Mexico

“No a las minas, sí a la vida”, exigen comuneros a AMLO

Activistas, campesinos e integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que cumplan con su promesa de evitar la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas que causarían daños al frágil ecosistema veracruzano.

Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.

Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.

En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.

“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.

Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.

“Nosotros queremos que ya se vayan y para siempre de Veracruz”, expuso.

En su breve intervención al micrófono, el morenista Cuitláhuac García aseguró ante los miles de asistentes que “daría respuesta puntual” a la población que habita en Jalcomulco y en las cuencas hidrológicas cercanas.

“No habrá hidroeléctrica en esa región. Reiterar que no habrá más fracking, ni minas a cielo abierto. Se tiene que respetar el medio ambiente”, dijo, y soslayó que impulsará una política de apoyo al campo y al ecoturismo que favorezca a la región.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/586525/no-a-las-minas-si-a-la-vida-exigen-comuneros-a-amlo?fbclid=IwAR0ZwsizKFq_wnsd-DyuogA13OzAy7eeyZcS78poeV1ByTt2Aw6u80HwvME

Mexico

La poderosa minera de Canadá pierde otro amparo frente a los 14 viejitos que la demandan

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito negó el amparo y confirmó la sentencia dictada el 13 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito del centro auxiliar de la Décima región con residencia en Saltillo. Minera La Encantada S.A de C.V de First Majestic, había promovido un recurso de revisión.

Ciudad de México, 31 de mayo (Vanguardia).- Un nuevo amparo le fue negado a la empresa minera canadiense First Majestic, por el caso del ejido Tenochtitlan de Ocampo, Coahuila, invadido desde hace más de 38 años y donde se mantiene un litigio entre los ejidatarios y la empresa.

Fue en esta ocasión el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito quien negó el amparo y confirmó la sentencia dictada el 13 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito del centro auxiliar de la Décima región con residencia en Saltillo.

Minera La Encantada S.A de C.V de First Majestic, había promovido un recurso de revisión, sin embargo, se confirmó la sentencia del juicio de amparo 288/2017, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 793/2016.

Juan Francisco Flores, abogado de los ejidatarios, explicó que la minera había promovido un amparo en contra de la resolución del Tribunal Superior Agrario, alegando que el comisariado ejidal no tenía personalidad para interponer el recurso de revisión que fue dictado en favor del ejido.

“El juez de distrito le dicta una resolución en contra de la minera, un sobreseimiento, no estudian las violaciones que alegaron, no se dan los supuestos. La minera interpone un recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado quien revise todo el expediente”, explica Flores Gándara.

Fue el martes cuando notificaron que se había resuelto el recurso de revisión, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, confirmó la sentencia del juez de distrito y consideró improcedente el recurso interpuesto por la empresa.

“Es una buena noticia para el ejido, porque nos permite regresar al Tribunal Agrario y se dé cumplimiento a lo que resolvió el Tribunal Superior Agrario, donde le ordena dé un nuevo estudio de las pruebas y estudie todas, no solo unas cuantas”, comentó el abogado defensor.

El abogado detalló que sobre todo es una prueba importante de la Reforma Agraria donde dice el delegado en su momento, que todas las ventas que se hicieron carecen de eficacia, es decir, no valen porque ya no podía vender a persona que lo hizo.

Consideró que se va bien en el proceso y que se espera que el expediente esté de regreso en próximos días y el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito vea lo que le ordenaron de México y empiecen a recabar la información de prueba.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/31-05-2019/3589524?fbclid=IwAR3Can_R5UosvafInM7wYZVjmtSSfi2NpeBkaub_lkKVgFAo2iW-MaM8uxU#.XPKDxo6Qtzg.facebook#.XPKDxo6Qtzg.facebook

Mexico

La Tierra está enferma: Lavida

Las concesiones para la minería a cielo abierto en Veracruz continúan vigentes y las empresas extranjeras mantienen sus trabajos, alertó Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

El activista indicó que continúa la lucha social para que las mineras se vayan para siempre de la entidad.

Y es que existen trabajos mineros en Actopan y Alto Lucero que han sido polémicos por el rechazo de las comunidades.

“Los que conocen el territorio saben que estamos defendiendo la vida, es el origen del agua que bebemos, es el origen del viento que respiramos, es el origen de este clima que tenemos. Si dejamos que desaparezcan las montañas este clima va a desaparecer y no tendremos agua”.

A su juicio, la naturaleza está “enferma” por los daños ambientales que ha ocasionado la humanidad.

