Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado.

El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3311-mineras-secan-mexico?fbclid=IwAR3_kj_C-EZFRV8s6Qv4g3KGVMm9M9a7Sr46QmAkagenZ28SFs1c1WBtD7I

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

Esa idea cultivaría una “perversa lógica de dependencia” para las escuelas frente a las grandes empresas mineras, subrayó la Rema, y alertó que, de concretarse la propuesta del Ejecutivo, las empresas mineras podrían utilizar ese programa para “lavar de facto” los daños al ambiente y a la salud que ocasionan.

López Obrador hizo la propuesta el pasado viernes 6, durante una visita al municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde operan mineras.

En ese lugar detalló que actualmente se litiga la disposición de los recursos del Fondo Minero (para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros), cuya entrega fue suspendida por su administración, por considerar que las autoridades municipales no deben ser “intermediarias”, sino que los recursos deben ser entregados directamente a pobladores de las comunidades.

El presidente dijo que, si el gobierno federal es favorecido con la sentencia judicial, los recursos del fondo que corresponden a Charcas –casi 25 millones de pesos– podrían entregarse a comités de madres y padres de familia de las 33 escuelas primarias en el municipio, para que desde allí se administren y dispongan.

Fondo Minero “no llegaba a los pueblos”

En esa visita, López Obrador precisó que muchos años después de que se comenzó la entrega de territorio a las empresas mineras mexicanas y del extranjero, “desde la oposición empezamos a denunciar” que éstas no pagaban impuestos, “y se logró apenas hace cuatro años que se estableciera un impuesto para la explotación minera, y que ese dinero se destinara a apoyar las comunidades donde hay minas, como es el caso de Charcas y de muchos municipios del país”.

Lo obtenido para el Fondo Minero, aseguró, no llegaba a los pueblos, “por eso tomamos la decisión de detener ese fondo hasta aclarar bien cómo íbamos a entregar estos recursos, porque, como en todo, si el dinero pasa por muchas instituciones o hay intermediarios, no llega o llega con moche, con ‘piquete de ojo’, y ya no queremos que sea así, queremos que llegue directo a la gente el apoyo”.

En algunas entidades esa decisión provocó una controversia que llegó al Poder Judicial Federal.

El presidente dijo tener una propuesta “para destrabar el asunto”, siempre y cuando haya el acuerdo entre su gobierno, los estados y los municipios.

“Estaba yo proponiendo al gobernador (Juan Manuel Carreras) lo siguiente, a ver cómo se analiza, siendo también respetuosos de la autoridad municipal: nosotros estaríamos dispuestos a entregar estos 24 millones de pesos si se entregan directamente a la sociedad de padres de familia de las escuelas de Charcas. Así no pasan por ninguna oficina del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino que nos ponemos de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, y se entrega”, explicó AMLO en la visita que hizo Charcas el pasado viernes 6.

El dinero se dividiría entre las 33 escuelas primarias del municipio potosino, de acuerdo con el número de alumnos y necesidades de cada sociedad de madres y padres de familia, “y ellos deciden cómo ejercer ese presupuesto”, abundó.

Incluso anunció que el esquema comenzaría en Charcas y se replicaría en el resto del país. “Yo estoy seguro que así el dinero va a rendir. Todos los padres de familia van a querer tener bien las escuelas donde estudian sus hijos, y no se va a permitir que nadie se robe el dinero”, señaló.

De igual manera, expresó que si no surge el acuerdo y la controversia acaba dirimiéndose en tribunales, si éstos le dan la razón al gobierno federal, aplicará la repartición tal y como lo anunció: directamente a los comités escolares.

“Esa decisión la tenemos tomada”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, para organizaciones como la Rema, esa forma de asignar los recursos del Fondo Minero ataría a las escuelas a una “lógica perversa de dependencia con respecto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras”.

En un pronunciamiento, la organización reconoció las carencias en las escuelas, pero acusó al gobierno federal de no entender el problema de las actividades mineras en México. No es la redistribución de sus ganancias, “sino respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos”, puntualizó.

