4 febrero, 2019 – Por Alberto Saavedra

En los últimos años se le ha concedido varios contratos a empresas extranjeras para la extracción de minerales en minas mexicanas. La mayoría de las grandes mineras en el país son canadienses y poco se interesaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por medir o considerar los impactos ambientales. Ahora, pobladores de varias comunidades poblanas exigen ser respetadas ante una inminente avanzada del proyecto minero Almaden Minerals.

Detrás de este interés empresarial está un lucrativo negocio en las minas Ixtacamaxtitlán, Puebla. Los pobladores que habitan cerca de esta mina ya solicitan que su opinión sea considerada antes de que la canadiense entre de lleno a extraer recursos cerca de sus hogares. Exigen al gobierno de López Obrador que exige su negativa total a que este proyecto minero arranque en sus comunidades. La petición se hace directamente ante la Semarnat.

La alarma en esta comunidad se inició cuando llegaron rumores de que se inició un trámite para revisar el impacto ambiental que tendrá la activación de la mina. Recordemos que para su funcionamiento correcta, la industria minera necesita extraer recursos usando grandes cantidades de agua de ríos o lagos cercanos, en donde generalmente provocan sequías y contaminación de aguas con los residuos que generan.

Las alertas de organizaciones señalan que la extracción de minerales de esta mina afectará gravemente el medio ambiente, el agua y la salud de los pobladores de Ixtacamaxtitlán. Todo esto como uno más de los daños que han generado las minas en el país, recordemos lo que sucedió en el río Sonora, en donde no se han reparado los grandes daños después de contaminar una de las fuentes de agua más importantes del norte mexicano.

Otra de las grandes quejas de este grupo de pobladores es que los empresarios mineros buscan comprar tierras que rodean la mina. Estas extensiones de terrenos son altamente forestales y que serían utilizadas para ser taladas y servir para la extracción de minerales bajo tierra. A esto se le conoce como una mina a cielo abierto, confirma el medio SinEmbargo, quienes comparten la negativa de estos pobladores ante el proyecto minero.

El proyecto, sin embargo, no es nada nuevo. Desde el 2014 se ha intentado controlar los terrenos cercanos a la mina para iniciar la extracción de minerales. La gran traba para iniciar con todo son las constantes quejas y advertencias que los pobladores han hecho ante derechos humanos y la procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa). Todo esto ha dado tiempo para avanzar en la defensa de estas tierras.

El conflicto entre la empresa minera y los pobladores continúa sin cesar. Mientras unos aseguran que la actividad minera no dañará la zona ni habrá de lesionar las aguas de las comunidades cercanas, los otros afirman que se está vendiendo un discurso de supuesta ecología al asegurar que se usará “agua de lluvia” para la actividad minera.

Poblanos piden frenar intereses mineros en Ixtacamaxtitlán

Por Pedro Matías , 4 febrero, 2019
Estados
OAXACA, Oax. (apro).- La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) denunció que por la “terquedad” del presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, se corre el riesgo de una confrontación entre opositores al proyecto minero y grupos paramilitares.

Por tal razón, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a las autoridades y a la población para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo concertado, con el fin de frenar la violencia que ha generado el proyecto minero San José, desde la llegada de la empresa Fortuna Silver Mines.

El saldo hasta ahora es de dos muertos, mientras que tres opositores cuentan con medidas cautelares.

A través de un comunicado, la CPUVO resaltó que el alcalde pretende abrir de manera violenta el palacio municipal, tomado desde 2008 en oposición a la presencia de la mina porque, subrayó, ha roto el tejido comunitario y generado violencia con grupos paramilitares.

“Hacemos visible el autoritarismo y abuso de poder de Servando Díaz Vásquez con su terquedad de querer abrir el palacio municipal de manera violenta, y que ha actuado con grupos paramilitares, ya que esa no es la solución verdadera a la problemática que se vive en San José del Progreso”, puntualizó.

De igual manera, recordó que desde 2008 ha exigido al gobierno, por todos los medios, “poner atención a la problemática generada en nuestro municipio por el proyecto minero San José, (porque) desde la llegada de Fortuna Silver Mines ha aumentado la violencia en nuestra comunidad”.

Por consiguiente, hizo responsable a la empresa, a la Secretaría General de Gobierno, a Servando Díaz Vásquez y a todo su cabildo por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de pobladores de San José del Progreso.

