Mexico

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD UN TRATO ESPECIAL PARA LAS MINERAS

02 de junio del 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de
Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave
situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló
la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer
esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”,
con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones
preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a
la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como:
robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y
con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera
inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las
comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir,
disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son
“primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las
grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía
con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios
de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes
fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que
ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de
las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección
personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero,
se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores
del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

Minería reinicia actividades con 370,000 trabajadores directos

31/05/2020
La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del IMSS para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.
minería-industrial
Foto: Reuters

Notimex.- A partir de este lunes se reactivará la industria minera en todo el país, con el regreso de 370 mil trabajadores directos, que reanimarán a una cadena productiva de 2.3 millones de empleos indirectos, lo cual apoyará la recuperación de la economía nacional y de las regiones en donde se encuentran las empresas del sector.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM, Javier Villarreal Gámez, manifestó además que casi 100 por ciento de las compañías de esa rama reanudará sus actividades el 1 de junio de manera paulatina.

Reconoció el trabajo del subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, quien impulsó la reactivación del sector y, para ello, se ha reunido con empresarios y trabajadores, lo cual permitió un diálogo fluido.

Consideró que esta confianza del gobierno federal debe ser correspondida por parte de la industria minera, con el cumplimiento cabal de todas las disposiciones que establece la autoridad.

En los primeros días de reactivación de la minería, como sector esencial dentro de la contingencia sanitaria por el Covid-19, no asistirán a laborar los trabajadores vulnerables, como es el caso de las personas con padecimientos crónicos, mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del Instituto Mexicano de Seguro Social para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.

Los trabajadores del sector cumplirán protocolos, no solo el de sana distancia y el uso de gel antibacterial, sino con acciones para preservar la salud de los obreros desde el transporte a los centros laborales y la protección con mascarillas, lentes, mascarillas y filtros de respiración.

Villarreal Gámez expuso en un comunicado que incluso las empresas entregan a los trabajadores kits de limpieza para que puedan llevarlos a sus casas y que la sanitización y el cuidado empiecen desde los hogares para evitar riesgos de contagios.

Mencionó que las compañías mineras empezaron a preparar los protocolos de seguridad desde hace tres semanas, por lo cual la mayor parte de ellas ya está en condiciones de iniciar actividades y las que restan empezarán a hacerlo en los próximos días.

Algunas empresas incluso ,recordó, ya se reiniciaron actividades, porque así lo aprobó el IMSS y no se tuvieron que esperar hasta el 1 de junio. Las compañías firmaron los protocolos por vía electrónica bajo protesta de decir verdad, pero el Seguro Social se reserva el derecho de revisar, en algunos casos, si se cumplen las medidas exigidas.

Destacó que serán importantes los beneficios que genere la reactivación de la minería, porque esta es el principio de muchas ramas productivas, como la farmacéutica, médica, automotriz y de equipo de transporte, por mencionar algunas.

Minería reinicia actividades con 370,000 trabajadores directos

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Presentan Denuncia Penal Contra la Empresa Ocampo Mining

Es Indignante que Tello Proteja los Intereses de las Empresas Mineras: Gloria Dávila

Pagina 24 Zacatecas 20/05/2020
Por Manuel Medina Castro
En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna (Foto: Cortesía)

En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna (Foto: Cortesía)

En conferencia de prensa realizada virtual, Efraín Arteaga Domínguez y Roberto de la Rosa Dávila, informaron que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Mining por despojo de la tierra y daños a las propiedades de los habitantes de Salaverna.

Efraín Arteaga, representante legal de la comunidad de Salaverna, precisó que la de­nuncia penal la realizaron el 18 de mayo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), por los delitos que la empresa Ocampo Mining, antes Frisco Tayahua, ha cometido en contra de la comu­nidad, como el despojo de la tierra, pues la compañías se está adueñando y desalojando a los pobladores porque pretende realizar una mina a cielo abierto en ese lugar.

Detalló que están utilizando explosivos en el trabajo de la mina, provocando con ello hundimientos y daños en las viviendas de ocho familias que habitan en Salaverna.