También recordó que el gobierno federal está obligado a dotar de recursos suficientes a las escuelas y al personal docente de las mismas, y si esto se liga directamente con la obtención del impuesto por las empresas mineras, dijo, “se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas”.

La organización recordó que Charcas es uno de los municipios del país donde la actividad de las mineras ha causado graves accidentes y la muerte de trabajadores, como ocurrió en 2016 con cinco trabajadores de la empresa Minera México que fallecieron en accidentes.

“El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. ¿Acaso los 24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?”, cuestionó Rema.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/599712/entregar-a-escuelas-recursos-del-fondo-minero-es-una-perversa-logica-de-dependencia-rema?fbclid=IwAR23nhcmCBT2XYnGNGlAecOD3DkcTAeQN6CyuIQ48RNEDwNI0W4CjyBiWtU

El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Arsénico, plomo y cromo, los que contaminaron tres arroyos de temporal que aún no se remedian.

Existe evidencia científica de presencia de arsénico en el agua, altamente tóxico para los organismos/ Cuartoscuro

Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) trabajan en propuestas de remediación de los jales mineros de Huautla, así lo dio a conocer la Doctora Patricia Mussali Galante, profesora e investigadora del Centro de Investigación en Biotecnología y responsable del laboratorio de investigaciones ambientales, quien además explicó que en los arroyos de temporalse ha comprobado la existencia de arsénico, cromo y plomo, los cuales causan daño a la salud humana.

La también directora de investigación y postgrado de la UAEM, Patricia Mussali señaló que el distrito minero de Huautla conocido ya hace algunos años tuvo en algún tiempo actividad minera metálica, la cual se cerró en la década de los noventa.

«Se cierran las minas, pero con ello se deja una gran cantidad de residuos mineros, en el poblado de Huautla, ubicado en Tlaquiltenango, al sur del estado», precisó.

Manifestó que estos residuos generan efectos negativos al ambiente, es por ello que se han dedicado a estudiar el efecto perjudicial de los desechos mineros en Huautla, «sobre la salud de toda biota que es esta, alrededor de los desechos mineros también conocidos como jales y también de la población humana».

De acuerdo con los estudios, ya hay evidencia científica, la cual arroja una importante presencia de arsénico en el agua, y explicó que es un metaloide altamente tóxico para cualquier organismo, tanto plantas, animales y seres humanos. «Posteriormente se corroboró la exposición a este metaloide mediante la evidencia de la concentración de arsénico en la sangre de los pobladores», indicó.

Mientras que otros estudios indicaron que el efecto biológico de esta exposición presentaban daño genético de diversas formas, lo corroboraron en varias ocasiones y sí se vio que tenían este daño genético

«Este daño genético se relaciona con ciertas enfermedades. La exposición al arsénico mediante el agua de bebida y el efecto biológico que nosotros vimos se correlaciona con enfermedades neurodegenerativas como el cáncer en la piel, leucemia, linfomas, etc», refirió la investigadora.

Además de dañar la salud humana también se daña el ecosistema del lugar/Cuartoscuro

Patricia Mussali dijo que no pudieron tener acceso al número de afectados con el arsénico, debido a que Huautla no cuenta con un Centro de Salud en atención a estas enfermedades.

Aseguró que muchas personas migraron a otros estados, otros se trataron en Ciudad de México, y ya no pudieron tener acceso a la información, pero cuentan con algunos cuestionarios e indicios que en efecto la población sufre de estas enfermedades.

Mussali Galante indicó que el agua además de presentar arsénico, algunas muestras indican también la presencia de plomo y cromo, metales muy tóxicos para la salud humana. Son tres los arroyos de temporal los que tienen presencia de estos metales, y en época de lluvias el agua desemboca en el río Amacuzac.

«Estamos tratando de hacer toda la gestión para hacer una técnica o propuesta de mitigación de los efectos que los desechos mineros están teniendo en el ambiente y la población», comentó.

