“Siempre que se acerca un memorial de Pasta de Conchos, me buscan para hablar conmigo y les vuelva a contar por qué recojo basura… Ni que fuera por diversión. Mi hijo vivía conmigo y era él quien me sostenía […] Por culpa de las disque autoridades, trabajo en el basurero desde que murió mi hijo. Salgo a las seis de la mañana después de tomar un café con galletas. Me llevo una lata de atún, tortillas o lo que pueda para comer en el basurero […] Regreso a media tarde […] meriendo otro café con galletas y me duermo. Así todos los días, no tengo día de descanso porque si descanso, no como”.

– Testimonio de una madre que perdió a su hijo en el Pozo La Espuelita.

En el mes de febrero la organización Familia Pasta de Conchos llevará a cabo el XIII Aniversario de la tragedia de la explosión de la mina Pasta de Conchos en donde murieron 65 mineros. Para las familias, este episodio supuso una ruptura en sus dinámicas familiares y comunitarias, así como un vacío irremplazable a día de hoy.

En honor a la memoria de quienes murieron, el próximo 19 de febrero las familias y la organización Familia Pasta de Conchos se trasladarán a la Ciudad de México para asistir a una misa de recuerdo enfrente del anti-monumento Pasta de Conchos.

Después de 13 años de lucha y esperanza, y tras el esfuerzo de las personas defensoras de derechos humanos, el caso consiguió ser admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de marzo del 2018, siendo unos de los únicos casos minerosadmitidos ante la CIDH. Mediante este informe de admisión, se reconoce la responsabilidad del Estado Mexicano en el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de estos 65 mineros, como el derecho a la vida; dado que no obligó a la empresa extractiva Grupo México a respetar las normas de seguridad, lo que resultó en un evento mortal para estos trabajadores y en un punto de no retorno para sus familias.

A la particularidad de este caso, se le añade el hecho de que opone a este grupo de familiares contra una de las mayores empresas extractivas del país, llegando a ser un caso de gran magnitud, respaldado por más de 1.000 peticionarios y con seguimiento internacional.

Convertido en un símbolo, este caso muestra el camino para futuros casos relacionados con la temática de las condiciones de trabajo, porque documenta cómo los derechos laborales forman parte indisociable de los derechos humanos, asunto que apenas es reportado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paradójicamente, el caso Pasta de Conchos no ha sido liderado por ningún sindicato sino que ha llegado ante la CIDH únicamente por el desempeño de las personas defensoras y las familias, tocando intereses estratégicos de grandes actores económicos y políticos.

Como consecuencia de ello, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos y acompañada de PBI, ha sido víctima de múltiples amenazas y constantes difamaciones en prensa por su trabajo de defensa. Desde PBI llamamos a las instancias del nuevo Gobierno Mexicano a que responda favorablemente a las peticiones de la organización Pasta de Conchos y sus familias, y recordar que las recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento. El no cumplimiento de las recomendaciones en el plazo recomendado podría resultar en que el caso fuese redirigido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad también reparar el daño a las familias a través del rescate de los cuerpos atrapados y su posterior entrega para que vuelvan a casa, así como a través del apoyo económico que evite que muchas familias, tras haber perdido a su principal sustentador, vivan en situación de pobreza. Trece años después, los familiares siguen esperando que se restablezca su dignidad y que al fin se haga justicia.

Por último, recordamos el deber de proteger que tiene el Estado Mexicano para que defensoras como Cristina Auerbach y otras a lo largo de todo el país, puedan ejercer su trabajo en un espacio libre de violencia y miedo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/pasta-de-conchos-un-simbolo-en-la-lucha-de-los-derechos-laborales/

Otra vez el doble discurso y la inexactitud se ponen de manifiesto en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer anunció que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, pero eso no es del todo cierto, pues desde el 19 de febrero pasado el gobierno federal, a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría Economía, puso en oferta, al mejor postor, 95 títulos de explotación minera.

El anuncio hecho por el Presidente de la República se contradice con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero, en donde la Dirección General de Minas anunció la “declaratoria de libertad de terreno que tiene por objeto dar a conocer al público en general la superficie disponible conforme a la cual se podrá solicitar la expedición de un título de concesión minera”.