Roberto de la Rosa, habitante y defensor del territorio de Salaverna, apuntó: “Nos han quitado nuestros espacios, nuestra libertad, nuestro modo de vida”, ya que actualmente no pueden acceder a la comunidad con tanta facilidad porque la empresa ya está cercando todo alrededor de Salaverna.

Mientras que las grietas provocadas por las explosiones de pólvora ya llegaron a las viviendas e hicieron daños en los pisos y en paredes.

“Pedimos a la opinión pública que es­temos muy vigilantes, porque incluso los personeros de la empresa dicen que están por encima del gobernador, que aquí no manda Alejandro Tello”, externó Arteaga Domínguez.

Asimismo, explicó que están trabajando en la defensa legal de Roberto de la Rosa, a quien están acosando agentes de la Policía Ministerial, que no le han notificado el por qué lo están requiriendo en las instalaciones de esa corporación en el municipio de Con­cepción del Oro, esto al parecer es porque Roberto de la Rosa ha confrontado a los trabajadores de la mina que están cercando el pueblo.

Comentó que desde hace tres semanas solicitaron se activara el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que están a la espera de la resolución, para así salvaguardar a Roberto de la Rosa y a las ocho familias que aún viven en Salaverna.

La diputada local, Alma Gloria Dávila Luévano, hizo un llamado al gobierno es­tatal para que defienda más los intereses del pueblo que los de la empresa minera; refirió que fue indignante cuando estuvo Alejandro Tello a la defensa de la empresa.

“Sabemos que son permisos federales (los de la minería), pero a nivel local se pueden poner todas las reglas para saber cómo se va a explotar”.

Acotó que actualmente se sabe, porque así lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jorge Miranda Castro, que una sola empresa minera debe al Estado tres mil 600 millones de pesos en impuestos: “Entonces tenemos un gobierno que está protegiendo demasiado los intereses de las empresas mineras”.
https://pagina24zacatecas.com.mx/2020/05/20/local/es-indignante-que-tello-proteja-los-intereses-de-las-empresas-mineras-gloria-davila/

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Peñoles suspende operaciones en Zacatecas, México


19/05/2020
Foto: Fresnillo
Industrias Peñoles anunció que suspenderá operaciones de la Unidad Minera Madero, ubicada en el municipio de Morelos, Zacatecas.
La minera declaró la suspensión temporal por tiempo indefinido porque la mina dejo de ser costeable, esto ante el alto costo de operación por su baja profundidad, aunado a la caída abrupta del precio del zinc.

Peñoles también informó sobre la liquidación de más de 500 personas, sin contar el personal de las empresas contratistas que laboraban en la misma.

En un comunicado, la empresa informó que se llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico para finiquitar a 440 personas sindicalizadas “ofreciéndoles su liquidación conforme al convenio firmado con condiciones superiores a lo que marca la ley”.

Lee también: Brasileña Vale reanuda operaciones en Teluk Rubiah, Malasia

Asimismo, a la gran mayoría de ellos se les dio la oportunidad de poder integrarse en un puesto de planta en las unidades operativas de la empresa Fresnillo, subsidiaria de Peñoles. Esto implicaría que los trabajadores se trasladaran hacia dicho municipio.

Así mismo, a los 105 empleados no sindicalizados se les ofreció una opción de reubicación en otras operaciones de Peñoles. En tanto, a los contratistas que laboraban en la unidad, se les abrieron opciones de trabajo en otras operaciones tanto de Peñoles como de Fresnillo.

La mina se mantuvo 20 años en operación.

La suspensión temporal de operaciones de la mina no implica el cierre total de la misma ya que debe conservar un personal mínimo para atender cuestiones administrativas.