“La naturaleza nos dio esta semana un ejemplo de que cuando se enoja la temperatura sube, ustedes y yo sabemos que cuando la temperatura sube es que estamos enfermos, la tierra está enferma y tenemos que ayudarla a que recupere su temperatura, que se enfríe y que nos siga dando el amor, la paz, el alimento que todos necesitamos”.

Rodríguez Curiel refirió que el subsecretario de Economía, Francisco Burgos, se comprometió a visitar Actopan y Alto Lucero para conocer el territorio que ha sido defendido de la minería a cielo abierto.

Añadió que el funcionario federal quiere conocer el expediente existente contra el proyecto Caballo Blanco o La Paila.

“Y tercero se comprometió a que una vez al mes nos reuniríamos para el seguimiento de no a la minería tóxica. Espero que él cumpla, es el responsable de minas”, culminó el ambientalista.

 

Fuente:http://cronicadexalapa.com/la-tierra-esta-enferma-lavida/?fbclid=IwAR08m9GbeZ-JjDvRcqhjuRjrBI3TSyvCmd3OxypAPSmhROSDu93pOzVwRbY

Mexico

La minería debería ser prohibida en México, ya no genera inversión pero sí ecocidio y daño a la salud :REMA

*Más del 28  por ciento del territorio mexicano está  concesionado por minería  que ha generado más de 15 mil conflictos sociales

– Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida  en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.

En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de  Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que  el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.

“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.

Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras  55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en  4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones  canceladas.

El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.

Añadió también que el tema de la consulta ya no debería pasar en México, pues ese modelo es totalmente occidental y se olvida de las necesidades reales de los pueblos originarios. “Una consulta no es la solución para definir o no un megaproyecto, aquí lo que se está olvidando es de  curar a fondo, la minería ha causado mucho daño a la salud y al medio ambiente, y las autoridades no tienen cómo para remediar y curar, no hay  disposición y tampoco recurso”.

Por último dijo que en la región del Istmo por ser proyectada como “Zona Economica Especial” en el mes de noviembre fue otorgada a una empresa minera una concesión para establecerse en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec sin tomar en cuenta el resto de concesiones entregadas para otros pueblos como San Pedro Comitancillo, Ixtepec, Zanatepec y otros pueblos de la zona oriente.

En esta zona de Oaxaca, al  menos 40 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec y sierra sur han sido concesionadas por la Secretaria de Economía a mineras extranjeras, afectando a municipios como Santo Domingo Tehuantepec, San Miguel Chimalapa y San Carlos Yautepec.

 

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/la-mineria-deberia-ser-prohibida-en-mexico-ya-no-genera-inversion-pero-si-ecocidio-y-dano-a-la-salud-rema/

Mexico

Activistas piden declarar ilegal minería

Aseguran que la a minería ya no es un motor de desarrollo

Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.

En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.

“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.

Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.

El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.

Añadió también que el tema de la consulta ya no debería pasar en México, pues ese modelo es totalmente occidental y se olvida de las necesidades reales de los pueblos originarios. “Una consulta no es la solución para definir o no un megaproyecto, aquí lo que se está olvidando es de curar a fondo, la minería ha causado mucho daño a la salud y al medio ambiente, y las autoridades no tienen cómo para remediar y curar, no hay disposición y tampoco recurso”.

Por último dijo que en la región del Istmo por ser proyectada como “Zona Económica Especial” en el mes de noviembre fue otorgada a una empresa minera una concesión para establecerse en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec sin tomar en cuenta el resto de concesiones entregadas para otros pueblos como San Pedro Comitancillo, Ixtepec, Zanatepec y otros pueblos de la zona oriente.

En esta zona de Oaxaca, al menos 40 mil hectáreas del Istmo de Tehuantepec y sierra sur han sido concesionadas por la Secretaria de Economía a mineras extranjeras, afectando a municipios como Santo Domingo Tehuantepec, San Miguel Chimalapa y San Carlos Yautepec.

Fuente:http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/activistas-piden-declarar-ilegal-mineria?fbclid=IwAR3XC6PA4oVJ9lqUAHQ4cXPyAVQb4WMaYp-zi66kSPqu5XaqbflWFehdR4U
Mexico

La lucha indígena de hoy, puede ser la última: Carlos González

 

Abasolo, Guanajuato. Los pueblos indígenas resisten una guerra en su contra; otra más en 5 centurias. O la misma desde entonces. Pero lo que está claro para el concejal nahua Carlos González es que esta vez es definitiva. Las naciones, tribus y pueblos originarios darán la batalla por seguir existiendo. Para muchos de ellos, de no ganar, no habrá mañana. Su cultura y su historia quedarán sepultadas para siempre.

Carlos González luce un bigote espeso, abultado, y cabello cortado a casquete corto. Explica que la desaparición de los pueblos indígenas implicaría también el fin de México como nación: el fundamento cultural, social e, incluso, constitucional del país son los pueblos originarios.