En la declaratoria de Libertad de Terreno número 01/2019, firmada por la Directora General de Minas, Laura Cristina Díaz Nieves, que evidencia la inexactitud del discurso del presidente López Obrador, se ofertan más de 127 mil 132 hectáreas de suelo de los estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Las más de 127 mil 132 hectáreas de suelo para nuevas concesiones mineras que ofrece la Declaratoria de Libertad de Terreno quedarán disponibles al mejor postor a partir de mañana 21 de marzo, según se establece en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, fecha a partir de la cual se podrán solicitar y otorgar las nuevas concesiones mineras para quienes se interesen en ellas.

En la conferencia de prensa del día de ayer, el presidente López Obrador recriminó el hecho de que las dos anteriores administraciones federales, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entregaron más de 50 millones de hectáreas de suelo en usufructo a mineras internacionales, con las que dijo se enajeno casi una tercera parte del territorio nacional, lo que consideró es la razón para no otorgar nuevas concesiones.

Pero con la puesta en oferta de las primeras 95 concesiones mineras que la administración de la Cuarta Transformación está haciendo, se habrá de entregar a las mineras interesadas en esas nuevas minas, una superficie territorial de más Mil 271 kilómetros cuadrados, que es casi la mis proporción de la superficie ocupa la Ciudad de México.

De esa forma, los municipios en donde se asientan los terrenos declarados en libertad para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras perderán entre el 2 y hasta el 20 por ciento de la superficie que actualmente ocupan, al existir concesiones de hasta casi 6 mil hectáreas de suelo, como es el caso del predio ofertado en el municipio de Francisco R. Murguía en el estado de Zacatecas.

Los municipios que perderán parte de su territorio, tras la decisión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras dentro de sus demarcaciones, son Poanas, Rodeo, Panuco de Coronado, Tepehuanes, San Luis del Cordero, Santiaho Papasquiaro Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, San Bernardo y Ocampo, en Durango; Xichú, León y Atarjea, en Guanajuato; Iguala y Eduardo Neri, en Guerrero; Hostotipaquillo, Tecalitlán y Encarnación de Díaz, en Jalisco, Santa Ana Maya, en Michoacán.

Parte de las nuevas concesiones mineras a otorgar por esta administración también se ubican en las localidades de Tecuala, Ixtlán del Río y Huajicori, en Nayarit; Galeana y Mina, en Nuevo León; Tecomatlán, Jolalpan y Chietla, en Puebla; Guadalcazar y Charcas, en San Luis Potosí; San Ignacio, Concordia, Badiraguato y Rosario, en Sinaloa; Saric, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Quiriego, Rosario, Soyapa, Onavas, Yecora, Villa Pesqueira, Suaqui Grande, Rayón, Sahuaripa, en Sonora, y Melchor Ocampo, General Pánfilo Nateras y General Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

Las Mineras Canadienses Llevan Mano

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que evidencia la entrega de nuevas concesiones mineras en este gobierno, pese a la postura oficial que lo niega, los terrenos declarado en libertad para iniciar trabajos de exploración y explotación de minerales, ya habían sido otorgado a favor diversas empresas mineras trasnacionales, pero dichos títulos fueron cancelados en la pasada administración, por razones que fueron desde violación a la ley minera hasta desinterés de los propios posesionarios.

Pero eso no obsta para que los propios concesionarios originales, a los que se les canceló el título de propiedad de esos predios, puedan reclamar de nueva cuenta la concesión bajo la misma o distinta razón social, lo que hace que hoy sean esas mismas mineras las que están formadas en primer lugar para mantener la posesión de la minas que no estaban explorando o explotando, principalmente de oro, plata, cobre, hierro, uranio, plomo y zinc.

Entre las mineras que partir de mañana podrían reclamar una nueva concesión minera al gobierno federal, luego de haber tenido la propiedad de los predios en oferta, se encuentran Blackcomb Minerals Inc., de Canadá, que busca la recuperación de los predios ricos en oro y plata Jesusita Dos, La Blanca 4, La Blanca, Nuevo Fluorita Dos, La Blanca 3 y la Banca 5, en el estado de Durango.

Golden Minerals Company, de Estados Unidos, va por la recuperación de la concesión minera que le fue retirada del predio Ampliación Sabinas, en el municipio de Rodeo, Durango, el que contiene reservas de extracción por más de 40 años de oro, plata, cobre, zinc y plomo.

