Mundominero.mx

La compañía Coeur Mining, que desde el 2009 opera la mina de oro y plata Palmarejo en Chihuahua, anuncia que tiene intenciones de presentar una demanda por MX$1,000 millones por concepto de reembolso de IVA.

Esta medida se presenta días después del reporte de producción de Coeur en el primer semestre, donde se registró una baja interanual del 9% en oro y 10% en plata en Palmarejo, a causa de la suspensión de actividades mineras ordenada en todo México por el Ejecutivo durante los meses de abril y mayo.

Este sería el segundo caso del año en que una compañía minera demanda al gobierno federal, pues en mayo pasado la firma canadiense First Majestic Silver dio inicio a un proceso contra el SAT, acusando un cobro injusto de impuestos que violaba acuerdos internacionales.

Un mes después del procedimiento de arbitraje iniciado por First Majestic, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay empresas mineras canadienses que no pagan impuestos, por lo que le pidió al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, que interviniera.

“Ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos (…) siempre con la soflama de que sí no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos. Eso no es cierto. Las empresas serias, que hay muchas, incluso las empresas extranjeras, cumplen con la Ley, pagan sus impuestos”, declaró entonces el máximo mandatario de México.
http://mundominero.mx/2020/08/otra-minera-iniciaria-proceso-de-arbitraje-contra-mexico/

Por Carlos Ruiz López,
militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

En la Sierra de Manantlán los empresarios mineros, con la complicidad del Estado mexicano, han logrado despojar a las comunidades locales de su territorio y marginarlas de la vida económica, social y política. En un café del centro de la ciudad de Colima tuvimos un encuentro con Martín Corona*, habitante de la comunidad de Ayotitlán, ubicada en lo alto de la sierra, quien nos confesó que “no han podido parar a la minera porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”.

La última denuncia contra el consorcio minero fue realizada el pasado 23 de julio, cuando la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio, junto con la policía municipal y el comisario del ejido, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada.

Martín comentó que el consorcio sigue explotando los yacimientos minerales sin regresar nada a las comunidades, además, ponen en riesgo la existencia de algunas especies de plantas y animales y, principalmente, del agua: “cuestión que nos afecta mucho ya que hemos durado hasta quince días sin agua, no podemos sembrar hortalizas”.

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada SA de CV, del que forma parte la empresa ítalo-argentina Ternium y la india ArcelorMittal, ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas.

Darcy Tetreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio para el Colegio de la Frontera Sur en 2013, en el cual menciona que las actividades mineras en Manantlán “evidencian un proceso de acumulación por desposesión en tanto privan a la población local de los recursos naturales y paisajes culturales que sustentan sus medios de vida, bienestar social y cosmovisión indígena”. Además, explica que el tipo de relaciones generadas por el consorcio en cuestión reflejan un proceso de “reciprocidad negativa”, pues se orientan a extraer los minerales a cambio de nada o muy poco para la población local.

“Hemos luchado contra la minera desde sus inicios pero no se ha podido pararla porque detectan a alguien que se moviliza y lo desaparecen, como sucedió con Celedonio Monroy, quien luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su defensa de la tierra”, narró Martín Corona.

En julio de 2013, el líder nahua Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores, logró escapar cuando un comando armado entró a su casa, en el rancho La Guayaba, del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, la madrugada del 22 de agosto del mismo año, cinco camionetas de enmascarados lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco achacándole el delito de portación ilegal de arma de fuego. Este modus operandi es el mismo del caso de su compañero Celedonio Monroy, desaparecido desde 2012, quien se oponía también a la tala clandestina y a la minería ilegal. Macilla insiste en que su detención “es un asunto relacionado con las minas”.

La mina a cielo abierto Peña Colorada produce por sí sola el 33% del hierro del país arrojando 300 mil millones de toneladas anuales de residuos sólidos, con todo el impacto social y ambiental que esto significa. En septiembre del año anterior, Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina y accionista de este consorcio minero, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre, la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

Tras un sorbo de café, Martín nos explicó su forma de organización tradicional, el Consejo de Mayores, reconstituido en 1997 con el impulso del levantamiento neozapatista, y cómo a partir de este consejo, asociado con otros grupos ambientalistas, estudiantiles, académicos y de defensores de los Derechos Humanos, han dado la pelea para evitar que Peña Colorada siga destruyendo el territorio.

Para el investigador Darcy Tereault, la forma de organización y el actuar del movimiento generado en Ayotitlán corresponde al “ecologismo de los pobres”, ya que sus demandas “no sólo van enfocadas a la distribución de los costos y beneficios de la minera, sino también con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.”

La Sierra de Manantlán no sólo es asediada por la minería legal e ilegal, también los talamontes con arma en mano tienen interés en los recursos madereros de estos cerros. Según la revista Proceso, desde 2008 se ha agudizado el robo de hierro en la zona, con el fin de exportarlo a China utilizando el puerto de Manzanillo. Los habitantes han reportado haber visto gente armada realizando trabajos de exploración y talando árboles de especies preciosas como el tampicirán y la rosamorada, ambas protegidas por las leyes mexicanas de conservación.

Según testimonios de los mismos pobladores, en ambas actividades económicas se han incorporado organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Aunque no sucedió en la zona, está el precedente de que, en 2010, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro integrantes del cártel “La Familia Michoacana” acusados de exportar un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por la cantidad de 42 millones de pesos.

Al finalizar nuestro encuentro y con el corazón en la mano, Martín nos confió que lo único que quieren lograr con su lucha es justicia: “queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sus bienes materiales, su territorio. Queremos proteger el territorio, los animales y plantas que están en peligro de extinción y, sobre todo, el agua, pues carecemos de ella”.

*El nombre ha sido modificado a petición del entrevistado por motivos de seguridad.

Referencias:

https://socialistarevolucionaria.org/queremos-proteger-el-territorio-entrevista-con-un-comunero-de-ayotitlan/

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745076003

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

El ejido Ayotitlán intenta desalojar a poblado indígena para rentar tierras a la minera Peña Colorada, denuncian

https://www.tyt.com.mx/nota/piden-reactivacion-del-fondo-minero-para-colima

https://www.proceso.com.mx/616658/minera-colima

Autoriza Semarnat a Peña Colorada depósito de desechos

https://www.proceso.com.mx/352497/mineras-siembran-el-terror-en-la-sierra-de-manantlan

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas3.asp?Clave=126

https://vanguardia.com.mx/chinacomprabaalafamiliahierrorobado-568489.html

http://socialistarevolucionaria.org/no-hemos-podido-parar-a-pena-colorada-porque-detectan-a-quien-se-moviliza-y-lo-desaparecen/?fbclid=IwAR0ZBEHyCUqjSedErQgLh_skiaGHS-TiKDhWuNI9ycBaigkGJjWKzlSVyVk

UNA HERIDA ABIERTA Y EL INCUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL CONTINÚA

10/08/2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de
México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial
de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado
y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en
la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los
habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con
metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y
Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además
de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes
habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús,
Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua
para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales
pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente
a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después
avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la
cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron
al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando
responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio
Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los
días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el
hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan
José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su
imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de
la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la
construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el
derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta

potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció
entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares,
tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la
cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de
Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital
quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la
Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de
los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones
de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de
dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus
utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no
logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes
de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber
metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera.
Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades
sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos
tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte,
aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños
y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones
pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población
afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través
de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el
convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la
población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta,
demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y
sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de
los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en
Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal
manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de
trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia,
y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser
tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de
Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este
personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en
sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes
relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos
gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador
escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de

la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador,
nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación
calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la
vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre
sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el
Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada
le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno1

. Si acaso existe la 4T
se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a
la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la
posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes
han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas,
trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo
resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Thelma Gómez Durán
30/07/2020
En el estado de Chihuahua, en el municipio de Ocampo, entre los cerros de la Sierra Tarahumara que se pintan de verde, un tajo de tonalidades ocres rompe el paisaje. Ahí, en esa zona donde se exilió a los árboles, funciona la Mina Pinos Altos.
Las comunidades de San Juan de Cedros, Charcos y Mesas, en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, solían tener como vecino al semidesierto zacatecano con sus mezquites, biznagas y candelillas. En esos poblados recuerdan que antes había un manantial, este se secó cuando llegó un nuevo vecino: la Mina Peñasquito que tiene casi una decena de pozos de agua a su disposición para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

En San Luis Potosí, el cerro de San Pedro fue por años un símbolo para la región. Hoy el cerro está fracturado por una mina.
Mina Pinos Altos, Ocampo, ChihuahuaMina Pinos Altos, en el municipio de Ocampo, en Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra relativamente cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Foto: autor anónimo.

En el norte, centro y sur de México, la minería ha transformado ecosistemas, comunidades, familias y ha llevado a que se formen movimientos de resistencia y lucha en defensa del ambiente y el territorio.

Para registrar las afectaciones que ha dejado la minería en todas las regiones del país, la Fundación Heinrich Böll; el Observatorio Académico de Sociedad, Medio ambiente e instituciones de la UNAM; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) convocaron a un concurso de fotografía. Al final, se seleccionaron 63 imágenes, captadas por 23 fotógrafos. Con ellas se ha construido la documentación colectiva “Así se mira la minería en México”.
Mina en el Cerro de San Pedro, en San Luis PotosíFoto tomada a 500 metros de altura. La imagen muestra la destrucción del Cerro de San Pedro, ícono del escudo de armas de San Luis Potosí; en donde ahora se extrae oro y plata. Foto: Octavio Ramos Castillo.

Estas fotografías “buscan visibilizar cómo están siendo impactados los territorios en donde se asientan proyectos mineros”, explica Cecilia Navarro, integrante del CCMSS, organización que en febrero de 2019 elaboró el documento La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación, en el que señala la necesidad de reformar la Ley Minera vigente desde 1992.

El CCMSS es solo una de las varias organizaciones civiles que impulsan reformas a la Ley Minera. Ese objetivo también lo persiguen comunidades —en cuyos territorios se han entregado concesiones mineras— y que han presentado acciones legales para que se declare inconstitucional esa legislación.
Mina Peñasquito-ZacatecasEn el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara García.
Concesiones que invaden territorios

En la Sierra Norte de Puebla, 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec crearon el Consejo Maseual Altepetajpianij (Guardianes del territorio) para hacer un frente común e impedir que se instalen minas en la región.

El Consejo nació en 2014, cuando en las comunidades se escucharon los planes que tenían empresas para realizar explotación y extracción minera. Los pobladores buscaron información y encontraron que, desde 1998, el gobierno federal había entregado 103 concesiones mineras en cuatro municipios de la Sierra Norte.

Hasta el 2017, se habían entregado concesiones mineras en 47 % de los 12 mil núcleos agrarios del país, de acuerdo con el documento “La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación”, elaborado por el CCMSS.

Resistencia contra proyecto minero en PueblaEn la comunidad de Santa María Zotoltepec, Puebla, la empresa Gorrión, filial de Almaden Minerals, pretende instalar una mina para la extracción de oro a cielo abierto. El proyecto está detenido gracias a la movilización social de las comunidades de la región. Foto: María Fernanda Olvera Bataller.

A las comunidades ninguna autoridad se acercó para preguntarles o, por lo menos, avisarles de que en su territorio se entregarían concesiones mineras, explica la abogada Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, directora regional Golfo México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta organización acompaña al Consejo Maseual Altepetajpianij en la demanda para declarar inconstitucional la Ley Minera, por ser una legislación que consideran no garantiza los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta.

Esta acción legal se concentró en impugnar tres concesiones entregadas a las empresas del Grupo Ferrominero —Minera Autlán y Minas de Santa Martha—, las cuales tienen una vigencia por 50 años.

Ximena Ramos explica que con la Ley Minera actual solo es necesario realizar un procedimiento administrativo para el otorgamiento de una concesión, sin que se tome en cuenta a las comunidades que habitan o son dueñas del territorio que se concesiona.

Mina PeñasquitoDesde que se instaló la Mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, muchos de los habitantes de las comunidades que se encuentran alrededor dependen del agua que les otorga la empresa, a la cual la Comisión Nacional del Agua le entregó una decena de concesiones que le permiten disponer de, por lo menos, 40 millones de metros cúbicos de agua. Foto: Adolfo Vladimir Valtierra.

“No hay ningún mecanismo que permita a las comunidades participar en la decisión (de otorgamiento de una concesión) o que garantice que se les entregue información”, explica Ximena Ramos, quien resalta que se busca reformar seis artículos de la Ley Minera relacionados con la forma en que se entregan las concesiones y que violan los derechos de los pueblos indígenas.

La acción legal impulsada por el Consejo Maseual Altepetajpianij y CEMDA se encuentra en espera de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia.

Otras comunidades de Puebla, Oaxaca y Guerrero también han llevado a tribunales su lucha contra las concesiones que se entregaron a partir de una ley, que como dice la abogada Ramos, “está diseñada para favorecer, encima de cualquier cosa, la actividad minera”.
Complejo minero las TruchasComplejo minero Las Truchas Vista Hermosa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La minería ha modificado el paisaje de la costa michoacana y ha terminado con el hábitat de flora y fauna como el ocelote o el loro cabeza amarilla. Foto: Luis Eduardo Bucio Jiménez.

Los privilegios de la minería

El artículo sexto de la ley considera a la minería como preferente sobre cualquier otra actividad, excepto la extracción de hidrocarburos; además señala que es de utilidad pública. Este es uno de los artículos que las organizaciones, comunidades y académicos señalan que se debe reformar.

En los hechos, la minería es “una actividad de interés privado de escasa utilidad pública y con un elevado costo social y ambiental”, apunta la doctora Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del CCMSS.

La investigadora menciona un dato: la minería de metales contribuye apenas con el 0.66 % de la recaudación fiscal, “ya que tiene muchos estímulos fiscales, muchos más que otras actividades”.
Minas clandestinas de Carbón-Aspectos de las afectaciones ambientales que deja la explotación clandestina de carbón en el municipio de San José Cloete, en Coahuila. Foto: Ariel Ojeda.

Merino recuerda que, por ejemplo, las comunidades que han creado empresas forestales y realizan un manejo sustentable de sus recursos naturales, “no tienen ningún estímulo fiscal; han tenido que nadar a contracorriente, pese a que su actividad ha permitido conservar muchos bosques”.

Análisis realizados por investigadores como Merino calculan que, por lo menos, la mitad de las concesiones mineras se encuentran en territorios que pertenecen a comunidades forestales.

Al considerar a la minería como actividad preferente y de interés público, resalta Merino, no solo se abrió la posibilidad de que las empresas mineras tengan acceso a la tierra, sin respetar los derechos de propiedad privada o comunitaria, sino que además se permitió que se entregaran concesiones en 76 áreas naturales protegidas.

La investigadora de la UNAM también destaca que la minería no ha contribuido al desarrollo social y económico de las comunidades. “Es una actividad que genera ganancias millonarias para las empresas, pero paradójicamente, en los municipios productores de oro y plata, más del 50 % de la población vive en pobreza y más del 15 % vive en pobreza alimentaria”.
Minas de Nueva Rosita en CoahuilaEn Nueva Rosita, Coahuila, la actividad minera para la extracción de carbón ha provocado la muerte de decenas de mineros, además de afectaciones a su salud. Foto: Cristóbal Gunter Trejo Rodríguez.

Costos sociales y ambientales

Las organizaciones que impulsan reformas a la Ley Minera proponen que el otorgamiento de cualquier concesión minera este sujeto a “un proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables”, resalta Merino.

Además, otros cambios que se proponen es que antes de otorgar una concesión se realicen estudios independientes de impacto socioambiental e hídrico; que las empresas mineras no tengan acceso preferente al agua, que las concesiones se otorguen por un periodo máximo de 15 años, y no de 50 como ahora sucede.

Las organizaciones también proponen que una concesión se declare nula y se retire cuando las empresas incurran en violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales.
Minas de Cales y Morteros del GrijalvaLa compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. La empresa ha sido denunciada en varias ocasiones por la generación de polvo. Foto: Alejandro Ariel Silva Zamora.

