Organizaciones civiles y académicos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República que se respeten los procedimientos de consulta en comunidades y pueblos indígenas para que se garantice su consentimiento previo, libre e informado, antes de la asignación de alguna concesión.
En un manifiesto, ante las iniciativas de reforma a la Ley Minera, presentada por las senadoras Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Angélica García Arrieta, expusieron que la actual legislación ha permitido poner a disposición de las empresas, las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, porque consideran la actividad minera como de utilidad pública y preferente, sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
Además, señalaron que este marco normativo otorga amplias y excesivas prerrogativas a los concesionarios mineros, compensadas por escasas obligaciones y sobre todo, es contrario a los derechos de comunidades rurales, mestizas e indígenas, así como al respeto al medio ambiente.
De esta manera, reclamaron que se realicen foros públicos de discusión del nuevo marco normativo con la participación de integrantes de comunidades afectadas por actividades mineras, integrantes de movimientos de defensa del territorio frente al avance de actividades mineras, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
Así también, que los legisladores tomen en cuenta las propuestas y observaciones de estos sectores en la reforma de la Ley Minera.
Aparte de esto, requirieron que se dé cumplimento a los tratados y convenios firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, así como ambientales
De igual manera, pidieron que se tomen en cuenta los intereses de las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por estas actividades.
Que se anteponga ante todo los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y se dé prioridad a la conservación del medio ambiente.
Igualmente, que los procedimientos de consulta en esta materia, respeten y garanticen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en la expansión de la actividad extractiva del carbón en varias zonas de Coahuila, las cuales afectan a la población, por lo que emitió una recomendación dirigida a ocho dependencias y autoridades.
Indicó que la actividad extractiva del carbón se ha expandido en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas en la Región Carbonífera de ese estado, pero sin las concesiones que amparan esas actividades, sin las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos.
Representantes de una organización no gubernamental presentaron escrito de queja ante la CNDH, que durante su investigación observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que sobre Bienes Nacionales, además de las relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del ámbito general, del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, particularmente su Plan Director de Desarrollo Urbano.
El organismo observó que en los lugares donde se ubican las excavaciones no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.
Señaló que esas omisiones repercuten seriamente en los componentes ambientales, además de afectar la salud y las condiciones de vida de las personas que viven o transitan por los alrededores de obras mineras.
Para la CNDH, las irregularidades de las autoridades ante ese problema implican violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud, a la vida e integridad personal, propiedad, agua, saneamiento, circulación y residencia.
Por este caso emitió la recomendación 62/2018, dirigida a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al gobernador de Coahuila, al fiscal General de la entidad y al presidente municipal de Sabinas.
En general, recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería, además de colaborar con la CNDH en los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.
Tras las lluvias del Huracán Willa, el bordo que contenía miles de toneladas de “jales” (sustancias para la extracción de minerales) de la Minera Cinco Reales, se vino abajo, derramando los residuos potencialmente tóxicos por el arroyo de Plomosas hacia el Río Baluarte.
“Ese jal ya llegó hasta el mar”, denunció en rueda de prensa Víctor Ávila Osuna, líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos del Municipio de Rosario, quien advirtió que dichos residuos se encontraban en los límites de donde se construye la presa Santa María.
Entre las comunidades afectadas están Santa María, La Rastra, Ojo de Agua, Ojo de Agua del Venado, El Tecomate, El Tepehuaje, Chametla, El Apoderado y todas las ubicadas al margen del Río Baluarte.
Mostrando la publicación de un diario local del 12 de agosto de 2018, aseguró que el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Sinaloa, Jorge Abel López Sánchez, tuvo conocimiento de la alerta, pero no hizo caso. Tampoco la Comisión Nacional del Agua se acercó a realizar los estudios correspondientes.
En esa ocasión, detectaron focos de contaminación en el arroyo de Plomosas por la parte baja donde se denomina El Apachurrado, entre El Magistral y Charco Verde, donde los pobladores han advertido la ausencia de cauques, camarones, mojarras y otras especies.
Hoy, aseguró Ávila Osuna, con las lluvias de “Willa” ya se encuentran derramados esos materiales, que contienen sustancias como silicato de sodio, aeropromotor 31, espumante, sulfato de cobre y cal.
“En Santa María hay bastantes quejas de que a los niños les salen ronchas, sí hay contaminación, aparte de que se acabó el cauque, camarones y todo eso, yo aseguro que está contaminado el arroyo de Plomosas, afluente del Río Baluarte”, resaltó el líder rural.
De manera urgente, llamó a la doctora Diana Rojas Tirado, directora del Centro de Salud Rosario, para que actúe de inmediato para prevenir problemas de salud a los rosarenses. Y el mismo exhorto hizo al coordinador de Protección Civil municipal, Omar Copado.
