Mexico

Denuncian acoso y hostigamiento contra el campesino que desafía en México a una minera del magnate Carlos Slim

29/04/2020
Integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas denunciaron un intento de acoso judicial contra el principal opositor a un proyecto minero que devastó un pueblo para explotar su yacimiento de cobre.
Denuncian acoso y hostigamiento contra el campesino que desafía en México a una minera del magnate Carlos Slim
Roberto de la Rosa muestra los escombrosen Salaverna, Mazapil, Zacatecas, México, en junio de 2018.
Manuel Hernández Borbolla / RT
Organizaciones civiles denunciaron un acoso judicial contra el campesino Roberto de la Rosa, quien desde hace años libra una lucha contra la minera que devastó su pueblo, que pertenece al magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México.

El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.

En 2016, maquinaria pesada destruyó casas y edificios del pueblo de Salaverna en complicidad con el gobierno estatal de Zacatecas, con el objetivo de favorecer a la empresa minera.

Un caso emblemático de los conflictos sociales provocados por la industria minera en México.

¿Qué ocurrió?
A través de una petición en internet, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas emitió una solicitud para juntar firmas y ejercer presión para frenar el «hostigamiento y posible detención arbitraria» de Roberto de la Rosa, luego de algunos incidentes registrados por el avance de la minera sobre el territorio del pueblo.

«Desde diciembre de 2019 comenzó la minera a cercar alrededor de la comunidad, agarrando terreno y más páramos varias veces, pero como nosotros tenemos nuestras ocupaciones no podemos estar vigilantes siempre, así fueron avanzando», explicó Roberto de la Rosa en entrevista con RT en Español.

Los abogados defensores de la comunidad de Salaverna habían llegado a un acuerdo con el Gobierno de Zacatecas para impedir el avance de la minera y evitar, así, que escalaran los enfrentamientos entre la gente y los trabajadores de la empresa, en lo que se resolvía un conflicto judicial que se encuentra en tribunales.

A pesar de que existe un litigio para determinar la propiedad de los terrenos donde se ubican la comunidad de Salaverna y la minera, la empresa incrementó el número de detonaciones en la zona durante las primeras semanas de abril.


Cráter provocado por explosiones en Salaverna, Mazapil, Zacatecas, México, en junio de 2018.
Manuel Hernández Borbolla / RT
El pasado 13 de abril, en medio de la epidemia por coronavirus, 20 trabajadores de la minera realizaron obras en terrenos cercanos a la milpa donde siembra el campesino. Esta situación provocó una discusión entre Roberto de la Rosa y el grupo de trabajadores encabezado por Jaime Alberto Contreras.

Durante el altercado, el campesino, quien lleva años siendo amenazado por su resistencia a la mina, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de los asaltantes), lo que hizo que los trabajadores abandonaran las tierras.

Las secuelas
El pasado 25 de abril, presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, fueron a buscar al campesino a su casa para entregarle una notificación judicial para declarar ante el Ministerio Público por este altercado.

El hecho provocó que el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas iniciara la recolección de firmas por internet para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga en el caso y se evite una persecución judicial contra Roberto de la Rosa.

Las organizaciones que respaldan al campesino, y han acompañado el caso, temen que el altercado pueda ser utilizado para encarcelar a Roberto de la Rosa y beneficiar a la empresa minera en su intento por desalojar a los habitantes del poblado de Salaverna.

De acuerdo con Grecia Eugenia Rodríguez, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, esta no es la primera vez que la minera propiedad de Carlos Slim «utiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en el ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua».

El poblado de Salaverna se ubica sobre un depósito de cobre de alta pureza, donde además se extraen otros minerales como oro, plata y zinc.

La activista explicó que desde hace algunos años, la minera inició «un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo a la modalidad de tajo a cielo abierto, en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del potencial tajo se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna».

De este modo, los directivos de la empresa minera, junto con distintas autoridades gubernamentales, han realizado una serie de maniobras de desalojo forzado para que los habitantes de este poblado sean echados de sus casas y la minera pueda explotar los minerales bajo la modalidad de cielo abierto.

En 2016, el Gobierno de Zacatecas, a cargo del gobernador Alejandro Tello Cisterna, organizó una reunión en la capital del estado al mismo tiempo que maquinaria pesada entró al pueblo para destruir las casas, escuela e iglesia de Salaverna, con el objetivo de expulsar a la gente de su lugar.

Por este motivo, los abogados de Roberto de la Rosa han solicitado a la CNDH y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que atraigan el caso y se otorguen medidas cautelares para el campesino, mientras las autoridades judiciales resuelven el conflicto por la tenencia de la tierra.

Esto, mientras el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, tiene pendiente publicar un estudio científico sobre una falla geológica que atraviesa los terrenos del poblado, argumento que, de acuerdo con los habitantes de Salaverna, ha sido utilizado para desalojarlos de sus casas sin que exista evidencia que sustente un supuesto riesgo para la población.

Manuel Hernández Borbolla, México
https://www.enlineadirecta.info/noticia.php?&article=372188

Latinoamerica, Mexico

Posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 ante la crisis del COVID 19

27/04/2020
PUBLICADO EN: COSTA RICA, DESTACADOS, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MESOAMÉRICA, MÉXICO, PANAMÁ

La crisis de salud que atravisa a la humanidad y su entorno, es motivo para repensar el rol y deber que debemos ejercer para la sustentabilidad de nuestro planeta. Es por eso que:

Las organizaciones socioambientales, comunitarias y rurales, que conformamos el M4, extendemos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos del mundo ante la crisis sanitaria producido por el COVID 19.
El M4, cuyo accionar y actividades son en Latinoamérica, expresa su profunda preocupación por las miles de familias que además de ser víctimas del COVID 19, son aquellas que históricamente han sido afectada por un modelo de desarrollo que los ha mantenido en una desigualdad social y marginados de una salud digna.
El M4 ha sostenido como principios que ante la crisis ambiental global, un mejor modelo económico, es aquel que conserva su patrimonio ecológico, condición para optar por un ambiente sano para los ciudadanos.
El M4, ante la crisis del COVID 19, expresa y repudia enérgicamente, que la carga y secuelas negativas para la economía general, sea asumida a futuro por nuestros pueblos.
La pandemia del COVID 19 pone de manifiesto que los conflictos socioambientales provocados por el capital financiero sobre el espacio natural, han quedado a merced del descontrol, desamparo e intemperie de las protección ambiental de los derechos humanos.
El M4 hace un profundo llamado a los gobiernos, defensorías del pueblos, y organismos de Derechos Humanos de la región, para que cumplan con los oficios y exigencia para la la suspensión de operaciones de las empresas extractivas mineras. Dicha operaciones están violando las leyes nacionales en materia de salud y ambiente y poniendo en riesgo a los trabajadores y comunidades aledañas, sin ningún control o medidas que eviten la propagación del COVID 19.
Ante la crisis del COVID 19, queda en evidencia que las empresas mineras apuestan a sus ganancias sin importar los efectos negativos que generan en la población. Además se suma su falta de cumplimiento de medidas de contención y prevención ante cualquier hecho que atente con la vida de sus trabajadores.
En cumplimiento de las medidas de salud y cuarentena, el M4 junto a pueblos asechados por el COVID 19, exigen a los gobiernos priorizar la atención a salud, alimentación y servicios básicos de superviviencia para sus poblaciones, en especial aquellas comunidades marginadas que son las que más están sufriendo las consecuencias de la propagación de esta pandemia.
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Litio, Mexico

Litio: Nuevo petróleo mexicano Ganancias de privados, penas del pueblo

Por OLEP 24/04/2020
EN 2019 LA MINING TECHNOLOGY (portal de internet que publica información referente a la minería en el mundo) publicó un ranking de yacimientos de litio y México apareció como cabeza de la lista del yacimiento de litio más grande del mundo. Ubicado en Bacadéhuachi, Sonora, cuenta con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. Esta noticia convertía a México en el centro de atención, pues lo coloca como una potencia en la producción del nuevo oro blanco.

El litio es un elemento químico utilizado para la fabricación de diferentes productos, como las baterías y otros aditamentos de celulares, computadoras, automóviles eléctricos, aeronaves, naves espaciales, submarinos, etc. El litio es el componente fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y militar, así que, quien asegure su suministro tendrá muchas ventajas. Ahora, naciones de todo el mundo se afilan las garras para llevarse la rebanada más grande de pastel, pues Sonora no es el único lugar donde existe el litio.

¿Quién ganó la concesión del yacimiento en Sonora? La Bacanora Lithium, empresa con sede en Reino Unido, que en 2019 se alió con la compañía china Ganfeng Lithium (la productora más grande de litio en el mundo) para formar el proyecto Sonora Lithium Project, con 10 concesiones mineras que cubren aproximadamente 100 mil hectáreas en ese estado. Estas tierras fueron adquiridas desde 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio y con el cambio legislativo que permite que ejidos y comunidades vendan sus tierras… de esa manera muchas empresas se adueñaron del país.

Los otros yacimientos se encuentran en lugares como Baja California, administrado por la estadounidense Pan American Lithium (que ha pausado los trabajos) y en San Luis Potosí-Zacatecas, donde la mexicana Litiomex y la española Sutti Mining tienen un proyecto denominado Salinas Lagoon, el cual se estima contiene ocho millones de toneladas de litio. Mientras que las empresas canadienses dominan el país en el desarrollo de proyectos de litio: la Organimax Nutient se localiza en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí; la Radius Gold tiene el proyecto en exploración Lithium Brine, en Coahuila; la Zenith Minerals cuenta con tres proyectos en fase exploratoria en Zacatecas; la One World Lithium trabaja en Baja California; y en Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Puebla también existen proyectos de exploración de litio.

“México lo tiene todo para ser potencia en litio, debería poder fabricar autos eléctricos en fábricas públicas”, mencionó Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien añadió que ya se estudia, junto con la Secretaría de Energía, cómo México intervendrá en el nuevo mercado global de litio. Las explotaciones de litio en el país, tan sólo de la mina de Sonora, tienen un valor de 1 253 millones de dólares. ¿A dónde va a parar el litio que se produce en México? La mayoría va para el mercado asiático, que consume el 60% del litio a nivel mundial, ya que China es la encargada de fabricar dispositivos y componentes de grandes marcas como Apple, Samsung y marcas locales como Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Meizu, que le encargan la fabricación de los teléfonos inteligentes a compañías como Foxconn, Pegatron, Zenfone, etcétera.

México pudo haberse sacado la lotería, pero lamentablemente en el país no existe una industria del litio. Si vemos algunos datos de la industria en México, podemos vislumbrar cómo se convirtió en un país con producción especializada para la exportación, sobre todo de manufactura de automóviles. Según The Observatory of Economic Complexity, de todo lo que exporta, el 11% son vehículos ¿y qué es lo que más importa? Partes y accesorios de automóviles. Somos la gran ensambladora a nivel mundial, ya que ofrecemos mano de obra muy barata, a la cual le niegan todo tipo de seguridad social y laboral, lo que provoca mayores ganancias a la clase burguesa.

Aun así, el gobierno tendría que incentivar la gran industria, la industria pesada, las máquinas que hacen máquinas, para poder procesar y transformar el litio. Para empezar a crear y no sólo ensamblar, el Estado debería construir industrias públicas administradas por él. Por ello es necesario que el país recupere su industria nacional, pero esto no es suficiente: si no cambia la base económica bajo la cual se sustenta el desarrollo del país, esto al final sólo beneficiará a la clase en el poder, a la clase burguesa, dueña de los medios de producción. Porque son unos camaleones y hoy pueden ponerse la bandera de la 4T, presentarse como nuestros amigos y aliados, permitir que el Estado haga industrias, recupere terreno en algunos ámbitos, porque saben que tarde o temprano se adueñarán de todo. Podemos recordar lo que se logró en el Estado de Bienestar y que, al entrar la política económica conocida como neoliberalismo, se destruyó: los burgueses se apropiaron o destruyeron todo lo que el pueblo había construido. Por ello es necesario que no sólo no tomen el control de cuatro de los 11 yacimientos de litio que se han identificado en el país, sino que se deben cancelar todas las concesiones mineras que se entregaron a empresas privadas nacionales y extranjeras que lo único que han hecho es llenarse los bolsillos, envenenar el suelo y dejar a los poblados sumidos en la pobreza. El Estado debe recuperar la soberanía nacional y el control de nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo, debe recuperar la dignidad nacional.

Esto no se va a lograr mágicamente, tiene que ser empujado por el pueblo organizado, un pueblo que no confíe en que se pueden conciliar los intereses de clase, que sepa identificar quién es su enemigo principal. Por ello, desde la OLEP te invitamos a conocer nuestro Programa Mínimo de Lucha, para que todos podamos gozar de una vida digna, donde el construir automóviles eléctricos no sea sólo un sueño, sino una realidad donde podamos arrancar el mal de raíz y arranquemos el capitalismo e instauremos el socialismo.

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección de Análisis del No. 52 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Abril, 2020.
https://kaosenlared.net/litio-nuevo-petroleo-mexicano/

Criminalización de la protesta, Mexico

Intentan encarcelar a opositor a minera en Zacatecas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
26/04/2020

Zacatecas, Zac., Presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, citaron al campesino Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de Salaverna, mediante un escrito dejado en la puerta de su casa.

