En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latinapara imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.

El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.

“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.

La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.

México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.

El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción.

Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos.

LAS DEMANDAS CONTRA MÉXICO

En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.

De acuerdo con el estudio, todos los sospechosos del asesinato tenían vínculos con la empresa, pero aún no se ha hecho justicia.

Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.

La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.

Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.

Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.

La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.

La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.

El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/17-06-2019/3598209?fbclid=IwAR3A_3tsOL911EQlfvjcgDNZSPV-FU6zDx1-9Ozw9WZmRqimeaIfN4uZK7o

El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero y la asociación civil Otros Mundos Chiapas denunciaron que la empresa Minera Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, es responsable de causar enfermedades cancerígenas a las personas que habitan en Ribiera Cahuaré.

Además, señalaron que su operación implica daños ambientales muy severos al Cañón del Sumidero. Según las organizaciones, ese parque nacional enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera, que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año.

“La operación de esta empresa también afecta la salud y la vida de la población de la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.”

Las organizaciones advirtieron que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que servidores públicos incurrieron en omisiones al permitir que la empresa minera continúe en operaciones(recomendación 12-2019, del 24 de mayo, dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas).

Alejandra Aldama Pérez, integrante de Salvemos El Cañón del Sumidero, afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezó, que es obsoleta, emite contaminantes a la atmósfera y es ruidosa. Además, dijo, los desechos industriales van a dar al río Grijalva, y las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetación y a los habitantes.

Para la ingeniera industrial Claribel Pérez Anaya, integrante del movimiento, la contaminación causa desde enfermedades infecciosas respiratorias agudas hasta cáncer.

La empresa, denunció, utiliza la piedra caliza y un combustible que al coserse emana por las chimeneas metales livianos, los cuales se combinan con otros químicos y dan como resultado lluvia ácida.

Agregó que los seres humanos expuestos a esos residuos tóxicos presentan enfermedades como cáncer bronco-pulmonar y nasal, dermatitis, anosmia, sinusitis, asma, además de las enfermedades bronco-respiratorias y pulmonares.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/13/denuncian-a-minera-cales-de-causar-cancer-a-poblacion-en-chiapas/?fbclid=IwAR1LumIBslcysxtVZbdSquI2GKdybEPfR4FOAUlIHYbHsWMFqiWGOXw3qio

Fuente:https://www.idimedia.com/gobierno-federal/amlo-respalda-proyecto-minero-de-pena-nieto-se-reune-con-el-magnate-lakshmi-mittal/?fbclid=IwAR1vSW3UZf8zfbRZS5NVZLuty379mnzOupAt5DWEpT5Dq6vQPPR0jJ7W4nY

El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por las pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar a lo que investigadores llaman el “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta.

Le llaman “cláusula de controversias entre inversionistas y Estado” y está incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60. Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse.

En los últimos años ha cobrado fuerza y en todo el mundo se han multiplicado las demandas de empresas contra países que deciden cumplir sus leyes y no permitir sus inversiones. Las empresas que más usan este instrumento están asentadas en Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio que en estos días se busca ratificar (T-MEC).

Por la aplicación de esta cláusula, que debe resolverse en tribunales comerciales internacionales que son parecidos a las cortes de derechos humanos, pero mucho más poderosos, porque sus sentencias son vinculantes (lo que significa que los Estados están obligados a cumplir), México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra distintas empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la norteamericana Cargill.

En otros ocho casos el Estado mexicano ha tenido resoluciones a favor, en tres más las demandantes desistieron y uno más llegó a un arreglo.

Todo esto está documentado en el informe “Casino del extractivismo”, elaborado en conjunto por Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Enviromental Law, y presentado este miércoles en Ciudad de México.

Los investigadores Manuel Pérez Rocha y Jennifer Moore explicaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), del Banco Mundial, es el tribunal privado internacional más utilizado por las empresas para demandar; y lo que los faculta para hacerlo son las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados que están en los acuerdos internacionales.

“Las empresas entran a apostar a este sistema para ver cuánto pueden ganar y van viendo qué países pueden ser más vulnerables y dónde pueden obtener más ganancias, planteando proyectos que ni siquiera llegan a desarrollar”, dijo Pérez Rocha.

