Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió el 1 de diciembre, tras su toma de protesta, que no permitirá esta forma de extracción de gas y petróleo, práctica acusada de violar derechos humanos y ambientales.
Aunado a esto, por primera vez, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizó el pasado 3 de octubre una audiencia informativa para conocer la situación del ‘fracking’, luego de haber recibido la solicitud de 126 organizaciones de América Latina.
Sin embargo, las celebraciones por estos logros se ven atenuadas por una deuda sin resolver por parte de las autoridades y que cada día crece más: las agresiones y los asesinatos de las y los defensores del medio ambiente.
Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, explica que en el último sexenio escaló la violencia contra las personas activistas a favor del medio ambiente, aunque también contra las y los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
“En el caso de los defensores ambientales incrementó muchísimo la cantidad de ataques, esto tiene mucho que ver con que en la anterior administración se dio todo el escenario para la modificación de leyes que permitían la instalación de proyectos extractivos como las hidroeléctricas, las minas o, incluso, las que sirven para generar energías renovables, como las eólicas en Oaxaca”, menciona
Muchas veces las agresiones a los ambientalistas ocurren por parte de las empresas privadas que tienen el interés de extraer algún recurso y ellas son las que provocan los ataques contra los defensores, dice.
Además, no hay que olvidar que las personas más vulnerables son las mujeres, quienes reciben primeras advertencias como amenazas o allanamientos en sus casas o lugares de trabajo, situaciones que provocan que lleguen a abandonar el movimiento, señala Alejandra.
“Es muy difícil poder defender los derechos ambientales y los territorios ante tanta violencia, es un escenario muy difícil y muchas compañeras terminan desistiendo de la lucha y yéndose de los territorios buscando su seguridad”
– Alejandra Jiménez
Integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking
Por otra parte, los ataques también son provocados por los caciques y el crimen organizado.
Una de las zonas más afectadas por esta situación ha sido la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte del país.
Isela González, de la Alianza Sierra Madre A.C, la cual trabaja con los pueblos indígenas ódami y rarámuri en la Sierra Tarahumara, explica que en los últimos dos años han asesinado a tres defensores de la tierra en el estado chihuahuense, uno de ellos en este 2018; mientras que cinco más (entre los que está incluida ella) han recibido amenazas graves y están bajo protección de las autoridades.
El caso más reciente en esa región ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando el activista y líder de la comunidad indígena rarámuri, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado a balazos en el poblado Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara.
Julián era defensor de la tala de árboles y un crítico de la minería y la siembra ilegal de droga, situación por la que durante los últimos años recibió amenazas. De hecho, su hijo y cuatro de sus familiares fueron asesinados entre el 14 de agosto del 2015 y el 1 de julio de 2018, presuntamente como represalias a su activismo.
“Lo grave aquí es que a Julián lo asesinaron siendo beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación”, acusa Alejandra.
Los activistas asesinados en el 2017 en la Sierra Tarahumara fueron Juan Ontiveros, cuyo crimen permanece impune; y el líder indígena Isidro Baldenegro, quien recibió el Premio Godman en 2005 por su activismo, caso en el que sólo hay un detenido que no ha sido juzgado.
“Nosotros lo que estamos pidiendo es que las investigaciones no se queden nada más en autores materiales, sino que profundicen y vayan a los autores intelectuales, porque no debemos perder de vista que a los compañeros los asesinaron siendo defensores ambientales y realizando una fuerte actividad de liderazgo al interior de las comunidades”, explica González.
El Informe “¿A qué precio?”, de la organización Global Witness, presentado este año y el cual posiciona a México como el cuarto lugar más peligroso para ejercer esta labor, revela que el país pasó en 2016 de registrar tres defensores del medio ambiente asesinados, a 15 en el 2017. En el 2018 van al menos 9 activistas a los que les han quitado la vida
La nueva administración federal abre la esperanza de que finalmente hayan acciones concretas que velen por la seguridad de los ambientalistas, aunque también existe incertidumbre, ya que no hay ningún manifiesto claro al respecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan los defensores de la tierra.
LAS MÁS VULNERABLES
Ser mujer y ser defensora del medio ambiente es un doble riesgo en México. Aunque activistas coinciden que vivir en el país es peligroso para cualquier mujer por la ola de violencia que se vive, esta población lo es aún más si defiende los derechos del medio ambiente por los grandes intereses involucrados.