La minera canadiense Arcelia Gold, va por la recuperación del predio El Diablo, en el municipio de Panuco de Coronado, Durango, que contiene yacimientos importantes de oro y plata; la también canadiense Sierra Metals Inc., busca una nueva concesión en el predio que ya era de su propiedad denominados El Pino, ubicado en el municipio de Tepehuanes, Durango, con alto contenido de oro y plomo.

Por su parte la minera canadiense Prospero Silver Corp., se podría rehacer de los títulos cancelados de los predios Campana 3, Campana 3 Fracción A, Campana 4 y Campana 5, ubicados en el municipio de San Luis del Cordero, Durango, con reservas probadas de oro y plata hasta para 50 años de explotación constante.

Otra minera canadiense que se apunta como primera demandante de una concesión minera en los terrenos liberados, es la Aurion Resources Ltd., la que pretende la recuperación del predio Esmeralda 3, ubicado en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en donde existe una mina de alto contenido de oro y plata; Nwt Uranium Corp., y Yamana Gold Inc., también mineras canadienses buscan también la recuperación de la concesión perdida sobre el predio Picacho Fracción 1, en Santiago Papasquiaro, Durango, donde hay una mina de plata, zinc, plomo y oro.

La minera canadiense Guerrero Exploration Inc., va por la mina de oro y plata ubicada en el predio Coatepec Fracción 2, dentro del municipio de Chilpancingo Guerrero, mientras que la también canadiense Terra Nova Gold Corp., busca rehacerse del predio San Diego Fracción 1, dentro del municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, uno de los yacimientos más importantes de cobre, oro y plata en esa entidad.

En el estado de Nayarit, la minera inglesa Rose Petroleum PLC busca al menos cuatro concesiones mineras en los predios Diablito Fracción III, Diablito Fracción II y Hueco Diablito, en el municipio de Tecuala, para iniciar la explotación de oro y plata, cancelada en la pasada administración por no cumplir con la ley minera, igual que también lo pretende la minera canadiense Marlin Gold Mining Ltd., que busca la recuperación del predio Tierra Negra Fracción I en el municipio de Huajicori, de este estado, donde existe un yacimiento importante de oro.

Otras mineras canadienses que a partir de mañana podrían tener las primeras concesiones de explotación del subsuelo mexicano que otorga la administración del presidente López Obrador, por haberlo manifestado ya a la Dirección General de Minas del gobierno federal, son Paget Minerals Corp, Millrock Resources Inc., Maya Gold & Silver Inc., First Mexican Gold Corp., Westminister Resources Ltd., Trimetals Mining Inc., First Quantum Minerals Ltd., Evrim Resources Corp., y Riverside Resources Inc., que buscan principalmente oro, plata, cobre y plomo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/amlo-y-sus-contradicciones-anuncia-que-no-habra-mas-concesiones-mineras-pero-libera-127-mil-hectareas-para-nuevas-minas/

La secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, pidió a los diputados del Congreso local promover un decreto para declarar a Veracruz como estado libre de minería tóxica.

Dijo que la postura del Gobierno del estado es de no permitir las actividades mineras, pero que al ser un tema del orden federal el Congreso puede hacer un pronunciamiento al respecto.

“Ojalá que el Congreso pueda hacer su labor porque eso sería importantísimo para que se replique a nivel federal”.

Dijo que en la última sesión del Consejo Forestal sus integrantes aprobaron asumir la postura de no a la minería tóxica en el estado de Veracruz.

“Está en manos del Gobierno federal, lo que hemos estado asumieron como autoridad estatal es que no estamos de acuerdo con la minería tóxica en el estado de Veracruz”.

Dijo que ya han sostenido pláticas con la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Margarita Corro, a fin de trabajar en el tema de un programa de reordenamiento ecológico en el estado.

“Estaremos trabajando para que exista un verdadero plan de ordenamiento territorial y ecológico que permita que sigamos conservando nuestras áreas naturales y el medio ambiente no siga siendo dañado”.

Fuente:https://www.eldictamen.mx/2019/03/estatal/sedema-pide-declarar-a-veracruz-libre-de-mineria-toxica/

Sentencia será relevante para Tecoltemi, ejidos y pueblos originarios: FUNDAR

La comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, celebró el 5 de marzo la audiencia final al juicio de amparo de la violación de sus derechos contra la minera canadiense Almaden Minerals.

En la demanda de amparo que se interpuso en abril de 2015 reclama al Estado Mexicano entregar dos concesiones, Cerro Grande y Cerro Grande 2, sobre su territorio sin consulta previa y sin su consentimiento, con violaciones al derecho de la tierra y al territorio.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla deberá estudiar a fondo el asunto y analizar las violaciones perpetradas por la Secretaría de Economía, pero también las cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al emitir desde 1992 una Ley Minera contraria a derechos de los pueblos indígenas y de núcleos agrarios, mencionó el Consejo Tiayt Tlali y Fundar.

Tecoltemi pide la cancelación de los títulos de concesión, ya que la Ley Minera da preferencia a mineras extranjeras entregándoles a las empresas las tierras y territorios que pertenecen a pueblos indígenas, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

La minera Almaden Minerals intentó durante 3 años que el juicio terminara sin sentencia y evitar una condena del Estado Mexicano y la revisión de la Ley Minera, pero no lo logró, según las organizaciones.

De acuerdo con Fundar, dictar sentencia y resolver el amparo “será relevante para Tecoltemi, para los pueblos originarios y los ejidos del país que están defendiendo la vida de las comunidades ante la imposición de megaproyectos que devastan el medio ambiente, el agua y la salud de las personas”.

Las organizaciones iniciaron una campaña de colecta de firmas en change.org con el objetivo de hacer una petición que atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y cancelar las concesiones mineras en su territorio.

Fuente:https://lacoperacha.org.mx/juicio-amparo-contra-minera-piden-revision-ley-minera/?fbclid=IwAR3HePJ1-7J0yorauDMIAmv37Xu8OUHnRBNEBzEHsT7gwjiTN_R3qDM4iUQ

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no brindará más concesiones mineras durante su sexenio, al tiempo que indicó que tampoco revocará ninguna de las que están en uso.

Lo anterior, debido a que, desde su perspectiva, durante los últimos 36 años los gobiernos pasados entregaron entre 40 a 50 millones de hectáreas, cantidad que representa el 30% de los 200 millones de hectáreas con las que cuenta el país.

AMLO impone condiciones a las mineras

En este sentido, López Obrador reiteró que se respetarán las concesiones mineras otorgadas previamente; sin embargo, se solicitarán a las compañías, sobre todo a las de origen canadiense, ciertas condiciones.

“Los únicos requisitos son: que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven a cabo una explotación limpia, que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma cantidad de impuestos que erogan allá en Canadá y, sobre todo, que no contaminen”, explicó el mandatario.

De acuerdo con AMLO, la administración del ex presidente Felipe Calderón fue una de las más significativas en este término, pues se entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a un puñado de empresas.

Hecho que contrasta con acciones de otros mandatarios, como Lázaro Cárdenas, quien entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a 1940.

Asimismo, aprovechó la ocasión para hablar sobre la explotación del oro y la plata, concesiones que también serán respetadas en pro de la iniciativa privada y la inversión extranjera.

Exigen no más concesiones en Oaxaca

En el marco de este anuncio, comunidades y organizaciones zapotecas, agrupadas en el Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, originarios de los Valles Centrales de Oaxaca se pronunciaron contra la minería.

El grupo civil exigió al presidente López Obrador que honre su palabra y dé atención especial a los pueblos indígenas de México. Para ello, pidieron la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas, aludiendo que 90 mil hectáreas de sus territorios fueron concesionadas a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

“La minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comunes, ya que bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo”, señalaron las comunidades zapotecas.

Asimismo, ente los puntos más importantes que pedirán al mandatario durante su visita a Oaxaca, el próximo 21 de marzo, destaca la cancelación del proyecto minero San José, ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán.

Esto debido a que presuntamente funcionarios del gobierno federal y estatal encubrieron la instalación de la empresa minera Cuzcatlán, la cual causó daños a la población y al medio ambiente.

Los afectados exigieron una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa a raíz de la contaminación del río El Coyote, provocada por la empresa minera Cuzcatlán, y la reparación integral del daño a los pobladores.

Vale destacar que el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos está integrado por 16 comunidades y organizaciones que se agruparon, bajo el lema: “sí a la vida, no a la minería ¡Oaxaca, territorio prohibido para la minería!”.

Fuente:https://breaking.com.mx/2019/03/no-habra-mas-concesiones-mineras-en-mi-gobierno-amlo/

Comunidades de 16 municipios,  organizaciones sociales, autoridades municipales, comunales y ejidales de los valles de Oaxaca  integrados por el “Frente a la no minería por un futuro de todas y todos”  y también integrantes del Comité Ixtepecano Vida y Territorio en la región del Istmo de Tehuantepec .