Fuente: El Financiero

Peñoles suspende operaciones en Zacatecas, México

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EL FEMINICIDIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES;

AMBAS PANDEMIAS IGNORADAS POR LA 4T

14/05/2020
Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la
violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además
que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente
que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido
común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento
alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para
deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el
acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial
sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina
de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres
habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a
manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el

lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido
el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres.
Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás
contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y
atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20
de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de
pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o
anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.
Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al
#911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de
pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven
mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora
https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas
necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se
aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese
encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar.
Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en
casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia
doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para
proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que
seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno
reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los
derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la
voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el
campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida
porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de
la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y
también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de
denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de
denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más
atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de
COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios
laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria,
tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las
mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema
grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las
que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin
medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo
forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las
maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen
que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras
de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente
afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo
inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las
condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la
carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y
atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de
internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos
dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no
atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras
desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos
también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por
proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en
mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales
e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en
estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han
desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y
comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de
trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede
generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos
masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de
México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural
que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por
parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis socio-
sanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de

consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro
pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a
rescatar nuestra sociedad.
Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género
y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de
denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las
enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que
este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este
horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar
un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la
cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en
notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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ONG pide a la Corte rechazar proyecto sobre minería que afecta a pueblos indígenas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
13/5/2020

Zacatecas, Zac., La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), emitió un «respetuoso, pero enérgico llamado» a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «a no atender» el proyecto de su homólogo Javier Laynez, porque es violatorio a los intereses y derechos de los grupos indígenas.

En el proyecto, el cual se pretende discutir y aprobar hoy, se pretende avalar el argumento de que diversas disposiciones de la Ley Minera vigente son constitucionales y sus efectos «no se vinculan en forma directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas», pese a la inconformidad de esas comunidades con esa norma.

La propuesta de Laynez, explicó la Rema, fue elaborado para revisar la constitucionalidad de la Ley Minera, en particular el amparo en revisión 928/2019, «un asunto vital ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país».

Ese amparo se originó en septiembre de 2014, en un acuerdo que tomó la asamblea del pueblo maseual, en la comunidad de Zacapitán, municipio de Cuetzalan, Puebla.

El consejo maseual Altepetajpianij instruyó a sus integrantes a realizar las acciones legales necesarias «para combatir la decisión de la Secretaría de Economía, de entregar territorios en concesión para la explotación minera, sin contar con su aval y sin haber sido considerados en la toma de decisiones».

En septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo en Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas, respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.

Sin embargo, refiere la Rema, al mismo tiempo que concedía el amparo, ese juzgado quinto «evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, en la que Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión». Frente a la omisión del juzgado, las comunidades afectadas presentaron el amparo en revisión 928/2019, que hoy resolverá la Corte.

La Rema expuso que ha denunciado «que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico, diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente».

Lamentó que en las reformas a la Ley Minera en el régimen de Peña Nieto se excluyera a los pueblos originarios, lo que vulnera su autonomía y su derecho a decidir.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/13/estados/026n3est#.Xrzn7iBRqOc.facebook

Mexico

MINERA DERRAMA CASI 6 MILLONES DE LITROS

DE DESECHOS TÓXICOS EN DURANGO
En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por
los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades
cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante
el resto de la contigencia por el COVID-19.
Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos
de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica
al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango
Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales
se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentra –
ciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los
cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de
los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.
De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros
de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó
que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales
líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños
ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del
Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió
hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la
operación de la empresa”.
PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue
sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la
irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la
empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los
jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el
ambiente.
Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo
minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos
tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica
negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades
responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.
Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y
sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

En riesgo, derechos de etnias; fallo de la SCJN protegería explotación minera

▲ Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.

Ley en la materia no los afecta, según proyecto de sentencia
Foto
Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Periódico La Jornada
9/5/2020
Puebla, Pue., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con un proyecto de sentencia que, de aprobarse tal como lo elaboró el ministro Javier Laynez Potisek, mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. Se trata de la tesis elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek, publicada en Internet esta semana.

En ella asevera que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades poblanas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y del ambiente consideran que la decisión no sólo afectaría a las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que tramitaron un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación, sino que deja intacta la Ley Minera que protege los megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, interpuso un amparo que fue admitido por el juzgado segundo de distrito con sede en la capital del estado. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como obliga el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esos hechos fueron demandados el Estado Mexicano, representado por el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. El juicio de garantías no se interpuso sólo contra las concesiones, sino sobre todo contra la Ley Minera que permite la entrega de los territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, recordó Leonardo Durán, del Órgano técnico del ordenamiento integral de Cuetzalan.

Una semana después, el pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresó su propia demanda de amparo, la cual fue aceptada por el juzgado primero de distrito con sede en la capital de esa entidad.