“Siempre vas a estar sujeta a una mayor vulnerabilidad por tu condición de mujer, recordemos que en todos los conflictos y en todas las disputas, los cuerpos de las mujeres se convierten en trofeos”
– Isela González
Directora de la Alianza Sierra Madre A.C.
La activista, quien se ha dedicado a apoyar a las comunidades indígenas contra el despojo de tierras y de daños ambientales, ha sido amenazada por los caciques de la comunidad Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, y por esa situación actualmente se encuentra en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
“He recibido amenazas graves y por eso estoy en el mecanismo de protección junto con todo el equipo de Alianza Sierra Madre, estamos en protección cinco personas, de las cuales tres somos mujeres”, cuenta.
Su caso es sólo un ejemplo de las situaciones que viven las mujeres activistas del medio ambiente. Las primeras amenazas suelen ser a través de mensajes o allanamientos que buscan intimidarlas, las cuales pueden escalar hasta situaciones más graves como violaciones o incluso asesinatos.
Las mujeres no sólo son víctimas de los agresores, también lo son de las autoridades, las cuales las revictimizan cuando acuden a buscar justicia
“Es una primera advertencia que dice ‘te estamos vigilando o sabemos dónde vives y podemos perturbar tu vida’, lo que generalmente provoca que muchas compañeras terminen dejando la lucha; desafortunadamente hay casos donde escala la violencia y se presentan también violaciones”, explica Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
No obstante, además de ser víctimas de las agresiones, también lo son de la justicia, pues al acudir ante las autoridades éstas no les creen o, incluso, muchas veces los mismos colectivos a los que pertenecen suelen poner en duda si las agresiones son reales, dice Jiménez.
Otra forma de ataques es la fabricación de delitos para encarcelarlas. Además la situación es más difícil si se es madre, pues suelen amenazarlas con dañar a sus hijos o a sus familias y muchas prefieren dejar de participar, lo que provoca que los movimientos se vayan desarticulando poco a poco
Por ello, algunas han optado por tomar sus propias medidas de protección, aunque eso no impide que se deje de vivir con miedo y temor a ser víctima de una agresión.
Sin embargo, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador trae un poco de esperanza de que la situación mejore de forma gradual para algunas activistas, sobre todo para las comunidades indígenas luego de que éstas le entregaron el Bastón de Mando el 1 de diciembre, después de que rindió protesta en la Cámara de Diputados.
“Vemos con optimismo la llegada del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, la primera reunión que tengamos con él le preguntaremos qué piensan hacer(…)estamos planteando que el Estado mexicano debe resolver las causas estructurales”, dice Isela González.
De acuerdo con ella, se debe atender lo que origina el conflicto en las comunidades, lo cual en los caso que ellas acompañan es el intento de despojo del territorio y la falta de titulación a nombre de las comunidades de los territorios indígenas, así como el acceso preferente a los recursos naturales.
Si pertenecer al género femenino en México es un peligro por sí solo, para quienes también se dedican a defender el medio ambiente el riesgo aumenta exponencialmente, pues tanto las amenazas como las agresiones directas son un común denominador entre las activistas
EL GRAN DESAFÍO
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementaron los ataques y las agresiones a los defensores del medio ambiente por el alto número de concesiones y proyectos entregados al sector privado, señalan activistas.
Tan sólo en el 2017 hubo 15 activistas defensores de la tierra asesinados, según el informe de la Organización Global Witness titulado ¿A qué precio? Mientras que registros de notas periodísticas indican que este año han sido cometidos al menos 9 homicidios más, una situación alarmante si se considera que en el 2016 ocurrieron tres.
El gran reto para el próximo gobierno es frenar los ataques y resolver el problema de raíz, sin embargo aún no existe una postura contundente por parte de la nueva administración al respecto, acusan ambientalistas
“Actualmente con el nuevo gobierno no hay claridad, no se ha pronunciado respecto a esta grave situación que es un pendiente, finalmente todo el tema de los derechos humanos es uno de los grandes retos que creo que le toca enfrentar a esta nueva administración y no es muy clara cuál es la propuesta de acción”, dice Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Para la activista, muchas veces los megaproyectos son posibles gracias a una cadena de corrupción e impunidad, lo que al final convierte a los defensores del medio ambiente en blanco de ataques, el cual es un tema del que tampoco se sabe cómo se va a atender.
“Creo que ese es uno de los temas que es súper vital para la próxima administración, acabar con la corrupción y la impunidad”, agrega.
