El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.
A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir,territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.
Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.
Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.
A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.
Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/
Ante la posibilidad de la entrada de empresas mineras en la entidad, 17 municipios se han declarado libres de minerías tóxica, señaló Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Refirió que dicho número de municipios han hecho tal declaración, mediante la emisión de actas de Cabildo, mismas que para el próximo año se prevé incrementen por lo menos a 50.
El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “
Con 41% de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%.
Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.
A cuatro años de la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, por parte de una factoría de la minera Grupo México.
Ante la apertura de una planta de beneficio metálico en Epazoyucan, denominada Proyecto Pachuca grupos civiles denunciaron que dicho beneficio de metal extraería agua en cantidad similar a la que ocupan 20 millones de personas. Afectaría acuífero Cuautitlán, Pachuca al que se le extra mas agua que la que recarga.
La Secretaría del Medio Ambiente publicó la normatividad para la minería marítima en México. En contrapartida, en el ámbito internacional, tanto empresas pesqueras, como investigadores, o la industria turística exigen que la minería marítima sea prohibida, porque la remoción del fondo marino en si misma provoca la destrucción del hábitat marino y la bioacumulación de sustancias tóxicas como las partículas suspendidas de los metales pesados.
El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.
Sin el apoyo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los pueblos indígenas han logrado la cancelación o detenido proyectos en la Sierra Norte, subrayó el activista Gerardo Pérez Muñoz.