En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales para reindustrializarlos, según activistas.

Sin tomar ninguna precaución, empleados de la empresa minera Sago, luego de remover con maquinaria pesada los jales o montañas de desechos producto de la actividad metalúrgica, ubicados a escasos metros de San Miguel y otras comunidades del municipio de Zimapán, transportan en camiones los desechos tóxicos si cubrirlos al momento de cruzar por la zona urbana de la cabecera municipal causando una grave contaminación según video grabado el pasado sábado por activistas de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ).

Los activistas defensores del medio ambiente denunciaron que empleados de las empresas mineras El Espíritu, La Purísima, Sago, Preissan, S de RL y otras que operan en la región del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, provocan polvaredas contaminantes que afectan a las localidades aledañas al remover los cerros de jales colocando más polvo tóxico o bien para ’reindustrializar’ los desechos mineros.

Tras sostener una reunión de trabajo en el Congreso de Hidalgo con el diputado morenista por el distrito 01 local Víctor Osmind Guerrero Trejo y representantes jurídicos de las mineras, Alejandra Rojas integrante de la organización Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) explicó que desde el año pasado trabajadores de la compañía Preissan, S de RL ’metieron maquinaria pesada en los jales ubicados en las orillas de la cabecera municipal para removerlos con el fin de reindustrializar sus desechos de hierro a la empresa Sago’.

Para transportar los desechos mineros, los empleados de Preissan ’usan camiones de carga llenos hasta el tope con jales sin siquiera ponerles una lona para que el polvo no se caiga y cruzan la cabecera municipal a lo largo de 3 kilómetros hasta ex Hacienda Santa María donde se encuentra la compañía Sago, de donde se extrae el hierro que aún queda en los jales’, agregó Rojas.

La activista explicó que al momento en que la maquinaria pesada remueve los jales ’se producen tolvaneras las cuales sabemos que son altamente contaminantes sobre todo porque muchas comunidades se encuentran a escasos metros tanto de los jales como de las minas’.

Lo mismo ocurre en la presa dos de jales, ubicada a escasos 30 metros de las viviendas de la localidad de San Miguel donde empleados de la minera Espíritu han metido maquinaria pesada para remover los desechos, lo que de acuerdo a los vecinos de esa localidad ha generado verdaderas ’nubes tóxicas’.

’A esto hay que agregar que hace algunos años, los responsables de la empresa El Espíritu hayan instalado un patio de secado de plomo casi pegado a las casas’.

Otras compañías llevan a cabo acciones similares con el fin de extraer el poco metal que aún queda en los jales que han formado verdaderos cerros en torno a las comunidades indígenas ubicadas en el corazón de la Sierra Gorda de Hidalgo.

’La comunidad de La Alberca es afectada directamente por la minera Sago; La Manzana La Sabina de Mezquite Primero por Carrizal Manning; y El Chapinque por las mineras La Purísima, El Espíritu y Preissan’ agregó Alejandra Rojas.

Hilario Encarnación Nieves, presidente del CUZ denunció que la empresa Purísima ’está haciendo un hoyo en un jale inactivo para colocar más desechos, provocando tolvaneras que afectan a la gente que vive en la comunidad de Santa María’.

Beatriz García Ibarra representante de la comunidad de Tolimán, municipio de Zimapán aseguró que su comunidad es afectada también por Sago, La Purísima y Preissan, cuyos jales han contaminado las aguas de un arroyo.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/en-zimapan-mineras-provocan-tolvaneras-contaminantes-por-remover-jales/

El presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad Chiconcuac, perteneciente a este municipio, Wenceslao Cruz Hernández, señaló que varios de sus vecinos, al realizarles pruebas de laboratorio, salieron con altos índices de manganeso en la sangre, debido presuntamente a la grave contaminación que genera la Minera AutlánUnidad Otongo.

Cruz Hernández mostró a El Sol de Hidalgo los resultados de los documentos que se le practicaron a Gabriel Verón Hernández, Petra Hernández Ávila, Hermenegilda Ostoa González y a él.

Las muestras indican un exceso de este mineral en su cuerpo y por esta situación tienen diferentes efectos en la salud, como dolor de huesos, pérdida de la vista y mucho cansancio.

Además, refirió que desde 1965 esta compañía explota esta mina y no hace nada para cuidar el ambiente, mucho menos a las comunidades de Chinconcuac y Tolago, las cuales son las más cercanas a esta empresa que a la fecha hace detonaciones de dinamita y desprende un polvo que, afirma, daña rápidamente los techos de las viviendas que son de lámina.

Para el delegado de la comunidad Cuxhuacan, perteneciente a Tepehuacán de Guerrero, Hermilo Vázquez Bautista, en el río que pasa por su localidad la variedad de peces, como el bobo, mequiun, chalberena, anguila, acamaya y cozoles, ya desaparecieron totalmente de su afluente, por lo que la gente desde hace varios años dejó de pescar por el fuerte olor a pizarra.

Explicó que también se ha dejado de extraer material pétreo de su caudal, lo que ha originado pérdidas económicas para su centro poblacional, debido a que están contaminadas la grava y arena, lo que ha originado que los camioneros hayan dejado de adquirirla desde hace varios años por esta misma situación que no se ha podido frenar.

De igual manera el delegado de Acuimantla, Reyes Acosta Martínez, denunció que la Minera Autlán les trajo más perjuicios que beneficios para su localidad.

El único Centro Ecoturístico que recibía turistas por lo menos tres veces al año, hoy se encuentra sin recibir a ninguna persona, pues un polvo negro ha invadido por completo su río.

Acosta Martínez aseguró que en varias ocasiones han solicitado por escrito el apoyo de esta compañía minera, pero siempre les han negado su respaldo. Ahora solo buscan que les puedan resarcir el daño ecológico originado por la sobreexplotación de su único afluente que tenían para la realización de diferentes actividades.

Julia Cruz Hernández y Juvencia González Cruz, ambas vecinas de la comunidad Tamala, advirtieron que por bañarse en el río que pasa por su centro poblacional, les salieron varias ronchas en la piel que hasta el momento no han podido controlar, pues ya acudieron a un centro de salud pero la comezón continúa.

Las autoridades delegacionales de Tolago, Chiconcuac, Cuxhuacan, Tamala y Acuimantla exigen a la Minera Autlán la construcción inmediata de plantas tratadoras de aguas residuales, la limpieza total del río Claro, la reconstrucción de viviendas dañadas por los explosivos y sobre todo médicos especialistas para revisarlos.

Los mismos pobladores de estas localidades enclavadas en la Sierra Alta afirmaron que cuando llueve fuerte en toda esta zona, los trabajadores de la mina abren las compuertas para descargar toda clase de desechos y residuos tóxicos que arrojan los pozos de Otongo, lo que implica una grave contaminación del río Claro.

 

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/pobladores-con-altos-indices-de-manganeso-en-la-sangre-4165987.html

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta.

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.

Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3293-articulo-megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-para-el-bien-comun-o-etnocidio

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/estados/028n2est

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis

 

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3284-articulo-cerro-de-san-pedro-no-se-olvida

Presuntamente ocasionadas por la Minera Autlán, donde se procesa manganeso y se utiliza dinamita para derribar cerros

De igual manera, los habitantes de la comunidad de Cuxhuacan, perteneciente al municipio de Tepehuacán de Guerrero, denunciaron que desde la llegada de la Minera Autlán el Río Claro está completamente contaminado por las descargas de líquidos y químicos, lo que ha generado la muerte de toda clase de peces y algunos animales vacunos por beber esta agua.

Fortunato Romero Silva, vecino del municipio de Lolotla, aseguró que hace falta urgentemente la construcción de plantas tratadoras de aguas, o en su defecto cerrar definitivamente la explotación de los cerros que han hecho durante más de 25 años y que solo ha generado mas perjuicios que beneficios para todos los serranos.

Uno de los manifestantes de la protesta que mantienen en el acceso principal a la Minera Autlán, Israel Bautista Paredes, confirmó a El Sol de Hidalgo, que esta compañía sigue utilizando dinamita para derribar los cerros, y esto ha provocado que decenas de viviendas estén completamente agrietadas, así como varios espacios públicos.

Cabe destacar que los inconformes de las diferentes comunidades de Lolotla y Molango, aseguraron que los directivos de esta empresa durante varios años solo han engañado a los habitantes y delegados, pues han prometido la pavimentación de calles y dotar de médicos en las casas de salud, lo que a la fecha no ha sucedido.

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/ninos-con-ronchas-y-granos-en-la-piel-por-contaminacion-4156471.html

Vecinos y camioneros de los municipios de Molango, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Xochicoatlán, mantienen una protesta desde las 18:00 horas de este sábado en el acceso principal de la comunidad de Naupa, debido a la gran contaminación que está generando la Minera Autlán, desde hace 25 años.

Israel Bautista Paredes, vecino del poblado de Ixtlahuaco, informó a El Sol de Hidalgo, que los desechos que arroja todos los días esta compañía minera han provocado que ríos estén completamente contaminados, aunado a que los techos de lámina de las viviendas y cercas de alambres de púas se oxidan de manera rápida.

Además, refirió que otra de las exigencias, es poder frenar el monopolio que desde hace más de 20 años tiene el secretario de la Sección 48 del municipio de Tlanchinol, Benito Vite Cruz, el cual tiene el mayor número de trabajo de acarreos de material de la Minera Autlán, relegando a los camioneros de Molango y Lolotla.

Cabe destacar que hasta las 20:30 horas, los inconformes continuaban apostados en la entrada principal hacia Naupa, donde todos los vehículos sin excepción alguna tienen circulación en ambos sentidos y están a la espera de poder recibir una respuesta positiva a sus demandas que ya plasmaron en un documento y piden la intervención de las autoridades correspondientes.

 

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/vecinos-y-camioneros-protestan-contra-actividad-de-minera-autlan-4152294.html?fbclid=IwAR0g_mdOsZ2FdQQGTq4fH_a2Og1GMz3sx_63hpl87exOzQ3z7-F0h-kHpH4

El conflicto minero de Salaverna, Zacatecas, es paradigmático y emblemático para México. Una comunidad que a pesar de no tener un régimen de propiedad ejidal ha logrado frenar por más de 10 años el proyecto de cambio de uso de suelo de la actual explotación subterránea que realiza la empresa Frisco-Tayahua del magnate Carlos Slim desde 1998 y evitar que se explote a cielo abierto un yacimiento de cobre ubicado debajo de las casas de la población. Este estudio de caso analiza la manera en que se pone en tensión el dilema del desarrollo como promesa y la realidad trágica de una comunidad golpeada por el despojo y el desplazamiento forzado. Devela las condiciones de pobreza en que vive el municipio de Mazapil y considera el panorama del conflicto, incluso con respecto al uso de la fuerza pública para tratar de desalojar a la población en resistencia. El objetivo es visibilizar esta experiencia a través de un repaso histórico inscrito en el pensamiento crítico y tomando como parámetro orientador la investigación acción participativa.

Introducción

En México, la venta del territorio al capital privado derivado de las reformas legislativas de los años noventa^[3] y el viraje al neoliberalismo como política económica, abrió paso a la configuración de un nuevo boom minero. El Estado-nación quedó subordinado a los intereses de una oligarquía nacional y a los capitales extractivos trasnacionales, como se corroboró en el año 2015, en que las empresas canadienses tenían el control del 77% de los proyectos de exploración, así como del 60% de los que estaban en desarrollo, mientras las mineras mexicanas manejaban el 56% de los 270 proyectos en operación (Geocomunes, 2016).

Hoy en día, la minería es un componente fundamental para el dominio imperial del capital. En pleno siglo XXI, en los umbrales de una crisis civilizatoria, el espacio geopolítico de América Latina es marcado como territorio minero y espacio colonial periférico (Machado, 2014: 165-167) y México, específicamente Salaverna da cuenta de ello.

Desde la colonia hasta la actualidad, el estado de Zacatecas ha tenido vital importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, ubicándose en la segunda posición (SE, 2016). De acuerdo con el Colectivo Geocomunes (2018), existen 2 mil 296 títulos de concesiones en Zacatecas, que ocupan 1, 803,200 ha, y que a su vez representan el 24% de la superficie del estado.

En ese sentido, el objetivo de este artículo es dar cuenta de cómo ha venido operando el modelo extractivo minero en Zacatecas, concretamente en Salaverna, una comunidad del municipio de Mazapil que se mantiene en resistencia frente a la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim, el hombre más rico del país, que tiene la intención de hacer un cambio en el uso de suelo y explotar por 10 años y a cielo abierto un yacimiento de cobre catódico con 99% de pureza (Frisco Tayahua, 2009).

El análisis aquí planteado demuestra que la minería no ha generado mejores condiciones de vida ni para la comunidad ni para el municipio; por el contrario, ha generado división y la destrucción de gran parte del poblado que se aferra a no morir. Por lo tanto, este trabajo se desarrolla en el campo del pensamiento crítico, en el desarrollo histórico que da cuenta de la experiencia de resistencia de la comunidad de Salaverna frente a la minera que implicó, entre otras cosas, el despojo y desplazamiento forzado; de ésta forma es como se ha definido la correlación de fuerzas. La pertinencia y urgencia de analizar el extractivismo minero en el ámbito local zacatecano justifican los estudios académicos y periodísticos enfocados en dicha problemática.

La metodología empleada para la presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ante el interés de entender la realidad que vivían las personas en resistencia desde sus historias y sus interpretaciones de la realidad social más que por la cuantificación de los hechos, poniendo énfasis en cómo resienten los actores locales estas problemáticas.

Se tomaron como referencia aportes proporcionados por la Investigación-Acción-Participación (Carr y Jemmis, 1988: 11-68; Lewin, 1992: 13-26; Latorre, 2005: 23-104). Dicha perspectiva acompaña la concepción de que toda persona es productora de conocimiento y que se pueden generar trasformaciones sociales en el contexto local. Parte de las técnicas para la recogida de datos incluyeron entrevistas colectivas e individuales, así como talleres temáticos de preocupación colectiva, el acompañamiento a la comunidad en el proceso de organización, visibilización mediática, investigación histórica y proceso jurídico en el periodo 2013- 2018.

A la fecha, múltiples trabajos académicos, periodísticos y sociales (por ejemplo, Bartra, 2016; Revista Proceso. 2013; Periódico La Jornada, 2017; Guzmán, 2016; Garibay, 2010; Garibay et al. 2014; Panico yGaribay,2011; Panico, 2018) denuncian los impactos del extractivismo en la región de Mazapil. Estos trabajos critican la dinámica política y las agencias gubernamentales que facilitan la inserción de las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras en el territorio zacatecano. Estas empresas, al extraer los recursos minerales del subsuelo, dejan una huella económica, social, política, cultural y ambiental en los lugares donde se instalan. Aunque se requiere de un análisis más amplio, se ha observado que la denuncia pública no es un impedimento para que las mineras sigan operando bajo sus condiciones y sus reglas, además de que el tema de los actores sociales ha quedado ausente en estos trabajos.

Y aunque son diversos los enfoques por interpretar el tema en la región, ninguno aborda de forma concreta el proceso de la resistencia en Salaverna; la mayoría aborda el caso de forma general. Este texto pretende un análisis desde la investigación académica, pero también desde el acompañamiento activo y participativo en la resistencia; permite dar voz sobre el proceso de despojo para la acumulación capitalista con información concreta de la problemática a los actores que resisten.

 

Entre la promesa de desarrollo y la cruda realidad de la pobreza

Con más de 10 años frenando el proceso expansivo de la minería subterránea a minería cielo abierto, la experiencia de Salaverna en Mazapil, que incluye a las comunidades de Las Majadas y Santa Olaya, se ha convertido en un caso emblemático y a la vez paradigmático debido a que no tiene una estructura de gobernanza de base ejidal que permite una defensa jurídica más amplia del territorio, además de una correlación de fuerza sumamente desigual respecto a la empresa Frisco-Tayahua.

La minería se ha naturalizado en el imaginario regional. Los actores hegemónicos (Estado-empresas) la exaltan sin cuestionar seriamente sus implicaciones sociales, ambientales, económicas, culturales y de salud. La minería es promovida por la tendencia dominante como una oferta para generar progreso y desarrollo, pero se puede constatar que a pesar de que la oficialidad del poder y el sector empresarial presuman el territorio por su potencial minero desde una lógica donde la minería se interpreta como la base para el bienestar y el confort, sinónimo de modernidad (Machado, 2014:54), la realidad muestra la articulación de distintos conflictos eco-territoriales.

Desde esa perspectiva, la ofensiva neocolonial expresada en el nuevo boom minero ha generado la articulación de distintos conflictos^[4] cuyas aristas incluyen la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, la depredación de bienes naturales, el debilitamiento de la organización comunitaria, la pérdida de identidad y de vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, diversas formas de daño a la salud humana y contaminación al medioambiente, el exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Cabe mencionar que para extraer dichos metales se requiere separarlos de la roca y esto implica utilizar sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Además, se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades; estas sustancias son causa de graves daños porque envenenan aquello que está a su alcance (Núñez, 2016).

Del mismo modo, hay que señalar que la violencia es una constante en los procesos de despojo para la acumulación (Rodríguez, 2017: 43) en un marco donde el modelo extractivo minero se ha profundizado debido a la rentabilidad que genera en la coyuntura del capitalismo contemporáneo, violencia que se manifiesta de múltiples maneras (Gudynas, 2013).

También las desigualdades se van acrecentando conforme avanza la minería en los territorios; en el municipio de Mazapil se observa en las concesiones y el despojo de las tierras y la violación a los derechos humanos. Tómese en cuenta que la relación capital-comunidad se caracteriza por una acumulación de capital proporcional al detrimento económico, social y ambiental de la comunidad en la que se establece. Se plantea a continuación que la operación es simple: a mayor ganancia para la minera, mayor pobreza para Salaverna.

Mazapil aportó el 8.7% del valor de la producción total de minerales a nivel nacional en el año 2016 (SE), lo que se traduce en 59 mil 867 millones de pesos. Además, la propia Secretaría de Economía ha otorgado 402 concesiones en el municipio, de las cuales 67 pertenecen a la minera Tayahua SA de CV de capital nacional, que opera la mina de Salaverna desde 1998 de forma subterránea y extrae 5 mil toneladas de material al día (Geocomunes, 2018).

En este contexto, existen filiales y particulares que forman parte de las gigantes trasnacionales. El caso de la Minera Peñasquito SA de CV, filial del grupo Goldcorp Inc. es particular debido a que es la mina de oro más grande en México a cielo abierto, que consta de dos tajos en 50 mil 115 ha. La minera extrae 130 mil toneladas de material al día y contribuye con el 33% del total de los ingresos del corporativo (Geocomunes, 2018).

En contraparte, en Mazapil viven 17 mil 813 habitantes, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015: 1-2) es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9%, y aproximadamente el 63% en condición de pobreza.

 

Para dar mayor sustento a la tesis de que la minería no ha llevado desarrollo y progreso para Mazapil, encontramos también los siguientes datos oficiales obtenidos del CONEVAL (2015: 1-2): el 44.6% de las personas que viven en el municipio no dispone de agua entubada a la red pública y 36% de la población no dispone de drenaje; en cuanto a educación, la población de 15 años y más que carece de educación básica completa es el 61%, además el 40% de la población se encuentra sin derechohabiencia a servicios de salud y el indicador de pobreza y vulnerabilidad es del 72.2% (CONEVAL, 2015: 1-2).

Como se puede observar, los indicadores de bienestar se conectan para dar forma a una situación donde persisten altos niveles de pobreza, informalidad laboral, falta de acceso a servicios y rezago educativo, laboral, falta de acceso a la salud y vulnerabilidad. Todo ello fomenta la desigualdad socioeconómica para las comunidades. La actividad extractiva minera se caracteriza por la poca o nula importancia dada a las consecuencias negativas que provoca en los poblados circundantes, dando lugar a una ley: a mayor miseria para el poblado, mayor ganancia para la empresa^[5]. Mazapil puede considerarse por esta conjunción de factores como uno de los municipios más marginados de la República Mexicana. Dicha situación nos aproxima a la realidad que se vive hoy en día en América Latina.

 

La experiencia de la resistencia en Salaverna ante la megaminería a cielo abierto

El conflicto entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua representa un fenómeno que se reproduce a escala mundial; las relaciones entre el capital y las comunidades se repiten siguiendo un patrón similar a lo largo de la historia: despojo de asentamientos humanos para la expansión capitalista, como lo planteaba Marx (1980 [1867]: 126-169).

Una fracción de la población encabezado por Don Roberto (Roberto de la Rosa) se niega a ceder ante los designios del magnate Carlos Slim. A pesar del panorama, hemos podido constatar que las estrategias de organización, de vinculación y las acciones jurídicas empleadas han dado resultados y son referentes para otras luchas territoriales en el estado, como ocurre hoy día en municipios como Chalchihuites y Jiménez del Teul, también en Zacatecas, en donde existe oposición a la entrada de megaproyectos extractivos.

El Gobierno en sus tres niveles ha intentado invisibilizar e incluso desaparecer de la historia la presencia de Salaverna, con el propósito de favorecer la expansión de la minera y el cambio de uso de suelo y explotar el yacimiento a cielo abierto. Al respecto, la investigación en el Archivo Histórico Marqués de Aguayo de Mazapil, ubicado en el museo histórico del mismo municipio, dio como resultado conocer elquinto censo poblacional realizado en 1930, que escondía una prueba irrefutable de la existencia previa de la comunidad: un hombre de 72 años que nació y vivió en Salaverna; es decir que mínimamente, la comunidad existe desde 1857 (Rodríguez, 2017: 58), época en la cual se fue articulando una forma de vida campesina que se combinaba con actividades mineras.

La mina Tayahua empieza a operar en 1972 y posteriormente en 1998 fue adquirida por Slim para denominarse como “Frisco-Tayahua” (Minera Frisco-Tayahua, 2011). Según el colectivo Geocomunes (2017) este proyecto es el séptimo más importante a nivel nacional por la extracción de cobre. La relevancia del yacimiento da pie en específico al proyecto Calcocita-Salaverna (2009), ubicado debajo de la comunidad y para cuya explotación es necesario el cambio de uso de suelo de mina subterránea a mina a cielo abierto, lo que implica el despojo de tierras e incluye el desplazamiento forzado de los habitantes.

 

El proyecto plantea una vida útil de 10 años y pretende extraer 10 mil toneladas diarias de material procesable y 25 mil toneladas de material rocoso estéril para obtener diariamente 42 toneladas de cobre catódico con 99.99% de pureza, con una inversión de 45 millones de dólares (Frisco-Tayahua, 2009). En febrero de 2015, la libra de cobre se cotizaba en 2.80 dólares, lo que representa que si diario se procesan 92 mil 568 libras, Frisco estaría obteniendo 259 mil 190 dólares al día, y en diez años sumarían un estimado de 946 millones de dólares, contando únicamente el cobre y tomando en cuenta que los precios pueden variar constantemente.

A las comunidades se les sigue imponiendo, desde la colonialidad, la idea del desarrollo y progreso a través de la promesa de generación de empleos y derrama económica. Bartra (2016: 56) ejemplifica dicha aseveración (que puede ser aplicable en Salaverna a la situación de don Lalo y don Beto) cuando retoma el caso de Filemón y Baucis, escrito por F.W. Goethe en su obra Fausto relativo a los mecanismos del despojo: La pareja de edad avanzada se opone a los deseos de Fausto y se niega a ser reubicada, mostrando que los métodos de apropiación de la propiedad privada desde el siglo diecinueve no han cambiado mucho. Más bien dichos métodos se reactualizan de manera recurrente, bajo la promesa para las comunidades, nunca cumplida, de un paraíso en vida por parte del capital.

Esta información nos aproxima a la realidad de América Latina, en donde las clases altasque poseen los medios de producción, ya sean nacionales o internacionales están acabando con la vida rural.Esta situación no extraña al reflexionar sobre la idea de Roux (2016: 74), cuando menciona que no se está ante un retorno a la acumulación originaria, sino en la visibilización de un proceso permanente que forma parte y acompaña siempre al proceso de la acumulación capitalista.

Bajo esa perspectiva, el conflicto entre la minera y la comunidad inició formalmente en el 2007, cuando los habitantes, preocupados por los rumores de que la mina bajo sus pies cambiaría para ser como la de Peñasquito, comenzaron a reunirse y es así que solicitaron el registro de sus tierras para ser reconocidas como ejido al Tribunal Agrario de Zacatecas. Para el año 2008 llegó al poblado la maquinaria especializada que sería utilizada para la extracción a cielo abierto, causando incertidumbre en la población.

En el 2010 se consolidó la “Asociación de Posesionarios de Majadas, Santa Olaya y Salaverna”; en el mismo año la Secretaría de Economía otorgó la concesión a Tayahua SA de CV por el polígono de 3 mil 584 hectáreas. También en el mismo año, la empresa anuncia la reubicación de la población a un nuevo complejo habitacional llamado “Nuevo Salaverna”, ofreciendo a cambio una casa en comodato, 15 mil pesos y trabajo en la mina.

Algunas personas aceptaron la oferta. Fueron distintas las motivaciones para dejar su pueblo. Los psicólogos y sociólogos utilizados por la empresa les dijeron que tendrían mejores condiciones de vida y que se unieran al progreso, y así comenzó el desplazamiento. Al desalojar las viviendas, una a una eran demolidas a punta de marro por personas contratadas por Frisco en cuanto firmaban el contrato: sin decir más o dar oportunidad para sacar sus pertenencias comenzaba la demolición. Por tal motivo, en junio de ese año, se realizó la última fiesta patronal del Sagrado Corazón, tradición que había perdurado más de 100 años en Salaverna.

Para el 6 de diciembre del año 2012, a las 7:30 am, un barreno dentro de la mina provocó el hundimiento de una zona del poblado, generando pánico en las personas que vivían cerca; por ello, un segundo grupo de personas aceptó la reubicación. Algunos habitantes mencionaron que fue un acto terrorista en su contra, que el sonido fue el de una bomba. Cabe mencionar que ninguna instancia de protección civil ni las autoridades municipales acudieron al llamado de auxilio de los habitantes, despreocupados por la seguridad de quienes estaban arriba, pero sobre todo de quienes se encontraban laborando abajo, es decir, de los mismos mineros.

Poco a poco la organización comunitaria se iba debilitando y las tensiones internas se iban acrecentando. Ante ello, un dilema atravesó la resistencia: la pregunta precisa ¿para qué se lucha? fue determinante. Algunos habitantes buscaban una negociación “justa”, algo contradictorio bajo el panorama en que de hecho estaba ya la comunidad: gran parte de las casas destruidas, el tejido social deteriorado y la división cada vez más latente.

Ya para el 2013, las personas que permanecían en la comunidad no accedieron a que se trasladaran a la Iglesia del “Nuevo Salaverna”, las imágenes religiosas de su templo y las resguardaron en la parroquia de la cabecera municipal, negándose a perder parte de su identidad. También en 2013 la revista Proceso dio a conocer el caso de la minería en Mazapil “El dorado de México” y en diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó a la minera Frisco-Tayahua la explotación a cielo abierto en Salaverna, ubicada a 20 km del tajo Peñasquito. Cabe mencionar que las autorizaciones de dicha institución no bastan cuando los propietarios no acceden.

El grupo de Posesionarios había fijado como objetivo un proceso jurídico en contra de la empresa a través de su apoderado legal, el Lic. Manuel Ramírez, donde reclamaban casa por casa, terreno por terreno y trabajo. Sin embargo, hubo una fractura debido a las tensiones que había al interior de la comunidad, pues mientras don Beto planteaba una lucha por la tierra a través de la demanda de certeza jurídica del territorio, don Lalo manejaba el discurso de la negociación, lo que generó que el grupo se dividiera.

A todos estos años de lucha le siguió un periodo de quietud por parte de la minera hasta mediados de junio de 2016, cuando la Secretaría de Gobierno del Estado anunció que se iniciaría el estudio de riesgo por una supuesta falla geológica con el fin de declarar Salaverna como zona de alto riesgo, pero la comunidad no permitió que el Servicio Geológico de México (SGM) ingresara bloqueando el camino y corriendo a las personas, debido a que el recurso económico para dicho estudio sería aportado por la minera. Una pregunta se hacía en el poblado: ¿cómo vamos a creer que el resultado va a ser imparcial si ellos están poniendo el dinero? La historia nos ha demostrado que el que paga manda y la sospecha era válida.

Ante las presiones y de manera estratégica, la fracción de la resistencia liderada por don Beto se incorporó a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en junio del 2016, y a partir de esta acción, los abogados de dicha organización trasladaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a nivel federal.En ese tenor, se exigió a la minera que demostrara con documentos legales que los terrenos en pugna eran de su propiedad y que salieron del dominio de la nación.

Después de una investigación a profundidad, realizada por el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) en colaboración con la UNTA, se corroboró que ni en el Registro Público de la Propiedad a nivel nacional, ni a nivel local, en Concepción del Oro o en Mazapil, existían antecedentes registrales y/o traslativos sobre la escritura que presentó Frisco. La SEDATU reconoció que las escrituras de la minera no tienen respaldo legal, motivo que hace suponer negligencia en la forma en que se elaboraron, poniendo en entredicho el papel del notario público de Saltillo José Humberto Salinas Evert, su ética y profesionalismo y la veracidad de la minera.

El 6 de diciembre del 2016 se iniciaron los trabajos de deslinde por parte de la SEDATU, con previa notificación a las tres partes involucradas; la minera, la comunidad y el ejido de Mazapil, el cual llegó a una negociación económica con la empresa minera. Los trabajos consistieron en la identificación de las coordenadas para georreferenciar cada uno de los puntos perimetrales de la comunidad para definir el terreno que, en este caso, la comunidad solicitó. Al verse acorralada, la empresa presionó a través del gobierno estatal para concretar el desplazamiento de las personas que aún habitaban el territorio.

Pasados 17 días, el 23 de diciembre, con el supuesto argumento de una falla geológica natural, no comprobada al día de hoy, se presentaron funcionarios autorizados por Gilda Fabiola Torres, la Secretaria de Gobierno del estado, supuestamente amparados en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección Civil estatal procedieron con el uso de la fuerza pública y de maquinaria al desalojo de las familias, con el objetivo de la reubicación de quienes quedaban habitando Salaverna ante la expresión más fuerte de resistencia: habitar el lugar.

Fue un acto de despojo y desplazamiento forzado articulado por la empresa minera, utilizando al Gobierno Estatal como brazo ejecutor para sacar de la comunidad a los líderes en el momento del desalojo, citando simultáneamente a uno de ellos en la Presidencia Municipal y al otro en la capital del estado, mientras que en la comunidad demolían la Iglesia, la escuela, la delegación municipal y un colegio que era ocupado para hospedaje de peregrinos y algunos habitantes. Los derechos humanos, políticos, económicos y ambientales fueron violados, ultrajando, amenazando, invadiendo el territorio y golpeando con la intención de pisotear la dignidad.

Sin embargo, las mujeres y los jóvenes de Salaverna resistieron en su comunidad mientras en la ciudad de Zacatecas las organizaciones sociales que se solidarizaron bloquearon durante más de 10 horas la avenida principal del centro histórico, exigiendo que se retirara la policía federal, municipal y estatal, así como a los representantes de la Secretaría de Gobernación y el personal de Protección Civil, la maquinaria de demolición y los camiones de mudanza, siendo ésta la única forma en que se pudo detener la agresión. La movilización fue inmediata, los medios de comunicación y las redes sociales estallaron en contra de la minera y del Gobierno de Zacatecas por los crímenes cometidos en Salaverna.

Lo ocurrido el 23 de diciembre quedó marcado como una acción cobarde desde el poder, pero también como un acto de resistencia por la vida y el arraigo a la tierra gracias a la determinación de las personas, sobre todo a la fuerza de las mujeres, que lograron detener la demolición de sus viviendas. Todavía no se tiene respuesta contundente en la SEDATU para restituir las tierras de la población, ni en la Procuraduría General de Justicia del Estado, anteel proceso penal por omisión que emprendió la comunidad, ni por el Tribunal Contencioso-Administrativo por el proceso jurídico iniciado por el proceder de las autoridades el 23 de diciembre del 2016, ni por el Tribunal Unitario Agrario por la suspensión de los derechos ejidales que se le aplicó a algunos habitantes de Salaverna pertenecientes al ejido Mazapil que estaban en contra de la minera; sin embargo, la resistencia sigue de pie.

En este caso, ha resultado determinante la cuestión mediática que se logró a través de la alianza con medios de comunicación y el uso de las redes sociales, con lo que se trasladó de una urgente respuesta a una estrategia que fue tomando mayor presencia y alcance en las acciones de la resistencia. También, las acciones jurídicas tomaron un rumbo diferente: de plantear al inicio una negociación justa, la lucha se tornó al plano territorial por el reclamo de la tierra; en ese marco, el OCMZac y la UNTA han jugado un papel importante. Y finalmente, lo más relevante ha sido la determinación de quienes aún habitan la comunidad, que como se mencionó en párrafos anteriores, hacen uso de su herramienta más fuerte de resistencia: la de seguir habitando el lugar y gestionando bajo sus propias lógicas el territorio como medio de sustento y de vida.

 

Conclusiones

Como en muchos otros casos en Zacatecas, en México y en el mundo, la estrategia de la empresa minera era esperar la desintegración de la resistencia al llevarla al límite para el colapso. Sin embargo, a pesar de estar en ruinas, Salaverna está en pie de lucha y queda la esperanza de que pese a la destrucción casi total de las viviendas y edificaciones públicas a causa de los marros y la maquinaria con el sello de Carlos Slim y la complicidad gubernamental, se haga valer la justicia y las tierras se reconozcan a favor de la población local.

La desigualdad entre Salaverna y Frisco-Tayahua es determinante. No obstante, el magnate, quien tiene una capacidad económica impresionante al ser el cuarto hombre más rico del mundo, con200 empresas diversificadas y una fortuna estimada de 79 mil 600 millones de dólares (Forbes, 2016), se encuentra en este caso “contra las cuerdas”, pues, por más de diez años el proyecto de cambio de uso de suelo se ha mantenido en suspensión.

Resta decir que en el proceso de territorialización de una empresa minera, hay diferencias cuando se instala en un territorio ejidal o comunal, donde hay parámetros de la ley que pueden favorecer la defensa del territorio. Sin embargo, cuando las empresas mineras llegan a un territorio donde sólo existe el derecho de posesión, pretenden obligar y aplastar a las comunidades. No obstante, este caso queda para el análisis porque a pesar de lo mencionado, se logró tejer un argumento que ha sido crucial, al demandar que la empresa muestre que compró los terrenos a la nación, algo que no ha podido comprobar.

Así como Salaverna se encuentra la comunidad de la Colorada en Chalchihuites, y nos atrevemos a decir que hay más pueblos en la misma situación, donde las empresas afirman ser “dueñas” de los terrenos que anteriormente eran tierras nacionales y se imponen para la extracción, sobre todo en aquellos lugares con alta tradición minera. Por ello, este caso es paradigmático en las resistencias mineras del país, pues a pesar del balance de poder asimétrico, la resistencia sigue de pie.

 

Fuente:http://enelvolcan.com/82-ediciones/057-abril-junio-2019/600-salaverna-el-pueblo-que-no-quiere-morir-una-experiencia-de-megamineria-a-cielo-abierto?fbclid=IwAR0wcoVqSFFvpU9LaWdhwgF-eXXn7qTQuCwtAQS5GJ7LQc3tEJ9C9-BDCyI

‘La minería moderna cuida el ambiente’: Germán Larrea

Tras el informe presidencial, el empresario concedió una insólita entrevista a Pie de Página. En 8 minutos, aseguró que Grupo México ya reparó el daño a las familias de Pasta de Conchos, que el derrame de la mina de Buenavista no contaminó el río y que las minas a cielo abierto modernas cuidan el ambiente.

Poco se sabe sobre este hombre, a pesar de la relevancia que tiene: no solo es el segundo hombre más rico de México, sino que su empresa, Grupo México, es la minera más grande del país y la tercera productora de cobre más importante del mundo.

Sus apariciones en público son recientes y raras. A veces se le encuentra en el Hipódromo ganando con su cuadra San Jorge. Pero todo lo demás a su alrededor es un misterio, de acuerdo con los medios especializados en negocios.

Su nombre está ligado a dos tragedias: el peor desastre ambiental de la historia de México ocurrido en el Río Sonora (2014) y la explosión y derrumbe de la mina Pasta de Conchos donde 63 quedaron atrapados (2006).

Germán Larrea Mota Velasco tuvo un papel activo en contra de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador: pidió a sus más de 50 mil empleados votar con “inteligencia”, tras aclarar que “el modelo populista y la amnistía” no son la respuesta a los problemas del país. Además, financió una operación mediática contra el presidente, de acuerdo con una investigación de Eje Central.

Por eso es extraño verlo ahora en el informe presidencial, aplaudiendo el llamado del presidente a estar unidos para concretar lo que ha llamado la Cuarta Transformación de la República.

Apenas en julio de este año, Grupo México vertió en el Mar de Cortés ácido sulfúrico y el secretario de medio ambiente, Víctor Toledo, aseguró: “estamos ante una situación especial de un grupo industrial que repetidamente, 22 accidentes no es para menos. Cuando una compañía o industria con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria”. La empresa respondió unos días después y acusó a la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de mentir.

Larrea Mota Velasco ya asistió al informe de los 100 días de gobierno del presidente López Obrador. Ahora, se mantiene distante, cauto y solitario. No se mezcla con el guinda de Morena.

A diferencia de Carlos Slim, quien se regodea con secretarios de Estado y se toma fotos con quien se lo pide, Larrea no se ajusta en el círculo de empresarios favoritos de los invitados. Al final del informe, se retira solo. Un par de reporteras tratan de entrevistarlo cuando pasa por la puerta de la sala de prensa y lo siguen hasta que se mete a un baño.

Más tarde, lo encontramos en los jardines del Palacio Nacional bajo la sombra de un árbol zapote, esperando a su equipo de seguridad.

— Buen día, soy Ignacio, periodista. ¿Le podría hacer algunas preguntas?

— ¿Qué temas? — responde, mientras comienza a caminar hacia la salida.

— ¿Qué le pareció el informe?

— Lo mismo que a ti.

— ¿Cómo?

— En otra ocasión con mucho gusto, ya di como 5 entrevistas.

— Yo vi que se escapó…

— Nombre, ahí di,

— De lo de Pasta de Conchos…

— Ya, también ya les dije.

—Pero dígamelo a mí. ¿Le parece viable o no?

Se detiene junto a la puerta y duda. El hombre de dos metros, piel blanca y nariz aguileña parece medir si es mejor aceptar la entrevista, salir a la calle donde está una muchedumbre o volver a la zona donde están los reporteros y fotógrafos de los que acaba de escapar.

— Bueno, mientras llegan por mí— dice por fin, y regresa sobre sus pasos a la sombra que le da el zapote.

Ahí, el magnate más esquivo de México dará a Pie de Página 8 minutos de entrevista.

— Mira de lo de Pasta de Conchos, el informe es muy interesante. Estamos trabajando, el sector privado junto con el señor presidente y el gobierno para mejorar el desarrollo. Por eso estamos aquí presentes. Por otro lado, el señor presidente designó a la Secretaría del Trabajo como responsable para ver los trabajos de Pasta de Conchos y del rescate. La empresa lo hizo durante 59 semanas, con 378 rescatistas, ustedes recordarán… y no pudimos. El propio gobierno dictaminó que era más riesgoso seguir trabajando, que no era posible. Hubo temperaturas, metimos cámaras con termómetros, se vió que no había vida. Dicho por expertos. Había mil 800 grados de temperatura durante varias semanas, contra un crematorio que tiene 800 grados durante algunas horas. En adición a eso hay aguas y hay ríos subterráneos, por la explosión están inundadas. Pero nosotros estamos cooperando en todos los sentidos, dando la información técnica, dando las facilidades…

— ¿Cree que hayan cambiado las condiciones para el rescate?

— No lo sé, la Secretaría del Trabajo es la encargada de esos trabajos. Ellos tienen la responsabilidad. Nosotros, como empresa, nada más estaremos dándoles información técnica de lo que se hizo. Por otro lado, en este lapso se educaron a todos los hijos de todos los trabajadores, se indemnizaron; sé que no lo es todo, pero es mucho más de lo que cualquier otro accidente… a todas las viudas y sus familias. Hicimos centros comunitarios que están presentes ahí, en apoyo de las viudas; siempre hay alguna excepción ahí, con algunos otros grupos de interés que tienen otros signos, que no sabemos. (Fue) un lamentable accidente, sucede en las minas de carbón de todo el mundo. Era una mina muy tecnificada, altamente ventilada y tecnificada.

— Las familias han dicho que las condiciones de la mina no eran buenas…

— En la mina se había invertido, y eso lo tiene presente la subsecretaría de Economía, el subsecretario de Minas. Era una de las minas más modernas y equipadas, tenía sistemas de ventilación importantísimos, sistemas de detección que te paraban con detectar 1.5. Es algo lamentable que sucede en muchas minas, vamos a darle todas las facilidades a la Secretaría del Trabajo y al señor presidente. Vamos a dar toda la información técnica, que está con grupos de trabajo y que se está evaluando y sabemos que es considerablemente difícil, haremos que todo funcione a bien. Pero yo creo que el responsable para saber lo que pasó y lo que pasará de aquí para adelante es la Secretaría del Trabajo. Ya terminaron de estudiar, creo que 147 hijos de los mineros fallecidos, y todos los apoyos se hicieron al respecto.

— En el caso del derrame de Buenavista del Cobre…

— Ustedes recordarán que el presidente (Enrique) Peña Nieto designó a la Semarnat como responsable de eso, a nosotros nos exigió que formáramos un fideicomiso y que lo fondearemos; fondeamos el fideicomiso con 2 mil millones de dólares. Se terminaron las labores de saneamiento, abastecimiento que determinó el propio gobierno. Nosotros pagamos ese dinero y se nos regresó, en el orden de 50 o 70 millones de pesos que no se utilizaron y se dio por concluido. En adición de eso, ustedes pueden constatar, acabamos de terminar la carretera, junto con el gobierno del estado, toda la carretera que va por todos los pueblos del río que estaba desecha o abandonada. Ahorita me acaba de felicitar la gobernadora, que quedó espectacular y que va a traer mucho beneficio a la zona, para el comercio, para la actividad económica y para el uso social de los pobladores.

—¿Por qué entonces hay ese descontento de los pobladores?

— Recordemos que se ensució, no se contaminó. Los medios los hicieron grande, por los motivos que hayan tenido. Pero ¿vimos algún pájaro muerto, algún pez o algún animal en 200 kilómetros de río? Absolutamente ninguno. El río se ensució, no se contaminó. Es diferente. Se hizo la remediación, que es limpiar el río, los cauces de metales pesados, las posibles afectaciones y apoyar a la población que tuvo algunas afectaciones, pero sobre eso lo hizo a través del fideicomiso la Secretaría de Medio Ambiente.

—¿Diría que exageran?

— No lo sé… hubo una derrama importante que se hizo a los pueblos mineros y pues me imagino que están buscando nuevos apoyos. Yo creo que más bien es por Desarrollo Social que por la afectación del río, pero eso lo determinará el propio fideicomiso y la Secretaría de Medio Ambiente. No dejen de checar todo lo que ha hecho Grupo México en labor de medioambiente, recuerden que la minería es desde 1900 o antes y eran plantas donde el medioambiente ni siquiera era una prioridad.

— Ahora son minas a cielo abierto…

— Hoy todas las plantas son modernas y de alta tecnología, que cuidan el medioambiente. La minería ha sido el polo de desarrollo de México, y se cuida, se hacen los impactos ambientales, los estudios y los impactos sociales para que tengan mejor desarrollo. Obviamente se regeneran y se restituye todo. Esos tajos a cielo abierto… es lo mismo, usted tiene esta montaña que rellena el plato y luego vuelve a revegetar el cráter. Recuerde que sembramos uno de los viveros más grandes en el país: 5 millones de árboles anuales y los sembramos todos los años. Cuatro a uno, o hasta 20 a uno.

— Pero no se pueden reutilizar esas tierras.

— Es que ninguna de esas tierras es de sembrado. Estamos en las montañas, y en las montañas no hay vida agrícola.

— La vida silvestre no se puede regenerar

— Claro que se regenera y con creces, pero por supuesto y los invito a que vayan.

— ¿Y por qué cree que hay países que prohíben la minería a cielo abierto?

— Porque les hace falta un poco de cultura industrial… bueno, me tengo que ir— dice a modo de cierre.

A pesar de que el magnate ha sido durante décadas uno de los hombres más poderosos del país, su imagen no era de conocimiento público. Apenas en sexenio pasado, después del derrame en Buenavista del Cobre, se dejó fotografiar con el entonces presidente Peña Nieto; desde entonces aparece cada vez más en público. Y no da entrevistas.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/larrea-el-maximo-exponente-del-cinismo-de-la-modernidad/