Oaxaca.-Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

Fuente:http://ciudadania-express.com/2018/08/08/anuncian-juicio-popular-comunitario-contra-las-empresas-mineras-y-el-estado/

En noviembre de 2016 se detectó alto nivel de plomo en el agua que llegaba a los domicilios del pueblo de Banámichi, con base a un estudio que realizó el laboratorio Grupo Microanálisis, ubicado en la Ciudad de México.

Comentó que estas cifras nunca han sido publicadas ni proporcionadas a la ciudadanía por parte del personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), a pesar de que fue la misma unidad quien realizó las muestras en el agua corriente de los domicilios de Banámichi para, después, hacerlas llegar al laboratorio Grupo Microanálisis.

Elda Lucina señaló que el personal de la UVEAS se comprometió a realizar cinco muestreos al año en todos los domicilios de los siete municipios y sus comisarias en el Río Sonora desde 2016 a la fecha. Sin embargo, solamente se hicieron dos análisis el año en el que se pactó el compromiso; el último fue del 14 al 16 de noviembre de ese año

Contó que ella conoce a personal de la clínica de salud, personas que le proporcionado los datos que vienen impresos en hojas membretadas de dicho laboratorio.

El plomo resultó con un nivel de 0.0223 miligramos por litro y lo permitido, con base a la Norma Mexicana, es de 0.01 miligramos por litro.

Con niveles por debajo de lo permitido se encontró el aluminio, con 0.0055, mientras que lo permitido es 0.20; en el caso del arsénico se detectaron 0.0065 miligramos por litro y lo permitido es 0.025. El estudio no detectó cadmio, cromo, cobre y manganeso.

La informante agregó que el agua corriente proviene de los dos pozos cuya operación fue suspendida en agosto y septiembre de 2014, periodo en el que se mantuvo declarada la contingencia debido al derrame de tóxicos en el Río Sonora, sucedido el 6 de agosto de ese mismo año.

Los pobladores de Banámichi, temen que el agua de la llave esté contaminada con metales pesados, es por eso que la comunidad compra a 15 pesos cada garrafón con agua purificada para el consumo humano y el agua corriente la utilizan solo para los quehaceres del hogar.

Fuente:http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/534818/da-a-conocer-resultados-sobre-niveles-de-metales-pesados-en-rio-sonora.html

Se encuentra en preparación un documento que será entregado al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en que se le referirá “lo que está sucediendo en las comunidades de aquí de Zacatecas con las mineras, tanto canadienses como nacionales”, dijo Roberto de la Rosa Dávila.

El líder comunitario de Salaverna, Mazapil, localidad cuyo subsuelo explota Carlos Slim mediante su empresa Minera Tayahua, filial de Frisco, detalló que se integrarán en el texto los casos de este lugar, y los de la cabecera municipal, el Ejido San José de Buenavista y La Colorada en Chalchihuites.

Se le relatará a López Obrador “cómo están atropellando a la gente inhumanamente; como si no tuviéramos pensamiento ni voz ni nada, como si no tuviéramos algo, no sé qué. Pero de eso se trata, de hacerle ver que están dándole un trato inhumano a todos los habitantes de nuestra región, a todo México, no nada más aquí. Como andamos por todo el país sabemos cómo están tratando a la población”.

El delegado municipal en Salaverna comentó que persisten las fuertes detonaciones en el lugar, que se verifican entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana, las 14:00 y 14:30 de la tarde y de las 22:00 a 22:30 de la noche, y ahora no solamente se hacen sentir allí sino en Las Majadas, una comunidad vecina, “hace 15 días se cimbró muy feo”.

“Las detonaciones fuertes me imagino que son con barrenación más larga, las que se oyen más fuerte, entonces nosotros creemos que el propósito de ellos sigue en pie, seguir lastimando el cerrito para que se siga hundiendo”.

Cabe recordar que las detonaciones persisten aun cuando el Gobierno del Estado, a través de su Dirección de Protección Civil, ha sostenido que existe en el lugar una falla geológica que según afirmó la instancia ponía en peligro la vida de los habitantes, y que tras un estruendo en diciembre de 2012 provocó un hundimiento importante del terreno; una versión que los habitantes han puesto en duda argumentando que el origen de las afectaciones derivan de la actividad minera de la empresa de Slim Helú, con la que pretende hacerlos huir del lugar para iniciar la extracción bajo la modalidad a cielo abierto.

El intento de desalojo se reiteró el 23 de diciembre de 2016 cuando la misma Protección Civil quiso hacer pasar una notificación de riesgo para la población como si fuera un mandato judicial, haciéndose acompañar de vehículos para mudanza y buldozers que lograron derrumbar algunas casas, la escuela y la iglesia, estas dos últimas que todavía se mantenían en pie.

Por estos hechos ayer por la mañana se hizo presente personal del juzgado de Concepción del Oro para realizar por exhorto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo una inspección ocular en Salaverna, informó Roberto de la Rosa.

“Ya vio cuántas casas hay todavía, que resultaron ser 20 en pie, y cuántas construcciones se tiraron ese día; de 17 familias las que estamos más somos 12”.
Cabe referir que esta presencia en algunos casos intermitente en Salaverna, obedece a que además de las detonaciones permanentes, a la comunidad le ha retirado el Estado mexicano los servicios básicos.

La denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “fue contra el acto que hizo Protección Civil de notificar y querer desalojar ese día -23 de diciembre de 2016-, es con el fin de que no se vuelva a repetir y comprobar que fue un acto indebidamente hecho”, comenta de la Rosa Dávila.

Consideró que esta inspección ocular del lugar debe ser de las últimas actuaciones en este litigio para después desahogar las pruebas “y espero que pronto se dicte ya una sentencia”.

Dijo que aunque fue interpuesta la querella contra la Dirección General de Protección Civil, en caso de ganarla deben de ser responsabilizados todos los involucrados, “Protección Civil no se manda por sí sola, tiene que ser el gobernador –Alejandro Tello Cristerna- el que dictó esa determinación; nosotros tenemos entendido que dos semanas antes de que fueran a Salaverna hubo una reunión entre Carlos Slim y Tello, entonces consideramos que allí se fraguaron todas las cosas en contra de nosotros”.

Roberto de la Rosa también se refirió al reciente anuncio que hizo el magnate Slim Helú de su asociación con la empresa canadiense Goldcorp, que explota con Minera Peñasquito la mina de oro más grande de América, también en el Valle de Mazapil; la intención de ambos consorcios es ampliar sus trabajos de exploración y explotación de minerales en la zona y así elevar su acopio de minerales, y fue informada a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 28 de junio de este año.
“Claro que se fortalecen una con otra, ya es un atentado frontal a lo que es la vida; tenemos el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, están violentados completamente por ellos (…) estos no tienen consideración de nada, y desgraciadamente no hay ahorita en el gobierno actual…está unido…para mí es una mafia el gobierno y mineras”.

Dijo esperar que la gente, la que ya tiene conciencia en el Valle de Mazapil de lo que está pasando, “ya no les permitan la entrada a las mineras” que han abusado por años de su inocencia e ignorancia, pues les ha faltado asesoría legal al momento de celebrar acuerdos y/o información para el caso de rechazarlos.
“Que les digan meramente lo que están haciendo, la destrucción del Valle, la destrucción de nuestros ecosistemas, la destrucción de nuestras formas de vida, y de la vida digna de todo lo que habita aquí”.

Refrendó su preocupación por la contaminación que las empresas extractivas están ocasionando en Mazapil para señalar que no va a quedarse en un fenómeno local.
“El aire y la humedad no tienen fronteras, van a empezar a sentir todo eso en Río Grande –municipio de Zacatecas-, Saltillo, Monterrey”, donde recordó, desembocan todos los ríos y se comunican las cuencas, “toda el agua va a ir contaminada por los químicos que están utilizando aquí, y las enfermedades renales y todo eso van a resultar allá. Eso es lo que no entiende mucha gente, y no hace falta mucho estudio para saber lo que va a suceder”.