“Les doy un plazo de un minuto para que actúen ya”.
Según el denunciante, no son los únicos jales mineros que han encontrado. Más arriba, dijo, en un sitio conocido como Corta Pico, donde hay 4 millones de toneladas de desechos con cianuro.
Relató que en la sierra, a lo largo de los años numerosas compañías han operado y se han retirado dejando sus residuos. Así lo explicó en un documento que hizo llegar a Andrés Manuel López Obrador el 5 de septiembre pasado, todavía como >Presidente electo.
“[…]Y siguiendo por el mismo cauce del arroyo de Plomosas hasta llegar al Corta Pico, hay desechos de Grupo México, y se cree que haya alrededor de 4 millones de toneladas de jal contaminado con cianuro, en la presa de jales, como se le llama actualmente al lugar, y el responsable que autorizó depositar estos desechos fue el ingeniero Nicolás López Portillo, desde los años de 1987 (sic).”
Aunque no mostró más evidencia de sus acusaciones, demandó que la Conagua realice los estudios al arroyo Plomosas y el río Baluarte para evitar daños a la salud pública, así como para implementar acciones que puedan mitigar los impactos de la polución causada por las actividades mineras.
De acuerdo con expertos, el material rocoso que queda de los jales mineros es riesgoso para la salud, porque libera minerales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc.
En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista nahua más emblemático en la región.
Su nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero. Voltea a verlo.
—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.
—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco, el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.
La lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.
Esta base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.
“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
Antonio Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil.
Manuel Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus 168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México (contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com, el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
El saldo de dos sexenios
Albino Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un paraíso montañoso.
Albino muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años, de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.
“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.
Del total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
El agua o la vida
En una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió con su vida.
—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.
—Por defender el territorio, el agua —responde sin duda.
La base de mexico.com revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56.
Cuetzalan está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el país.
En 2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho constitucional tienen los pueblos indígenas.
Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.
Las comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En el mural que recuerda a Antonio Esteban está su hija Antonia Gabriela.
La inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8 de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.
Violeta Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.
Narra que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora, hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.
Antonio Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron la vida.
Ausencias que duelen
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de 2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.
“¡¡Si no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”, reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar. Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su ausencia ocurrida cuatro meses antes.
“Lamentablemente fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de atletismo en competencias locales.
Puebla registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos triquis, mixtecos.
En Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182 mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10 mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco.
Manuel Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y contra la privatización del agua.
Y también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan, que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.
En enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales, entre ellos Manuel Gaspar.
El sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.
Enrique López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos retroceder”.
La incertidumbre
En el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—, será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente entrante.
“López Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”, sentenció.
Los casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
Los sombreros de Antonio Esteban cuelgan de una pared en la casa de su familia.
Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la REMA, indicó que la Profepa anunció el cierre de 13 mineras que afectan el 14 por ciento del territorio de Chiapas en la zona y hasta la fecha no hay resultados informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
A nueve años del asesinato del activista chiapaneco, Mariano Abarca Robledo, puntualizó que las empresas mineras originarias de China y Canadá siguen extrayendo barita y diversos minerales afectando el ecosistema y la salud de los pobladores cercanos a estas minas.
Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,
Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.
Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.
Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.
Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.
Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: “Por el bien de México, primero los pobres”.
¡Queremos frijoles, queremos pescado!
¡Fuera mineras de nuestro estado!
#VIDAoMINA
Atte.
Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.
El representante por Puebla denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, así como Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.
Deploró que Puebla sea uno de los principales destinos para empresas transnacionales que “llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”.
Señaló que estas acciones afectan directamente a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en concreto a quienes se encuentran en municipios comoHueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígena.
Lamentó que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014, permita la implementación de “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.
Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.
Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.
Bautista Rivera advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.
Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.
De igual forma, el legislador poblano exhortó al gobierno federal para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.
También pidió al alcalde entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, defienda a los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como Grupo Ferrominero SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.
De acuerdo en el artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.
Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.
Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.
“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.
“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.
El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.
El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.
El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.
Diálogo previo con los pueblos
En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.
Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto.
Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.
El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.
Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.
Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.
“Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT.
“No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.
A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.
La consulta, responsabilidad del gobierno
La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos.
“Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica.
“Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.
Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”.
Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto.
Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.
Cabo San Lucas.-Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 42 títulos de asignación minera en el país, entre ellos uno para la zona de Todos Santos con una superficie de 2 mil hectáreas, a sólo 2 km de Pescadero.
Cabe mencionar que en Baja California Sur los tres niveles de gobierno se han pronunciado contra la instalación de proyectos mineros en la zona de amortiguamiento de la Sierra la Laguna, como el que anuncia la presente asignación.