De la Rosa Ávila encabeza la defensa de su comunidad contra la mina Ocampo Minning Tayahua, filial de Grupo Frisco, del magnate Carlos Slim Helú. El activista narró vía telefónica a La Jornada que la semana antepasada fue objeto de amenazas y provocaciones por ingenieros y otros trabajadores de la minera, que invadieron tierras de su propiedad para hacer trabajos de exploración minera.

En una segunda incursión, de-sesperado, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de bandoleros) y con ella amagó a los trabajadores de la minera que seguían explorando en su terreno. Sólo así lo escucharon y abandonaron sus tierras.

Acoso y presiones contra Roberto de la Rosa

Por esa acción, la compañía habría interpuesto una denuncia penal en su contra. Su abogado Efraín Arteaga Domínguez denunció el hecho y acusó a la minera de intentar encarcelar al hombre, mediante el acoso y presiones, para arrebatarle sus tierras y abrir en el sitio una mina a cielo abierto.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est#.XqWZ8U9kGxc.whatsapp

Mexico

Exigen legisladores y académicos sancionar a mineras que no paran labores

Alfredo Valadez Rodríguez, Corresponsal
Periódico La Jornada
17/04/2020
Zacatecas, Zac., Legisladores federales y locales, académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como ocho organizaciones sociales, dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que se sancione a empresas mineras nacionales y extranjeras que operan en la entidad y «lo están engañando», pues no han suspendido sus actividades, no prioritarias, exponiendo a miles de trabajadores al Covid-19.

Los inconformes solicitaron al Presidente que garantice a Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de Salaverna, que no sea agredido por guardias de seguridad de la empresa Ocampo Mining, y que paren las explosiones subterráneas con las cuales la minera ha dañado viviendas de esa comunidad.

“Ocampo Mining, filial de Frisco-Tayahua, concesionada a Carlos Slim Helú, está desacatando flagrantemente la declaratoria de emergencia sanitaria, así como el acuerdo mediante el cual se establecieron las acciones extraordinarias para atenderla, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo.”

Según los firmantes, la minera de Carlos Slim en Salaverna “sigue laborando diariamente (tres turnos por día), exponiendo a cientos de trabajadores y a sus familias al contagio de Covid-19.

“Lo más grave, sin embargo, es que la empresa minera sigue implacablemente con sus acciones encaminadas a la destrucción física de la comunidad de Salaverna, avasallando de manera prepotente los derechos humanos más esenciales de sus habitantes, así como sus garantías constitucionales de seguridad jurídica.

«Sigue realizando detonaciones en el subsuelo de la comunidad, hasta tres veces por día, resquebrajando el suelo y las viviendas, ante la increíble indiferencia y pasividad de toda clase de autoridades, municipales, estatales y federales.»

Por eso demandaron a López Obrador que «ordene la inmediata suspensión de las obras y trabajos de la empresa minera Ocampo Mining en términos del Acuerdo de Emergencia Sanitaria del Consejo de Salubridad General, y de los artículos 43 y 45 de la Ley Minera y su reglamento, y además que se instruya a la dependencia respectiva la cancelación del proyecto de explotación minera a cielo abierto en Salaverna», municipio de Mazapil.

Entre otros, signaron el documento los legisladores federales del partido Morena Óscar Rafael Novella Macías, Mirna Maldonado Tapia y Samuel Herrera Chávez, así como su correligionaria, la diputada local Alma Gloria Dávila Luévano.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/17/estados/031n3est#.XpownJjYRxQ.facebook

Mexico, Sin categoría

Violan mineras en Zacatecas la orden de parar actividades

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal, Periódico La Jornada
16/04/2020
Foto. Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, mostró la casa en la que habitó su hijo hasta el 2 de noviembre de 2019, y que esta a punto de colapsar debido a las explosiones originadas por la minera Ocampo Minning-Tayahua.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Zacatecas, Zac., Empresas mineras no han parado labores en Zacatecas a pesar de que el gobierno federal ordenó cerrarlas por considerar que sus actividades no son prioritarias en la emergencia por el Covid-19, denunció el delegado municipal de la comunidad de Salaverna, Roberto de la Rosa de Ávila.

Una de ellas, explicó, es Ocampo Minning-Tayahua, de Grupo Frisco, que explota el subsuelo de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, 270 kilómetros al norte de la capital de Zacatecas.

Ahí siete familias se resisten al desalojo y han luchado por más de una década por conservar sus casas. En el sexenio pasado Frisco obtuvo autorización de la Semarnat para cambiar su método de trabajo, de subterráneo a cielo abierto.

Más de 60 familias fueron convencidas de dejar sus viviendas para irse a vivir «en comodato» a la colonia Nuevo Salaverna, donde la propia compañía les construyó pequeñas casas a cinco kilómetros del «viejo» Salaverna. Pero el delegado Roberto de la Rosa de Ávila y seis familias más se resisten a irse.

Empleados de Ocampo Mining–Tayahua informaron a principios de este año a Roberto de la Rosa de Ávila que él y las demás familias debían abandonar sus casas porque este mes sería la fecha límite para comenzar los trabajos de exploración.

Como jurídicamente la minera de Carlos Slim Helú no pudo hacer que los sacaran por la fuerza, con el apoyo del gobernador Alejandro Tello Cristerna, por conducto de la Dirección Estatal de Protección Civil, se les notificó en diciembre de 2016, que era urgente que abandonaran sus casas, pues estaban en peligro de derrumbe «por hundimientos del subsuelo producidos por una falla geológica».

Además, la minera intensificó en cantidad e intensidad las detonaciones subterráneas con explosivos, provocando que muchas casas se cimbren y agrieten.

En la ladera de un cerro contiguo a la comunidad existe un enorme hundimiento, de aproximadamente 400 metros cuadrados, producto de esas explosiones «que la minera realiza, hasta tres veces al día, con el propósito de expulsarnos de nuestras casas».
https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/estados/027n2est#.XphkaAjbeX9.whatsapp

Mexico

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera

Después de que la Guardia Nacional abandonó el territorio donde operaba la minera Penmont de Alberto Bailléres, los ejidatarios recuperaron sus tierras pero se mantienen en la incertidumbre porque no se ha ejecutado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario desde 2014
Tomado de: Reyna Haideé Ramírez
10/04/2020

El pasado 26 de marzo, ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, recuperaron físicamente los terrenos que eran ocupados de manera ilegal por la minera Penmont. Sin embargo, viven en la incertidumbre de que la minera vuelva a irrumpir, por lo que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías para que el Tribunal Unitario Agrario ejecute en definitiva la sentencia que es Cosa Juzgada desde 2014.

Esta semana, los ejidatarios informaron al presidente que la recuperación fue posible porque el mismo 26 de marzo se retiró la Guardia Nacional de su territorio, luego de que en la conferencia matutina él se comprometiera a revisar su denuncia.

Los ejidatarios denunciaron, en una protesta en Palacio Nacional, que la Guardia Nacional se unió a corporaciones estatales para proteger los intereses de la minera Penmont, cuyo socio mayoritario es Alberto Bailléres. Lo que impedía además restituirles sus tierras ganadas en juicio desde 2014.

Los ejidatarios entregaron a Presidencia una misiva que tiene sello de recibido el 6 de abril de este año. En ella explican que también salió de su propiedad el Ejército y la Policía Estatal.

“Sirva este escrito para hacerle saber que el jueves 26 de marzo… (sic) la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abandonaron nuestras tierras dejando sola a la minera con la Policía Estatal, que también tuvo a bien retirarse horas más tarde”, indican en la carta sellada por Atención Ciudadana de Presidencia.

“La Guardia Nacional a semanas de existir ya se encargaba de proteger los intereses de la minera, confiamos y creemos también que dicha corrupción en la Guardia Nacional y Ejército Mexicano sólo se haya dado en los mandos más bajos y no venga desde arriba como en anteriores administraciones donde se le protegía desde el Ejecutivo Federal”, señalan en la carta.

El 26 de marzo, Pie de Página cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a la protección que las corporaciones brindaban a la minera. Días antes, el 22 de marzo, se publicó en este medio el conflicto de los ejidatarios de El Bajío.

En la carta acusan también que Bailléres ha movido sus influencias para detener la ejecución de las sentencias ante el Tribunal Unitario Agrario.

“Con influyentismo ha logrado lo que su extenso equipo de abogados no pudo. Ha logrado evadir la justicia deteniendo la ejecución de las sentencias”, exponen.

“Después de más de seis años de tener 67 sentencias firmes contra la minera Penmont S de RL de CV, de Alberto Bailleres González, no han sido ejecutadas las mencionadas sentencias por el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo. Pues los siete magistrados que han pasado por dicho Tribunal de 2015 a la fecha se han negado a ejecutar las sentencias.

“Nos oponemos a que la minera regrese pues vivíamos mucho mejor antes de que esta llegara y sólo pedimos interceda para que la Magistrada Janette Castro Lara, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Hermosillo ejecute las 67 sentencias que se dictaron a favor y que causaron Estado desde el 28 de noviembre del 2014”, precisan.

Piden audiencia con el presidente

Los Tribunales Agrarios del país son de carácter administrativo, dependen del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Por ello en la carta solicitan una audiencia. Mencionan la entrega de una copia de una de las 67 sentencias que son Cosa Juzgada y solicitan la intervención de López Obrador para que en forma definitiva les restituyan sus tierras.

“Anexamos a la presente, una copia simple del expediente 495/2013, una de las 67 sentencias de las que hablamos”, precisan.

Indican también la entrega de otras dos cartas dirigidas al presidente. Una es del 20 de marzo en la primera manifestación que realizaron en Palacio Nacional; otra del 28 de marzo, cuando López Obrador visitó San Luis Río Colorado, Sonora; y otra más entregada a la 45 Zona del Ejército con sede en Sonora, para solicitar que retiraran el apoyo a la minera.

Los ejidatarios rechazan que su intención sea explotar la región como mineros. Desde agosto de 1971, usan esa tierra para sembrar mezquite para el ganado.

Caborca es una zona agrícola y ganadera. Pero desde que llegó Penmont se explota la minería a cielo abierto.

“Deseamos dedicarnos a actividades agrícolas y ganaderas. Son tierras en condiciones aptas para esto, como lo eran antes de la ocupación ilícita que mantuvo la minera.

Minera rechaza acusaciones

El mismo lunes 6 de abril, la minera Penmont aseguró en un comunicado que desde el 2013 regresó los terrenos ejidales. Acusó que un grupo de personas pretende engañar a las autoridades estatales y federales. Se hacen pasar por ejidatarios y les intentan despojar de un predio denominado El Bajío que, aseguran, es de su propiedad.

“Minera Penmont reitera que siempre ha actuado legalmente y reitera su total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, indican en el texto.

Intervención de Rafael Pavlovich

El 13 de julio del 2013, policías federales restituyeron las tierras ejidales a El Bajío, pero según acusan los ejidatarios, la empresa regresó a explotar una parte del predio en el 2015, a través de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La minera consiguió un título de propiedad, fechado en junio de 2017 y firmado por la entonces titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Con este documento regresó a explotar 571 hectáreas del ejido, en 2018..

Esta nueva incursión de la minera derivó en un nuevo juicio agrario, el 297/2019. Tres ejidatarios lo interpusieron el 8 de julio del 2019. Reclaman en particular esas 571 hectáreas. En este nuevo juicio la minera solicitó un amparo para continuar la explotación del lugar, pero le fue negado. Eso le impide legalmente ingresar al predio, hasta que se resuelva en definitiva esta demanda. Aunque nunca hizo caso y siguió extrayendo el oro del lugar, según denuncian los ejidatarios.

El ejido no presentó demanda, según explican, porque consideran que dicho título o es falso o se obtuvo de manera ilícita. Argumentan que el predio ya tiene como dueño al ejido y, sobre todo, está dentro de las 20 mil hectáreas que en el 2014 el Tribunal Unitario Agrario ordenó que se les restituyeran. También condenó a la minera a remediar el daño ambiental y devolver el oro que extrajo del lugar durante el juicio.

Por los hechos del 26 de marzo, la minera Penmont acusa a ejidatarios de diversos actos delincuenciales, por lo que interpuso demandas correspondientes.

“Estas incursiones criminales y violentas en terrenos de propiedad privada representan una situación insostenible para la mina que emplea 4,500 personas en la región, suma inversiones por cientos de millones de dólares y es una empresa altamente comprometida con el desarrollo sustentable, acreditada por instancias internacionales al respecto”, señala el comunicado.

En el escrito también demanda la actuación de las autoridades estatales y federales.

“Se espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias para mantener la operación del complejo minero que localmente es uno de los más importantes polos de empleo de la región”.

Para los ejidatarios los presuntos “delincuentes” son los dueños de la mina. Ya que a pesar de que existe una sentencia como Cosa Juzgada, insisten en explotar ilegalmente el predio. Y mueven sus influencias para que las autoridades agrarias no ejecuten la sentencia. Esto último también se da a conocer al presidente en las cartas que le han enviado.