El 7 de abril del mismo año la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentó un juicio de garantías que admitió el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, el Consejo Titay Tlatli, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, destacaron que “la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera.

La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye discriminación, pues viola la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado Mexicano a respetar los derechos humanos, sobre todo el de los pueblos originarios y equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han usado ancestralmente.

A la par de la defensa legal, las comunidades indígenas de la Sierra Norte, Nororiental y de Veracruz emprendieron asambleas informativas y deliberativas para enfrentar a la industria minera que las asola y a otros denominados «proyectos de muerte», como las hidroeléctricas y el fracking.

Desde 2014, cada dos meses, se han realizado asambleas, hasta ahora 29, en municipios de Puebla y Veracruz, la menor de 2 mil participantes y la mayor de 10 mil. En todas ellas los indígenas han dejado claro su rechazo absoluto a la minería, al punto que ni siquiera piden que se les consulte, pues su repudio es más que evidente, no quieren saber nada de ese asunto, aseveró en entrevista Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

El litigio del pueblo maseual llegó estos años a la SCJN en la revisión al juicio de amparo 928/2019, cuyo proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Laynez Potisek y esta semana se hizo público.

A decir de Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, el aserto del ministro es desconcertante, es poco comprensiva de la realidad indígena de México y sin duda constituye un retroceso en la construcción del Estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Martínez Esponda explicó que los perjuicios son evidentes, tan es así que existen al menos tres investigaciones del relator especial de la ONU para derechos indígenas que documentan las afectaciones, amén de documentos elaborador por Fundar, la Rema y el Cemda que confirman los conflictos socioambientales derivados de la minería.

Además, mencionó que el ministro tiene a su alcance el protocolo de actuación para este tipo de casos que elaboró la propia SCJN.

Según el abogado del Cemda, en este caso la SCJN tiene la oportunidad no sólo de fallar en favor de los indígenas poblanos, sino de corregir la Ley Minera, que sustenta una estructura que viola sistemáticamente los derechos humanos, de consolidar la transición de un Estado monocultural a uno pluricultural y así contribuir a la construcción de procesos duraderos de paz.

«Este amparo debe ser entendido como parte de una lucha colectiva que busca transformar el rostro del Estado y hacer posible un México donde se reconozcan los muchos Méxicos existentes», dijo el abogado.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/estados/026n1est

Fuente REMA

Mexico

Covid-19 y minería en México

Sergio Elías Uribe Sierra* Miembro de la Red OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)
Desde hace varios meses estamos enfrentando una pandemia por el SARS-CoV2 (covid-19)
que ya es considerada como la más fuerte pandemia de los últimos cien años. Como bien lo
han apuntado diversas posturas, el covid-19 y la crisis global que detonó es apenas la gota que
derramó el vaso, es decir, ha sido el detonante de una crisis múltiple que involucra aspectos
sanitarios, ambientales, sociales, políticos y económicos. Una de las cuestiones más
importantes se refiere a la relación entre los procesos sociales y ambientales, mismos que
traen a relucir el debate sobre los límites del crecimiento económico y la capacidad finita de la
naturaleza. Por lo tanto, estamos frente a una encrucijada que no sólo ha desnudado las más
profundas desigualdades sociales, de género y raza, o entre lo rural y lo urbano; sino que, al
mismo tiempo, demanda la necesidad de transformar la relación dominante entre la sociedad y
la naturaleza.

En México, el covid-19 ha evidenciado algunas problemáticas y contradicciones sobre los
procesos económicos que involucran la apropiación de la naturaleza, particularmente la
minería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó en el Diario Oficial de
la Federación, publicado a finales de marzo, que las actividades mineras tendrían que ser
suspendidas debido a que no son consideradas como actividades prioritarias, esto como parte
de las medidas de contención frente al covid-19. Este panorama abre las puertas para poner
sobre la mesa algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes y detonar una
reflexión respecto a la imagen dominante de la minería en México, considerada como sinónimo
de desarrollo.
En primer lugar, las medidas de contingencia nacional por la emergencia sanitaria como el
confinamiento han incrementado la violencia y el riesgo de agresión hacia los defensores de los
territorios por parte de las empresas mineras. Sobre todo, en aquellos casos donde las
compañías se aprovechan de la situación para continuar con su propósito de despojar a los
pueblos y comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, ya sea para imponer un
nuevo proyecto de extracción o para ampliar sus operaciones (https://www.sinembargo.mx/28-
04-2020/3775822).