Las autoridades tienen conocimiento y se les ha advertido que deben realizar medidas de mitigación, y la solución es remediar el lugar, por lo que el laboratorio de investigaciones ambientales de la UAEM trabaja en varias propuestas de remediación.

En efecto existe una contaminación del agua con metales en la Sierra de Huautla, sin embargo, desde hace años los pobladores de la zona saben perfectamente que ya no pueden consumir el agua que proviene del subsuelo, así lo aseguró Juan Carlos Valencia Vargas, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Morelos.

Juan Carlos Valencia señaló que el agua subterránea de la zona se encuentra contaminada por metales y diversos elementos como es el arsénico y el plomo, puesto que es un zona rica en minerales.

Aseguró que la población de la zona la dejado de consumir del agua que se extrae del subsuelo y están consiente que no es agua que puedan beber y como en gran parte del país consumen agua embotellada.

El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que el agua se puede utilizar para otras actividades domésticas, para limpieza y lavar, pero no para consumo humano.

Para el tema de agricultura, Juan Valencia dijo que en algunos casos es utilizada, pero no representa un riesgo para el planta o fruto.

Incluso explicó que existe un mecanismo natural, si la plata no puede soportar este tipo de agua contaminada, se muere y no da fruto, finalizó.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/especial-enveneno-la-mineria-a-sierra-de-huautla/

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado

El investigador Federico Guzmán con los conductores del programa radiofónico Sound Politicón, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ■ FOTO: ODÍN SALINAS

■ El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/mineras-secan-mexico/

En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)-, los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

De la misma forma Grupo México es líder en violación a los contratos colectivos de trabajo; en México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco en el estado Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores, quienes continúan a brazo partido esperando llegue la justicia.

La lista de improperios de Grupo México y sus subsidiarias, la coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño, Germán Larrea Mota Velasco, se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y, desde entonces, estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar, a favor de sus proyectos, varias estructuras gubernamentales, que hace que cada violación que cometa, se mantenga en total impunidad o sea sancionada de manera tenue y vergonzosa. Su riqueza se acrecienta y su compañía constantemente está en expansión, a tal grado, que ya figura como una de las empresas mineras de cobre más poderosas y grandes del mundo.

La contaminación y el saqueo de los bienes naturales, igual lo realiza en el desierto exprimiendo y contaminando al máximo el agua de los mantos freáticos o también devastando regiones naturales enteras, incluyendo las mejor conservadas y ricas en biodiversidad, como sucede con el Área Natural Protegida Valle de los Cirios o en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en donde también desarrolla un proyecto minero, lo cual nos da una idea del poder político que tiene.

En ese contexto, en México, no nos es ajena la violencia que desde hace años ocasiona el Sr Larrea y Grupo México en su proyecto minero “Tía María”, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra en la provincia de Islay, región Arequipa en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que han dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde mediados del siglo XX, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay en Cajamarca y los Chancas en Apurimac.

Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente a este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno que en Perú y en México continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos.

Nos solidarizarnos con quienes hemos sufrido los atropellos, abusos y excesos de la empresa Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarlo en mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población y a la naturaleza en donde sus operaciones mineras se han desarrollado.

Desde México enviamos un abrazo combativo y respaldando al pueblo de Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Porque defender la vida no es un delito, sino una obligación de todas y todos.

NO AL PROYECTO TÍA MARÍA

EL VERDADERO RESPRESOR Y VIOLENTO ES GERMÁN LARREA Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, NO LA POBLACIÓN QUE DEFIENDE LA VIDA

BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN DE COCACHACRA Y TODO EL VALLE DEL TAMBO

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOR/AS POR LA MINERÍA -REMA-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/german-larrea-y-grupo-mexico-simbolos-de-deshumanizacion-y-barbarie/?fbclid=IwAR300ShAlWsPeGEaXiYSUv1OlEpG4OHSlu0qpWbc8rh-4PPYrmk1J-mcDUs

Miembros del MASH llevaron muestras del agua contaminada como prueba

 Miembros del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) buscan la intervención del Congreso local para frenar las afectaciones ecológicas y de la salud que provoca la minera Autlán en la región.

