En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.

En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures.

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora.

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora.

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”.

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”.

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre.

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar.

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.

Ya nada es lo mismo 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa.

Después del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos.

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi.

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”.

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”.

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”.

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao.

Nada han remediado 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación.

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures.

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures.

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”.

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao.

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/08/comunidades-derrame-toxico-grupo-mexico/?fbclid=IwAR1JqzpEM9gk4_65CSnB2erK5RVpzcfM8_axJw0yD-Su1hkEZOGH7oNmcwA

Extraerán en 16 años: 30,00 ton de cobre, 800 ton de cobalto metálico y 1,187 de sulfato de zinc monohidratado.

La Minera y Metalúrgica El Boleo presentó un proyecto ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar a 446  hectáreas la explotación de minerales en Santa Rosalía mediante minado superficial en las 7 mil hectáreas pertenecientes a compañía.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) indica que la concesión minera de El Boleo continuará por16 años. Sin embargo, en el método de explotación la empresa sólo habla de minado superficial; según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) existe tres tipos: minado de placeres (Bateas y canalones; minado hidráulico; dragado), minado a cielo abierto (Banco individual, bancos múltiples, descapote de mantos, explotación de canteras) y glory hole.

La MIA aclara que sólo serán 16 y no 25 años el tiempo útil de la empresa, pero aclara si usarán explosivos para para extraer minerales metálicos. Minera y Metalurgia del Boleo S.A. de C.V. planea realizar actividades de miando superficial en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.

Teniendo actividad desde 1860, El Boleo pretende continuar y expandir la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso. Contempla una producción anual de 30,000 toneladas de  cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y 1,187 toneladas de sulfato de zinc monohidratado.

Requerirán  6,100 millones de pesos para utilizar un superficie minada de 446.19 hectáreas. Afectarán áreas con un 38.6% de vegetación matorral sarcocaule y vegetación secundaria de matorral.

Pese a que el proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, la minería es considerada una actividad permitida por el Programa de Manejo. 

Fuente:http://elorganismo.com/el-boleo-usara-minado-superficial-en-446-ha-de-la-reserva-de-la-biosfera-el-vizcaino/?fbclid=IwAR1dtxs75MgcG1QMuwrV33DUeVEtGjWgOmIAL79JlnKrkOhuMI4Kidrfm74

Los familiares de Mariano Abarca y varias organizaciones señalan que la embajada canadiense en México apoyó a una minera y desatendió las amenazas contra el líder comunitario.

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/01/actualidad/1564610422_605396.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR0o1YhAdh2bd–wGmQk8oE0pRAUHgtmsz9I28k40SB7YvBr2-P_-Cbo2Hk

Fuente:https://desinformemonos.org/memorias-para-la-defensa-del-territorio/?fbclid=IwAR3LlqdWcwg43SfyzQtuMjShAlh6nusvav_-Lwa3W38uTasNscnV3lUTyDk

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros.

Desde el año 2010, el Altiplano norte-Wirikuta en el estado de SLP (México), está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues Wirikuta es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos del desierto. Tras un periodo de intensas resistencias, el pueblo wixarika (huichol) consiguió en el año 2012 un amparo judicial que supone la cancelación cautelar de cualquier actividad minera que está próximo a concluir.

El pasado 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC) emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una Asociación Civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de negociar el amparo judicial.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman a sí mismos, en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico, que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir las comunidades, como nos muestran las formas de actuar de estas transnacionales en más de 130 casos similares documentados en México por OCMAL.

La Unión de Ejidos AC, se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la este grupo. no tenga poder de representación de las comunidades ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

El pueblo wixarika, a través del CRW, organismo oficial de los wixaritari, conformado por autoridades que representantan al pueblo wixarika y la UWCC, en respuesta, emitieron un comunicado público, donde comunican la total oposición del pueblo wixarika, a las concesiones mineras, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades del Altiplano contra de las actividades mineras.

(El comunicado del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Nuestro objetivo aquí no es presentar el contenido del comunicado wixarika, que habla claramente por sí solo, sino, más bien, señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos, saca a la luz, la intensificación de las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque, que puede ser definido, sin pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados, reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agroganaderos y la visión profunda de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol, donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros, separados de las comunidades, de donde extraen los recursos, que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin a penas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado en como afirma Maristella Svampa en una memoria corta, como un territorio heredado, por las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga, como territorio originario, y por otro, las empresas mineras, introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable, que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Para terminar, Los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz territorial que activa Wirikuta y al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Wirikuta aparece así, como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido los megaproyectos mineros, como en tantos otros lugares del mundo donde actúa este modelo de extracción de recursos, representan, en este caso particular, el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

Fuente:https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/08/03/extractivismo-minero-etnocidio/1042534.html?fbclid=IwAR3oOkcqr9k935rMf2xdz7pD-yEgSi1BoAShJwX6tnMz8m9lB2iPi6oDqJY

Un grupo de gentes captadas y engañadas por la First Majestic han intensificado la estrategia de la transnacional minera para dividir a las comunidades ante la proximidad del fin del amparo judicial que desde 2011 suspendió cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) y de la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), representantes del pueblo wixarika, emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 ante la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través la UWCC y del CRW, organismos oficiales de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

* David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en México “por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”, señaló un informe de la organización internacional Global Witness.

“Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, agregó el documento, en el que la organización indicó que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo, de los cuales la mitad de las muertes sucedieron en América Latina.

De acuerdo con el informe, la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero la organización “pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos”. “Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado”, agrega el documento.

Global Witness destacó que la mayoría de los defensores asesinados se oponían a la minería, con 43 víctimas, mientras que 21 ambientalistas murieron por luchar contra los proyectos de la agroindustria y 13 contra la explotación forestal. Por otra parte, 17 defensores del agua fueron asesinados en 2018, lo que representa un aumento significativo respecto a los cuatro registrados en 2017, señala el informe.

La organización incluyó en su reporte el uso y abuso de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a los activistas, sus familias y las comunidades que representan, a través de acciones como “mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo”.

“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”, apuntó Global Witness.

De acuerdo con el informe, los países más peligrosos para los ambientalistas en 2018 fueron Filipinas, con 30 casos, Colombia, con 24, Indía, con 23, Brasil, con 20, Guatemala, con 16, y México, con 14. Por otro lado, el único país europeo donde se registraron asesinatos de defensores ambientales fue Ucrania, con tres casos, mientras que en todo África se registraron 14.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15169&fbclid=IwAR0-9Rxrypi8K8QABXnZiY5VCQovWaudkGs6TEJKheYPLEZI6rjI-2FSkJU

Fuente:https://jornada.com.mx/2019/07/29/estados/027n1est