“Actualmente las causales para quitar una concesión es que la empresa no pague los pocos impuestos que debe pagar o que no entregue un informe anual de actividades”, dice Merino, quien recuerda que a Grupo México —la principal empresa minera del país— no se le han retirado sus concesiones pese a que sus minas han sido protagonistas de varios desastres sociales y ambientales.

En 2006, 65 mineros fallecieron en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila. Desde el año 2000, el lugar tenía reportes de fallas de seguridad, de acuerdo con informes presentados a instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

En agosto de 2014, se registró lo que ha sido considerado uno de los peores desastres ecológicos de México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora. La responsable fue la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría de Economía —dependencia del gobierno federal encargada de la aplicación de la Ley Minera—, pero no se tuvo respuesta.
Resistencia contra las minasEn San Luis Potosí, los wixarikas han defendido sus territorios sagrados de los proyectos mineros que se han buscado instalar en el lugar. Foto: Carlos Ariel Ojeda Sánchez.

“Es urgente avanzar hacia una verdadera regulación de la minería en México que evite la depredación ambiental y las violaciones de derechos sociales y culturales de los pueblos”, señala Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, una de las organizaciones que impulsó la iniciativa “Así se mira la minería en México”.

Cecilia Navarro, del CCMSS, explica que esta documentación colectiva pretende ser un proyecto que siga nutriéndose con más imágenes y que permita recordar lo que sucede en los territorios donde operan las minas; fotografías que también muestren la lucha de las comunidades que se resisten a que las empresas mineras se queden con su agua, cambien su entorno o fracturen sus cerros.

Las 63 fotografías que por ahora forman parte de la documentación colectiva se pueden conocer en estos micrositios:

Así se ve la minería en México (CCMSS) https://www.ccmss.org.mx/blog/asi-se-ve-la-mineria-en-mexico/

* Imagen principal: en el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara.

Publicado originalmente en Mongabay Latam

Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal, 27/07/2020
Imagen tomada de la página de internet del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
Oaxaca. Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunciaron que la minera Cuzcatlán, operada por la empresa canadiense Fortuna Silver, ha contaminado la capa frieática del municipio de Magdalena Ocotlán.

El presidente municipal de Magdalena, Pedro Máximo Aquino, cuya localidad se ubica en el Valle de Ocotlán a 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, dijo que lamentablemente hasta este lunes las autoridades estatales y federales no han intervenido.

Pese a esto la empresa ha solicitado, por segunda ocasión, un nuevo permiso de explotación para el proyecto «San José II», mismo que está en análisis por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El funcionario demandó, a nombre del frente y de sus ciudadanos, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice una investigación de la contaminación ocasionada por esta minera la cual, se ubica en San José del Progreso.

Lo más importante es que se repare el daño que se ha ocasionado, pero también que se les impongan sanciones ejemplares para que este tipo de situaciones no ocurran; pero además, que de ser posible se suspenda la concesión de dicha empresa, comentó

Esta es la segunda ocasión en que se contaminan la capa freática, lo que afecta a la comunidad que se dedica a la producción agrícola, explicó.

De igual manera, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que acudan a la comunidad y realicen un estudio de los mantos freáticos, para determinar en qué condición de encuentran luego de la contaminación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/27/minera-canadiense-contamino-capa-freatica-en-magdalena-ocotlan-oaxaca-5466.html

ALEJANDRO ORTEGA NERI
28/97/2020

En Zacatecas se practica la minería a cielo abierto ■ foto: la jornada zacatecas
El pasado 22 de julio, como se viene haciendo desde 2009, se conmemoró el Día Internacional de Acción en Contra de la Minería de Cielo Abierto, el cual tuvo su origen en México en el marco de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo impulsado por la Minera San Xavier en las proximidades al Cerro San Pedro, en San Luis Potosí y que hoy, a 11 años se conmemora como un manifestación de forma coordinada de los pueblos del mundo ante la devastación y desposesión provocadas por el extractivismo minero a lo largo y ancho de la tierra.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el proyecto Minero de Cerro San Pedro, el cual luego fue abandonado después de su devastación y el desplazamiento, es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto y que al día de hoy, el país se encuentra plagado de extremo a extremo con aproximadamente mil 500 proyectos mineros operando, sin que se vislumbre un alto, pues el gobierno de la Cuarta Transformación muestra, a decir de la Red, “salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México”.

Zacatecas, de acuerdo con el colectivo Geocomunes, es uno de los principales estados de México que sufre “la amenaza neoliberal de los bienes comunes”, pues tan sólo basta observar un mapa de las concesiones a empresa mineras en el estado para entender la situación, ya que en las regiones donde mayor extracción se registras, no ha significado riqueza alguna para la población local.

En Zacatecas, hablar de minería y extracción a cielo abierto, el primer referente son las compañías extranjeras y sobre todo Peñasquito, hoy propiedad de la compañía Newmont, sin embargo, de acuerdo con la cartografía realizada por el colectivo Geocomunes, la compañía que tiene más concesiones en el territorio local es Peñoles, propiedad del millonario mexicano Alberto Bailleres, por lo que no solamente las empresas extranjeras son las que amenazan los bienes comunes, sino también el capital privado mexicano que sigue enriqueciéndose a costa de casos como el Salaverna, en Mazapil, cuyo caso, según el colectivo, representa el único en el país de desplazamiento forzado de una población también provocada por una compañía mexicana, Minera Frisco Tayahua, de Carlos Slim, cuyo proyecto busca volverse también a cielo abierto, como se anunció en 2013.

Zacatecas, según REMA y Geocomunes, es el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto y hay proyectos que se están destinando también a esta modalidad. Por lo que la entidad puede que sea el estado que más plata extraiga en el mundo, pero el costo de tal logro serán los bienes comunes y el medio ambiente, y no beneficios traducidos en derrama económica y en un reparto de la riqueza de sus habitantes.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, tal es que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, lo que equivale a 76.3 millones de pesos. No obstante, según Sergio Elías Uribe, colaborador del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

“En el marco de la actual fase de acumulación –señala Elías Uribe-, Zacatecas sigue siendo, como en tiempos de la Colonia, una entidad con gran potencial, pues ahí se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, que son de gran importancia para los empresarios mineros. Para abril de 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, que equivalen al 31.64 por ciento del total del territorio estatal”.

Hasta el momento, hay 12 minas metálicas operando en Zacatecas. Destacan las actividades de Industrias Peñoles y las unidades El Saucito ubicada en Fresnillo, la cual, es considerada la mina más importante en la extracción de plata del país, ya que en 2018 participó con la tercera parte del total nacional y el 7 por ciento a nivel mundial, de acuerdo con el último reporte de la Cámara Minera de México (Camimex). A esta le sigue la Unidad Fresnillo, que ocupó el tercer lugar nacional con 15.1 millones de onzas de plata extraídas. Y en el sexto lugar está La Colorada, establecida en Chalchihuites, perteneciente a la empresa canadiense Pan American Silver, que en el mismo año extrajo 7.6 millones de onzas de plata según se registra en el Panorama Minero de Zacatecas en su edición 2019.

Del mismo, se ubican la Unidad El Coronel localizada entre los municipios de Luis Moya y Ojocaliente, que extrae diariamente 55 mil toneladas de material que contiene oro y plata; las minas Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim y Peñasquito que pertenece a la corporación estadounidense Newmont, calificada como la segunda mina más importante de plata y la tercera de oro a nivel nacional. Estas últimas, ubicadas en la región de Mazapil, que junto a la región de Fresnillo albergan las minas más importantes de Zacatecas.

Mientras las grandes beneficiadas de la extracción mineral en Zacatecas han sido las corporaciones mineras, ya sean canadienses, estadounidenses y mexicanas, los territorios locales son los que asumen las consecuencias negativas que genera este modelo extractivo, que han dejado entrever una sobreexplotación laboral, despojo de tierra y agua, devastación ambiental y múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales.

