El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.
El expediente del litigio señala que «para establecer la mina esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos».