En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia” acompañada por ciencia, científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T, y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento, pero que al final funcionan como administradores del despojo, al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio, porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo, a través de las consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario, de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando, pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitar en amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya, por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal, conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA, nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defender la continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que, incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que, “gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad, de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong´s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente” y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis. De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocer los daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos, emocionales y afectivos, que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aún es reducir, a la retórica de las consultas, lo que se considera “justo” para imponer y legitimar la destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país, porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda, todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal; de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida. No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crear la misma situación que ya estaba arraigada desde hace años. La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas, y ahí, en el mismísimo infierno, tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándares o lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos, es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E,

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/ley-minera-permiso-para-el-depojo/?fbclid=IwAR277h2717L-PJkzPrzK9WDq4bLINRoka_rNgJeSf_kZXV924fFBYD-lkdc

La activista indígena Epitacia Zamora Teodoro, defensora del territorio de la comunidad de Zacualpan en contra de la minería, fue reconocida de manera post mortem con la condecoración “Eleanor Roosevelt”.

Dicho reconocimiento es otorgado cada año por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a quienes destacan en la promoción y protección de los derechos humanos en la entidad.

El organismo también reconoció al fallecido activista Jorge Iglesias de la Cruz, quien se distinguió por la lucha a favor de los derechos de los pacientes con VIH.

Además, reconoció al teniente coronel Zenón Cisneros Martínez, por sus propuestas en materia de derechos humanos al interior del Ejército.

El galardón a Epitacia Zamora fue recibido por sus hijas Carmen y Leticia Guzmán Zamora, mientras que el de Jorge Iglesias fue entregado a su hermana Guadalupe Iglesias de la Cruz.

Epitacia Zamora murió en febrero de 2015, a los 57 años de edad, a causa de una anemia mielodisplásica contraída por el contacto con agroquímicos durante su trabajo como jornalera en plantaciones de papaya.

Fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, en el municipio de Comala, Zamora Teodoro luchó los últimos años de su vida contra la instalación de una mina de oro en terrenos de su comunidad.

Fue la primera mujer secretaria de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, desde donde fue parte fundamental de la declaratoria de Zacualpan como “territorio libre de minería”.

Casada a los 15 años de edad, Epitacia Zamora fue madre de cuatro hijas y dos hijos, estos últimos ya fallecidos, y durante las dos últimas décadas de su vida se involucró en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres del campo.

También participó en Comunidades Eclesiales de Base y comités de apoyo a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los que recorrió poblados del Colima, Jalisco y Michoacán.

“Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada. Yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer.”

“A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: somos mujeres y aquí estamos”, señaló en una entrevista con el portal Colima3.0 antes de su muerte.

Denuncian escasez de agua

Al acto de entrega de la condecoración “Eleanor Roosevelt”, en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, acudieron decenas de comuneros de Zacualpan, quienes aseguraron que la lucha continuará hasta hacer que los sueños de Epitacia Zamora se hagan realidad y se respeten los derechos de tierra y dignidad de las comunidades indígenas.

Ante el secretario del Trabajo, Vicente Reyna García, quien acudió en representación del gobernador, y frente al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, los comuneros denunciaron también la escasez de agua que han sufrido en su comunidad durante los últimos meses, a pesar de que irónicamente en su territorio se encuentra el manantial que abastece a cerca de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En su intervención, tras recibir el reconocimiento a su madre, Carmen Guzmán Zamora recordó al pueblo de Colima que la lucha contra los daños ambientales que provoca la minería no la han realizado sólo por el pueblo de Zacualpan, sino por toda la población.

“En mi pensamiento digo que no lo hagamos por querer tener más dinero, hagámoslo porque nuestro planeta, nosotros, estamos en peligro de extinción, ya basta: reconozcan nuestros derechos, reconozcan que somos indígenas, tengan un poco más de respeto porque lo merecemos, no estamos empezando a tener dignidad, la dignidad la estamos recuperando porque esa ya era de nosotros”.

Con la voz entrecortada por la emoción, la hija de la luchadora social prosiguió: “Nos sentimos indígenas de corazón, no dejemos que nuestro planeta se destruya poco a poco porque tenemos hijos todos y queremos dejarles algo mejor, que era lo que quería Epitacia Zamora”.

Víctima del desabasto de medicamentos

Jorge Iglesias de la Cruz, el otro activista homenajeado y quien murió en 2015, víctima del desabasto de medicamentos contra hepatitis C, contraída a consecuencia de ser portador del VIH.

A lo largo de casi 20 años participó en el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y fundó la asociación Amigos Colimenses contra el VIH/Sida (Acolsida), desde donde luchó contra la discriminación y la mejor atención a los pacientes con esta enfermedad.

También fue integrante del Consejo Municipal contra la Discriminación en la capital del estado.

En su discurso, el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores, destacó que quienes se esfuerzan y dan el último aliento de vida para dejar un legado de lucha y generosidad, confieren el reto de no abandonar esa lucha, sino sostenerla y acrecentarla.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610533/reconocen-a-epitacia-zamora-activista-contra-la-mineria-en-colima?fbclid=IwAR2suDcJ7z7mqHa7ADBXWuzDq2YpYrGhUrX85YFZl6MBDPc2JKg0kzYwG_k

En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.

“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.

El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.

“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.

Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.

La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.

En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.

En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.

La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.

El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.

Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.

“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.

Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.

Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.

Antes de la intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.

“Definitivamente, las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.

Se trata de 60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los estándares nacionales.

“Nosotros vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.

Los enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El hecho fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610498/caso-rio-sonora-cofepris-revela-segundo-derrame-el-gobierno-de-pena-lo-oculto?fbclid=IwAR2yWh8J6_-kjZaRkEF7f69Jlg7STqvTUU2HMmp3g0aZZQ79QJhDiJNw7wI

Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna manifestaron su rechazo a la planta de cianuro de sodio Chemours, mediante una protesta en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1648753.manifiesta-frente-unido-su-rechazo-a-planta-chemours.html?fbclid=IwAR2RPfXh_mUCHqys-c81X94hkdxwD1qjkYAUr3LLBQKf3sklXnpq8U1OPYs

– A un año de su arribo al poder, pueblos y comunidades indígenas de al menos 11 estados reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador incumplir su palabra de cancelar megaproyectos depredadores, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y denunciaron que la 4T pretende arrasar con la biodiversidad en sus regiones para seguir imponiendo “proyectos de muerte”.

“Queremos denunciar que la vida de nuestras comunidades está en riesgo, no aceptamos este tipo de proyectos que despojan a nuestras comunidades de sus modos y costumbres de vida. No aceptamos este tipo de progreso y desarrollo en nuestros territorios”, afirmó Lourdes Flores, integrante del Movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales.

En conferencia de prensa, los defensores de la tierra revelaron que de los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente a sus comunidades, entre ellos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y el PIM.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia, los activistas criticaron la falta de un informe sobre el impacto ambiental de la obra, pues para su construcción se requerirían seis millones de litros de agua al día que serían extraídos de la Cuenca del Valle de México, y representarían afectaciones graves para los capitalinos, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que recapacite.

Mario Quintero, defensor del Istmo de Tehuantepec, señaló el peligro que representa el Corredor Interoceánico o Tren Transístmico, unos de los más ambiciosos proyectos de la actual administración, cuyos recursos fueron incrementados 808% en el presupuesto para 2020, en comparación al del tren maya, que, dijo, registró una reducción de 20% y al de la refinería Dos Bocas a la que se le retiró la mitad del monto asignado.

Con este proyecto, precisó, se pretende convertir a la región oaxaqueña en un corredor industrial y energético que, a su paso, dejará desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias.

Por su parte, Miryam Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció que en los últimos días sus integrantes han recibido amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, por oponerse al PIM y su abogado Juan Carlos Flores Solís sido intimidado por llevar su defensa; además, recordó que en vísperas de cumplirse un año del crimen de Samir Flores no hay detenidos.