Según el colectivo Geocomunes, aunque lo que deja la minería en impuestos es “insignificante” comparando con sus ganancias, en cuestión de impactos la lista es larga, pues deja daños sociales con la criminalización, hostigamiento y persecución de activistas y el desplazamiento forzoso de comunidades; mientras que en el rubro ambiental, hay una radical transformación del paisaje, tala excesiva de vegetación, agotamiento de mantos y manantiales y contaminación con químicos tóxicos por mencionar algunos efectos, que a su vez generan impactos en la salud y en el ámbito cultural, porque se modifican los modos de vida, debido entre otras cosas, a la desaparición del patrimonio y la alteración de la dinámica local.
https://ljz.mx/2020/07/28/los-territorios-locales-asumen-las-consecuencias-negativas-de-la-mineria-a-cielo-abierto-rema/

Felipe Vargas se deslindó del problema ecológico y la molestia social derivado de la presencia de la compañía al poniente de Comonfort
Periodico Correo 27/07/2020
Daniel Moreno
Comonfort.- El exdirector de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) culpó al alcalde José Carlos Nieto Juárez, del problema ecológico y el conflicto social derivado de la presencia de Minera Adularia.

Felipe Vargas Vázquez, el exdirector emitió un mensaje vía redes sociales donde se deslindó del problema asegurando que con el apoyo de medios de comunicación ‘chayoteros’ es decir, aquellos que venden espacio publicitario al gobierno de Comonfort, se creó una mala imagen en su contra.

Justamente luego del conflicto que se registró por la inconformidad de habitantes de comunidades al poniente de Comonfort por la presencia y contaminación de Minera Adularia, el alcalde José Carlos Nieto Juárez reconoció que no tuvo toda la información necesaria y algunos funcionarios le ocultaron información.

Días después Felipe Vargas fue despedido y para hablar del asunto la síndico municipal, Denisse Zarate dijo que al director se le removió por no haber presentado informes de las actividades de JAPAC en tiempo y forma como lo marca la ley.

Luego de esto Vargas Vázquez dijo que se le despidió injustificadamente y nada tuvo que ver con el caso de la minera, incluso sostuvo que la responsabilidad de haber intervenido la lleva primero el alcalde y luego Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y al último el sistema operador de agua potable.

Vargas Vázquez manifestó que si la Contraloría realiza una investigación él está tranquilo y aseguró que pase lo que pase, saldrá bien librado.

En mayo, pobladores de comunidades al poniente de Comonfort se quejaron de que la Minera Adularia explotaba los acuíferos y contaminaba al medio ambiente por lo que solicitaron que la empresa cerrara. Posteriormente se realizaron análisis y encontraron que efectivamente contaminaba.
https://periodicocorreo.com.mx/culpa-exdirector-de-japac-al-alcalde-de-conflicto-con-minera-adularia/

Andrea Becerril, 15/07/2020
Interior de la mina y, colgada de vigas de madera, una camilla de rescate. Foto Leopoldo Ramos / Archivo
El rescate de los cuerpos de 63 mineros en Pasta de Conchos, que recién anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tardará entre cuatro y ocho años, y costará 75 millones de dólares, hecho que provocó el descontento y la indignación de un grupo de viudas, quienes denunciaron que la dependencia se ha tardado más de un año en poner en marcha la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha optado por el plan más caro y más largo, en lugar de escuchar a expertos y rescatistas nacionales.
Al ser entrevistadas después de que se reunieron con el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidieron que López Obrador las escuche, porque llevan ya 14 años en lucha para lograr que saquen de la mina los restos de sus esposos y no es humano que les pidan esperar otros ocho años.

Muchas a lo mejor ya no estaremos vivas, comentó Elizabeth Castillo, quien junto con Claudia Escobar asistió el pasado día 7 a una reunión con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que les dio a conocer ese plan de rescate, muy parecido a los que Grupo México planteó al inicio del siniestro, en 2006, que consiste en abrir una nueva rampa, en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión hace 14 años.

Gómez Urrutia consideró que la STPS debe precisar muy bien los términos en que planea el rescate de los cuerpos, tener una visión humana y transparente, reducir costos y recortar tiempos, además de apoyarse mucho en los técnicos y expertos mexicanos, que son los que conocen la mina, y en los extranjeros que participan en el proyecto.