El senador con licencia Víctor Castro Cosío, quien a partir de hoy cumple funciones como delegado único del Gobierno Federal en Baja California Sur se ha pronunciado contra la instalación de empresas mineras en la zona sur del estado; al igual que el hoy delegado regional del Gobierno Federal en Los Cabos, Daniel Torres, quien en su etapa de dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, llegó a encabezar marchas de protesta contra la misma intención.
En el caso del gobernador Carlos Mendoza Davis, en su toma de protesta y en sus tres informes de gobierno ha expresado su rechazo y compromiso para no permitir la instalación de proyectos de minería tóxica en Los Cabos y en ese mismo sentido lo han hecho los alcaldes de Los Cabos y La Paz, Rubén Muñoz y Armida Castro, respectivamente, incluso ésta última participó activamente en una manifestación ciudadana en San José del Cabo a unos días de tomar protesta de su encargo; pronunciándose todos ellos a favor del medio ambiente, la sustentabilidad, la salud y el derecho al agua de los habitantes de la zona sur de la entidad.
Sin embargo, los sudcalifornianos amanecimos con la noticia de que en la versión matutina del DOF se publicaba el:
“TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 374.- NOMBRE DEL LOTE.- TODOS SANTOS.- AGENCIA.- LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR”.
De acuerdo al documento el titular de la asignación es el Servicio Geológico Mexicano, en un lote denominado “Todos Santos”, una superficie de 2 mil hectáreas ubicado en el municipio de La Paz, más precisamente “La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: el lado derecho de la carretera no.19, carril Los Cabos-La Paz, a la altura del kilómetro 66+200 a 2 km de el poblado de El Pescadero.
Destaca que la asignación minera a que se refiere este título deberá respetar a los lotes mineros con mejores derechos que se ubiquen en el interior de su perímetro.
La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, de la Ley Minera, que a la letra dice:
“…Las obras y trabajos mineros que al amparo del presente título se desarrollen, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso de las autoridades que tengan a su cargo los bienes que resulten afectados, atento a las disposiciones aplicables. Asimismo, su titular deberá sujetarse a las normas oficiales relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad, de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Este título únicamente otorga derechos sobre los minerales, mas no sobre el terreno superficial”.
El pasado martes 27 de noviembre, la Asamblea General de Comuneros de la Comunidad “Vergel de Bernalejo”, Municipio de San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato, de manera unánime, determinó no permitir que los proyectos extractivos mineros atenten contra su territorio, sus bienes naturales y su comunalidad. Le apuestan a la preservación de la vida y con ello dan un inédito y gran paso en la lucha por la defensa del territorio en el Estado de Guanajuato, históricamente relacionado con la extracción minera.
Desde la Red Mexicana de las y los Afectados por a la Minería les enviamos todo nuestro reconocimiento y respaldo por este gran acuerdo comunitario que han tomado, con el cual, sin duda, demuestran que las y los habitantes de los pueblos de México son capaces de tomar sus propias decisiones, dirimiendo y discutiendo -con información oportuna y suficiente- sobre aquellas problemáticas que les preocupan, a través de sus estructuras de gobernanza para definir soluciones.
Felicitamos a todas y todos los habitantes de la Comunidad “Vergel de Bernalejo” por sumarse a cientos de comunidades que apuestan por la defensa del territorio y la vida.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR A LA MINERÍA
Organizaciones civiles y académicos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República que se respeten los procedimientos de consulta en comunidades y pueblos indígenas para que se garantice su consentimiento previo, libre e informado, antes de la asignación de alguna concesión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en la expansión de la actividad extractiva del carbón en varias zonas de Coahuila, las cuales afectan a la población, por lo que emitió una recomendación dirigida a ocho dependencias y autoridades.
Tras las lluvias del Huracán Willa, el bordo que contenía miles de toneladas de “jales” (sustancias para la extracción de minerales) de la Minera Cinco Reales, se vino abajo, derramando los residuos potencialmente tóxicos por el arroyo de Plomosas hacia el Río Baluarte.
En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.
Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.
Cabo San Lucas.-Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 42 títulos de asignación minera en el país, entre ellos uno para la zona de Todos Santos con una superficie de 2 mil hectáreas, a sólo 2 km de Pescadero.
El pasado martes 27 de noviembre, la Asamblea General de Comuneros de la Comunidad “Vergel de Bernalejo”, Municipio de San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato, de manera unánime, determinó no permitir que los proyectos extractivos mineros atenten contra su territorio, sus bienes naturales y su comunalidad. Le apuestan a la preservación de la vida y con ello dan un inédito y gran paso en la lucha por la defensa del territorio en el Estado de Guanajuato, históricamente relacionado con la extracción minera.