Asimismo, señaló que el PIM implica la construcción de un acueducto que despojaría a los morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto, mismo que pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl, lo que tendría resultados desastrosos para la población en caso de alguna erupción.

Los activistas también se quejaron de las afectaciones que han padecido a causa de la minera canadiense Álamos Gold que pretende extraer oro, plata y otros minerales en Morelos, la Sierra Norte de Puebla, con los proyectos Esperanza e Ixtaca, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental le fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y afectar la zona arqueológica de Xochicalco.

Los habitantes de aquellas regiones alertaron el impacto que tiene la minería a cielo abierto sobre la salud de las comunidades, su patrimonio y el medio ambiente, pues tan sólo en Puebla se necesitarían 5.5 millones de litros de agua al día, lo que desabastecería a 29 municipios de la cuenca del Río Apulco.

Asimismo, los pobladores de la zona del golfo de México en Veracruz manifestaron que las empresas Azucar Minerals y Candelaria Mining, quieren explotar con sus proyectos “El Cobre” y “Caballo Blanco” en las proximidades de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.

Mientras que en Chihuahua, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas a tres a particulares y a la minera Evrim sin garantizar el derecho de la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, a sus tierras ancestrales y a una consulta previa, libre e informada.

Además, señalaron que en la región impera un clima de violencia extrema que cobró la vida de su compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el pasado 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.

A los intereses de las mineras, indicaron, se suman los de las empresas cerveceras y refresqueras, como la Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la primera extraer 20 mil millones de litros de agua potable por año y construye una nueva planta de 400 hectáreas en la zona, mientras que la segunda extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios y busca abrir un tercer pozo.

“La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México”, expresaron pues al frente de batalla están también los pequeños productores de Michoacán que la protegen ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.

Por todo lo anterior, los defensores del territorio En particular exigieron justicia para sus compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua, así como para todos los defensores de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México; respetar su derecho a la libre autodeterminación.

Además, demandaron cancelar el Corredor Interoceánico, así como los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos; las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y declararlos libres de minería; así como cancelar las concesiones de agua a la cervecera Constellations Brands y a la empresa Coca-Cola.

Y expresaron su rechazo a las consultas, que consideraron simuladas y manipuladas, para construir megaproyectos e hicieron un llamado a la sociedad civil para defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/609809/activistas-reprochan-a-lopez-obrador-incumplimiento-en-cancelacion-de-megaproyectos-depredadores?fbclid=IwAR1CkpGtwZGltoVZq8ZuztF9R0wSu65v2yLP7UvkoIrS6rH_Jc6ClFpm-JQ

Dolores Hidalgo, Gto. El Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia en unión con otros jóvenes y ciudadanos realizaron un mural que será el primero de varios que se pretenden pintar en la ciudad, como una manera de concientizar a la ciudadanía sobre el daño que implicaría la instalación de la Mina en el Municipio.

Esta forma de difusión que han venido haciendo una serie de organizaciones civiles y comunales ya desde hace más de seis meses con la finalidad de que la población tome conciencia y se sume a decir un `No a la mina´.

Marchas, foros, conversatorios, y paneles de discusión son las diferentes actividades que se han venido promoviendo, desde que se conoció la pretensión de la minera canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo ubicado en San Antón de la Minas de este Municipio.

El mural se realizó en las calles Guanajuato esquina con la calle Quintana Roo, y pretende ser el primero de varios más, donde la ciudadanía cede un espacio del frente de su casa para realizarlos.

Fuente:https://zonafranca.mx/politica-sociedad/no-a-la-mina-pintan-mural-en-dolores-hidalgo/?fbclid=IwAR2a_RVClZ9R_NdUectap88_oQVp_YcscunNOne30mbqkphjs8Zrh1eIrno

El CEO de la minera canadiense Argonaut Gold, Pete Dougherty, expresó el viernes la decepción de la compañía con la decisión de la autoridad ambiental mexicana, Semarnat, de rechazar la evaluación de impacto ambiental para el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur.

El proyecto no se aprobó debido a problemas de zonificación que Argonaut pensó que había resuelto mediante un fallo de la Corte Suprema de 2016.