Con muestras de agua del río Claro como prueba, habitantes de diversas comunidades de los municipios de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla dieron a conocer que buscan poner un freno a los problemas que ha traído la empresa desde hace años y que a la fecha no han sido atendidos.

En ese sentido, Griselda Bautista Paredes, representante del MASH, explicó que existen dos principales afectaciones: la ambiental en la contaminación a los ríos y su biodiversidad y la de salud, ya que cuando la minera hornea emite humos que afectan a las personas.

Por ello, los pobladores acudieron al Congreso local para pedir su intervención en el caso, ya que gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que terminen las afectaciones, así como la pérdida de especies, como el camarón de río.

Además, explicaron que ya pidieron la intervención de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Chapingo para que analice la problemática ambiental y a la población que provoca la minera; mientras que llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a acudir a la región para atender la problemática.

De acuerdo con su página web, Autlán cuenta con la unidad minera Molango, en Hidalgo, la cual se encuentra al norte de la entidad.

• Explicaron que el gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que termine la problemática, así como la pérdida de especies, como el camarón de río

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/buscan-intervencion-del-congreso-por-afectaciones-de-minera/?fbclid=IwAR1_WY9ukgRcc9EGExQcMcWMAgz9L8xNIfX3rsTTJiMKUPAf8tExsrfkhvM

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”…

Las autoridades federales como Conagua, Profepa y Semarnat descartaron contaminación en el Río Yaqui a la altura de Ónavas; en tanto, vecinos del lugar consideran que la existencia de materiales tóxicos podría derivar de las lluvias de las últimas semanas.

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”.Las personas consultadas exponen que las autoridades federales ya realizaron estudios de laboratorio y determinaron que no existen concentraciones de materiales tóxicos que pudieran afectar la salud; sin embargo, solicitaron que les sigan suministrando agua en pipas.Además, pidieron a la sociedad sonorense apoyo para el suministro de agua purificada.

El jueves, se informó que “en seguimiento y atención a la preocupación de ciudadanos y autoridades del municipio de Ónavas, por la aparición de peces muertos en las márgenes del río Yaqui, Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de programas Integrales de Desarrollo en Sonora, del Gobierno de la República, coordinó una reunión con los responsables de las dependencias Semarnat, Conagua y Profepa para revisar las acciones y medidas de mitigación correspondientes”.

También se expresa que “en la reunión de trabajo, se informó que personal de Profepa y Conagua realizaron la visita de inspección al sitio, así como al lugar donde se encuentran las instalaciones de una empresa minera, descartando algún derrame debido a que dicha empresa tiene más de un año sin operar, y no se detectó ninguna fuente emisora de contaminación”.Por lo anterior, “los funcionarios federales acordaron mantener el operativo de distribución de agua en pipa a la población de Ónavas, hasta que se descarten afectaciones a las fuentes abastecimiento. Se instruyó a los encargados de Semarnat y Profepa a continuar vigilantes.

Fuente:https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=224035&relacion=dossierpolitico&categoria=292&fbclid=IwAR2p_zSrga2OcSt-ioHBUQhv8uzQcw_lXJJjIonerA_UgPdlKDRP_94Asf8#.XYA-vJaGaNs.facebook

No existe, no ha existido y no existirá una mina sustentable o ecológica. La naturaleza de la industria es la extracción de recursos naturales no renovables por medio de procesos invasivos y químicos. Los beneficios son mínimos y temporales para las comunidades que los albergan, pero sus efectos son para siempre.

Podemos entender que la minería sea un mal necesario para las comodidades de los tiempos presentes, incluso para las necesidades básicas de la vida moderna, sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo y sobre lo que sea. El área de Samalayuca donde una mina canadiense pretende asentarse es una zona de relevancia histórica, arqueológica, natural y estratégica de recursos naturales para toda la comunidad juarense.