También exigió a las autoridades que intervengan de manera imparcial y garanticen la seguridad e integridad de los miembros de la Coordinadora, porque “no queremos más agresiones ni asesinatos”.

A su vez, la Defensoría manifestó su preocupación por el llamado que ayer hizo el presidente municipal de San José del Progreso para recuperar el palacio municipal –ocupado por integrantes de la CPUVO a raíz de su desacuerdo con la empresa minera–, pues ese intento podría generar una situación de conflicto entre habitantes de la comunidad.

El organismo defensor hizo un llamado a las partes en conflicto para que mantengan la tranquilidad, eviten actos de violencia y busquen resolver sus diferencias mediante el diálogo pacífico, recurriendo a la mediación de las autoridades estatales, principalmente la Secretaría General de Gobierno (Segego).

A la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del estado les pidió garantizar la integridad física y psicológica de toda la población, pues por anteriores actos de violencia, recordó, dos personas de esa población han perdido la vida y actualmente hay tres integrantes de la Coordinadora protegidos con medidas cautelares.

En seguimiento al expediente DDHPO/CA/0918/(16)/OAX/2015, este lunes el organismo defensor solicitó a los titulares de la SSP y a la Fiscalía que refuercen las medidas cautelares para los tres integrantes de la Coordinadora que se encuentran en riesgo.

También hizo un llamado al presidente municipal y a los integrantes del ayuntamiento de San José del Progreso para que en todo momento privilegien el respeto a los derechos humanos en sus actuaciones oficiales, y exhortó a los integrantes de la Coordinadora que mantienen tomado el palacio a abstenerse de acciones violentas.

Asimismo, demandó a la Segego establecer mesas de trabajo en la comunidad para evitar posibles confrontaciones violentas y lograr acuerdos que permitan restaurar la tranquilidad en el pueblo, cuyos habitantes están divididos por la presencia de la empresa minera en la zona.

Han mencionado que la actividad minera ya ha tenido consecuencias en la salud esencialmente de mujeres, niños y niñas.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Frente Popular por Defensa del Soconusco (FDPS) y Otros Mundos A.C dirigieron una carta con más de mil 700 firmas para exigirle al presidente de la República se detenga la actividad minera en el municipio de Acacoyagua.

El Frente Popular recolectó un aproximado de 1796 firmas para que el Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua no otorgue ningún permiso de uso y factibilidad de suelo para alguna actividad minera dentro del municipio, informó un comunicado.

Cabe destacar, que de las 26 mineras activas en el estado, 13 se encuentran en ese municipio.

“Somos testigos y testigas de los impactos a la salud, alimentación y medio ambiente de la minería a la tierra y a nuestros cuerpos, pues desde 2012, los proyectos de explotación de Titanio, denominados “sustentables” por el Estado han contaminado el ambiente, bosques y mantos acuíferos” comunicaron.

Así mismo, la organización detalló que los ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa, que sirven a la comunidad en sus actividades diarias, están contaminados y como consecuencia ha ocasionado daños a la salud física y emocional.

“Creemos que es necesario que la sociedad y los gobiernos entendamos el riesgo que viviríamos si se formulan más políticas del modelo extractivo minero” acodaron.

El Frente Popular es parte de REMA y el Movimiento Mesoamérica contra el Modelo Extractivo (M4), por lo que desde su experiencia de cooperación de información confirmaron que no conocen ningún proyecto minero que sea sustentable y que no cause daño a la tierra, el agua y la salud.

Finalmente, la organización chiapaneca pidió a las autoridades gubernamentales estatales y federales acabar con el poder de corrupción y la impunidad, además de recordar que el modelo extractivo tiene la capacidad para acabar con las comunidades y la salud mental de cada uno de los pobladores.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/exigen-a-lopez-obrador-detener-la-mineria-en-acacoyagua/

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, informaron que entregaron una solicitud a las autoridades municipales de Acacoyagua para pedir se comprometan a frenar la minería.

Al mismo tiempo, solicitaron se convoque a una asamblea de cabildo abierto en donde el Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial de Chiapas.

Los habitantes indicaron estar siendo amenazados por 21 concesiones mineras; de las cuales 13 están dentro de Acacoyagua, para la explotación de ilmenite, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una plata geotermia.

El Frente ha denunciado en diversas ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire.

Al respecto,  el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua están siendo contaminados.

“Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería” indicaron.