Argonaut dijo que estaba revisando todas sus opciones, lo que incluía buscar una enmienda al plan de zonificación de La Paz 2018 basado en el fallo judicial de 2016, presentando una evaluación revisada de impacto ambiental y opciones legales.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/12/semarnat-rechaza-proyecto-de-san-antonio-en-bcs-mexico/

¿A poco Estados Unidos permanecerá al margen de la mayor explotación de litio del mundo? ¿Aun cuando este yacimiento se encuentra a unos cuantos kilómetros allende su frontera sur? Hoy por hoy el mayor depósito de litio del planeta en proceso de ser explotado se encuentra en Sonora, México, casualmente por el rumbo donde fueron masacrados mujeres y niños de la familia LeBarón.

El incalificable crimen, ocurrido el pasado 4 de noviembre, generó un escándalo mundial y un motivo de tensión entre el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y el estadunidense de Donald Trump. Presuroso, este último propuso iniciar una guerra de exterminio en contra de los cárteles mexicanos. El gobierno de México no aceptó tal propuesta, aunque tuvo que admitir “de manera soberana” la participación de Estados Unidos en las investigaciones de los hechos. Es preciso recordar que los integrantes de la comunidad mormona a la que pertenecen los LeBarón cuentan con doble nacionalidad: mexicana y estadunidense.

Así, el lunes 11 de noviembre se internó en Sonora una caravana de 50 camionetas suburban de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), con un número indeterminado de agentes, para realizar investigaciones del cruento ataque. El gobierno mexicano ha advertido que todas las diligencias se realizan en presencia y con la anuencia de las autoridades mexicanas. Ha señalado, además, que los elementos de la FBI no pueden portar armas en México.

Integrantes de la familia LeBarón se han trasladado a Washington para hablar con el presidente estadunidense. Mediante una carta le han pedido que Estados Unidos considere como “terroristas” a los cárteles de droga mexicanos. Ya en el Congreso de ese país la bancada republicana cabildea una iniciativa para aprobar tal propuesta y el propio Trump ha anunciado que enviará otra iniciativa en el mismo sentido.

Vale destacar que la legislación estadunidense justifica la acción de tropas y agentes, abiertos y encubiertos, doquiera que haya organizaciones terroristas. Y ni siquiera considera necesario contar con el acuerdo de los gobiernos de esos países.

Por otra parte, el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados del mundo. Es ya causa de una de las mayores disputas entre las potencias económicas (y militares). Como es sabido, el litio es el elemento principal para la fabricacion de baterías y de otros aditamentos de celulares, computadoras, automóviles eléctrictos, arenovaes, naves espaciales, submarinos… Está ligado al desarrollo científico-tecnológico y militar.

Quien asegure el suministro de este mineral asegurará también el triunfo en la carrera armamentista, económica, científica y tecnológica que hoy tiene cinco punteros: Estados Unidos y China en la cima y en un segundo bloque cercano Rusia, Israel y el Reino Unido.

El golpe de Estado en Bolivia, donde probablemente se encuentren las mayores reservas mundiales sin explotar, puede ser resultado de esta disputa, como ya lo ha dicho el presidente depuesto, Evo Morales.

El pasado 30 de agosto el poderoso grupo de Mining Technology reveló cuáles son las 10 minas de litio más grandes del mundo (https://bit.ly/2QVTigC). En el listado, titulado como “Top ten biggest lithium mines in the world”, aparece en indiscutible primer lugar el Proyecto de Litio Sonora, con reservadas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas.

Informa: “El proyecto de litio Sonora, ubicado en Sonora, México, es el mayor depósito de litio en desarrollo”. Y agrega: “Se propone que Sonora sea una operación a cielo abierto que se desarrolle en dos etapas con una primera capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio. La segunda etapa duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales”. Así, se estima que podrán extraer toda al riqueza mineral en 19 años.