En el tema del agua se encuentra la problemática más seria de la región. Samalayuca está asentado sobre el sistema hídrico número 34, que es de donde se abastece una población de un millón y medio de personas. El agua subterránea que se encuentra en el área, explotada por décadas, se reduce en más de seis millones de metros cúbicos por año según la Comisión Nacional del Agua, e irremediablemente llegará el día que se acabará. Dicho acuífero abastece industria, agricultura, uso doméstico además de todo el desperdicio y mal uso, como fugas y albercas privadas.

Las señales son claras pero no las hemos querido atender. Los manantiales que hasta principios de los ochenta manaban naturalmente en esa región, se secaron completamente después de que se instalara una planta termoeléctrica, la cual 24 horas al día y 365 días al año se ha abastecido de ese acuífero por décadas. Diversos pozos que suministraban a la población de Samalayuca dejaron de funcionar y fue necesario en muchos casos buscar en mayores profundidades el vital líquido, según se deprenden de numerosas notas periodísticas de aquellos años. La salinidad del agua es otra muestra clara de la sobreexplotación, hoy casi nadie consume el agua de la red pública y llamada potable, por el alto contenido de minerales y que según estudios de la misma Junta Municipal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la UACJ incumplen la NOM-127-SSA1-1994, que establece los estándares mínimos que debe tener el agua para ser potable.

El Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2009 publicó la declaratoria de esa zona, por su flora, fauna y relevancia histórica como área natural protegida, en el mismo Diario Oficial el 2 de abril del 2013 se publicó el plan de manejo del área, el cual dejaba como encargado de su protección a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; mas como ya es costumbre fue mediante movimientos oscuros, tradición de ese nido de cuatreros que es el Poder Judicial de la Federación, donde lo más inverosímil se vuelve legal, que se le quitó el carácter protegido mediante supuesto amparo “promovido y pagado por ejidatarios” y que benefició a la minera canadiense, con lo cual se convirtió en una mina a cielo abierto. Casi nadie conoce en qué consistió o cómo se perdió un proceso donde se afecta tanta gente y beneficia a una mina canadiense. Quien conoce ese proceso por ser beneficiario directo, actual vocero de la minera canadiense y presunto presidente seccional del poblado es el Ingeniero Javier Meléndez, quien lleva años frotándose las manos con tan jugoso negocio.

Muy a pesar que el mismo presidente de la república anunciara que no se darían más concesiones a mineras, en el presente caso se mantiene un silencio convenenciero por la clase política a los que se les olvidó sus años de oposición y rápido aprendieron a hablar sin decir nada, tanteando en todo momento el beneficio político.

Esta lucha será una vez más de la sociedad organizada, los diversos colectivos y población en general que tenga conciencia social. Los últimos permisos aún deben pasar por distintas dependencias estatales y municipales quienes son la última barrera, pues el Gobierno federal y llamado “Cuarta Transformación” ya dio color de cuáles son sus inclinaciones.

Un área natural de gran belleza y con un potencial enorme para el desarrollo ecoturístico, el agua de la región y la calidad del aire, todo a cambio de unos cuantos empleos temporales y que no necesariamente serán para los pobladores de Samalayuca, una comunidad que se ha distinguido por la producción agrícola y no por la industria minera que es hoy en día un ramo altamente tecnificado por los riesgos que implica.

Humildemente les pido a cada uno y a cada una que adoptemos el tema, el cual está más allá de colores e ideologías y que desde nuestras trincheras promovamos, combatamos y concienticemos que no todo en la vida es dinero, demostremos que hay cosas que no se venden, porque hasta el momento existe la idea, no tan errada, de que al sur de la frontera todo está a la venta.

Fuente:https://diario.mx/opinion/ecocidio-en-samalayuca-20190913-1561958.html?fbclid=IwAR1n9YQfnEyPKzFwKYaeCRKsCFqdkLp8SXNpdrzfQV_nHfLO3V1_9j_aaPo