que empezaron a hacer en el 2014 distaba mucho de un documental: “Inicialmente el proyecto consistió en hacer una serie de video cartas para ser enviadas desde la comunidad a la Corte Suprema. No para la exposición pública, si no que para dar cuenta a la ministra de la condición real del poblado, ya  que estaban extremadamente aislados y alejados de los centros urbanos”.

Fue en este proceso de confección de las video cartas que la comunidad designó una comisión de 11 personas, desde donde surgió la inquietud de hacer un registro más largo para contar la historia de Juba Wajiín y que sirviese a posteridad. “Esta inquietud salió de la misma gente, de no quedarse sólo con las vídeo cartas si no que de hacer una pieza más larga que quedara para las generaciones futuras”, indica.

Con el tiempo se decide no sólo dejar este video para la colectividad, sino que difundirlo más allá. “Para que sirva de ejemplo y para alentar a otras comunidades indígenas en situaciones similares a organizarse y combatir por todos los medios posibles la destrucción de su territorio”, comenta el director.

Para Nicolás Tapia, el objetivo principal del video es doble. Por un lado, tiene la intención de ser un registro histórico, de memoria y de construcción de identidad de la comunidad, a partir de la propia inquietud de ellos. “Luego del triunfo se decide también hacer una difusión de este documental para hacerlo llegar a otras comunidades en situaciones similares, que estén siendo afectados por megaproyectos extractivos, mineros o súper carreteras que pasen por su territorio sin previa consulta”, expresa el realizador.

Guión comunitario

Uno de los elementos más llamativos de este filme es el nivel de participación de la comunidad en su realización. Casi la totalidad del registro está narrado por sus propios protagonistas y la mayor parte está en la lengua me’phaa. Un factor determinante para que se diera esta multiplicidad de voces, es el guión comunitario con el se construyó el documental.

Este guión, “se trabajó con la comunidad y fue la misma la que decidió a quiénes se entrevistó, qué temas se tocaban y en qué orden. Por eso en este documental, se tocan temas no solamente de la minería si no que también se habla mucho de lo espiritual. En la cinta hay varias imágenes de distintas ceremonias. Lo que es el relato está completamente revisado y dirigido por la gente”, asegura Nicolás.

Extractivismo y comunidades indígenas

La inquietud de darle la difusión a este trabajo no es gratuita. En muchos países de Latinoamérica se viven situaciones similares a la de Juba Wajiín, pero muchos no tienen acceso a testimonios audiovisuales como éste, donde queda de manifiesto que sí es posible defender su territorio por medio del sistema judicial. De ahí radica la importancia de este relato.

“Esta no es una historia de derrota, sino que es una de triunfo, de que sí se pueden lograr las cosas, en donde sí hay que defender el territorio, porque es importante y se puede lograr, a pesar de la corrupción del sistema. No olvidemos que aquí en México el sistema judicial no es para nada probo. Está muy corrupto, al igual que el sistema policial y político”, señala el director.

Este triunfo a través del sistema judicial, significa para Tapia que el argumento de las comunidades es potente. Ellos tienen el poder de hacer presión, levantarse, organizarse y no quedarse callados. De la misma manera, destaca la relevancia de este caso a los oídos de los pueblos originarios chilenos.

“Es importante la historia de Juba, para llevarla a otras comunidades que están alejadas, que no tienen mucha información de este tipo de historias y que piensan que es imposible ganarle a una megaempresa. Pero es posible, aquí hay un ejemplo y es importante que se conozca”, sostiene.

Difusión del documental

Actualmente, esta película no se encuentra liberada en internet ya que está participando en diversos festivales de cine. Sin embargo, los realizadores tienen la intención de que el documental llegue a las comunidades indígenas afectadas por megaproyectos extractivistas, como una forma de incentivar su organización y lucha en favor de sus territorios.

El documental ya se ha exhibido en distintas comunidades indígenas como en el Amazonas Peruano,  Pampa Hermosa y Río Marañón. Nicolás comenta también que su trabajo fue seleccionado como finalista en el FICMA.

“Ahora justamente acabamos de entrar al FICMA en su versión mexicana y eso nos asegura que el documental se va a ver en 40 ciudades distintas. Por eso, durante este primer año tenemos esta cinta disponible solamente de manera directa y no publicada en internet, ya que es un requisito que nos piden en los festivales, para poder así acceder a la difusión que estos certámenes nos dan”, manifiesta el cineasta.

Nicolás Tapia concluye que lo que se busca con esta obra es informar de esta situación, porque “sí  existe una posibilidad de detener de una manera concreta y a través de la justicia, de manera legal las concesiones sin consulta”.

El director invita a que este material sea proyectado en distintas comunidades o localidades afectadas por megaproyectos y que se contacten con el equipo. Ya sea, a través de la página de Tlachinollan o por el correo: [email protected].

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/juba-wajiin-un-ejemplo-de-resistencia-indigena-al-extractivismo-minero/

Dicha minera y Grupo México pretenden iniciar trabajos en terrenos ejidales de sus proyectos Chalchihuites 42 y Navidad, respectivamente

“Nosotros ya hicimos llegar un oficio a la minera First Majestic para que suspenda cualquier tipo de exploración en tanto no se nos presenten los proyectos y podamos recorrer los sitios para descartar cualquier posible afectación al patrimonio cultural”, dijo Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado de Zacatecas, respecto de la protección del sitio arqueológico El Cerro Pedregoso, que se ubica en el municipio de Chalchihuites.

Informó que en el caso de cualquier tipo de proyecto de inversión que involucre la superficie del territorio del país, sea minero, de granjas solares o parques eólicos, “siempre uno de los requisitos es precisamente tener la liberación del terreno por parte del Instituto”. Y sostuvo que tal liberación no se otorga “hasta en tanto se descarte cualquier posibilidad de afectación al patrimonio”.

El Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas informó a este medio que dentro del Ejido San José de Buenavista, ubicado en Chalchihuites, se encuentra El Cerro Pedregoso, y manifestó su preocupación por la posible afectación que los intereses tanto de Grupo México como de First Majestic Silver Corp pudieran implicar para su preservación, luego que pretenden iniciar trabajos en terrenos ejidales de sus proyectos Chalchihuites 42 y Navidad, respectivamente.

La empresa canadiense ha hecho ya ofrecimientos monetarios a los ejidatarios de San José de Buenavista para convenir la renta de sus tierras. E incluso el pasado 21 de junio fueron citados a asamblea para deliberar al respecto del tema pero se suspendió por falta de quorum.

En el caso de First Majestic Silver Corp informaron mediante un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros, “pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad 1 al 9”, proyectando ocupar de inicio una zona de 18.8 hectáreas.

Agregan que según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), “hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.5 hectáreas, lo que indica la extensión del emprendimiento”.

Altavista, perteneciente a la cultura Chalchihuites, es un observatorio astronómico, y conjuntamente con La Quemada, ésta ubicada en el municipio de Villanueva, son las dos únicas zonas arqueológicas abiertas a visitantes en el estado de Zacatecas, comentó por su parte, Torres Pérez

Dijo que Altavista está estrechamente vinculado con dos sitios muy importantes, uno es precisamente El Cerro Pedregoso, y el otro es El Chapín. Pues en los tres puntos “se lleva a cabo la observación solar durante todo el año para determinar la entrada de los solsticios y equinoccios”.

“Entonces para nosotros toda esta región es muy importante y obviamente estamos perfectamente atentos a lo que pueda suceder con estos dos proyectos de inversión en el estado (…) pero de todos modos necesitamos conocer el proyecto para saber cuáles son las áreas en que ellos contemplan hacer sus exploraciones”, dijo.

Detalló que estos sitios arqueológicos “ya cuentan con número de registro a nivel nacional, son sitios plenamente identificados”. No obstante se requiere hacer un recorrido para descartar que además de ellos, pueda haber algún otro asentamiento o algunos otros vestigios arqueológicos en la zona de interés de las empresas mineras.

El funcionario dijo que el INAH solicita siempre a las empresas que presenten los proyectos que piensan desarrollar “para poder nosotros revisarlos y plantear un proyecto de prospección arqueológica” que debe ser avalado por el Consejo Nacional de Arqueología.

Precisó que son las propias empresas inversoras las que sostienen económicamente estos trabajos de prospección dirigidos por arqueólogos del Instituto mediante los que buscan “descartar cualquier posibilidad de afectación al patrimonio arqueológico”.

Torres Pérez sostuvo que en caso de encontrarse algún tipo de vestigio sean estructuras, campamentos o asentamientos de cazadores-recolectores, el INAH lleva a cabo trabajos de rescate o salvamento o en su caso de delimitación o protección de la superficie.

El oficio que envió la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp está a la espera de su respuesta, también precisó.

“Sin embargo nuestros arqueólogos ya están haciendo los recorridos pertinentes para evitar que en algunos trabajos de exploración o de avanzada que tengan estas empresas puedan tener afectación a estos importantes sitios patrimoniales de nuestro estado”.

Luego de citarse a una primera asamblea para tratar el tema de la aprobación o no para que la empresa realice trabajos de exploración en terrenos ejidales de uso común sin lograr el quorum legal de la asistencia del 50 por ciento de los ejidatarios más uno del total del padrón, “se lanzó una segunda convocatoria para el 2 de julio, donde se tomarán las decisiones y acuerdos con los integrantes que asistan”, advierte el citado comunicado conjunto de la REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Carlos Augusto Torres Pérez reiteró que el organismo normativo está “muy atento” a lo que ocurre en Chalchihuites por ser un bastión cultural del estado de Zacatecas “que tenemos que tener bien vigilado” por lo que está al pendiente de que “no se lleven a cabo trabajos de exploración sin previamente tener la liberación por parte de nosotros”.

“La ventaja en Chalchihuites es que tenemos arqueólogos de planta en la zona arqueológica (Altavista). Entonces de alguna manera hay mucho contacto con la población y hay mucho contacto con los arqueólogos del centro INAH y de alguna manera nos permite tener monitoreado este asunto de manera constante”.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/23/inah-exige-a-first-majestic-no-intervenir-en-ejido-hasta-descartar-dano-arqueologico/

Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.

Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo “participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río”.

En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.

Ante este panorama, Solorio destacó “la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras”.

El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.

Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle “seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación”.

El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias “El Rafa” y Casildo C. H. alias “El Casildo”.

Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, “se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez]  y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región”.

Pero, días después “El Viejón” fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.

“La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia”, reclamó la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de “El Viejón”, pero que les fue negada.

El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia “se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema”. Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.

OSC EXIGEN JUSTICIA

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener “la ola de violencia” en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.

Las demandas de las asociaciones hicieron “un enérgico llamado” a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:

“Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.

María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.

Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

La abogada ambientalista recriminó que “a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente”.

No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.

Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.

Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito- Juárez.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-06-2018/3431170

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) dieron a conocer que, por falta de padrón, no fue desarrollada la Asamblea General de Ejidatarios en San José de Buenavista que buscaba poner a consideración, por medio de una votación la autorización para que la empresa minera First Majestic Silver Corp S.A. de C.V. realice actividades mineras de exploración en los terrenos de uso común del ejido, además de realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Refirieron que First Majestic pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad del 1 al 9, proyectando ocupar de inicio sólo 18.8 hectáreas. Y advirtieron haber detectado que, “según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56” hectáreas, “lo que indica la amplitud del emprendimiento y que no se sujetarán sólo a la exploración, sino a la explotación y/o beneficio”.

 Ante la firma de 10 decretos que modifican el estatus de veda que existía para 295 cuencas hidrológicas de las 757 que se tienen en el país, donde de acuerdo a la información existente al respecto, en este 40 por ciento de las cuencas escurre el 55% de las aguas superficiales del país, lo que posibilita la emisión de concesiones a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos estatales para el uso del líquido para sectores como la minería, cerveceras, petroleras y embotelladoras, así como algunos más.

Ante esto el investigador catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Miguel Garza, precisó que esto ocasionaría problemas serios a mediano plazo dado que se comprometería este recurso natural no renovable y que es patrimonio del país, ya que al abrirlo a estas posibilidades se estaría poniendo en riesgo el surtimiento para las comunidades cercanas y tendría efectos adversos para la biodiversidad de estas regiones, para la flora y fauna, “ante esto quienes estudiamos todas estas variables alertamos de que México está en graves problemas por este acto del Poder Ejecutivo Federal que utilizó la figura del Decreto Presidencial para hacerlo sin pasar por el Congreso de la Unión”.

En este sentido, alertó que el criterio que se utilizó para la emisión de estos decretos fue el volverlos zonas protegidas, algo que destaca no era necesario, ya que con la veda solo se posibilitaba su uso para derechos agrarios de pueblos originarios, no extensivo para agricultura o ganadería a gran escala, “esto solo abre paso a que la Conagua y los gobernadores puedan emitir concesiones a las grandes empresa nacionales y trasnacionales para la explotación de estas zonas antaño protegidas con la finalidad de su conservación”.

Como especialistas en temas de biodiversidad y conservación, aseguró que las acciones productivas a las que se abre estas regiones acuíferas pueden ir desde la minería y su utilización para el fracking, que es la liberación del gas natural atrapado en las capas del subsuelo, las cuales utilizan grandes cantidades del líquido en sus procesos dejándola sin uso para el ser humano, así como su embotellamiento para venta, en las cerveceras para la fabricación de bebidas con contenido alcohólico y a las empresas petroleras que necesitan del agua para poder perforar.

Las afectaciones citó, irían de un rápido consumo de los caudales de los ríos, lagunas y humedales, ya que el ritmo de uso sería más acelerado que su recarga por las precipitaciones pluviales, a un desgaste moderado, pero con ello se ponen en claro riesgo un importante porcentaje del agua superficial de la República Mexicana, “de acuerdo a las estimaciones se habla de un 55 por ciento del total, que estas 295 cuencas representan algunos de los cuerpos de agua más grandes del país”.

A la vez, alertó sobre la necesidad de que se reconsidere por parte de los organismos de la sociedad civil y de las instituciones esta determinación y de ser necesario se interpongan herramientas legales para imposibilitarlas, “México tienen un fuerte desgaste en materia de recursos naturales no renovables, y con esto se abre la puerta a que las afectaciones sean aún mayores”.

Fuente:https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/mexico-en-graves-problemas-por-levantar-veda-a-cuencas