Mexico

Mineras plagiaban estudios de impacto ambiental para operar en la capital

Al menos cuatro empresas mineras plagiaron estudios de impacto ambiental de otros estados para operar en Guanajuato capital, por lo que les fueron negados los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo al diputado local del Partido Verde, Israel Cabrera Barrón, esto ocurrió entre el 2016 y 2017 cuando fungió como delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado y se detectó que las empresas mostraban estudios de impacto ambiental de lugares como Chihuahua y Durango o la zona del Golfo de México.

 

El legislador aseguró tener las pruebas sobre ello, sin embargo, no quiso dar a conocer el nombre de las empresas involucradas.

“En la época en la que yo era delegado de la Semarnat, las mineras presentaban estudios de impacto ambiental de tal suerte que cuando las revisaba o una de dos, en el cuerpo de documento era un ‘copy paste’ de un estudio de impacto ambiental de Chihuahua o de Durango y lo tengo documentado o en otras los planos que ponían sobre la mesa las coordenadas me daban hasta el Golfo de México”.

Aseguró que, ante esta situación, los permisos de impacto ambiental para las empresas eran negados por la dependencia federal y derivaron del desconocimiento sobre la nueva legislación en materia de medio ambiente.

 

“Entonces es imposible que les autorices algo que ni siquiera geográficamente lo puedes ubicar, de ese tamaño te puedo decir que son los errores que se cometían en las solicitudes de autorización, estoy hablando 2017-2017”.

En el caso de la mina ‘Las Torres’ donde varios trabajadores fueron despedidos, Cabrera Barrón apuntó que esto obedece a “ineptitud” de las empresas, en este caso Fresnillo, para realizar los estudios de impacto ambiental que les terminan siendo rechazados.

Dijo que si bien el que la minera no opere abona al cuidado del medio ambiente, a su vez está perjudica a las familias de los trabajadores porque no tendrán sustento.

“Desde el punto de vista ambiental, pues qué bueno no se va a impactar áreas naturales o reservas ecológicas o los cerros como lo llamamos comúnmente, pero es muy lamentable porque se quedan muchas familias sin comer, un trabajo y en realidad eso es lo que em preocupa por la ineptitud de los consultores o de las empresas mineras de poder elaborar un adecuado estudio de impacto ambiental que es den la autorización es por lo que la Semarnat no se las da”

Pide que autoridades federales atiendan tema minero

En cuanto a la situación de la mina ‘El Cristo’ que opera de manera ilegal en Xichú, Israel Cabrera apuntó que las autoridades federales deben ‘darse una vuelta por el estado’ para conocer estas y otras situaciones en torno a la minería.

“Yo le haría un llamado al director de Áreas Naturales Protegidas, al biólogo Roberto Aviña que es de aquí de Guanajuato que es un ecologista muy enfrascado en el tema de la protección a que se dé una vuelta al área de la Biósfera de Guanajuato y que personalmente atienda el tema”.

Señaló que hace falta que el Ejecuto Federal invierta mayores recursos en instancias como la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que puedan seguir operando de manera adecuada.

“Hoy en estos momentos las dependencias como la delegación federal de la Semarnat que y la propia Profepa tienen menos de la mitad del personal que en la época del presidente Peña”.

 

Fuente:https://zonafranca.mx/politica-sociedad/mineras-plagiaban-estudios-de-impacto-ambiental-para-operar-en-la-capital?fbclid=IwAR2xZVyG-nZnV27DiSdIAn7AsZyh12rVr_B3V_GiwcUeHItVdVR_zMy-iqc

Mexico

El despojo y destrucción de la Sierra Norte de Puebla

La Sierra Norte de Puebla es históricamente territorio ocupado por comunidades indígenas, principalmente nahuas o maseuales, tutunakus, ñhañhus u otomíes, hamaispini o tepehuas entre otros grupos originarios y también por comunidades mestizas. Todos hemos convivido, sobrevivido y desarrollado bajo el manto de recursos que la Sierra y el bosque de niebla nos brindan. Cabe señalar que el estado de Puebla es el sexto estado con mayor diversidad bilógica a nivel nacional y cuarto con mayor diversidad cultural. Es por lo que, en las últimas décadas, ha estado en la mira del Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales para ser explotada y vendida al mejor postor.

Las políticas económicas del sistema capitalista y el neoliberalismo rapaz han vuelto la cara, nuevamente, hacia los territorios pertenecientes a los pueblos originarios con el visto bueno del gobierno mexicano, para ser explotados y saqueados. Así, la Sierra Norte de Puebla y sus comunidades hemos emprendido una guerra contra cientos de megaproyectos que son promocionados y autorizados con la idea de llevar progreso, desarrollo, modernidad y un supuesto crecimiento económico, nunca reflejado en el bienestar o vivir de las poblaciones, pero que en realidad han traído destrucción, exterminio, saqueo y muerte. Megaproyectos de muerte se les denomina correctamente, de acuerdo con la sabiduría de los pueblos en resistencia. La reforma energética Peña Nietista ha acelerado este proceso y por lo tanto la guerra se ha intensificado.

Desde Pahuatlán y Tlacuilotepec, hasta Cuetzalan y Tlatlauquitepec, pasando por Libres e Ixtacamaxtitlan, el territorio y sus recursos están siendo concesionados: las mineras Grupo Frisco, la cavernaria Almaden Minerals, Minera Autlán, JDC Minerales, Grupo México, Trans – Canadá, Gaya S. A. de C.V son, entre otras, los grandes beneficiarios.

Algunos de los grandes proyectos en ejecución o en proceso de autorización en territorio poblano son:

• 6 gasoductos en todo el territorio poblano, particularmente en la Sierra Norte, entre ellos se encuentra el gasoducto Tuxpan – Tula que afecta los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlan y Huauchinango.

• 1,444 pozos de fracking para extraer gas shale o gas de esquisto, aceite e hidrocarburos. Esta exploración y explotación impactará en 32 municipios de la Sierra con una gran presencia de población originaria

• 310 concesiones mineras al ejercicio 2017, lo que impacta en 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano de 48 municipios.

• Aproximadamente 10 presas y unas 16 mini hidroeléctricas a lo largo de los ríos Zempoala, Ajajalpan y Apulco.

• 1 subestación eléctrica en el municipio de Cuetzalan, encargada de recolectar la energía de las hidroeléctricas para alimentar los procesos mineros y de fracking.

Las consecuencias para las comunidades y para el territorio serán graves y de magnitudes inimaginables: destrucción de los ecosistemas, extinción de varias especies endémicas únicas en la región, desabasto de agua para las poblaciones y los pequeños agricultores, problemas a la salud como consecuencia de los químicos que son utilizados para la minería y el fracking que invaden y contaminan los mantos acuíferos y el terreno, etc.

Ante este embate de destrucción los pueblos y las comunidades están resistiendo con organización y movilización, también con recursos legales, pero principalmente alzando la voz por la defensa de la Sierra, de la tierra, del agua y de la vida. Diferentes colectivos y organizaciones han agrupado la inconformidad de las comunidades originarias y mestizas para dar batalla al estado y a las grandes empresas, entre ellas, el Colectivo Tiyat Tlalli, el Comité de Ordenamiento Territorial Indígena de Cuetzalan (COTIC), el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), el Consejo Indígena Puebla – Hidalgo, Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra (MODAT), Grupo Cívitas, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, etc. algunos otros compañeros y compañeras se organizan en diferentes asambleas o comités locales dentro de las pequeñas comunidades afectadas para resistir y ampliar el trabajo de concientización con los pobladores. A la fecha, varios de los ayuntamientos de la zona han sido obligados por los pobladores para declarar en sesión de cabildo a los diferentes municipios como territorios libres de megaproyectos.

“Nos están cazando, sólo es la muestra de que van contra los activistas opositores a los proyectos de muerte”  Adrián Tilihuit, (asesinado el pasado 31 de mayo-2018)

Así, la resistencia avanza y ello ha traído como consecuencia un incremento de la represión, intimidación y criminalización hacia activistas ambientales y defensores de derechos humanos. La fuerza y poder del estado son utilizados para eliminar a los opositores y dejar libre el camino a las grandes empresas. Como ejemplo se encuentra el proceso legal que la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado contra los integrantes del COTIC y del MIOCUP-CNPA-MN por la recuperación del predio en el que se instalaría una subestación eléctrica en ese municipio, declarado como territorio libre de proyectos de muerte en sesión de cabildo a petición expresa, vía la movilización, de los ciudadanos. Algunas de estas agresiones son mucho más violentas y han culminado con el asesinato de diferentes compañeros. Hace 4 años, en junio del 2014, fue asesinado el compañero Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), férreo opositor a la instalación de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan y a estos megaproyectos de muerte. Recientemente, el asesinato de 3 compañeros en la región nororiental en los municipios de Cuetzalan y Zacapoaxtla ha encendido las alarmas de todas las organizaciones opositoras, algunos declaran de manera literal que los activistas están siendo casados para ser eliminados.

• El 14 de mayo de 2018. Manuel Gaspar Rodriguez, originario del municipio de Ayotoxco, Puebla, también integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), fue asesinado en el centro de Cuetzalan, Manuel era parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y uno de los indiciados por la CFE ante la PGR.