Y va más allá. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha por lo que nombran Madre Tierra –de la que se consideran parte– y que la cultura hegemónica denomina, distante, “naturaleza” o “medio ambiente”. Si caen los pueblos indígenas del mundo, el planeta colapsará en el corto plazo.

Abogado especialista en derecho agrario, Carlos González es de discurso convincente, claro, argumentativo. Hombre de libros y documentos, trae a la memoria datos, conceptos, periodos históricos. Nunca dejó de ser indígena. También es hombre de milpa y monte, es decir, de coa, azadón y machete. Hoy, junto a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y otros concejales, recorre la geografía indígena mexicana: de la costa, a la sierra; de la montaña al valle; del desierto a la selva; del campo a la ciudad. Escucha, propone, dialoga… organiza.

Recuerda detalles de cada conflicto de los cientos que se desarrollan en los pueblos indígenas en México: las comunidades involucradas, la cultura, el tipo de despojo, el megaproyecto, la empresa capitalista señalada, las características de la lucha legal –si la hay– y las condiciones de la lucha política.

 

—De toda la geografía de conflictos en México, cuáles son los de más urgente atención –se le pregunta.

—En este momento es fundamental que la sociedad mexicana esté atenta a dos cuestiones que son de suma importancia. Una, la pervivencia de los pueblos indígenas ante proyectos que pretende impulsar el nuevo gobierno, como son el Corredor Transístmico [de la costa de Oaxaca a la de Veracruz]; el Tren Maya [por los cinco estados de la Península de Yucatán: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas]; las Zonas Económicas Especiales [que a las entidades mencionadas se agregan Guerreo y Michoacán], que dicen que ya no van a continuar, pero sí van a continuar bajo otro formato; el Proyecto Integral Morelos [que afecta además de este estado a Tlaxcala y Puebla], y una multitud proyectos en materia de minería de explotación de hidrocarburos, de gas, de construcción de infraestructura vial e inmobiliaria. Y por otro lado, el impacto que estos proyectos van a tener sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Son dos puntos, dos temas que deben estar en la agenda, en la prioridad, de la sociedad mexicana.

—El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha determinado que todos esos proyectos se harán. No hay lugar para negociación o el diálogo. Y esgrime sus 30 millones de votos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen los pueblos indígenas? –se le cuestiona.

Piensa la respuesta. No alardea ni hace propaganda. Analiza. Más que responder al reportero, se responde a sí mismo.

—En términos cuantitativos, de cantidades, puede que no sea significativa la resistencia [frente a los 30 millones de supuestos seguidores de López Obrador], pero en términos de quiénes resisten, de cómo han resistido y cómo van a seguir resistiendo, creo que es de tomarse en cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce que aunque el Congreso Nacional Indígena creció durante los 2 años más recientes, el lopezobradorismo sí generó división entre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, en las entrañas de algunas comunidades. Por ello, la resistencia ha iniciado desde el interior de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de los integrantes de estos pueblos, por dinero, no por otra cosa, hay que decirlo como es, por un ‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, han aceptado los proyectos [del lopezobradorismo]. Pero en los pueblos, en las comunidades, existen núcleos, existen personas, existen estructuras organizativas y existen referentes para la resistencia.”

?Pero a qué resisten las comunidades indígenas. Cuál es su lucha.

?Se está resistiendo a la ocupación, el despojo de los territorios indígenas, la destrucción de las culturas, de las lenguas, de las formas de gobierno [que llegan] a través de estos grandes proyectos. Y a la destrucción de la naturaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, porque hay quienes nos acusan de ser “conservadores”, que nos oponemos al actual gobierno. No. No es una cuestión de que nos vayamos a la vieja dicotomía del siglo XIX de conservadores y liberales. Es una cuestión diferente. Es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia, la existencia y la pervivencia al futuro de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de la nación mexicana, que tiene su sustento y su fundamento en estos pueblos. Y repito que es fundamental de la Tierra. La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde por todas estas políticas de supuesto progreso, de supuesto desarrollo. Y estamos erosionando, estamos acabando con las condiciones de la vida humana en el país y en el planeta entero. Entonces, son cuestiones primordiales las que estamos planeando. No son cuestiones que tengan que ver con la política de ideologías gastadas, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos de la actual clase política y sus partidos. Es algo que trasciende toda esta situación, que va mucho más allá y que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos originarios que han vivido milenariamente, con la pervivencia de la nación mexicana y de la vida misma.

 

—Por qué los pueblos indígenas se encuentran hoy en una situación que amenaza ahora su supervivencia, si antes han resistido. Supervivieron a la Conquista, por ejemplo –se le inquiere.

