Rosalinda Dionisio Sánchez, activista que resultó lesionada durante un atentado, regresó a la lucha social.
A pesar del dolor físico por 30 operaciones quirúrgicas para salvar una pierna y el trauma emocional, la indígena zapoteca Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un atentado con armas de fuego, donde murió el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez, ha vuelto a la lucha social con la misma o mayor decisión, conciencia y compromiso en la defensa de la tierra y el territorio, ante el asedio de la minera canadiense Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales.
“Vale la pena tanto sufrimiento, porque lo más importante es seguir en la lucha”, sostiene la mujer, de 35 años, originaria de San José del Progreso, donde la compañía estableció la mina La Trinidad, sin mediar ante una consulta libre, previa e informada.
Vásquez Sánchez fue asesinado la noche del 15 de marzo de 2012 cuando fue emboscado en su vehículo, donde viajaba con su hermano Andrés y Rosalinda, por un grupo armado presuntamente contratado por las autoridades municipales de San José del Progreso, ligadas a la empresa minera, en la desviación a Santa Lucía Ocotlán.
–¿Cómo ha sido la recuperación física y emocional en estos más de seis años?
–Han sido muchos años de dolor y sufrimiento, porque me operaron alrededor de 30 veces por la lesión que sufrí en la pierna derecha, por uno de los dos disparos de calibre nueve milímetros que recibí.
Como hubo negligencia médica en la primera operación que me hicieron en el Hospital de Especialidades (Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca), al dejarme una gasa, me tuvieron que repetir prácticamente todo lo que habían hecho en un hospital privado. De hecho, aún tengo las esquirlas en la pierna.
–¿Fue más difícil superar el dolor emocional?
–Claro, por lo que sucedió, nunca pensamos que nos atacarían a balazos y muchos menos que moriría el compañero Bernardo. También, fue algo emocional muy fuerte el riesgo de perder la pierna, porque algunos doctores ya no me querían operar, me decían que no valía tanto la pena, que era mejor amputar, pero yo me aferré a eso. Y aquí estoy, ya camino bien, con todas y esquirlas en la pierna.
–A pesar de todo eso, ¿por qué regresas a la lucha social?
–Ya logré resistir y quiero ser consecuente con lo que digo. La CPUVO ha sido golpeada muy fuerte, pero tengo firme el compromiso de seguir participando, porque la minera sigue aquí.
–Sin embargo, aún sigue en riesgo tu vida, ¿no?
–Sí, desde luego, más ahora que todos quienes fueron detenidos por la muerte de Bernardo y mis lesiones, ya están libres. Estuvieron alrededor de tres años en la cárcel y ya regresaron a la comunidad. Sigue el riesgo, porque seguimos estando en contra de la mina.
Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/103496/activista-de-oaxaca-sufrio-atentado-regresa-la-lucha
El modelo de desarrollo basado en megaproyectos extractivos, la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltó la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en la presentación del informe elaborado tras su visita al país en noviembre de 2017.
Chihuahua– Habitantes de diversos municipios de la sierra se manifestaron durante el mitin del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para exigir la salida de las mineras canadienses que explotan el subsuelo del estado, dejando devastación y llevándose la riqueza, sin que exista un beneficio para Chihuahua, según dijeron.
La compañía canadiense Fortuna Silver Mines reconoció que las lluvias recientes causaron un desbordamiento de los residuos sólidos y líquidos de su subsidiaría la mina La Trinidad, ubicada en la comunidad de San José del Progreso, que contaminó el río El Coyote, de Magdalena Ocotlán.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del impacto ambiental al proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en Baja California Sur, por el daño ambiental que generaría con la extracción de fosforita en las aguas nacionales ubicadas en el Golfo de Ulloa, durante 50 años.
El Congreso del Estado dio para atrás por unanimidad al proyecto de Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur.
Opositores al tiradero de desechos mineros tóxicos promovido por Minera del Norte contaminaría diariamente al municipio de Epazoyucan con 20 mil toneladas de materiales altamente peligrosos.
Era jueves 11 de octubre de 2018, comunidades afectadas por proyectos mineros llegaron desde diversas regiones de Oaxaca para denunciar los conflictos y afectaciones que las minas han causado por todo el estado. De los Valles Centrales, de la Sierra Sur y la Sierra Norte, del Istmo, de la Cañada y de la Mixteca llegaron al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras.