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Continúan los trabajos para el rescate en Pasta de Conchos

Al señalar que se realizan los estudios por parte del Sistema Geológico Mexicano para conocer las condiciones del lugar, la activista Cristina Auerbach aseguró que todo avanza de forma positiva para concretar el rescate de los restos de los mineros que fallecieron tras una explosión al interior de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
Lo anterior, ante las recientes declaraciones de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde que, informó, en febrero concluyen los trabajos del Servicio Geológico Mexicano para determinar el método para el rescate.
“Cuando nos van a operar, nos hacen estudios preoperatorios para saber, por ejemplo, si tenemos anemia, azúcar, la capacidad para cicatrizar, etc. No es la operación, pero sin estos estudios no nos operan. Esto estamos haciendo en Pasta de Conchos, estamos haciendo los estudios preoperatorios para hacerle una gran cirugía a esa mina”, dijo la activista.
Precisó que sobre la superficie donde se encuentra la mina, casi están terminados los estudios, pero sobre el resto de la superficie se iniciará en unos días, de acuerdo a los datos proporcionados por los ingenieros Francisco Escandón Valle y José Carlos Rivera Martínez a los trabajadores de la mina,
“Fue una reunión realmente importante porque ellos sí tienen información real y contundente. Fue realmente conmovedor y valioso como les dijo el ingeniero Escandón porque escuchar a los testigos es fundamental. Les estamos muy agradecidos a los trabajadores que están ayudando por su valentía y compromiso con sus compañeros atrapados y con sus familias”, expresó.
Y es que durante la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde reiteró que existe viabilidad para dicho rescate de acuerdo al análisis y la valoración de expertos internacionales de países como Alemania, China, Australia, y Estados Unidos.
“Se conformó entre ellos un grupo de los mejores de estos países en cuestiones de minas de carbón y accidentes de este tipo, se conformó un expediente único y por unanimidad determinaron que era viable el rescate, en ese momento se comenzaron los trabajos que tienen que ver con el análisis del agua y del gas que realiza el Servicio Geológico Mexicano”, señaló la funcionaria federal.
De acuerdo a los niveles de agua y gas que se detecten en la mina, se determinará el método exacto para extraer los restos de los cuerpos, por lo que se prevé que pronto se inicie con la obra.
https://www.milenio.com/estados/coahuila-continuan-trabajos-rescate-pasta-conchos?fbclid=IwAR2s0D65DLEpqOhhQf2QU1uXP1tAj7Pt2Bx1oNkjTUNa-uL2b6fW5PhKYQA
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Los Mármoles, Parque Nacional de Hidalgo bajo asedio de 5 mineras

Histórico. El presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto de protección en 1936, pero la economía de los pobladores está basada en la explotación de ese mineral y el alcalde quiere cambiar las leyes.
En el norte del estado de Hidalgo se localiza el Parque Nacional Los Mármoles que, como su nombre indica, posee una enorme riqueza de ese mineral en sus montañas, mismas que son el único hábitat del jaguar y oso negro en la entidad, especies que se encuentran bajo amenaza de, al menos, 70 concesiones mineras.
 Los Mármoles es uno de los primeros sitios que fue declarado Parque Nacional en el país. El presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto en 1936 y desde entonces está prohibida toda actividad extractiva en esa Área Natural Protegida (ANP), que se extiende a lo largo de 23 mil hectáreas, abarcando parte de cuatro municipios: Zimapán, Jacala, Pacula y Nicolás Flores, en un corredor entre la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato, esto a 200 kilómetros de Ciudad de México. Sin embargo, el alcalde de Zimapán, Érick Marte, asegura que una buena parte de la población subsiste de la extracción ilegal de mármol, por lo que demanda la recategorización del Parque Nacional para regular tales actividades a fin de beneficiar a la población y, por otra parte, permitir operar a cinco compañías mineras.
“El crecimiento de la minería sería bastante grande, se tienen detectadas 70 concesiones mineras, no significa que las 70 estén en posibilidad de trabajar, pero por lo menos hay cinco minas de oro, cobre y zinc que estarían en condiciones de trabajar una vez que se tuviera la nueva denominación, lo que estamos pidiendo es que tenga una categoría diferente a Parque Nacional. «Eso cuando menos duplicaría la producción en Zimapán, que es reconocida como la capital minera de México y pues nos conviene, porque eso repercute en el fondo minero, que sirve para obra pública y repercute en la economía local”, expresó Marte.
A pesar de que el parque cumplió 83 años, carece de un programa de manejo —esto es el instrumento rector de planeación y regulación que establece qué acciones están permitidas dentro del parque—, mismo que está en desarrollo en coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y las comunidades, en el que reconocen que existe una presión minera muy fuerte sobre el sitio, señaló Gloria Tavera Alonso, directora de la Región Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“Con apoyo del gobierno del estado se elaboró el programa de manejo, está en proceso de revisión.
Los Mármoles es un sitio muy pequeño de 23 mil hectáreas como ANP, donde existen las seis especies de felinos que están registrados en México: jaguar, puma, jaguarundi, ocelote, tigrillo, gato montés, y también hay oso negro; es un corredor muy importante para mamíferos grandes y esto se pone sobre la mesa, el valor del territorio y la reflexión de que esto ha permanecido por esta categoría de Parque Nacional, que es la más restrictiva, y aunque hay una presión muy fuerte de la actividad minera, la categoría que prevalece en este momento no lo permite”, expuso.
Tavera señaló que en los alrededores de Zimapán se ha aprovechado la minería desde 1700, por lo que es toda una tradición en la zona, así que la solicitud por parte de ejidos y comunidades de cambiar la categoría para poder hacer el aprovechamiento minero en algunos sitios data de al menos hace 12 años; “esta propuesta sale de las comunidades, pero no de todos, está dividida la opinión dentro de los cinco municipios que forman parte de esta área natural protegida, pero es más concentrado en el municipio de Zimapán el interés que tienen de aprovechar algunas áreas”.
La funcionaria aseguró que a inicios de 2000, se tenía 83 por ciento de concesiones mineras dentro del Parque Nacional, “actualmente de 83 bajamos a 30 por ciento que tienen concesiones mineras, ha ido desapareciendo esta actividad. Actualmente el gobierno federal es muy responsable de este otorgamiento de concesiones y el mismo Presidente de la República ha manifestado que la minería solo cuando hay distribución equitativa a los comuneros, no se afecte al medio ambiente y se tenga un buen equilibrio entre conservación y desarrollo”.
Por su parte, Oldid Vargas, presidente del Consejo Asesor del Parque Nacional Los Mármoles, señaló que en ese territorio existen asentamientos humanos, áreas agropecuarias que en teoría están prohibidas, y que buscan regular con la recategorización del parque, dejando la minería en un segundo plano, pues considera que la mejor alternativa para la región es impulsar el ecoturismo.
https://www.milenio.com/estados/marmoles-parque-nacional-hidalgo-asedio-5-mineras?fbclid=IwAR1PKyrs3YkDWRFsEmlt0uhn_TZ7Py8X336bvd9ba8vsJnZl0vV12_6qojI
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Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

 

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«Tormenta’ de polvo tóxico de jales mineros en Pueblo Mágico de Zimapan

Tormenta’ de polvo tóxico de jales mineros en Pueblo Mágico de Zimapan.

Acusan a edil de no atender contingencia ambiental

Mientras que Erick Marte Villanueva presidente municipal de Zimapán se la pasa agradeciendo a nombre de todos los alcaldes del mundo su «premio Honoris Causa», 24 familias del poblado de San Miguel sufren los estragos de la ’tormenta’ de arenas toxicas provenientes de jales o desechos mineros provocada por las enormes ventiscas que se produjeron los días jueves y viernes.

Alejandra Rojas, activista de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) señaló que los fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora que se registraron durante esos dos días removieron y esparcieron los polvos de los cerros de jales mineros que de forma irresponsable han colocado los operarios de la empresas mineras La Purísima, Preissan S. de R.L., Sago y El Espíritu, esta última propiedad de Rosalía Muñoz, ex alcaldesa del municipio de Zimapán.

Vídeos y fotos de Alejandra Rojas y otros activistas del CUZ muestran que por falta de tratamiento adecuado de los desechos por parte de esas empresas el polvo se esparció y formó una nube tóxica por varias horas en el poblado.

Esto según Rojas provocó dolores de cabeza, y molestias tanto en los ojos como en la garganta de ella, familiares y vecinos sin que hasta el momento las autoridades de salud, ecología y medio ambiente ni mucho menos el alcalde Erick Marte se hayan presentado en el lugar para atender la contingencia.

Esto aún cuando San Miguel, se ubica a escasos cinco kilómetros de la cabecera municipal y donde hay siete presas o confinamientos a cielo abierto de jales, la mayoría de ellos parecidos a cerros o pequeñas montañas grises, pertenecientes a las empresas mineras.

La activista del CUZ aseguró que en esas presas de jales «hay polvos y residuos de arsénico, cianuro así como de otros elementos químicos usados en el proceso de separación de plomo, cobre y zinc que hacen esas mineras’.

«Pero al alcalde nada de eso le importa ya que sólo tiempo tiene para promoverse con Honoris Causa, según él por promover la paz Mundial» dijo por su parte Hilario Encarnación Nieves, líder estatal de CUZ.

Por su parte, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local por Zimapán por el partido Morena hizo un exhortó al alcalde panista Erick Marte ’a ponerse las pilas y atender a la gente cuando este tipo de casos se registren ya que los polvos tóxicos de las minas son peligrosos’.

Lamentó que pese a que Zimapán tiene el denominativo de ’Pueblo Mágico’, ’tanto el alcalde como los integrantes del Cabildo no hacen nada para poner en orden a las empresas mineras que depositan sus desechos mineros en las cercanías de viviendas, provocando estragos a la salud de la gente como ocurre en San Miguel.

 

Fuente:http://liderespoliticos.com.mx/-quottormenta-de-polvo-toxico-de-jales-mineros-en-pueblo-magico-de-zimapan-e3TQ5e3Tk5e3g.html?fbclid=IwAR02ZOQ2-5yTtTtd3ALOGcgQF1j_rYwZ4ZnJjD_s4KOgLSxLViSyu9nDH24

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Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Samalayuca, Chih.,.- Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

 

Fuente:https://rotativo.com.mx/2020/01/02/noticias/nacionales/mexico/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense-817608/?fbclid=IwAR3X12ittPQAWmrS4JmPqOhaABPGOkPFIBJbOJGYCQHfaZpHT4NPAQHvr4U

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La guerra contra los pueblos indígenas

Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación celebraba su pírrica victoria de una supuesta aprobación ciudadana del megaproyecto Tren Maya (sic), con una votación de menos de 3 por ciento del padrón electoral, y con el apócrifo consentimiento de los pueblos originarios, violando el Convenio 169 de la OIT y con la condena de la ONU, en el caracol zapatista Jacinto Canek, Cideci-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tuvieron lugar sendas reuniones del 18 al 22 de diciembre, organizadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); por un lado, la Cuarta Asamblea Nacional conjunta de esas organizaciones, y, por otro, el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra.

Resultó estremecedor y significativo escuchar durante esos días los testimonios de delegados y concejales provenientes de todos los rincones de nuestra asediada República, en los que se entrelazaban el luto y la rabia por los despojos de todas las formas de vida, por las amenazas y agravios a la Madre Tierra, por los asesinatos de sus defensores, como el del delegado popoluca del CNI, Josué Bernardo Marcial Campo, “también conocido como Tío Bad, quien por su arte, su música y su protesta en contra de los megaproyectos que el mal gobierno pregona haber terminado, como es el fracking, fue desaparecido y encontrado brutalmente asesinado el pasado 16 de diciembre”, como los crímenes de Estado (por omisión o comisión) de Samir Flores Soberanes (nahua de Morelos), Julián Cortés Flores (mephaa de Guerrero), Ignacio Pérez Girón (tzotzil de Chiapas), José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahujote (nahuas de Guerrero), Juan Monroy y José Luis Rosales (nahuas de Jalisco), Feliciano Corona Cirino (nahua de Michoacán). Todos ellos, asesinados por oponerse a la guerra con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas, para consolidar el despojo que amenaza nuestra existencia como pueblos originarios.

Los participantes calificaron las consultas del gobierno actual como mentirosas y manipuladas, y se reiteró que violaban la jurisprudencia internacional. Se pretende suplantar la voluntad colectiva y se ignoran las formas de organización comunitaria, principalmente las asambleas como órganos máximos de debate y decisión. Se apuesta al desmantelamiento de los tejidos comunitarios, fomentando los conflictos, la polarización y el enfrentamiento dentro de los pueblos por parte de las corporaciones capitalistas y por los programas individualizados y clientelares del gobierno, como Sembrando Vida, duramente criticado. “Los conflictos internos (…) tiñen de violencia a las comunidades entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio, aun a costa de vender las futuras generaciones para el beneficio millonario de unos cuantos corruptos, a los que sirven los grupos armados de la delincuencia organizada”.

La expresión guerra contra los pueblos se escuchó en todas las mesas de trabajo y plenarias, destacando que el mal gobierno, junto con sus grupos armados militares, policiales, paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, extienden, en nombre del dinero y el progreso, la destrucción sobre todo el territorio nacional.

Se evidenciaron las amenazas a la vida y la reproducción de los pueblos originarios, por la imposición de gasoductos, acueductos, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicos, fractura hidráulica, despojo y privatización del agua, proyectos mineros, carreteros, aeroportuarios, inmobiliarios, turísticos, corredores industriales, presas y represas, zonas francas, monocultivos, destrucción y saqueo de bosques, muerte de lagos y ríos y, en todos las regiones, la violencia desatada de la delincuencia organizada como otra corporación capitalista, apoyada desde y al servicio del poder, como agente del terror y el saqueo, como otro brazo armado destinado a vaciar territorios y eliminar resistencias comunitarias.

Fueron significativas las críticas al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, atentado contra la madre naturaleza, los pueblos originarios y la soberanía nacional, que transformaría a la región en un inmenso parque industrial, así como al Proyecto Integral Morelos y al Tren Maya (sic), pues el objetivo de todos es la entrega a las corporaciones capitalistas de los territorios y recursos naturales de la nación y los pueblos.

Unánime y contundente en las reuniones fue la convicción de seguir fortaleciendo la autonomía anticapitalista, antirracista y antipatriarcal (semilla de rebeldía en medio de la muerte) como estrategia fundamental de las resistencias emancipatorias, reconociendo los extraordinarios procesos autonómicos de los mayas zapatistas, ejemplo de integralidad y articulación con las luchas de México y el mundo.

¡Samir vive, la lucha sigue!

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/12/27/opinion/011a1pol?fbclid=IwAR2jPngiffiZwutcp8c_cyRBvhAHRSMkJn5J74ZsZ38HkAc2hC8VrUiriEU#.XgXw1IKWpSg.facebook

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La minera canadiense compró su futuro en 2017, con Peña. Ahora los pueblos quieren recuperarlo

Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades de Guanajuato han protagonizado desde 2019 una lucha para que no opere una mina de la empresa Canadiense Argonaut Gold; denuncian que de implementarse generará caos ambiental y daños en la salud de las y los probadores.

 

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 1 de enero (Zona Franca).– En 2019 la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato,  y en específico quienes habitan alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, han iniciado una lucha ciudadana que tiene como objetivo concientizar a los habitantes de la región y de otros municipios, así como hacer saber al Gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.

La compañía canadiense Argonaut Gold precisa en su página oficial que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, según muestra en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.

EL PROYECTO

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo, en Durango, y en la mina La Colorada ubicada en Sonora.

Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur,  y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .

De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.

A ello se suma que se prevé el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, según han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.

El contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero Cuenca de la Independencia, estará acompañado del acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.

ORGANIZACIONES EN LUCHA

Son diversas organizaciones las que se han sumando de manera activa a los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre las consecuencias negativas que traería la explotación de la mina.

Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria, entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social (CEDESA), con más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.

Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina“ son la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominado “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional.

En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando en el mismo objetivo.

Todos ellos han realizado actividades que han tomado resonancia nacional e internacional. Iniciaron con foros de información, convocaron a una marcha en julio pasado y desde entonces se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, así como activistas y pobladores de otros municipios, en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.

¿CÓMO VA EL PROYECTO?

El avance del proyecto minero dependería de tres principales factores: los permisos correspondientes del Gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina, según dijo el activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.