• El 30 de mayo de 2018. Adrián Tilihuit, originario de la comunidad de San Juan Tahictic del municipio de Zacapoaxtla, fue asesinado y tirado en una barranca cercana a la comunidad. Adrián era uno de los opositores, junto con otros pobladores, a la construcción de la hidroeléctrica de la empresa Gaya S.A. de C.V. en el flujo del rio Apulco que afectará la comunidad y el ecosistema de la región.

• El pasado 23 de junio de 2018. Artemio Hernández Parra, juez de paz de la misma comunidad de San Juan Tahictic, fue asesinado de un disparo durante la fiesta patronal. Artemio participaba y apoyaba la lucha de los compañeros para impedir la construcción de la hidroeléctrica Gaya S.A de C.V.

La violencia y delincuencia se han incremento a la par que se emprenden las acciones de defensa con el fin de intimidar y desincentivar la movilización de los pueblos, todo ello con la inacción de las autoridades para hacerle frente, mientras, los muertos, los detenidos, los seguimos poniendo nosotros, los sigue poniendo el pueblo.

Difundir las acciones que se emprenden en la Sierra Norte de Puebla para defenderla es importante, sumarse y emprender acciones que hagan visible y ejerzan presión sobre las autoridades para impedir el avance del despojo, pero, sobre todo, impedir que nos arrebaten a más compañeras y compañeros cuyo único fin es pelear por su gente y proteger la tierra. Desde las ciudades debemos tomar conciencia y actuar sobre los modos de vida que el capitalismo nos ha impuesto, porque su preservación y continuidad nos está costando la vida de las comunidades y la destrucción del ambiente, al final nuestra propia destrucción. Actuar en conjunto con las comunidades, emprender acciones desde cada trinchera para hacer un frente único, sumar las diferentes luchas es no sólo necesario sino urgente.

“El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona: rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso; rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida; la sumisión es la muerte.” 

 

Fuente:http://terceravia.mx/2018/08/el-despojo-y-destruccion-de-la-sierra-norte-de-puebla/?fbclid=IwAR2JPELTrlGjk9-GhCRoUjvpC704_75Q6uprnpEXpCKhZibHeQNwVbcxcOU

Mexico

Samalayuca: de área natural protegida a explotación minera

Ejidatarios de Ojo de la Casa acordaron con inversionistas canadienses la ocupación de los predios para la extracción de cobre en yacimientos a tajo abierto; la compañía estima concluir la construcción de sus instalaciones en 6 o 9 meses, para comenzar las excavaciones a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez

– La decisión fue unánime. Los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al gobierno federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del ayuntamiento de Juárez.

“El acuerdo se toma por acuerdo ejidal… somos 53 integrantes con derecho a voz y voto. En este caso fue unanimidad” dice Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca y ejidatario de Ojo de la Casa.

De acuerdo con los datos proporcionados por Meléndez, los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en 6 o 9 meses.

“La visión de VVC ha sido durante mucho tiempo comenzar las operaciones en las zonas de Gloria con una mina piloto de cobre, de una manera ambiental y socialmente responsable, a la vez que genere impactos económicos y comunitarios positivos”, dice Jim Culver, presidente de la corporación minera a través de un comunicado donde informó de la obtención de los permisos para operar y del cambio de uso de suelo de los predios.

Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”.

Además, considera que con su operación se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez.

“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente” advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.

Sobre los opositores del proyecto Meléndez Cardona menciona que están en su derecho en manifestarse, pero usan argumentos basados en mentiras y asegura que la mina será una alternativa para generar empleo y los recursos para obras de infraestructura en el poblado.

El beneficio económico que alegan con la llegada de la mina no puede estar por encima de la sobrevivencia de una población de casi un 1.5 millón de personas en la región, dice González Reyes, quien también se desempeña como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad, pero asegura que su acción contra el proyecto en Samalayuca es a título personal.

“No solo van a usar el terreno, que es lo único que les pertenece a los ejidatarios, van a usar recursos naturales como agua, deforestar, contaminar el ambiente y eso nos incluye y afecta a todos y todas”, advierte el derechohumanista.

Una veta en medio del área protegida

La veta del mineral –que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad– se aprecia a simple vista sobre las paredes de roca de la Sierra de Samalayuca, con diferentes tonalidades en color verde.

El yacimiento de Ojo de la Casa, ubicado a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, está integrado por cuatro tajos, explica Meléndez: Gloria, Juliana, Zorra y Suerte. Aunque en el área también está los polígonos denominados Concha y Trinidad.