“La mina se amparó cuando le ordenaron no entrar y se lo negaron y aún así se mantenía explotando: ¿quiénes son los delincuentes?”, cuestiona el presidente ejidal Jesús Thomas.

Guardia Nacional rechaza proteger mina de Bailléres

El gobierno federal entregó a Pie de Página una nota informativa de la Guardia Nacional. La corporación rechaza mantener presencia en la mina Dipolo, que es el predio en disputa entre la minera Penmont y los ejidatarios de El Bajío.

Añaden que su presencia en el lugar ocurrió sólo en dos ocasiones.Obedeció, señalan, a reportes de dos hechos violentos en esa región, uno ocurrido el 1 de marzo y otro el 26 de marzo. En este último refieren que el enfrentamiento se dio entre ejidatarios y guardias de la minera Penmont.

“Se informa que la Guardia Nacional NO mantiene presencia en la mina DIPOLO, acudiendo en ambas ocasiones solamente para atender reportes del C5i respecto a los hechos mencionados (sic)”, indica la corporación.

“En ambas ocasiones, la Guardia Nacional fue alertada sobre la presencia de personas armadas en las cercanías de dicho Ejido, por lo que se atendió esta información y se realizaron patrullajes hacia el área donde se encuentra el multicitado Ejido, permaneciendo en el mismo solo el tiempo necesario para verificar la información respecto a la presencia de personas armadas, continuando con su patrullaje y posterior retorno a Caborca”, añade.

En el documento de la Guardia Nacional también se destaca que:

“La Base de Operaciones de la Guardia Nacional más cercana al Ejido El Bajío se encuentra en Caborca, Son. (90 Kms. de distancia del Ejido) (sic)”.

En su comunicado la minera también intenta desacreditar el trabajo de esta reportera con acusaciones falsas.

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera


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Criminalización de la protesta, Mexico

Asesinan a otro ambientalista en México: Adán Vez Lira, luchaba contra la megaminería

Adán Vez Lira, defensor de los manglares de Actopan Veracruz, fue hallado muerto este miércoles. El ambientalista luchó contra la voracidad de las mineras que arrasaban con la fauna y flora del lugar.
09/04/2020
Asesinan a otro ambientalista en México: Adán Vez Lira, luchaba contra la megaminería
Axomalli Villanueva
@axomalli1

La mañana de este miércoles 8 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de Adán Vez Lira, defensor de los manglares del municipio de Actopan, Veracruz, el ambientalista fue integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, quienes se dedicaban a promover el ecoturismo y la protección a las aves de la zona.

El cuerpo del activista apareció con varios impactos de bala en la comunidad de La Mancha del municipio de Actopan. En vida había sido un férreo opositor de la megaminería que arrasa con las regiones naturales de Veracruz, además de haber sido uno de los organizadores del Festival de Las Aves y Humedales; y de la Cabalgata por la Ecología, reconocidos a nivel nacional por fomentar la conservación de Áreas Naturales Protegidas.

El asesinato generó la condena de organizaciones ambientalistas que mantienen acciones legales y civiles para impedir la operación de mineras en las regiones de Alto Lucero y Actopan.

Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron recientemente que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning han causado daños a manantiales y pozos de Actopan y Alto Lucero.

En el periodo de marzo-abril, han sido asesinados otros dos activistas defensores del medio ambiente: Isaac Medardo, activista morelense defensor del defensa del manantial Chihuahuita y Paulina Gómez, defensora del territorio sagrado de Wirikuta.
https://www.laizquierdadiario.cl/Asesinan-a-otro-ambientalista-en-Mexico-Adan-Vez-Lira-luchaba-contra-la-megamineria

Mexico

Fortuna Silver Mines anuncia suspensión de operaciones en México

3/4/2020

La minera Fortuna Silver Mines anuncio suspensión temporal de las actividades mineras en México, mientras mantendrá ciertas operaciones en Perú y Argentina.

La minera que opera en San José del Progreso, en Oaxaca, hasta el día de hoy no ha presentado casos confirmados ni sospechosos de coronavirus en sus colaboradores.

El 31 de marzo de 2020, México anunció medidas extraordinarias para enfrentar el Covid-19, que incluye la suspensión de todas las actividades no esenciales, incluida la minería, hasta el 30 de abril de 2020.

En consecuencia, la minera mexicana Cuzcatlán, subsidiaria de Fortuna Silver Mines, entiende la petición de los gobiernos federal y estatal de suspender temporalmente las actividades mineras y confía en que se reanuden en el momento oportuno para salvaguardar la salud de la población y minimizar impactos negativos a la economía nacional y en particular de San José del Progreso y las comunidades en las que opera.

Asimismo, la empresa también informó que dará continuidad a sus esfuerzos ambientales en lo referente a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos con el objetivo de que el municipio disponga de agua tratada para riego de jardines y baños públicos; cuidado de las especies en su vivero interno y de las hectáreas recientemente reforestadas el pasado mes de marzo.

También mantendrá sus programas comunitarios para atacar la pandemia. Seguirá apoyando a ocho centros de salud en San José del Progreso y sus agencias con insumos médicos como guantes, tapabocas, desinfectante, sanitas y termómetros digitales, entre otros.

Igualmente, continuará su comunicación comunitaria, mediante la cual distribuye información de fuentes oficiales en las comunidades en las que opera y dona a la población local paquetes preventivos ante el Covid-19.

Fortuna Silver opera la mina Caylloma en el sur de Perú y la mina San José, en Oaxaca, México, y está construyendo una mina de lixiviación en pilas de cielo abierto en el Proyecto Lindero, en el norte de Argentina.

En 2019, la compañía produjo en mina San José 7 millones 868,478 onzas de plata, una disminución del 1 % con respecto al año 2018; y 48,880 onzas de oro, una baja de 9 % desde el año anterior, estando dentro de la guía de esa mina para la plata y ligeramente por debajo de la guía para el oro.

Fuente: Oaxaca

Fortuna Silver Mines anuncia suspensión de operaciones en México

Mexico

El Supremo mexicano abre una nueva vía para las víctimas de un derrame minero en Sonora

El alto tribunal deja en manos de las autoridades un nuevo plan de remediación ambiental
ALMUDENA BARRAGÁN
5/4/2020
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.TERESA DE MIGUEL
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró recientemente que el fideicomiso para las víctimas del derrame minero que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014 no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados al no hacer una consulta pública sobre el cierre del instrumento. El tribunal hizo pública una sentencia en la que aborda el cierre precipitado del Fideicomiso Río Sonora, que supuestamente remediaría el derrame tóxico que afectó a varias poblaciones en el norteño Estado de Sonora. Grupo México, la responsable del vertido, aportó 2.000 millones de pesos (100 millones de dólares) al mecanismo. Pero solo fue ejecutado un 60% del total y después se dio por concluido de manera unilateral.

El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, propiedad de la minera más importante de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre a los cauces. El derrame afectó la vida de 22.000 personas y dañó la ganadería, la agricultura y la reputación de la región. Muchos de los habitantes de aquella región arrastran problemas de salud y otros se vieron obligados a migrar. La población de Bacanuchi se redujo a la mitad en menos de seis años.

La SCJN determinó que, mientras no se lleve a cabo un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora que presentaron el amparo ante el alto tribunal, y estas no queden conformes con la remediación, el fideicomiso no puede cerrarse. “Se deja sin efecto el fideicomiso por la forma en que se llevó a cabo, ya que dejaron a la población a un lado”, dice Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que da asesoramiento jurídico a los afectados.

La sentencia emplaza a celebrar una reunión pública de información. Allí debe explicarse a los afectados las medidas de remediación del fideicomiso entre 2014 y 2017 y darles la oportunidad de expresar si están de acuerdo con ello. También se tendrá que escuchar a las empresas responsables del derrame. Las autoridades tendrán que explicar cómo comprobaron que los objetivos del fideicomiso se cumplieron. “Las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN. “La sentencia obliga a responder las inquietudes y necesidades de las comunidades y reactivar la remediación ambiental. Las autoridades tienen que estar a la altura con acciones firmes y concretas”, afirma Hopenhaym.

Grupo México asegura que limpió la región del derrame y que el río ya no está contaminado. Investigadores de las universidades de Sonora y Arizona, sin embargo, revelaron que los pozos tienen niveles de metales pesados superiores a los de la fecha del derrame. La contaminación se ha extendido 250 kilómetros río abajo por la cuenca, afirman.

La respuesta de la Suprema Corte es recibida con esperanza pero con cansancio tras cumplirse cerca de seis años del accidente. El vacío y la negligencia con la que operaron las autoridades y la empresa no pueden borrarse. “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos muestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos”, dice a través de un comunicado Elba Nidia Aguirre, una de las personas que presentaron el amparo.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/el-supremo-mexicano-abre-una-nueva-via-para-las-victimas-de-un-derrame-minero-en-sonora.html