Reiteraron su rechazo a la actividad minera y a las concesiones otorgadas en territorio oaxaqueño.

Este Frente a la no minería por un futuro de todas y todos la componen la Agencia Municipal de Maguey Largo, San José del progreso, comisariado de bienes comunales y  presidencia municipal  de Magdalena Ocotlán, Comisariado de bienes comunales de Monte del Toro, Tlacolula, Santa Catarina Minas entre otras más además de  la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, quienes manifestaron que se respete el convenio 169 de la OIT de qué los pueblos puedan ejercer su autonomía.

Mediante una misiva exigieron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se respeten sus derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y medio ambiente sano frente a la imposición de mineras en territorio oaxaqueño.

Señalaron que cerca de 90 mil hectáreas de territorio de los valles centrales de Oaxaca ha sido concesionada a la empresa Minera Fortuna Silver mines,  qué es la misma que opera la minera en San José de Gracia y que ha contaminado a causa de un derrame en la presa de los jales hacia el río El Coyote.

“Queremos dejarle claro al presidente de la república que la minería bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo, rechazamos todo lo que tenga que ver con el extractivismo  y exploración en nuestras comunidades y le pedimos el replanteamiento del modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de nuestros pueblos y comunidades”, indicaron.

Según datos revelados por Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento Oaxaca (Surco), al menos 40 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec y sierra sur han sido concesionadas por la Secretaria de Economía a mineras extranjeras, afectando a municipios como Santo Domingo Tehuantepec, San Miguel Chimalapa y San Carlos Yautepec.

Además Surco explica que a partir de la información publica de la Secretaria de Economia como la Cartografia Minera, la plataforma digital CartoMinMex y reportes de las mineras, Surco elaboró mapas en los que detalló 15 proyectos  de las emperesas extranjeras “Gold Resource Corp, First Mining Gold Corp, Minaurum Gold Inc. Acapulco Gold Corp y Oz Minerals”.

El año pasado en el mes de octubre, se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

En ese juicio popular, la voz de los pueblos y defensoras fue que  se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación al derecho a la libre determinación y autonomía.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/no-a-la-mineria-y-si-a-la-vida-coinciden-16-comunidades-de-oaxaca/

Representantes de diversas comunidades integrados en el Frente No a la minería por un futuro de todas y todos, protestaron para exigir que las autoridades intervengan y detengan la explotación de mineral en estos distritos.

Afirmaron que se tienen trabajos de extracción en las poblaciones, para obtener plata y oro principalmente, generando severos daños al medio ambiente.

Cada día se escuchan fuertes detonaciones, se contamina el agua, se afectan los campos de cultivo, lo cual ha comenzado a provocar enfermedades en los habitantes de esa zona.

Pidieron que las autoridades intervengan ante este problema, ya que las afectaciones van en crecimiento, pues las empresa mineras laboran sin que las autoridades consultarán a las comunidades sobre esta medida.

Asimismo, los problemas sociales se incrementaron, la población de dividió, se han tenido enfrentamientos, muertos y heridos, lo cual no desean que continúe presentándose.

Señalaron que enviarán un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que intervenga y atienda este problema, para que se afecte a las poblaciones.

Fuente:https://www.nssoaxaca.com/2019/03/18/demandan-comunidades-que-se-terminen-los-proyectos-mineros/

Durante su conferencia matutina, López Obrador garantizó que su gobierno respetará las concesiones mineras que entregó el Gobierno Federal previo a su arribo, pero fue claro al señalar que ya no otorgarán más, pues en 30 años, destacó, entregaron a los grupos mineros cerca de 50 millones de hectáreas para explotación.

“Como dicen los jóvenes, se pasaron, no tuvieron llenadera, voy a revisar que va a pasar con la explotación de oro, plata, hay muchas propuestas”, dijo.

Dijo que las concesiones que se entregaron en los últimos 36 años los gobiernos pasados fueron del orden de 40 a 50 millones de hectáreas, y el país tiene 200 millones de hectáreas, es decir, 30 por ciento del territorio nacional, y “no se lo acabarían ni en mil años”.

Detalló que sólo en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a unas cuantas empresas, mientras que el exmandatario Lázaro Cárdenas entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a 1940.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/03/no-se-revocaran-concesiones-mineras-amlo/