De acuerdo con los registros consultados, en ese depósito de metal se desarrollaron actividades en las épocas de 1965 y 1976, pero luego quedó en el abandono.

Ahora se pretende retomar la actividad. Meléndez dice que los inversionistas canadienses comenzarán la explotación en el tajo la Gloria.

En el lugar, al que se llega por veredas abiertas entre arenales y matorrales, la minera VVC inició la extracción en fase de exploración en agosto del 2017 y la extendió hasta diciembre del 2018 de acuerdo con información disponible su página digital.

El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso de extracción de cobre a cielo abierto, con solventes y mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, de acuerdo con datos difundidos por la compañía.

La planta que se construirá tendrá una capacidad inicial para procesar aproximadamente 2 mil toneladas de material mineralizado por día, aumentando a lo doble 12 meses después de su puesta en marcha, se informa en un comunicado que VVC lanzó el 7 de agosto. La empresa indica que el área de explotación es de mil 622 hectáreas.

El anuncio de la reactivación de la mina revivió la oposición al proyecto.

“Están mirando los beneficios económicos, pero no observan los riesgos para la salud humana, no hay estudios sobre esto, tampoco de la destrucción de flora, hay mucho sesgo en eso y no hay transparencia” comenta Lydia Graco, vocera del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.

Por eso, asegura, los ciudadanos que integran este movimiento respaldan la postura del abogado González Reyes que este jueves contempla solicitar un amparo contra el proyecto.

González asegura que con su petición al Poder Judicial busca frenar la expedición de permisos para la reactivación de la mina.

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Aunque la empresa y Meléndez aseguran que ya se cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo aprobados por la Semarnat y otras dependencias federales. Esto no pudo corroborase con la Semarnat ni con la Subsecretaría de Minería, de la Secretaría de Economía.

Meléndez asegura solo el ejido Ojo de la Casa logró revertir el decreto de área natural protegida sobre su territorio. “Fue el único que se amparó, los otros lo hicieron pero a mitad del camino desistieron, porque fue un proceso bastante largo, prácticamente duró tres años ese proceso”.

‘Hay candados de protección’, aseguran

El presidente seccional de Samalayuca asegura que cuando decidieron realizar los contratos de ocupación temporal de los predios con la empresa minera, se asesoraron con ingenieros en minas, medioambientalistas y establecimos algunos candados para protección del medio ambiente.

El primer de ellos, explica, es que la explotación de esta mina no se va a realizar en la zona arqueológica de los petrograbados o de arte rupestre, porque “de manera tendenciosa siempre se dice que se va a destruir ese patrimonio, lo cual es totalmente falso”.

“Nosotros, a nivel ejido, establecimos que los tres sitios que tenemos protegidos por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), esos, no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.

Ahí, asegura, están concentrados el 95 por ciento de los petrograbados de la región. “Muchos se imaginan que están por toda la sierra, pero eso es falso,

El segundo candado es que en la mina de Samalayuca no se va a utilizar el cianuro, que es un químico altamente letal. Aquí para se va a utilizar el ácido sulfúrico en un 30 por ciento dentro de una solución de agua, que es suficiente poder hacer la investigación que ellos necesitan, menciona.

Tercero, agrega, el agua que van a utilizar es un volumen muy razonable, es el equivalente de lo que se utiliza para llenar una alberca olímpica. “Eso es lo que establecimos con ellos, pero ellos también tendrán que ser regulados por la Comisión Nacional del Agua”.

El otro candado, menciona, es el que se estableció para avanzar en las excavaciones: por cada 4 por ciento de la superficie en la que trabajen deben tapar los hoyos y volver a plantar la flora de la región, incluso hasta de algunos árboles, antes de hacer otro hueco, “mientras no tapes o rellenen ese hoyo no podrán abrir uno nuevo”.

–Hay señalamientos contra usted por este acuerdo con la empresa canadiense, cuestionan que como funcionario público promueva negocios que le reditúan por ser propietario de predios que promueve para la minería, ¿qué dice de esto?

¡Bueno fuera!, responde. “Si soy ejidatario de Ojo de la Casa, pero el ejido ya está a parcelado, ya tenemos lo que se dice el dominio pleno, es decir, cada porción del ejido ya tiene un propietario y en los terrenos donde va a entrar la empresa minera, ninguno de ellos es mío. Tengo propiedades, claro, pero no ahí”.

Sin embargo, González Reyes asegura que Meléndez sí está actuado en un claro conflicto de interés porque promueve negocios en sus tierras. “Espero que Javier Meléndez recapacite y pase a la historia por una obra distinta a esta, que proteja al Samalayuca que tanto dice querer”.