En segundo lugar, hay empresas que han violado las disposiciones gubernamentales y
decidieron continuar con sus actividades. Esto pone en riesgo la salud de los trabajadores y
sus familias, así como de la población local donde se sitúan los proyectos extractivos. El
problema es que los centros médicos de los lugares donde hay actividades mineras,
generalmente establecidos en espacios rurales, son muy precarios y no cuentan con el equipo
ni el personal necesario para atender a la población, por lo cual, un brote de contagios sería
catastrófico ya que dejaría a estas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Además,
hay que tomar en cuenta que los trabajadores mineros están dentro de la población de riesgo
debido a las enfermedades asociadas a su rubro como los padecimientos pulmonares
(https://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/coronavirus-en-america-latina-el-problema-para-la-
mineria).
En tercer lugar, las mismas empresas que han violado las disposiciones gubernamentales
y continúan con sus operaciones mantienen condiciones de trabajo muy precarias para los
empleados mineros. Han aprovechado el escenario para rebajar el pago de sueldos o
utilidades. En otros casos, donde sí se aplicó la suspensión, han despedido a trabajadores o
los han descansado haciendo una reducción considerable de su remuneración económica
habitual. En este contexto, los mineros subcontratados o que se rigen por sindicatos blancos
son los más perjudicados.

Uno de los ejemplos más claros de los elementos señalados anteriormente, lo
encontramos en Veracruz, donde incrementó la violencia contra los defensores del territorio y el
pasado 08 de abril fue asesinado Adán Vez Lira, quien defendía los humedales costeros y
manglares y también luchaba contra la minería a cielo abierto
(https://www.sinembargo.mx/28-04-2020/3775822).

En Mazapil, Zacatecas, encontramos que la empresa Ocampo Mining Tayahua, filial de
Grupo Frisco, violó el decreto de suspensión y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo la
salud de los trabajadores, sus familias y las personas que habitan la comunidad de Salaverna,
donde se localiza la mina. El problema escaló cuando Roberto de la Rosa Dávila, delegado
municipal, decidió encarar a los trabajadores de la minera para pedirles que se retiraran. En
respuesta, recibió amenazas por parte de los empleados y hostigamiento judicial por personal
de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro
(https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est).

Don Roberto ha estado activo desde hace más de diez años en la defensa de su territorio
frente a la iniciativa de Grupo Frisco para despojar y desplazar a los habitantes de Salaverna y
explotar la mina de cobre subterránea “Tayahua” localizada en esta comunidad, con la técnica
de tajo a cielo abierto. Esta empresa es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de
México y uno de los hombres más ricos del mundo. De este modo, la compañía violó las
disposiciones gubernamentales y puso en riesgo la salud de los mineros, donde ya se han
reportado dos casos positivos con covid-19 y se ha denunciado que no se están recibiendo los
insumos necesarios para protegerse de la pandemia, en vez de suspender las operaciones,
decidió pagar una multa y seguir laborando (http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-
trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). De igual
forma, violó el juicio legal por la certeza jurídica de los terrenos entre la empresa y miembros de
la comunidad en resistencia. Por lo cual, se puede calificar esta medida como una provocación
puesto que aún no existe una resolución sobre el juicio, además, de que estamos atravesando
una emergencia sanitaria global.

En la misma mina operada por Ocampo Mining Tayahua se realizó un paro de labores que
contó con la presencia de entre 500 y 700 trabajadores por falta de pagos y bajos sueldos,
(http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-
falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). Esto demuestra que al mismo tiempo que se intensificó el
hostigamiento hacia don Roberto de la Rosa y se puso en riesgo la salud de los empleados
frente al covid-19, la empresa de Carlos Slim mantiene pésimas condiciones laborales para los
trabajadores mineros.