Gustavo Lozano precisó que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasar a a la etapa de la explotación de la mina.

En septiembre pasado Semarnat le anunció a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.

En términos municipales, el Edil Miguel Angel Rayas Ortiz se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales les manifestó su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el Gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.

La mayoría de los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señaló, Gustavo Lozano, ”al cierre del año 2019 tenemos un trámite en Semarnat mismo que esperemos que sea negado a la brevedad y, de acuerdo a lo declarado por el Gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción; así como los pobladores de San Anton de las Minas, DONDE un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades”.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/01-01-2020/3704980?fbclid=IwAR2Uk2hQ5ph-DjduHyYUpiNWUvgcDy1pwmEew6yyyb4JkwALQsCV9bhShjI&__cf_chl_jschl_tk__=22e140acbc399853c1fbb6bb5864299fef5b3ecd-1578002186-0-AaLIKNvvRXxUQ3jwg5Sn31HbFc1mZomfwdLGUsm6f1uBaJTPo3sRFbDK8g_h8XOsZXYT7j2OCBhz1o7SgvKJUYQmyjIR51q3Lj3w43cqtaxEJSDQVimz0LSxfjQk7vHSz8VHUWnuxpERNGDNrDsZKKVECv5fwiCCanjQ54u5HHwiQpbYQS48J1m2SXIg9oTRHP4Td7p5J1rYIzy_jJRLHEXYz9Zp6Bzu7yG89j2qMptwdH5TlNjNNMHjYp8QfjCLn2wx_pUQJQXeMAAD1Z-XisNA26EBm6DfbZPkQfX_Pe74vLCzfUimOl93UoBLWsyyeZERStJTZFCV5k17JDiocwBgJYNL_7PALivlt1IrzGTqHWsYUrSN0NyMQjxmqroTRg

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Analizar y concientizar los problemas de basura y las afectaciones de la minería, reto de los dolorenses

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SE REALIZÓ EL FORO PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES Y EXTRACTIVOS EN DOLORES HIDALGO, DONDE SE EXPUSIERON ALTERNATIVAS PARA SER UNA CIUDAD DE “BASURA CERO”

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. – La asociación Lázaro Cárdenas del Río realizó un foro donde se expusieron diferentes alternativas que se tienen en la actualidad para lograr que una ciudad deje de producir basura y esta se transformen en residuos que debido a su composición puedan ser recuperados para la industria o compostados para el campo, con lo que se lograría una dinámica que protegiese al medio ambiente.

Para ello también presentaron el cuadernillo informativo titulado “Construyendo dignidad protegiendo el medio ambiente ¿Qué es la basura cero”, donde e resalto que el principal obstáculo es la voluntad política, en donde se tendrían que adecuar las leyes para poder normar el actuar de la población conforme a un plan que ayude a la generación de residuos aprovechables y el compostaje comunitario donde se aproveche todo el material orgánico, con esto se reduciría un poco mas de la mitad lo que llega a los rellenos sanitarios, expuesto por el biólogo marino Jorge Tadeo Vargas coordinador de centro de desarrollo comunitario y sustentabilidad.

De la misma forma se habló de los problemas que a los que se enfrentará el municipio de abrirse la mina a cielo abierto del proyecto de San Antón de las Minas, la problemática de contaminación ambiental al que se enfrentará el municipio en el caso de la apertura de la mina a cielo abierto en la comunidad de San Antón de las minas, siendo el principal la contaminación del agua y el subsuelo de la cuenca de la independencia, señalado por Gustavo Lozano de la Red Mexicana de afectados por la minería.

Esto se suma al riesgo de los lixiviados producidos por la basura como lo señalo Abel Balderas Ramírez quien señala que este es el principio para buscar alternativas que den resultados para todos donde también estén incluidos los trabajadores recicladores (pepenadores del relleno Sanitario)

 

Fuente:https://masdeaca.com/analizar-y-concientizar-los-problemas-de-basura-y-las-afectaciones-de-la-mineria-reto-de-los-dolorenses/?fbclid=IwAR0lVfQ1CuiOIfnpMuGs2mS2zveqeeRpFIKO5debBU6VyqUTHiJWpt9yHkM

Mexico

Derrame de Grupo México en Río Sonora, peor desastre ambiental: secretario Toledo

En 2014 ocurrió el peor desastre ambiental, que impactó a más de siete localidades, indicó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en referencia a la contaminación del Río Sonora por un derrame del Grupo México.