En la presentación también participó Graciela Rodríguez Navarro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien aseguró que las demandas contra países latinoamericanos ante tribunales de arbitraje internacional “son una trampa para los Estados”, que pone en riesgo a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

En el mismo sentido, Pérez Rocha aseguró que las empresas apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países utilizando el arbitraje supranacional –un juicio internacional que sólo puede ser convocado por la industria extractiva–.

Por su parte, Moore, quien han investigado durante años el comportamiento de las mineras canadienses, dijo que las mineras están usando la amenaza de demanda para abrir espacios de diálogo, bajo coacción y arreglar disputas por fuera de un proceso de arbitraje.

De acuerdo con los investigadores, hay una tendencia cada vez mayor de las mineras de intentar usar este instrumento internacional para resolver controversias en México (de las 21 demandas que ha litigado el Estado mexicano ninguna había sido de mineras).

“Las empresas mineras están tratando de extorsionar a países de América Latina por cientos de millones de dólares, pero también están tratando de jalonear con proyectos y procesos que han sido rechazados”, afirmó Jennifer Moore.

Las mineras

En México cuatro empresas han amenazado con presentar demandas, aunque sólo una lo ha concretado. En tres casos las suspensiones han sido por medidas regulatorias relacionadas con conflictos socioambientales a nivel local.

El primer registro que se tiene es el de la minera Blackfire, quien en 2010 amenazó con llevar su caso a los tribunales comerciales y demandar al Estado mexicano por un monto de 800 millones de dólares, después de que las autoridades ambientales clausuraron la mina de barita La Revancha, a los pocos días del asesinato del activista Mariano Abarca. La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información reveló que la empresa fue asesorada por la embajada de Canadá en México sobre cómo iniciar la demanda.

En 2016, otra canadiense, Primero Mining, también amenazó al Estado mexicano con interponer una demanda por incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata por la mina Magestic, en Durango; de acuerdo con el informe, la mera mención de la cláusula con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una suma indefinida de dinero fueron suficientes para llevar a las autoridades mexicanas al diálogo. El proceso se suspendió en marzo del 2018.

El 3 de enero del 2019 la empresa estadounidense Legacy Vulcan demandó al Estado mexicano por un monto de 500 millones de dólares debido a que la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y el Programa de Desarrollo Urbano impidieron que la empresa explotara dos predios por la extracción de piedra caliza. Ésta es, hasta ahora, la única demanda en curso de una empresa minera contra el Estado mexicano.

A inicios de 2019, sin embargo, la minera estadounidense Odissey puso a temblar al Estado mexicano cuando entregó la notificación de intención de demandar por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur. La demanda, que aún se está evaluando, es por la cantidad de 3 mil 540 millones de dólares.

Fuente:https://piedepagina.mx/trasnacionales-apuestan-el-planeta-en-el-casino-del-extractivismo/?fbclid=IwAR1liASxmxPIRQRcfmOLfmRQdPtYDJ3nuokra0eFW_2Vuns1OEjd7fllaD8

Las comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron hoy a la Semarnat la suspensión de la reunión.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció del día 10 de junio la suspensión de la reunión pública de información sobre el Proyecto Minero Ixtaca, después de que la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua denunciara ante el secretario Víctor Toledo un proceso viciado y manipulado por la empresa Minera Gorrión, y solicitara la cancelación del evento.

En la Gaceta Ecológica, la Semarnat anunció la reprogramación de la reunión pública sin dar más detalles. El evento quedó fijado para el próximo martes 25 de junio.

Minera Gorrión es subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals y promovente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán.

La reunión pública de información fue solicitada a la Semarnat por las comunidades, como un recurso posterior a la presentación de la MIA. Sin embargo, “en este caso no ha pasado así. La empresa estuvo interviniendo de manera directa en estos días previos al evento”, denuncia Francisca Zamora, vocera de la Unión de Ejidos.

Francisca señala varias irregularidades, entre las que destacan que la minera hizo perifoneo y pega de carteles con los que llamaban a acudir a la reunión y dar un “sí al proyecto minero”, usando el argumento de “no dejarse manipular, presionar ni desinformar”, y que colocó agentes de seguridad privada en la comunidad de Santa María Zotoltepec, donde se llevaría a cabo el evento.