Jiménez señala que se tendría que armonizar la Ley General de Víctimas para que se hable de los defensores ambientales, ya que el tema se aborda de manera muy superficial.
Otro de los desafíos será resolver los casos de los activistas que han quedado impunes o en los que no hay avances en las investigaciones y, sobre todo, lograr la protección de las comunidades indígenas, las cuales han sido las más afectadas por tratar de defender su territorio
“Lo menos que esperamos es justicia para nuestros compañeros asesinados y que las comunidades obtengan la paz que se merecen para seguir desarrollando su vida cotidiana y su vida cultural en sus territorios”, dice Isela González, de la Alianza Sierra Madre A.C, organización en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte del país.
En el caso de Alianza Sierra Madre tres activistas fueron asesinados entre el 2017 y el 2018, todos ellos indígenas.
Organizaciones nacionales e internacionales como la ONU y Amnistía Internacional se han pronunciado al respecto y exigido a las autoridades mexicanas la investigación de todos los delitos cometidos contra los defensores ambientales.
https://www.reporteindigo.com/reporte/defender-la-tierra-agresiones-asesinatos-activistas-indigenas-mujeres-retos-gobierno/
Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, en Sonora, denunciaron penalmente y ante el Tribunal Agrario a una mina propiedad del grupo Peñoles por el despojo de un terreno ejidal y el robo del mineral, informó a Proceso al abogado Sergio Orlando García García, titular del despacho que asesora al ejido.
Subsecretario de Minería avala proyecto de extracción minera repudiado por comunidades indígenas
Luis Francisco Quiroga, nuevo subsecretario de Minería, apoyó un proyecto minero por el que la Secretaría de Economía, de la que él es representante, está demandada. El amparo, promovido por una comunidad de Puebla, es por el otorgamiento de dos concesiones mineras para las que no se consultó a los pobladores.
Indígenas de Ixtacamaxtitlán se manifestaron frente del Palacio Nacional para reclamar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respaldo que dio el gobierno federal a la minera canadiense Almaden Minerals, a través de su subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga Fernández, el pasado 9 de diciembre.
Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.
Comunidades indígenas de Oaxaca exigen al nuevo gobierno la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas mineras extranjeras. Las poblaciones denuncian que las compañías provocan afectaciones irreversibles a los ecosistemas, criminalización de autoridades y defensores comunitarios e inseguridad.
La crisis de violencia y de impunidad por la que atraviesa México ha convertido la labor de proteger el medio ambiente en una de las más letales y peligrosas, especialmente para las mujeres activistas, quienes no sólo son víctimas de los agresores, sino también de las autoridades que las revictimizan, problemática que aún no se sabe cómo enfrentará el nuevo gobierno
Pachuca.- A pesar de que la minería es una actividad económica que genera millones de pesos en ganancias, sus trabajadores deben pagar un precio muy alto debido a los bajos salarios, prestaciones injustas y el impacto que genera esa actividad a su salud; además de la grave contaminación que deben afrontar las comunidades aledañas a esos megaproyectos.
La organización Familia Pasta de Conchos interpuso quejas que por fin fueron escuchadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien este pasado 9 de diciembre, en su Comunicado de Prensa CDG417/18, dio a conocer la Recomendación 62/2018, en la que definió que la extracción de carbón en las poblaciones del Municipio de Sabinas y en al Área Natural Protegida en la Región Carbonífera del estado de Coahuila son ilegales, que no cuentan con concesiones, ni con Estudio de Impacto Ambiental; que violan los usos del suelo y los derechos humanos; la seguridad jurídica, el medio ambiente, la vivienda adecuada, la salud, la vida, la integridad personal, al agua, la propiedad, el saneamiento, la circulación y residencia. Del mismo modo se violan disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales, así como otras disposiciones relativas con el asentamiento humano, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Sabinas. No nos sorprende que entre los dueños de estas minas ilegales aparezcan exfuncionarios públicos y funcionarios actuales como; el ex regidor de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano, el actual senador de MORENA, Armando Guadiana Tijerina, así como el gobernador del estado que se presume compraba a través de la desaparecida Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) el carbón extraído ilegalmente, según confirma la Organización Familia Pasta de Conchos.
En este capítulo de la serie Extractiv-Istmo. El desarrollo del México imaginario y la resistencia del México verdadero, se analizan los impactos del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales, a costa del terreno en donde se encuentren localizados, de los ecosistemas existentes y de los pueblos que habiten ese sitio.