El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.
Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.
Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.
“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.
Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.
De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.
También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.
“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”.
Renovables en Chiapas, un atractivo negocio
El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.
Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.
Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.
“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.
Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.
A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.
Afectaciones
En el comunicado de este 2019, los habitantes de Huehuetán y Tapachula enumeran las afectaciones al ambiente y comunidades si es realizado el proyecto hidroeléctrico: “deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los eco-sistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización”.
“Las cabeceras municipales de Tapachula, Cacahoatán y Huehuetán, podrían resultar afectadas con la construcción de las (mini) hidroeléctricas, porque las empresas particulares tendrán la posibilidad de cerrar o abrir compuertas y bajaría el agua cuando ellos quieran”, relata un testimonio publicado por medios locales sobre la problemática de los campesinos de la región, quienes dependen de las aguas para la agricultura.
“Huehuetán recibiría el agua de la presa. A ellos les afecta porque tienen muchos sembadios de mango, tienen cacahuatales y es un municipio que vive de la agricultura y esa agua llega a la Reserva de la Encrucijada”, agrega Ituarte sobre la preocupación de los campesinos sobre el bloqueo del flujo fuvial.
“Las pequeñas y medianas hidroeléctricas en el país dejarán una derrama de poco más de 30,000 millones de pesos en los siguientes 10 años, señaló en 2013 Jacobo Mekler Waisburd, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica. Dicha asociación, através del Grupo Comexhidro promueve los proyectos de Cuilco y Coatán. A su vez, Amexhidro representa los intereses de un conglomerado de 19 empresa, las cuales cuentan con 4 proyectos en operación, 23 permisos aprobados por la Comisón Reguladora de Energía y 43 proyectos en desarrollo.
Paradójicamente para los campesinos, la energía producida por las mini centrales hidroeléctricas de los ríos sería distribuida a clientes privados e incluso se habló desde 2012 que el excedente sería vendido a ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.
El caso de Grupo Comexhidro es un ejemplo del suministro de energía eléctrica producida por la inversión privada mediante proyectos de energía “limpia” en México la cual responde a intereses corporativos como lo exhibe su catálogo de clientes: Walmart, Comex y General Motors así como a 10 ayuntamientos de estados del centro-norte de México.
Lavado verde
La inversión privada en proyectos de generación energética mediante recursos renovables cobraron auge después de la reforma energética promovida por la administración federal en el año de 2013.
En particular, la reforma al artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energía, adicionó la densidad de potencia como criterio para evaluar si los proyectos de pequeñas y medianas hidroeléctricas pueden calificar como renovables.
Con la reforma implementada desde hace seis años, la energía de cualquier planta hidroeléctrica con una capacidad mayor a 30 Megawatts que presente una relación entre capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 Watts/m2 será considerada renovable siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kyoto.
“Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos registrados a pequeña escala que emplean este tipo de metodologías avaladas por Naciones Unidas con la siguiente participación por países: India 20 por ciento, Brasil 15 por ciento, República de Corea 12 por ciento, China 10 por ciento y el 43 por ciento restante están distribuidos en la región de Latinoamérica y el Caribe. En México Grupo Comexhidro desarrolló la primera metodología para que proyectos hidroeléctricos participen dentro del Protocolo de Kyoto y dicha metodología fue aprovechada por diferentes proyectos hidroeléctricos a nivel mundial”, expuso Jacobo Mekler Waisburd presidente de la Amexhidro, asociación que desde 2014 ha cabildeado con el gobierno mexicano para que los Certificados de Energías Limpias otorgadas a mini hidroeléctricas adquieran un mayor valor pues argumenta “que son menos impactantes al Medio Ambiente (reconocidas mundialmente) que otras Energías Limpias Renovables”.
Hidroeléctricas: abuso y violencia en México
Mientras el negocio en energías renovables ofrece gran rentabilidad para las corporaciones, en las comunidades donde se instalan los proyectos abundan las denuncias por prácticas ilegales tales como corrupción y violencia contra quienes se oponen a las represas.
Un ejemplo es lo que sucede con las comunidades en la región donde opera la central hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, Veracruz. La implementación de la hidroeléctrica a cargo de Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. en conjunto con Electricidad del Golfo de S.L y Conduit Capital Partners LLC, ha sido señalada por pagar sobornos para obtener licencias irregulares o inexistentes y omitir consultar a las comunidades dentro del rango de afectación en las cuencas.
De acuerdo al reporte “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, de un total de 304 megaproyectos registrados en todo el territorio mexicano donde se ha suscitado hechos violentos, la industria hidroeléctrica se encuentra en tercer lugar en generación de conflictos, sólo después de la actividad minera y petrolera.
Entre las empresas hidroeléctricas que suman mas reportes de violencia se encuentra Grupo Comexhidro.
“Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones ‘no institucionalizadas’, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios”.
“Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades”, denuncia el reporte presentado en marzo de 2019.
Aún con toda la documentación e incluso con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las comunidades circundantes al río Cuilco han impedido la realización de la obra pues “coloca en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca”, enfatizó la organización La Voz del Pueblo.
“Nosotros lo hemos detenido. Acacoyagua (donde se detuvo la operación minera) y todos los que estamos aquí lo hemos detenido por esa parte de el compromiso de la sociedad con el lugar donde vive”, señala Claudia sobre la firmeza de la organización en hacer frente a la imposición de proyectos que las comunidades nunca solicitaron.
Fuente:https://avispa.org/comunidades-de-la-costa-de-chiapas-exigen-freno-a-proyectos-hidroelectricos-y-mineros/?fbclid=IwAR1OM_JbzUOPLtutFE9FirjZLjOchQkSnrxwsn02bS1SdrnSK64oClh1Kck
El pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: 
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente la terminal de Mexicana del Cobre, filial de la empresa Grupo México, en la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, ante lo cual el consorcio minero nuevamente aseguró que el derrame de 3 mil litros de ácido en el Mar de Cortés sucedido el pasado 9 de julio no significó ningún daño para el ecosistema.
#DíasdelFuturoPasado volumen 23
El 16 de agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles. A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, so-pretexto de la lucha contra el crimen organizado.
La Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia y el colectivo Guardianes de la Cuenca, advirtieron que el proyecto minero de la empresa Argonaut Gold va a contaminar el acuífero que surte a siete municipios del Estado de Guanajuato.
Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.
Contaminar, e infringir jubilosamente la ley, sigue siendo el mejor de los negocios posibles.
En México existen alrededor de 26 mil 500 concesiones mineras vigentes, tanto territorio indígena y agrícola ha sido entregado a empresas o particulares como concesión minera y representa del 13 al 30% del territorio del país, señaló Gustavo Lozano.
La empresa, propiedad del segundo hombre más rico de México, provocó en 2014 una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, al verter 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos de Sonora.