Advierten desastres ambientales

El abogado derechohumanista dice que los antecedentes de toda mina a nivel mundial y en el país son de desastres ambientales, negligencia y corrupción. Por eso promoverá un amparo para que se transparente el proceso, estudios y permisos.

Meléndez concede que hay muchas suspicacias con el proyecto, porque las empresas mineras han tenido accidentes y enfrentan situaciones en las que luego hay corrupción, pero dice que los ejidatarios están dispuestos a integrar observatorios ciudadanos para que vigilen que los candados ambientales impuestos se cumplan.

Considera que entre quienes cuestionan el proyecto hay pronunciamientos que son genuinos, “de gente que se preocupa de qué va a pasar con el medio ambiente y a esa gente creo que hay que estarle informando que la catástrofe que se dice de la mina, apocalíptica, no es tal”.

Hay otros, agrega, que cuestionan por estar en contra de todo, “esos ni nos preocupan, ellos que sigan haciendo su labor”.

Asegura que todos los beneficios que se tienen son a costa de un costo ambiental y cita como ejemplo: “si en Juárez tenemos electricidad, pues es a costa de la planta termoeléctrica de Samalayuca que tiene que utilizar agua para la generación de energía eléctrica. Si traen un celular o una computadora, pues bueno, se tuvieron que obtener metales para los componentes de estos aparatos, todo tiene un impacto ambiental”.

Pero González Reyes es tajante: “Me indigna que todo lo han hecho en sigilo, a escondidas de la ciudadanía”.

“Cuando no se pueda sembrar más en esa tierra y el agua se contamine, a ver si beben y comen dólares”, asevera.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/08/samalayuca-de-area-natural-protegida-a-explotacion-minera/?fbclid=IwAR3uldfunSnDZSnLJZCqEtebuZr9mwR1I4v25RPgnvya1EP5JNy-h9jcl2U

Mexico

Poco probable encontrar restos de mineros en Pasta de Conchos: Miguel Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que es muy poco probable encontrar restos de los 63 mineros que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos hace 13 años, porque sólo habría cenizas.

Informó que el Gobierno del Estado no fue invitado a la reunión que sostuvo la Secretaría del Trabajo y la Comisión del Plan Integral para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos con los expertos nacionales e internacionales, celebrada la semana pasada en Palaú, Coahuila.

“Esperamos que nos notifiquen, (los expertos) están en Coahuila y en la primera reunión que se tuvo no fuimos invitados”, comentó.

El mandatario dijo que las autoridades federales tienen una gran responsabilidad tanto de seguridad como de protección civil, si es que ingresan a la mina Pasta de Conchos para intentar rescatar a los mineros.

“Sabemos lo que tenemos abajo, hay gases, fluidos que pueden ser de consecuencias fatales a cierta distancia dentro de la perforación que se haga”.

Asimismo, consideró que no hay restos que rescatar por la temperatura que se registró al interior de la mina luego de la explosión.

“También sabemos perfectamente a qué temperatura se dio la explosión, pero si somos notificados estamos dispuestos a apoyar y aceptar la decisión que tomen, no sé si sea buena o mala, técnicamente yo soy ingeniero y sé perfectamente la viabilidad que podría tener”, agregó, “Por la temperatura a la que se dio la explosión, prácticamente lo que podamos hallar abajo son cenizas”.

 

Fuente:https://vanguardia.com.mx/articulo/poco-probable-encontrar-restos-de-mineros-en-pasta-de-conchos-miguel-riquelme?fbclid=IwAR0UKMWQeAE3OTUKZhcu8KBlJ0Ff3wG5LKV1KSpP5cXmUZEHpJM4mglRWuw

Mexico

Dos minas: la central de abastos y la de minerales

Y los políticos de los anteriores gobiernos se llevaron el oro, la plata, el cobre, el acero, los metales preciosos y los industriales, el petróleo, el gas y hasta las pinturas, muebles, bajilla, cubiertos y muebles de Los Pinos…y eso que no eran medallistas, pero salieron rateritos o carteristas contra el pueblo.

   “EN ESTE PUEBLO ME ENCONTRÉ DOS MINAS: UNA DE METALES Y OTRA DE PENTONTOS” líder minero de Zacatecas.