—Porque ha sido paulatina. Nosotros hablamos de que, por lo menos desde el siglo XVI, desde la llegada de los europeos a lo que ahora es México, ha habido una guerra de invasión, de ocupación y de conquista. Nosotros decimos que esa guerra no se ha detenido, que esa guerra es permanente. Y [quienes hacen esta guerra] han ido destruyendo de manera determinante a los pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba de cerca de 200 lenguas originarias en lo que ahora es México; actualmente son menos de 70. En el siglo XIX se decía que el 80 por ciento de la población del país hablaba una lengua distinta al español y era una lengua originaria. Actualmente esta población no llega ni al 10 por ciento, seguramente. Ha habido una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas. Y ha progresado esta política. Y a pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero ha sido altamente destructiva esta guerra que se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) cuantifica 11 familias lingüísticas con 68 lenguas (y un número indeterminado de variaciones de esas lenguas). Y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esos idiomas son hablados por menos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia se da primeramente en las comunidades y en las regiones, a partir de las formas de lucha, resistencia, de organización que cada comunidad tiene. Por otro lado, hay articulación política nacional, a través de Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y de otras múltiples expresiones indígenas y no indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indígena no es la única expresión de resistencia. Hay múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas formas de lucha políticas que se basan en la movilización, en la organización comunitaria, en muchas partes están sustentadas también en recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del movimiento indígena que ya no acuden a los recursos legales, que están totalmente ajenas al Estado mexicano, particularmente me quiero referir a las autonomías zapatistas. Pero hay muchas otras autonomías y formas de organización indígena que sí apelan a los recursos legales, a la legitimidad dentro del Estado nacional. Y todas esas formas de resistencia se suman, se agregan. No pensamos en una forma de resistencia única o una visión exclusiva”.

 

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay posibilidades aún de defensa de las comunidades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista organización colectiva, organización comunitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la Constitución y las leyes secundarias han sufrido transformaciones terribles que tienden en primer lugar a la privatización de la tierra, de los recursos naturales, tanto de las comunidades como de la nación; y en segundo lugar, porque contamos con órganos judiciales, con un Poder Judicial federal y poderes judiciales en los estados, profundamente corrompidos. Está reconocido a nivel internacional que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, México es uno de los países más corruptos y donde los jueces y los tribunales son contumaces con los grandes intereses empresariales. Entonces, tanto la estructura constitucional y legal como la corrupción endémica y profunda del Poder Judicial reducen la posibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abogado y llevo muchos años defendiendo a comunidades indígenas, cuando existe organización colectiva, cuando existe resistencia comunitaria, los recursos legales pueden ser complementarios a la lucha de las comunidades. En estos momentos se torna un poco más difícil porque las reformas estructurales, a las cuales al parecer no se les pretende dar reversa, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica los regímenes de concesiones en materia de minería, de agua y de bienes nacionales, a lo que tienden es a privatizar, a poner en manos de quienes tienen el poder económico, tanto los recursos de las comunidades como de la nación.

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos proyectos y políticas.

Carlos González critica las supuestas consultas con las que López Obrador pretende imponer los proyectos ya pactados con el gran capital. Pero no sólo critica a ese tipo de consultas, sino incluso aquellas que pudieren realizarse bajo las directrices del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan una consulta libre, informada y previa a las comunidades. De lo que se trata, explica, es una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas para que ellos decidan lo que quieren hacer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la consulta es una pifia, es una gran mentira. No se les tendría que consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que se les quieren imponer. Lo que tendría que hacerse es construir una nueva relación donde los pueblos decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben desarrollarse en sus territorios. Llegar a los pueblos con la pretensión de imponerles proyectos desde arriba o desde afuera, legitimándolos con una consulta, sigue siendo lo mismo: en el fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Congreso Nacional Indígena se viene discutiendo lo que se conoce como el derecho a la consulta. Y decimos que aún así la consulta indígena se lleve de acuerdo con las estipulaciones que marcan los convenios internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen siendo imposiciones, siguen formando parte de una estructura jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por el gobierno federal para hacer varios megraproyectos. Y por otro lado tenemos la decisión de varias comunidades para no permitir lo que consideran un despojo, una usurpación y una guerra. En este choque de trenes, ¿esperan desafortunadamente un baño de sangre? ¿Hay que preparase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho sistemáticamente. No hemos optado por la vía de la guerra. La vía de la guerra sí significaría un baño de sangre. Desde arriba sí hay una guerra. Pero los pueblos originarios, y lo han acreditado de múltiples formas, procuran evitar la vía de la violencia, la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos originarios van a insistir en esa resistencia pacífica, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia de arriba hacia abajo ha sido permanente. No tiene que ver con un gobierno que se llame de izquierda, con uno que se llame de derecha, con una primera, segunda, tercera o cuarta transformación. Todas las transformaciones que ha habido en este país han implicado la violencia hacia los pueblos originarios y eso hasta el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la violencia…