Los otros nueve depósitos de litio en proceso de explotación se encuentran en Thacker Pass (Humboldt, Nevada, Estados Unidos), con reservas probadas y probables de 179.4 millones de toneladas; Wodgina (Port Hedland, Australia Occidental), con 151.94; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 108.2; Earl Grey (Greenstone, Forestania, Holland, Australia Occidental), con 94.5; Greenbushes (Australia Occidental), con 86.4; Whabouchi (James Bay, Quebec, Canadá), con 36.6 toneladas; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 34.2; Goulamina (Bougouni, Mali), con 31.2, y Arcadia (Harare, Zimbabwe), con 29.8 millones de toneladas.

El proyecto en territorio mexicano ya está muy avanzado. Fue conesionado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y empezará la explotación en 2020. ¿Pero quién lo explotará? Como decíamos, el Sonora Lithium se localiza en el municipio de Bacadéhuachi, en la sierra alta de Sonora, en la misma región donde fueron atacados los LeBarón y donde la presencia del narcotráfico lleva décadas. Quien controla esa región es el brazo armado del Cártel de Sinaloa: Gente Nueva, facción Los Salalzar.

La empresa que explotará lleva por nombre Bacanora Minerals. Tiene sede en Canadá, está enlistada en la Bolsa de Valores de Londres pero tiene capitales de los gobiernos de… Omán y de China. Esta empresa no tiene otros negocios ni presencia en ninguna otra parte del mundo.

El 15 de octubre pasado se concretó la inversión de la empresa china Ganfeng Lithium en Bacanora Litthium. Compró el 29.99 por ciento de las acciones de la empresa y Wang Xiaoshen, vicepresidente de Ganfeng, inmediatamente fue nombrado director de Bacanora Minerals.

Se calcula que el proyecto Litio de Sonora, con 100 mil hectáreas, tiene un valor de 1 mil 253 millones de dólares.

A las calladas y en las narices del Tío Sam, los chinos se aprestan a explotar el yacimiento más importante de litio a cielo abierto. La masacre dio un pretexto a Donald Trump para que pusiera un pie en territorio sonorense. Con declarar “terroristas” a los cárteles podrá poner los dos.

Tal vez no sean los veneros de petróleo los que nos escrituró el diablo. Con perdón de Ramón López Velarde, los de litio se revelan ahora como los que podrían atraer a más demonios.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/27/cual-es-el-interes-de-los-gringos-en-sonora-el-narco-o-el-litio/?fbclid=IwAR2NnFvDsB0xGE8QoAXteEb0k0jCh9Qv2-zcvyaSSXQubax0yclDJhqqhN4

Resumen

El vertido de 40 000 m 3 de solución ácida ferro-cuprífera en Cananea, Sonora, alcanzó las principales corrientes superficiales de la cuenca del río Sonora, afectando suelos y sedimentos y aportándoles una coloración anómala pardo amarillenta. En el presente estudio se dio seguimiento a la contaminación residual (CR) en suelos y sedimentos, evaluando color, pH y conductividad eléctrica (CE) en 41 muestras obtenidas a lo largo de la cuenca, así como en los ejes vertical y horizontal de un perfil de suelo (TIIZ1B) afectado con CR. Estas propiedades podrían ser indicadores indirectos, ya que se modificaron por influencia del vertido minero.

En las muestras también se determinó la concentración total de elementos potencialmente tóxicos presentes en el vertido. Los resultados indicaron correlación lineal aceptable (0.75) entre la CE y el vector de color amarillo (b*), así como entre éstos y las concentraciones de As, Cu, Fe y Zn (r = 0.52-.91). El análisis del perfil TIIZ1B permitió relacionar color, pH y CE con cambios mineralógicos y aumento en las concentraciones de As, Cu y Fe.

El incremento en los vectores de color hacia tonalidades rojas (a*) y amarillas se relaciona con aumento en la concentración de Fe, y el incremento en la luminosidad (L*) se vincula con la precipitación de yeso. El Fe y el As aumentan donde el pH es más ácido y el Cu se incrementa con el aumento del pH y cuando el punto de carga cero es negativo. Color, pH y CE son parámetros útiles en la determinación indirecta de la CR.