Las integrantes de la Unión también denunciaron que la empresa estuvo haciendo trabajos de remozamiento del auditorio de la misma comunidad de Santa María, lugar de la reunión; que Minera Gorrión se ofreció a pagar los alimentos de los asistentes durante la jornada de consulta, y a proveer de mesas, sillas, pantalla y equipo de sonido para que ésta se lleve a cabo. Las comunidades notificaron inmediatamente de esta situación a las autoridades responsables.

La propaganda de la minera sobre la reunión pública de información empapeló muros y postes de las comunidades.

«Exigimos que ahora la Semarnat tome en cuenta todas las irregularidades que hemos denunciado en el proceso, cancele definitivamente una reunión que ya está viciada y que no autorice la MIA a Almaden Minerals».

Desde hace más de 10 años, las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han manifestado que no otorgan consentimiento para la realización de este proyecto y han construido un proceso organizativo e informativo en la región, gracias al cual han podido documentar las violaciones cometidas por la empresa en contra del derecho humano a la salud, el agua y el medio ambiente.

Fuente:https://www.elpopular.mx/2019/06/10/municipios/semarnat-suspende-reunion-publica-sobre-proyecto-minero-ixtaca-206428?fbclid=IwAR3KJGfoiPbH1DfTWizyk-I0tJ6j5rs4Ibbtv2Q73DysS6Ko1KXC-ZIdG8M

De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañón del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, tambiénafecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

Según el movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, la empresa calera es la causante de enfermedades cancerígenas entre la población. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México, destaca las omisiones en las que incurrieron el funcionariado público al permitir que la empresa minera continúe en operaciones.

En conferencia de prensa, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetacióny a las casas de los habitantes.

Una información de la red de comunicadores Boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

Fuente:https://aler.org/node/5877?fbclid=IwAR0IfffBBj4uOeMnYhgTzbY1p1SHweYA5EomXz1yjtUSJrI_C3lywtg03CQ

El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue «dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región».

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/06/proscriben-la-mineria-metalica-en-guadalcazar/?fbclid=IwAR1jjQbD0DLNKYhS5wK5m_8AJUO8OOBX9UlHOfBPVVg7U_sl-jE2crdyEOA

Los habitantes de San Martín Sombrerete denuncian que desde hace días se han derramado químicos como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre; denuncian que el daño ya es irreversible.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/05/mina-grupo-mexico-contamina-rio-zacatecas/

Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo  sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación.

La presencia de estos proyectos paso desapercibida por años, pues sus visitas coincidieron con el contexto de turismo sicodélico en la zona. Pero en años recientes, las exploraciones subterráneas se transformaron en mega-proyectos con varios y crecientes intereses sobre estos territorios.

Actualmente las expediciones a las cuevas son lideradas por el United States Deep Caving Team (USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, dirigido por William “Bill” Stone y William “Bill” Steele. Dicha organización tiene dos grandes proyectos de investigación en la región: el Huautla Cave Diving Expeditions y el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH). Nos enfocaremos en el conflicto que ha generado este último.

Los proyectos del USDCT tienen varios intereses e indagaciones que no han transparentado ante los pueblos mazatecos. Sus expediciones han servido para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes. Han mapeado a detalle los flujos del agua regional, explorando acuíferos que consideran una “mina de oro”, que han planeado extraer para abastecer a la región. Han realizado prospección biológica y extraido especímenes de las cuevas, buscando hoy la posibilidad de desarrollar medicamentos con éstos, mediante un participante relacionado a la industria farmacéutica. Recientemente promocionan la transformación de las cuevas sagradas en sitios turísticos de interés especial.

El PESH inició exploraciones el año 2014, sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto. Los organizadores extranjeros se atribuyeron el objetivo de explorar, mapear y estudiar todo el sistema de cuevas de la región, con investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo, durante diez años seguidos, y contando anualmente con decenas de expedicionarios en terreno. Es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), que tiene como política el compartir la información recabada en sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Según han referido algunos habitantes de la región, el PESH se ha presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han dicho poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[1], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[2], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[3], y también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[4], estas dependencias gubernamentales estatales y federales no cuentan con información sobre el USDCT, el PESH y sus proyectos en territorios mazatecos.