—En la medida en que se agudice el despojo, en que haya mayor presión sobre los territorios indígenas, en la medida en que la economía capitalista depende cada vez más de las guerras, de los cárteles delincuenciales, de los cárteles de las drogas, del tráfico de armas, pues evidentemente la violencia se recrudece no sólo contra los pueblos originarios, sino contra la humanidad entera y en todos los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha indígena a la lucha anticapitalista –se le cuestiona.

Carlos González no es condescendiente. Hace una autocrítica a las propias comunidades y procura ofrecer un análisis honesto. Se aleja de la propaganda y del autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmersos en la economía capitalista, en el capitalismo. No hay que idealizarlos. Están inmersos en todo este mar de contradicciones propias del capitalismo. Sin embargo, en el horizonte, en la perspectiva histórica y en el sueño colectivo de los pueblos indígenas, todavía tiene un peso sustantivo la organización comunitaria, la organización colectiva de las comunidades y su relación de mucho respeto con la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo que esos dos elementos son fundamentales y juegan en contra del capitalismo.”

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-lucha-indigena-de-hoy-puede-ser-la-ultima-carlos-gonzalez/

Mexico

Alcaldes de Chiconquiaco y Yecuatla demandan a AMLO derogue concesiones de EPN a minera Aurora que devastará 4 mil 845 hectáreas verdes y contaminará

Chiconquiaco, – Enrique Peña Nieto,  a punto de concluir su mandato concesionó más de 4 mil hectáreas a minera Aurora. Pobladores y autoridades locales piden se derogue por faltas a consulta y devastación ambiental severa.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) reporta que las asignaciones a mineras nacionales son Aurora (Yecuatla y Chiconquiaco).

Así como Aurora I (Chiconquiaco y Yecuatla) y Aurora I, fracción B (Yecuatla, Chiconquiaco y Juchique de Ferrer).

La mina Aurora, en el municipio de Yecuatla, devastaría 4 mil 845 hectáreas.

En medios locales se desatacó que de acuerdo con el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, las concesiones de Enrique Peña Nieto violan el derecho a la consulta pública.

Añadió que además generarían un impacto ambiental severo.

El entonces mandatario federal otorgó las concesiones el pasado 27 de noviembre.

Por ello los alcaldes de Chiconquiaco, Nazario Perea, y de Yecuatla, Fidencio Romero solicitaron la intervención de la procuraduría del Medio Ambiente, para que les apoye en la solicitud de revocar la concesión.

A dicha solicitud también se sumaron , agentes municipales y subagentes municipales de las localidades afectadas por las concesiones mineras.

La Secretaría del Medio Ambiente hizo un recorrido en la zona.

Los funcionarios constataron la presencia de personal de las empresas mineras.

Los empleados mineros se encuentran haciendo mediciones de la superficie.

La concesión minera contempla tres predios:

Por un lado está Aurora, de 4 mil 110 hectáreas ubicadas en el municipio de Yecuatla.

Además, Aurora I Fracción A, de 200 hectáreas.

Y, finalmente la Aurora I Fracción B, 635 Hectáreas que son para extraer oro y plata.

Los predios abarcarán extensiones de la cabecera municipal del municipio de Yecuatla.

Así mismo las afectaciones incluyen la población Mundo Nuevo y la población Plan de la Estrella, lugares donde se ubican las 4 mil 845 hectáreas.

Actualmente ya operan en el estado de Veracruz lmaden Minerals LTD, con el proyecto El Cobre, en el municipio Las Minas; Goldgroup Mining Inc., con el proyecto Caballo Blanco, en Alto Lucero; Unión de Ejidos “Lic. Rafael Hernández Ochoa”, S de RL de CV, con el proyecto de caolín en el municipio de Huayacocotla, y Source Exploration Corp/Chesapeake Gold Corp., con el proyecto La Miqueta, en los municipios Las Minas y Tatatila.

El valor de la producción mineral estatal (durante el periodo enero-diciembre de 2015) ascendió a 13,441,826 millones de pesos.

Según datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) —en materia de títulos y superficies concesionadas—, en 2012 había 90 concesiones tituladas en el estado de Veracruz, las cuales incrementaron a 104 en 2013; en 2014 se mantiene en 104 títulos, y a pesar de que en 2015 disminuyó el número de títulos (103), se registró un incremento de la superficie trabajada en minería, que se mantiene hasta enero de 2016.