Otras situaciones alarmantes las ubicamos en Durango, ya que la minera canadiense
Excellon Resources decidió parar las actividades y declararse en bancarrota, negándose a
liquidar a los más de 200 trabajadores sindicalizados
(https://laguna.telediario.mx/laguna/trabajadores-de-mina-la-platosa-bloquean-la-caseta-
gomez-palacio-jimenez-por-falta-de-pagos). Por su parte, en Morelos, Zacatecas, la mina
Peñoles Madero, propiedad de Alberto Bailleres (cuarto hombre más rico de México), ha
despedido al menos 1,200 empleados mineros durante el confinamiento
(https://www.ecodiario.com.mx/despiden-a-mas-de-mil-trabajadores-en-penoles-madero/).
Bajo este contexto, el covid-19 ha evidenciado lo peor de la “voracidad empresarial” en el
sector minero de México, por ello, se hace pertinente cuestionar y desmontar la idea dominante
que pone a la minería como sinónimo de desarrollo. Es importante señalar que las grandes
ganancias que genera la minería se traducen en beneficios empresariales a costa de los
impactos socioambientales que se transfieren a los lugares donde se instalan los proyectos de
extracción (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

Asimismo, el número de trabajos que genera esta actividad es muy reducido, al mismo
tiempo que las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y a los ingresos federales
son cifras muy bajas en contraste con el monto de la concentración de riqueza que realizan los
empresarios mineros (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

De este modo, la crisis del covid-19 representa un oportuno panorama para reflexionar
sobre los procesos sociales y ambientales que implican la actividad minera en México. Sobre
los minerales que son indispensables para la economía nacional, la cantidad y la modalidad de
la extracción. Este es un ejercicio que debemos realizar todos, no sólo las autoridades. Para
ello, es fundamental retomar la palabra y la experiencia de quienes luchan contra las ofensivas
mineras, ya que nos permite conocer sus demandas y las formas en que entienden la
naturaleza. Quizás de esta manera sea posible limitar al máximo esta actividad y con ello, la
devastación ambiental y la erosión social.

Latinoamerica, Mexico

ALTO INMEDIATO AL HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A DON ROBERTO DE LA ROSA DÁVILA

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) denunciamos el hostigamiento judicial y las amenazas hacia don Roberto de la Rosa Dávila por parte de la empresa minera Frisco, cuyo dueño es el magnate Carlos Slim; y exigimos al Estado mexicano que garantice su seguridad a través de las instancias institucionales correspondientes.
Don Roberto es un líder campesino de la comunidad de Salaverna, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, México; que desde hace una década ha venido luchando contra el despojo y el desplazamiento forzado de su pueblo por parte de la empresa minera de Slim, quien pretende llevar a cabo un cambio en el uso de suelo para explotar la mina subterránea de cobre “Tayahua”, localizada en Salaverna, con la técnica de tajo a cielo abierto.
Recientemente, en el marco de la contingencia nacional por el covid-19, las agresiones hacia don Roberto se han intensificado. El pasado mes de abril recibió una serie de amenazas por trabajadores de la empresa y se inició un hostigamiento judicial por personal de la casa de justicia del municipio vecino de Concepción del Oro, luego de un altercado que tuvo con empleados de la minera donde les exigió que dejaran de destruir su territorio, toda vez que mantenían las labores de acondicionamiento para el cambio de uso de suelo.
De este modo, la empresa no sólo violó las disposiciones gubernamentales que indican la suspensión de las actividades mineras al ser consideradas como no prioritarias, sino que también violó el proceso legal por la disputa de los terrenos que sigue pendiente entre la comunidad y este grupo minero. Todo indica que la compañía se aprovechó del contexto de emergencia sanitaria para seguir adelante con su iniciativa de despojo territorial, lo cual, muestra la peor cara de este sector empresarial, pues ni en un escenario de crisis de salud global ha respetado las leyes y los derechos humanos de la comunidad.
Hacemos un llamado urgente a que cese el hostigamiento y las amenazas hacia don Roberto, que se garantice su seguridad inmediata y que el Estado mexicano cancele el permiso de cambio de uso de suelo a Grupo Frisco debido al daño social y ambiental que ha causado. Reclamamos que se ejerzan las sanciones correspondientes y que se imponga un alto ya a la impunidad de Carlos Slim.