De nuevo sobre la posibilidad de hacerle llegar a López Obrador un texto sobre los conflictos entre las mineras con presencia en territorio zacatecano y las comunidades, manifestó su esperanza de que el próximo mandatario, “ojalá venga más humano que estas bestias, que no tienen nada de humano, y se sensibilice con los casos que están sucediendo, bueno de los que estamos unidos”.

Dijo que aún no se tiene fecha para hacer entrega del documento “pero está en puerta”.
“Yo tengo entendido que López Obrador desde 2003 escribió un libro donde hablaba sobre cómo se estaban cediendo concesiones a las mineras y de hidrocarburos a las trasnacionales y nacionales sin consideración, sin tomar en cuenta a la población para nada; es como poner en oferta, ¿qué diré? ahora sí que hablamos de cosas, como si fuera alguien y les dijeras tómala y cuando ya no te sirva me la dejas toda silicosa, toda enferma, entonces me la dejas; y la patria no es eso. Es lo que han hecho los gobernantes con nuestra patria, tratarla así de esa manera, y nuestro suelo. Ojalá que el nacionalismo que dice AMLO tener, ojalá que sea efectivo y nos convoque a la defensa de nuestro México”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/preparan-documento-para-amlo-sobre-actividades-de-mineras-en-zacatecas/

Los turbios pactos entre empresas y autoridades, así como la operación impune del crimen organizado, son los causantes de que en nuestro país sean asesinados cada vez más defensores del medio ambiente.

Entre 2016 y 2017 los asesinatos a los ambientalistas se multiplicaron, al pasar de tres a 15, de los cuales 13 fueron de indígenas, según el informe “¿A qué precio?”, publicado por la organización Global Witness.

En México, la minería es la principal actividad con la que se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida por proyectos de infraestructura, declara el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, en la presentación del reporte mundial en México.

En un mensaje difundido a través de la web, el responsable de la campaña de Global Witness, Ben Keather, indicó que el 2017 fue el año más sangriento a nivel global en ataques a los defensores ambientales, pues en promedio, cada semana cuatro activistas fueron asesinados. Además, América Latina es la región más peligrosa, pues aquí se presentó el 60 por ciento de los casos.

En muchos casos, dijo, se detectó que policías y militares participaron en el ataque a los defensores, quienes sufren desde hostigamiento hasta amenazas de muerte.

También señaló que en nuestro país se observó un fuerte aumento de ejecuciones en sólo un año, y explicó que la impunidad provoca que los asesinos se sientan con poder para atentar contra los defensores sin que existan consecuencias, por lo que las comunidades mexicanas no tienen garantías para usar o no sus recursos naturales.

También hizo un llamado al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que aborde la temática de manera prioritaria, que garantice la participación de comunidades de forma eficaz y que garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Isela González, de Alianza Madre, que trabaja en el Municipio de Guadalupe Hidalgo, al sur de Chihuahua, así como en la Sierra Tarahumara indicó que un ejemplo de la inseguridad que viven los activistas es cómo los territorios de las comunidades han sido ocupados por la delincuencia organizada, ya que la zona se convirtió en productora de estupefacientes.

González recordó que en 2017, en esa región ocurrieron varios asesinatos, como el de Juan Ontiveros, en febrero, luego de participar en mesas de trabajo con autoridades agrarias y ambientales, o dos semanas antes, el asesinato de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman, y otras seis autoridades indígenas.

Baldenegro fue asesinado en enero de 2017, luego de criticar la tala ilegal de bosques antiguos del país. Antes, ya había recibido numerosas amenazas de muerte, debido a su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

“Nos enfrentamos a intereses económicos, empresas madereras, caciques, que han buscado despojar a los territorios y hoy se enfrentan a las concesiones mineras”, dijo, y añadió que esto ocurre debido a la corrupción que permiten las autoridades agrarias y ambientales.

Ataques a ambientalistas en México

Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 ocurrieron 88 ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales, que incluyeron el asesinato de 29 de ellos, de acuerdo con la información publicada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental del año pasado.