La superficie concesionada a mineras pasó de 226,242 hectáreas en 2012, a 243,924 hectáreas en 2016.

En Veracruz se localizan 14 regiones mineras: el Istmo, región caolinífera de Huayacocotla, región minera Orizaba, región Perote, distrito minero Las Minas, zona mineralizada Tatatila-Las Minas, zona Jáltipan, zona Sayula, zona Tatatila-Las Minas, área mineralizada El Bastonal, área mineralizada La Miqueta, área mineralizada Las Minas, área mineralizada Tatatila y el área prospectiva Caballo Blanco.

Hasta ahora, pese a la demanda de activistas y ambientalistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido indiferente a la solicitud para que estos proyectos de devastación al agua, a la vegetación, al bosque, de contaminación a los mantos acuíferos y más, sean detenidos.

AMLO ha dicho que su gobierno ya no es neoliberal, pero las acciones de funcionarios de su gobierno, continúan siendo neoliberales medrar con el medio ambiente a cambio de jugosas sumas que les pagan por -fuera- los representantes de las minas,  aunque afecten a la población, parece ser lo único que les importa.

 

Fuente:https://plumaslibres.com.mx/2019/05/23/alcaldes-de-chiconquiaco-y-yecuatla-demandan-a-amlo-derogue-concesiones-de-epn-a-minera-aurora-que-devastara-4-mil-845-hectareas-verdes/?fbclid=IwAR2hXUbsZcuk9mPHfrWgB_8WcJ7EgXIFnrgQBAbQ_BOO2SPABrElOv27usQ

Mexico

De 79 concesiones en Veracruz , sólo 3 mineras tienen permiso la Semarnat

De 79 concesiones mineras vigentes en Veracruz, sólo tres proyectos cuentan con estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que concesionarios mineros incumplirían con la procuración al cuidado del medio ambiente y protección ecológica, de conformidad con la legislación vigente.

En el reciente informe presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) se informó que, en el periodo 2008 a 2017, sólo tres proyectos del sector minero fueron aprobados en materia de impacto ambiental en Veracruz, dos de ellos bajo autorización condicionada.

Con datos proporcionados a través de solicitudes de información, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) reveló que en Veracruz la empresa “Unión Minera del Sur S. A. de C. V”, con los proyectos “Unimisur Planta de Extracción de Azufre, utilizando el proceso frash” y “Ampliación Unimisur-Azufre”, ubicados en el municipio de Jáltipan, cuentan con autorizaciones condicionadas.

Mientras que la empresa “Roca Verde Exploración México S. A. de C. V”, con el proyecto “Prospección minera, cartografía geológica, toma de muestra de esquirla de roca y barrenación en el municipio Las Minas”, obtuvo la autorización por afirmativo ficta.

LA NORMATIVIDAD

El artículo 27 de la Ley Minera establece: “Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente”.

Mientras el artículo 39 subraya: “En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia”.

Al respecto el IGAVIM informó que al solicitarle a la Semarnat las resoluciones en materia de impacto ambiental de todos los proyectos del sector minero en México aprobados desde 2008 a 2017, el listado sólo incluyó 125 autorizaciones, en su mayoría condicionadas.

Con ello se evidencia que los concesionarios mineros “al día de hoy aún carecen de prácticas que promuevan realmente el cuidado del medio ambiente”, por lo que existen ejemplos de impactos ambientales acumulativos negativos que han afectado al ecosistema y las comunidades rurales”.

Para el IGAVIM si bien es cierto que la mayoría de las concesiones fueron entregadas en años anteriores, “es necesario que la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Economía aclaren cómo dan seguimiento a los impactos ambientales negativos que se presentan en este sector y de qué manera incluyen a las comunidades afectadas para su mejora, remediación y conservación”.

MUNICIPIOS BAJO CONCESIÓN MINERA

Desde el 17 de mayo de 1954 hasta el pasado 18 de octubre de 2018 se han otorgado 89 concesiones mineras en territorio veracruzano para operar en los municipios de Chinameca, Las Minas, Jáltipan, Ixhuatlán del Sureste, Catemaco, Ixtaczoquitlán, Sayula de Alemán, Perote, Actopan, Huayacocotla, Zacualpan, Soteapan, Alto Lucero, Apazapan, Papantla, Jalacingo, Espinal, Pánuco, Ignacio de la Llave y Uxpanapa.

Los últimos títulos de concesión minera se otorgaron a los proyectos presentados por la empresa Minera Cardel S. A. de C. V (en Alto Lucero), a Germán Solís Santamarina (en Huayacocotla) y a dos proyectos a nombre de Julio César Fernández Durán, para operar en el municipio de Uxpanapa.

