Al contemplarse en la nueva Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres que “es delito grave cuando se cause daño o se ponga en riesgo a la población con alguna obra”, con ello, ni las minas a cielo abierto ni las presas”, que se proyectaban para instalarse en el estado de Veracruz podrán construirse, sostuvo la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del estado, Alma Rosa Hernández Escobar.

En entrevista, la legisladora panista señaló que la construcción de presas –112 proyectos para el estado de Veracruz–, impactaría en los habitantes, tiene que haber un dictamen serio, “hoy se tipifica como delito grave a todos aquellos que den permisos para asentarse, que den riesgo a los ciudadanos o que les puedan causar algún perjuicio a los ciudadanos, eso ya es tipificado como delito grave y es prisión de tres a 10 años”.

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A pesar de que México es el primer productor de plata y el décimo de oro, nuestro gobierno no percibe ingreso alguno de las empresas mineras por concepto de regalías sobre el valor de producción de los minerales extraídos a boca de mina. Dichas empresas se benefician con cantidades multimillonarias a partir de la explotación de los minerales y apenas pagan un derecho semestral por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Y toda la información oficial al respecto está reservada o es confidencial.

En México se desarrollan de manera extensiva actividades industriales de extracción de hidrocarburos y de otros minerales, las cuales desempeñan un papel importante en nuestro desarrollo económico y finanzas públicas. Dichas actividades también implican numerosos impactos ambientales y sociales. Por ello, un tema central en la gestión democrática de estos bienes naturales que pertenecen en dominio a la nación es el acceso a la información y la transparencia de la gestión de estos sectores. Tenemos el derecho de saber cómo se están explotando, qué empresas están involucradas en la explotación, a cuánto ascienden las utilidades que se están generando, cuál es el destino de la venta de estos bienes naturales y cuáles son los impactos ambientales y sociales que las actividades extractivas conllevan. De igual forma, tenemos el derecho conocer las medidas que el Estado ha tomado para mitigar o remediar estos impactos.

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Alejandro Villamar, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que algunas empresas canadienses que operan en México contratan sicarios para controlar, amenazar e incluso matar a activistas y opositores que se opongan a sus proyectos en diversas comunidades del país.

Esta organización basó su acusación con la documentación de 10 casos en los que están involucradas las compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder– por los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo del 2012, en San José del Progreso, Oaxaca.

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