Agregó que entiende la decisión del Presidente de dejar el rescate en manos de la autoridad laboral, sin la participación de la empresa y del sindicato, para no politizar el tema, pero es necesario no crear mayor desesperación en los deudos de una de las tragedias más dolorosas en la minería, en una región como la carbonífera de Coahuila, donde el desempleo y la pobreza crecen.

El ingeniero Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate por parte del sindicato, resaltó que es posible entrar por el túnel ya abierto, como lo hicieron en febrero de 2006 después de la explosión. Añadió que habrían rescatado los cuerpos si el gobierno de Vicente Fox, junto con el empresario Germán Larrea, no hubieran decidido cinco días después suspender la búsqueda y cerrar el yacimiento.

Explicó que en otras ocasiones, junto con las viudas, bajaron de nuevo e intentaron años después un rescate independiente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y bajaron hasta 250 metros, pero fueron desalojados por el Ejército. Sin embargo, tomaron más de 196 fotografías del interior del túnel, que compartieron con los técnicos chinos, estadunidenses, alemanes y australianos que mandó el año pasado la STPS.

A su juicio, quien debe tomar la decisión de cómo debe darse el rescate son estos técnicos extranjeros, con los documentos y evidencias que les entregaron, y no el Servicio Geológico Nacional, conformado por especialistas que trabajan para las empresas, entre ellas Grupo México. Recordó que a este mismo organismo se le encargó en 2006 un estudio sobre la factibilidad del rescate y nunca entregó los resultados.

Desde entonces, Larrea insistía en que el rescate costaría más de 50 millones de dólares y que había que hacer una rampa fuera de la mina, muy similar a la propuesta de la STPS. Es una rampa, dijo, que entra y baja entre los mantos del carbón, y luego se hacen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos, para intentar llegar por ahí a los 63 cuerpos.

Elizabeth Castillo y Claudia Escobar resaltaron que en el encuentro con la titular de la STPS les molestó también que estuviera presente la abogada Cristina Auerbach, una defensora de derechos humanos ligada a Grupo México, que llegó a Pasta de Conchos luego de la tragedia y se dedicó a dividir a las viudas y familiares.

Lamentaron que la autoridad laboral no haya dejado participar al ingeniero Acosta ni tampoco al sindicato, pero sí a Auerbach, fundadora del grupo Familia Pasta de Conchos.

Tomasita Martínez y Griselda Farías Gonzalez, otras de las viudas entrevistadas, relataron que la abogada las demandó por exhibir un cheque con una fuerte suma que le extendió la empresa de Larrea. Dijo que nos iba a meter a la cárcel, fue un juicio de varios meses, pero salimos absueltas”, recalcó Claudia Escobar.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/15/el-rescate-en-pasta-de-conchos-tardara-entre-4-y-8-anos-stps-2837.html

Alejandro Alegría, 11/07/2020
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California. Foto Francisco Olvera/ archivo
Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.

Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.

Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.

Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.

Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/11/afectacion-al-ambiente-dh-e-inseguridad-impactan-a-mineria-1154.html

REMA 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este
tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura
comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy
refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y
media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos
vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley
Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara
tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión
pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el
TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas
públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de
poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades
y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados
por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción
o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras,
participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su
territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes
ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio
o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que
busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos
procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las
grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido
financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia
defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación
filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el
uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos
naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos
mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la
creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias. En este punto, es importante
tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión
bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de
millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de
que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las
expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos
minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el
caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita
para las empresas canadienses.
Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden
recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34
demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas
y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más
demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus
derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a
México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por
$16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado
de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de
pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos
que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por
la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una
compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas
mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa
minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una
licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de
Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de
estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de
demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company1, la
principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500
millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del
Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años2. Cabe mencionar los estrechos
lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría
de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y
2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la
empresa lo que representa un claro conflicto de interés3.
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la
Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones
impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/1
2 https://ejatlas.org/conflict/devastacion-mina-calica-de-vulcan-materials-company-en-playa-del-carmen
3 https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/