Por tanto, los habitantes en nombre de su derecho a la vida digna, instaron que no dejaran que la minería avance en la region, por lo que pidieron al Ayuntamiento se comprometa en cuatro acciones concretas:

• Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.
• Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.
• Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyaguay del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.
• Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

Así mismo, convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”.

Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería”

FInalmente, solicitaron que se explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia).

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/habitantes-de-acacoyagua-piden-sea-declarado-territorio-libre-de-mineria/

La situación fiscal de más del 40 por ciento de los concesionarios mineros en el país se desconoce, derivado principalmente por la ausencia de un Estado fuerte que ha permitido prácticas poco éticas o abiertamente ilegales, señaló Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ahora, con el nuevo acuerdo comercial alcanzado en octubre de 2018 entre Estados Unidos, México y Canadá, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a discusión una iniciativa para modificar el marco legal de dicho sector, con el fin de cubrir los huecos existentes en la reciente negociación.

La propuesta del gobierno mexicano busca fortalecer los mecanismos de redistribución y exigencia a los titulares de las concesiones mineras para que inviertan en el desarrollo local donde realizan sus actividades productivas, así como establecer pautas para garantizar que toda operación se dé dentro de los parámetros de la sustentabilidad y el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, señala la profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, en comunicado de la UAM.

Sin embargo, para la especialista es un hecho que el reciente acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá va a utilizarse como una herramienta para proteger a las empresas extranjeras que se han adueñado de gran parte del territorio para su aprovechamiento, por lo cual resulta útil el debate legislativo que tenga como centro la cantidad enorme de privilegios de este sector productivo, pero aún hay elementos pendientes que el gobierno debe retomar.

Azamar Alonso pidió estar atento al tema, pues tradicionalmente este sector ha ofrecido pocos beneficios económicos y sociales al país, aun cuando obtiene ingresos abultados para las compañías de las tres naciones, por lo que la renegociación del tratado fue continuista y evitó afectar a los empresarios.

Explicó que los permisos de concesión en México otorgan el derecho a la exploración y la explotación, mientras que en los otros dos países son diferenciados o se encuentran regulados por múltiples reglas que van desde la competencia privada en el escenario estadunidense hasta el sistema disímil de ingreso canadiense.

Las exigencias mexicanas para obtener el permiso son mínimas y no están homologadas, por lo que cada estado puede imponer o disminuir los requerimientos, además de que las concesiones no tienen una extensión máxima y el tiempo de duración es de 50 años, prorrogable por 50 años más, mientras que la renta de éstas se congela en el año 11.

En contraparte, en Estados Unidos las concesiones son indefinidas, pero se pagan derechos por cada 20 hectáreas que aumentan cada año sin tener un tope específico y en Canadá la situación es parecida, pues cada 8.4 hectáreas representa un solo permiso que puede durar de cuatro a 24 años, el cual puede cambiar el pago sin congelarlo en ningún momento.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/21/se-desconoce-situacion-fiscal-de-mas-de-40-de-concesiones-mineras-1479.html?fbclid=IwAR3YdexAemhdmR_GHX1x6iFV9Xa-34NRJzgq4_C1DCZMVn6MzMxE-T_Kw7I

Las minas que se pretenden instalar en el estado de Veracruz siguen trabajando y a pesar que el gobierno estatal ha dicho que no habrá minería a cielo abierto, los grupos defensores del medio ambiente no bajarán la guardia porque hay que considerar que sus concesiones duran 50 años, dijo Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En relación con las minas que están en etapa de exploración en el estado de Veracruz, Rodríguez Almazán refirió que Caballo Blanco, El Cobre Las Minas, Tatatila siguen trabajando, «las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50 años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20 años para que su operación avance».

Caballo Blanco ya en dos ocasiones ha intentado el permiso de explotación y el dicho del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de que no habrá minería a cielo abierto, «nos genera una expectativa de poder en estos seis años contener la minería en seis años, pero las concesiones duran más. Pero vamos a trabajar por esa voluntad que se declaró se convierta en papel y ley, y buscaremos que Veracruz sea declarado libre de minería tóxica, sobre todo a cielo abierto, porque es una concesión que dura 50 años y es un gobierno que dura seis años, por eso el asunto no es tan fácil».

Asimismo, recordó que las declaraciones de los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan han acordado a través de cabildo que sus municipios son libres de minería tóxica y eso sigue vigente, no hay cambio de uso de suelo, por lo que las empresas no pueden continuar con su etapa de explotación.

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190116_091325_749