Dicho análisis menciona que el estado donde hay mayor riesgo para los activistas fue el Estado de México, con diez casos; seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho cada uno; luego Chiapas y Sonora, con seis; la Ciudad de México y Yucatán, con cinco; en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,  Michoacán, Veracruz y Zacatecas con cuatro casos cada uno; en Hidalgo ocurrieron tres; en Baja California hubo dos casos, mientras que, en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se dio un caso por cada entidad.

Dicho informe también reveló que las actividades donde ocurren más ataques son el despojo de tierras y la minería, con 17 casos de violencia; después la infraestructura, con 14 casos; los hidroeléctricos, con ocho; las obras públicas o políticas en administración de agua tuvieron siete casos; los proyectos inmobiliarios cinco; la energía renovable cuatro, así como los proyectos de siembra transgénicos; por su parte, la tala clandestina tuvo tres casos.

Las principales agresiones fueron las físicas, que representaron 18 por ciento de las 110 registradas en ese periodo, la criminalización tuvo 16 por ciento y el homicidio recibió 15 por ciento.

Fuente:https://polemon.mx/mexico-15-defensores-del-medio-ambiente-asesinados-en-un-ano

En Sonora hay cuatro mil 500 concesiones mineras activas, y es el Estado con mayores proyectos de extracción de minerales en el país, indicó Alberto López Santoyo.

El Director General de Minería del Gobierno del Estado sostuvo que la entidad es líder en extracción de cobre, pues de Sonora se provee el 845 de la producción nacional.

“Es un liderazgo absoluto donde el más cercano anda en un 15% de la producción nacional, o sea que somos el líder absoluto en cobre. En oro también estamos muy consolidados, en molibdeno que somos los únicos productores, en wollastonita que también somos los únicos productores, en grafito también y en carbón antracita”, sostuvo.

Fuente:http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/534673/tiene-sonora-4-mil-500-concesiones-mineras-activas.html

La actividad minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) supone uno de los mayores riesgos que existen para el patrimonio natural que estas protegen. No obstante, aunque urge, realizar la prohibición resulta sumamente complicado, dijo hoy a Efe Sergio Graf Montero, Premio al Mérito Ecológico 2018.

El investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) consideró que los principales problemas son los intereses económicos y, en términos legales, la actual Ley de Minas, que ha impedido ejecutar medidas contra la explotación en dichas áreas las veces que se han tratado de implementar en el Congreso de la Unión.

Según expuso el experto, la única forma de hacerle frente al problema es por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico de carácter preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente.

Sin embargo, los resultados de los estudios son inciertos porque, según apuntó el experto, muchas instancias de Gobierno están en contra de la prohibición y ponen trabas.

Uno de los casos que ejemplifica esto es el del ANP «Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán», la cual Graf dirigió durante 9 años y en la que se quiso establecer una prohibición que finalmente no se materializó, pues «a la hora de establecer la manifestación de impacto ambiental fue imposible», misma situación que se ha repetido en todo el país.

El especialista agregó también que, aunque los actores locales pueden estar de acuerdo en prohibir actividades mineras, «el lobby de esa industria es poderoso y detiene todas las tentativas».

A juicio de Graf, la incompatibilidad de la moderna minería industrial con las áreas protegidas es evidente, pues «toda la minería que se hace ahora es a cielo abierto, y eso es muy peligroso para las reservas», ya que implica remoción de la biosfera como tal para poder extraer los metales.

«Tenemos a nivel nacional como un 12 % del territorio en Áreas Naturales Protegidas, la idea es que se excluya totalmente porque hay suficiente superficie no protegida para hacer esas actividades», precisó.

Según recuerda Graf, uno de los temas más importantes en el proceso de la lucha por la Ley de Biodiversidad era asegurar la prohibición de la minería en esos recintos, algo que finalmente no se ha logrado.

El cercano cambio de administración en el país, con la llegada del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, llena de esperanza al investigador.

«Yo espero que el cambio de administración y con un nuevo Congreso se pueda ayudar a revertir esto», aseguró el consultor de la aplicación piloto del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU por sus siglas en inglés) en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201808031080900797-mexico-mineria-canada-ecologia-e