En respuesta a la solicitud de información con folio 0001000071719, realizada por este medio, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras de la SE manifestó que en el periodo comprendido entre 2016 al 15 de marzo de 2019 sólo se otorgó una concesión en favor de Minera Cardel S. A de C. V., subsidiaria de la empresa canadiense Goldgroup Mining, ubicada en el municipio de Alto Lucero.

Bajo el título de concesión 246134, otorgado el 28 de febrero de 2018, la empresa Minera Cardel S. A. de C. V. tiene permiso para realizar trabajos de exploración y explotación de oro, plata y plomo, en una superficie de 5,400.000 hectáreas, hasta el 2068.

Según datos oficiales de la SE, en la región de Actopan hay 13 concesiones mineras, con permisos que vencerán entre 2052 y 2060, en favor de las empresas Minera Gavilán S. A. de C. V., filial de Almaden Minerals; Minera Cardel S. A. de C.V., y Candymin S. A. de C. V.

En el municipio de Las Minas existen 12 concesiones mineras, con vigencias hasta 2062, principalmente para las empresas Minerales El Prado S. A de C. V., y RocaVerde Exploración de México S. A. de C. V.

Mientras que en el municipio de Alto Lucero se registran nueve concesiones mineras con vigencias que oscilan entre 2052 hasta 2062, en favor, principalmente, de Minera Cardel S. A. de C. V., Minera Gavilán S. A de C. V. y Ríos Mining S.A de C. V.

La superficie concesionada a mineras en la entidad veracruzana es de 201,382.82 hectáreas, con lo que se coloca en el lugar 19 nacional; en el puesto número 21, con cuatro concesiones mineras con vigencia a 2068; y en el lugar número 15 de las entidades con autorizaciones en materia de impacto ambiental. Actualmente, en Veracruz hay 79 concesiones mineras vigentes.

 

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/de-79-concesiones-en-veracruz-solo-3-mineras-tienen-permiso-de-la-semarnat-3660636.html?fbclid=IwAR0Vs0cmdbf0Yh5r0TYGaxlLzlGQmZC9Da-iYKTMRqH2kErTmTWPexektOQ

Mexico

Habitantes de Solosuchiapa toman minera de Carlos Slim

Habitantes de diferentes colonias del municipio de Solosuchiapa tomaron las instalaciones de la mina “Santa Fe”, propiedad de Carlos Slim, ante la inconformidad del nulo avance por parte del Gobierno del Estado por detener la operación de dicha empresa, debido a que representa una amenaza para la madre tierra.

Marcelo Pérez Pérez, padre de la Parroquia de Simojovel quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim, después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera, por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabaja en su tierra.

El pasado 25 de febrero, Miles de indígenas feligreses católicos y miembros de organizaciones sociales campesinas marcharon para manifestar así su rechazo a la minería extractiva y exigieron la salida de las empresas que ya operan en el municipio.

Ante esto, Pérez Pérez detalló del poco avance que se ha tenido, por lo que, habitantes tomaron la decisión de posicionarse en esas tierras, sin embargo, le preocupó la reacción que tenga la empresa y el gobierno, por tanto, llamó a resolver este conflicto de forma pacífica.

“No vieron resultados, decidieron entrar de manera pacífica, han entrado sin el consentimiento de la empresa ni el gobierno (…) Los habitantes han despertado su consciencia sobre la actividad minera” dijo.

El padre añadió que las instalaciones siguen tomadas por los habitantes de Solosuchiapa, pero no sabe lo que sucederá en las próximas horas, por tanto, de parte de la Iglesia y la Pastoral Social estarán atentos a que no se lleve ningún desalojo, por lo que, invitó a los pobladores y al gobierno estatal buscar el diálogo.

Finalmente, invitó a otros pueblos que afronten las mismas problemáticas de minera a hacer consciencia del daño que provoca la actividad minera a la tierra, lo que ha agravado el calentamiento global.

Exigencia

Desde hace años, acompañados del  Comité “En Defensa de la Madre Tierra”, el pueblo zoque y tsotsil de Solosuchiapa han denunciado que “la extracción minera creará un ambiente insalubre que pone en riesgo la salud de los pueblos, ya que el lavado de los minerales extraídos provocan sustancias tóxicas que dañan el agua, aire, la flora y fauna, desencadenando enfermedades severas, degenerativas e irreversibles y de difícil curación, como cáncer, enfermedades de la piel, entre otras; dañando la calidad de vida de generaciones presentes y futuras”.

Respaldados por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, del Movimiento Zoque en Defensa de la Tierra y del Territorio (Modevite), señalaron que los bosques de la región norte del estado de Chiapas son un pulmón no sólo para la entidad sino para el mundo, además de ser un generador de diversos productos agrícolas y animales comestibles para la nación.

Por tanto, denunciaron que la minería extractiva truncará la posibilidad de desarrollo social, cultural, espiritual y de otras formas alternativas de vida; pues esta minería sólo genera riquezas para sus propietarios.

“Nuestras tierras y el agua de nuestros ríos (La Sierra, Rio Negro y Moquimba) serán afectadas en gran dimensión, poco a poco se infertilizarán, la vegetación y los peces morirán, perderá su belleza visual, que es un atractivo local, y no tendremos la posibilidad de generar proyectos de desarrollo sustentables”, dijeron en un pronunciamiento.

“No queremos que se afecte ni a los pueblos ni a la naturaleza de estas tierras, que son el hogar en el que nos ha tocado habitar. Sabemos que la explotación de la mina traerá más perjuicios que beneficios, y no queremos ser ricos hoy, si es que en algo nos beneficiara, y dejar empobrecidos, enfermos y sin casa a nuestros hijos y generaciones futuras”, expusieron.

Ante esto, han exigido el cierre total de la Mina “Santa Fe”, que opera en la localidad de Beneficio, del municipio de Solosuchiapa y que las tierras sean regresadas a sus legítimos dueños y  el respeto a sus formas propias de vida, que están ligadas al trabajo en sus múltiples manifestaciones que no dañan a la Madre Tierra.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/habitantes-de-solosuchiapa-toman-minera-de-carlos-slim/

Mexico

Profepa confirma derrame de jales mineros en arroyo de Zacatecas

Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.

María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la dependencia federal desde el año 2017, no quiso ofrecer una entrevista directa a este diario en sus oficinas sobre el tema, y se limitó a proporcionar información por escrito, a través de su secretaria, quien advirtió en tono de regaño a éste reportero que “no fue un derrame de jales, como se ha publicado”.

La versión de la Profepa delegación Zacatecas contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, Secretario General de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la mina propiedad de Germán Larrea (que opera ilegalmente desde agosto de 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal), ocurrió un derrame de jales que contienen metales pesados y químicos tóxicos.

Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días Grupo México tuvo a una cuadrilla de trabajadores realizando labores de “limpieza” en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame.

Pero este lunes la delegada Salinas Godoy –quien en junio de 2018, unos días antes de la elección presidencial, fue acusada por un grupo de burócratas en periódicos de Zacatecas, junto con otros delegados federales, de coaccionar el voto a favor del PRI-, elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México.

Según lo informado por Salinas Godoy, a la mina San Martín, el pasado sábado (tres días después del derrame), asistieron inspectores de Profepa, “quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame (agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros) recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado”.

De los cuales, 550 metros del derrame fueron “dentro de la propiedad de la unidad minera”, y 200 metros “fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco”.

Por lo anterior informó, se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo “donde se dictarán medidas de urgente aplicación con base en la NOM-147-SEMARNATISSA1-2004”.

Asimismo se informó que la propia empresa, Industrial Minera México, S.A. de C.V., Unidad San Martin, “dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc” (también se extrae plata y oro), fue la que notificó el miércoles 8 de mayo a las autoridades sobre el derrame, el cual se produjo cuando se realizaban “actividades de mantenimiento y rehabilitación de sus bombas”.

“Durante las pruebas de funcionamiento de éstas, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos sobre suelo natural”.

Una vez ocurrido esto, “la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), quien a su vez informó a la delegación federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia ambiental el 11 de mayo junto”.

Se confirmó además, como lo había denunciado a este diario José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, que “los rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad de San Martín descarga aguas negras”, es decir en los límites del caserío del lugar.

“La empresa realizó limpieza, pero en el recorrido los inspectores observaron rastros de los sedimentos en algunas partes del cauce. No se observaron áreas afectadas de cultivo”.

Sin embargo, admite la delegada de la Profepa, el mismo sábado pasado se inició el procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita, “para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARN/SSA1-2004, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.

Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de Profepa, información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín, desde 1985, mediante la “licencia de Funcionamiento LF-32-53”.

Y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín –ilegales según lo ha denunciado el Sindicato Minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal-, la delegada de Profepa justificó las operaciones de Grupo México:

“Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la Manifestación de impacto Ambiental contenido en el oficio No. DFZ152-200/18/1913 de fecha 9 de noviembre de 2018”.

Es decir que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina donde el 21 de agosto de 2018, con el apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del Sindicato Minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar ese yacimiento polimetálico.