Y los políticos de los anteriores gobiernos se llevaron el oro, la plata, el cobre, el acero, los metales preciosos y los industriales, el petróleo, el gas y hasta las pinturas, muebles, bajilla, cubiertos y muebles de Los Pinos…y eso que no eran medallistas, pero salieron rateritos o carteristas contra el pueblo…

Y ya hemos comentado la tragedia de la minería y del saqueo que se sostiene en el país, donde se ha saqueado más oro y plata en pocos años que los que saquearon los españoles, ingleses y norteamericanos durante muchos años, incluyendo la Conquista, hoy en día, la minería no ayuda para nada al desarrollo de las comunidades ni al país ya que los índices de pobreza en los centros mineros alcanza, en todos, un promedio del 88% de la población y donde están enclavadas las minas el 30 % de los pobladores no cuentan con servicios básicos en la vivienda, el 25% tiene rezago en educación y solamente una de cada tres personas tienen el ingreso para contar con la canasta básica de alimentos, el 90% de la plata se saquea de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Durango y este saqueo aumento el sexenio pasado con concesiones de más de 77%, sí el robo de los minerales a los poblados del país es enorme y no les deja ningún beneficio, y en cambio, contamina mantos friáticos y enferma a la población, lo mismo sucede con el saqueo del Oro y lo grave es que el gobierno de la 4T también deja el asunto sin tocar y evitar que continúe el saqueo, alegando que es una empresa que deja, cuando menos, empleo, pero sin ningún beneficio a los pobladores, así que a lo mejor están haciendo lo mismo que en años pasados, las transas y los acuerdos en lo oscurito con los explotadores mineros y con sus dirigentes, mientras, los pobladores son saqueados, robados, engañados y destruido por la pobreza y marginación.

Hace años escribí, estando en Zacatecas, un librito de cuentos que se titula: LOS HOMBRECITOS DE LA TIERRA COLORADA y ahí escribía la historia del “ratón”, un líder minero protegido por el gobernador y los políticos ya que mantenía a raya a los mineros y no les dejaba manifestarse libremente para exigir, cuando menos, los salarios que en otras partes se pagaban, eso sí, el famoso “Ratón”, cada año, cambiaba carro y en ese año llegó muy presumido a una de las viejas minas y dejó su flamante Ford del año cerca de una entrada a un socavón y, los mineros, encabronados, lo que hicieron fue cargar el vehículo y arrojarlo por el túnel, y cuando salía el líder todos sabían que no encontraría su vehículo como el también desaparecía los dineros del sindicato a su favor, así que cuando preguntó, le dijeron que el carro se había escondido en un socavón y estaba muy difícil de rescatarlo, así que llegó a quejarse con el gobernador que todos sabían no se mandaba solo, sino que la mujer era la que atendía las cosas difíciles y escribí un cuento: “En este Estado, mando, cuando mi esposa no está” y así fuimos conociendo esos vericuetos de la minería y de la forma en que desde hace muchos años sigue el saqueo que solamente perjudica al país.

Y si vamos a la capital, ahora, podrían recorrer la Central de Abastos que, curiosamente, está siendo remodelada sin que los bodegueros ni los que trabajan ahí sepan cómo y cuándo estarán los trabajos terminados porque nadie les informa y lo que sí están haciendo es que pierdan diariamente sus productos y sus utilidades, cientos de bodegueros que, ahora, sospechan de que el gobierno de la capital lo que quiere es que muchos lleguen a la quiebra y dejen sus bodegas para que los nuevos miembros de la central sean los que se arreglen con los nuevos funcionaros y paguen caro sus nuevas bodegas y se está generando una enorme irritación, de tal suerte que ante la sospecha de la maniobra, ahora, ya piensan en llegar a plantarse a las oficinas de la jefe de gobierno para exigirle el respeto a sus fuentes de empleo y que terminen e informen para cuando terminan los “trabajos de remodelación” que en realidad, es una maniobra para que muchos bodegueros dejen sus lugares para que lleguen los que ya tienen compromiso con las nuevas autoridades y, si esto es combatir la corrupción, pues estamos como cuando se habla de las patrullas que se han convertido en un enorme negocio para los empresarios que las rentan y, seguramente, reparten algunas utilidades a los funcionarios que permiten esas transas y, la jefe de gobierno, no dice nada, no la acusamos de corrupta, porque no lo comprobamos, pero cuando menos se hace como la que no sabe y deja que sus cuadernos y compinches realicen los jugosos negocios con el cuento de que ya vienen los tiempos de campaña, donde ella, dicen sus empleados, es la mejor candidata para suceder a AMLO y, como van las cosas, pues todo parece indicar que así se están enfocando, porque nadie hace caso a las denuncias, y ahora en la Central de Abastos pues se fragua una nueva acción para eliminar a muchos bodegueros y traer a los suyos, que les dejan los recursos y los dineros para las campañas políticas y en esto debe poner atención AMLO, porque de un día para el otro los escándalos salen a relucir y se muestra que muchas de las acciones, solamente son “buenas intenciones que van empedrando el camino a los Infiernos” y así las cosas, por más que diga el presidente de que se avanza en la lucha contra la corrupción, es claro que muchos políticos de la vieja guardia incrustados en la 4T siguen con los viejos vicios, demostrando que no hay mono viejo que aprenda maromas nuevas, y es por ellos que generan disgusto y malestar en la Central de Abastos más importante del país, por esa razón se deja que los grupos delictivos actúen libremente en la central y aterroricen a los bodegueros que reclaman el mal proceder de los actuales administradores… Así que hay que investigar para no cajetearla, como dicen por ahí…En verdad creemos que la jefe de gobierno es una mujer decente y emprendedora, confía en el proyecto de AMLO y por tanto debe investigar y corregir lo que viene fraguándose en la Central por el bien de ella y del proyecto del cambio que promueve AMLO.

 

Fuente:https://www.nssoaxaca.com/2019/08/24/dos-minas-la-central-de-abastos-y-la-de-minerales/?fbclid=IwAR0khvKRPUUgLMOW67UJpVDhSq42zrvFN9DnU7vZrAvwnsUEqaa5HLOZKSw#.XWQnH2HpVno.facebook

Mexico

La 4T y el extractivismo en México

Desde su violenta incorporación al sistema-mundo mercantil europeo mediante la Conquista, los territorios que ahora nombramos México siempre han sido una rica fuente de recursos para el desarrollo de la economía capitalista. Para nadie es un secreto la importancia que tuvo para la Corona española la plata y el oro extraídos de las minas mexicanas durante 300 años. En los tratados de historia económica queda consignado cómo las riquezas extraídas de México fueron claves para la consolidación del capitalismo.

Pero no hablamos sólo del pasado. Únicamente entre los años 2000 y 2018, se ha extraído cinco veces más oro de las minas mexicanas, que todo el oro extraído durante la Colonia. Los datos son de Francisco Reynoso de Fundar, una sociedad civil que lleva cuatro años publicando un anuario sobre el extractivismo en México, especialmente de las industrias minera y de hidrocarburos.

¿Qué pasaría si de un momento a otro México dejara de extraer oro y plata en todas sus minas? Nada. Eso responde Beatriz Olivera, también de Fundar, y una de las redactoras del informe. Los integrantes de este organismo no gubernamental llegan a esa conclusión porque cuestionan los aportes que las industrias extractivas hacen a las finanzas, al empleo y el desarrollo del país.

En el informe sobre extractivismo de este año, Fundar revela que los ingresos petroleros disminuyeron 42 por ciento en el sexenio anterior (al pasar de 33 por ciento de aportación a los ingresos fiscales a 19 por ciento), la producción disminuyó 28 por ciento, pero el precio de la gasolina aumento 77 por ciento.

En el caso de la minería, la cámara del ramo suele inflar las aportaciones que dicha industria hace a la economía y las comunidades donde lleva a cabo sus actividades.

Pero sus aportes son falsos, según el anuario del extractivismo de Fundar. Por un lado, su aporte al empleo es una falacia. Beatriz Olivera sostiene que las industrias extractivas apenas aportan 131,434 empleos permanentes.

Además, Fundar encontró que “en el caso de los centros productores de plata, casi 60 por ciento de la población está en pobreza; 30 por ciento no cuenta con servicios básicos en la vivienda; y una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria”.

Y sobre las aportaciones fiscales de una industria que llega a tener ventas por casi 300 mil millones de pesos anuales, apenas aportó 0.9 por ciento de los ingresos tributarios totales en 2017, según un estudio de la Cámara de Diputados.

Por estas razones, Fundar pidió al gobierno federal de la autodenominada Cuarta Transformación, prohibir el fracking, y retirar el carácter de “utilidad pública” y por lo tanto, preferente que tiene la minería, según el artículo sexto de la Ley Minera.

Esta es una exigencia fundamental para la defensa de los territorios y derechos de comunidades indígenas y núcleos agrarios que se ven afectados por esta legislación neoliberal impuesta en la Ley Minera, que prioriza actividades de extracción por encima de las tareas para la reproducción de la vida de pueblos y comunidades.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en varias ocasiones que el neoliberalismo se ha acabado en México. Si fuera congruente con sus palabras, al menos debería dar pasos firmes para desmontar el extractivismo, que tan caro ha resultado para la sociedad mexicana.

 

Fuente:https://www.informador.mx/ideas/La-4T-y-el-extractivismo-en-Mexico-20190824-0023.html

Mexico

Pidió ayuda a la embajada de Canadá, y a los 4 meses lo asesinaron

Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR1rKQJyoRG5911c6RFhY0tWCMk_44GasbBcXs9zSAoYv0YsxvSvpUHFSpM

Mexico

‘Pasta de Conchos es facultad de federación’

Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo ayer que para la conformación del comité que participa en las mesas de diálogo para el rescate de los restos de los mineros, no se corrieron invitaciones a otros niveles de gobierno y este órgano forma parte del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.

«La minería del carbón es del ámbito federal y el tema de Pasta de Conchos lo ha tomado la Federación, quien tiene facultades para hacerlo. De hecho, siempre ha sido la minería del carbón, facultad de la Federación, entonces, eso explica porque está todo, todas las secretarás de Estado Federales», precisó.

Dijo que el Comité Técnico es presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y diversas dependencias del ámbito federal.

El Comité Técnico está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minas, la dirección general de Minas, así como el Sistema Geológico Mexicano.

Además del Fideicomiso para el Fomento Minero, la Secretaría de Gobernación, la SEMARNAT y PROFEPA, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

«Está la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM, porque obviamente no estamos hablando de recuperar cuerpos, sino de recuperar restos óseos; entonces, el tratamiento de identificación es distinto», refirió.

Ayer trascendió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/308277.pasta-de-conchos-es-facultad-de-federacion.html?fbclid=IwAR2JR_ACuccD148BXKnSiuvDbmQxkGa6-3w3_nuidA1Rrh17lUsnuhUrNlk

Mexico

El neoextractivismo de la “cuarta transformación” en México: el “molino satánico” y una mirada crítica al patriarcado

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Lo que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llama la “cuarta transformación” (4T) es la actual forma en que se nombra el despojo. Mientras que, para los regímenes anteriores, fueron megaproyectos frustrados e inacabados, para el actual grupo de poder narco-empresarial-político-militar, es una pulsión terca que pretende territorializar la histórica maquinaria de destrucción.

La metáfora del “molino satánico” es retomada de Karl Polanyi (2009), quien se percató de “la gran transformación” del siglo XIX al XX, identificando la maquinaria del progreso como la prolongada guerra contra los territorios y formas de autoabastecimiento de los pueblos.

En la actual realidad que vivimos, dicha ofensiva aparece con el Proyecto Integral de Desarrollo (PIC), focalizado en la región sur-sureste mexicano. Este es continuidad de aquello que, desde hace 40 años, el neoliberalismo ha pretendido territorializar en la región mesoamericana desde diversas iniciativas: el Sistema de Integración Centroamericana, el Proyecto Pantera, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamericano y las Zonas Económicas Especiales.

El “molino satánico” de la iniciativa político-económico y cultural de la 4T aparece en el sur-sureste mexicano como un proyecto que pretende ser más eficaz y audaz en la forma de devorar los mundos de vida indígenas-campesinos. Las aspas de la maquinaria pretenden triturar y transformar los espacios de vida en no vida. Se presenta desde el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec y el Proyecto Integral de la Península mexicana, donde aparece el “caballo de troya” de lo que amañadamente llaman “Tren Maya”. Los circuitos de las vías férreas de dichos proyectos para algunas regiones estarán conectadas con super-autopistas. Para el caso concreto de la selva Lacandona, en Chiapas, se concretaría la super-vía San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

En la misma geografía se suma la territorialización de plantaciones para amarrar la dependencia asistencialista del tutelaje estatal mediante el programa desarrollista “Sembrando vida” que es un mecanismo de cambio de uso de suelo y mediando la monetarización/bancarización para efectuar el cultiricidio de regiones campesinas. Del lado opuesto a la selva, se cartografía la minería a cielo abierto con extracción de oro, plata, cobre, entre otros, y, a la militarización ya existente de todo Chiapas, se suma una nueva fuerza represiva institucionalizada en la recientemente creada Guardia Nacional. Como ya dijeron decenas de intelectuales: “Más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra”. En cuya misión se suma el combate de flujos migratorios de Centroamérica y más allá, que manifiestan el continuo vendaval multicromático de desposeídos y despojados, quienes se topan con el corrimiento del muro del río Bravo al río Suchiate, Usumacinta y el Hondo, en la frontera estatal de México y Centroamérica.

 

 

Mexico

En Gómez Palacio no quieren fábrica de cianuro

Desde hace dos años la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango, luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la industria minera para separar oro y plata durante el proceso de extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que existe y a personas y organizaciones que no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.

Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.

En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento. Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017 para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y municipal.

El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños, lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite construir a Chemours y realizar las obras complementarias.

Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual beneficiaría la economía regional sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.

Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.

Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/opinion/018a2pol?fbclid=IwAR00Xsm8nKsTnJNxSBkA_QoRla8XHMMjx6r5Dnt-X0eH-2UOVhO948ZguV0