Este asunto, indicó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se atendió desde agosto. “Hemos respondido de dos formas: el tema jurídico y también se acudió a ocho reuniones con comunidades afectadas. La próxima semana, junto con el secretario de Salud, estaremos en Sonora viendo este asunto”.

Por su parte, Blanca Alicia Mendoza, procuradora federal del Ambiente, dijo que a la empresa Buenavista del Cobre se le revisan sus obligaciones en materia ambiental y el tema relativo al derrame.

“Las autoridades ambientales consideraron en 2017 que se había cumplido con la remediación”, detalló. No obstante, indicó, ahora “estamos inspeccionando la nueva presa de jales y toda la zona que incluye una mina ya cerrada”.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/12/derrame-de-grupo-mexico-en-rio-sonora-peor-desastre-ambiental-secretario-toledo/?fbclid=IwAR2THtq5BNlr1zCg2sVZohXWx9SKqbqpaFJhCi6PBNr_Pl8t3ZjRz4W9iG8

Mexico

Hay 15 millones de mexicanos con sed, pero 70% del agua la tienen refresqueras, mineras y lecheras

Especialistas de la UNAM y la UAM, así como activistas de la a coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, plantearon los diversos conflictos que vive la población mexicana para acceder al derecho humano al agua.
Para explicarlos, se remontaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación de Ley de Aguas Nacionales, que no contempló el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.

Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua, desde 1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país, pero no siempre sucede en México.

Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país. Tampoco sucede.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua.

Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 por ciento de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

TLCAN Y LEYES DEL AGUA

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución.

Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite.

Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.

En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.

La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indicó a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.

“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió.

Moctezuma va más allá y habla del llamado “huichicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.

El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico.

“Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista.

No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.

Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”.

“Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.

Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante tres horas.

Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable.

“Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.

UN 10% NO TIENE ACCESO A AGUA POTABLE

En un boletín, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM, Manuel Perló precisó que son entre 12.5 y 15 millones de personas las que sufren la falta del recurso en el país latinoamericano.

La falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en las zonas marginadas de las grandes ciudades.

“Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. Tenemos una deuda con ellos”, señaló.

De las personas que sí reciben el líquido, alrededor del 30 por ciento no lo obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente.

“El derecho al agua se encuentra en nuestra legislación, pero no se cumple”, recordó.

Fue en 2012 cuando se incluyó en la constitución el derecho humano al agua y se dio entonces a los legisladores 365 días para hacer una Ley General de Aguas, algo que nunca se hizo.

El doctor en planificación urbano-regional destacó que en territorio mexicano los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual.

“La mayoría están en el sur-sureste, pero en el centro y norte, donde se encuentra la mayor cantidad de población y la economía, hay menos”, expuso.

Esto influye en la compleja infraestructura para llevar agua a algunas zonas del país.

El especialista apuntó también que de los 653 acuíferos en México, 105 están sobreexplotados.

Los acuíferos son fuentes subterráneas de las que se extrae el líquido a través de pozos y bombeo, que pueden estar a diferentes profundidades: de 50 a 300 metros.

“Pero se les extrae mucha más agua de la que pueden captar de forma natural, y el número de acuíferos sobrexplotados ha aumentado en los últimos años”, apuntó.

En 1975 solamente 32 estaban en esa condición, en 2018 la cifra aumentó a 105.

Al respecto, Perló recomendó potenciar una política de reutilización del agua. En el país solo se trata la mitad del líquido, cuando lo ideal sería hacerlo en un 90 por ciento.

El consumo promedio es de 322 litros por persona al día, además, el 40 por ciento del agua se pierde en fugas.

La captación de agua de lluvia podría ser una buena solución para la escasez que sufren algunos grupos poblacionales.

“En lugares con parques públicos se puede captar agua de lluvia. Estos espacios no deberían depender solo del agua que reciben del sistema general de distribución, sino que ellos mismos deben captar, almacenar y utilizar el recurso para su propio uso”, propuso.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/22-03-2019/3554451