En los primeros meses de 2012 fueron asesinados dos miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado del proceso de oposición a la presencia de la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines desde hace siete años. Preocupados por el crecimiento del conflicto distintas organizaciones de la sociedad civil, realizamos una misión civil de observación de derechos humanos del 19 al 22 de noviembre de 2012, de la cual deriva el presente informe.
A una pequeña comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan, desde el día siete y hasta el 9 de marzo de este año hemos concurrido cientos de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, y nos reunimos para compartir experiencias en el difícil caminar que ha significado la defensa del territorio. Aquí se encontraron viejos luchadores como Nacho del Valle del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con mujeres como María Isabel indígena binniza de la Asamblea Juchiteca que defiende su tierra de la invasión eólica. Asisten también los viejos luchadores de la Sierra Norte de Puebla, que vienen de Huehuetla, Zautla, Olintla, o Tetela y que nos dicen como enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea y también se escucha con atención los jóvenes activistas veracruzanos que narran como decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.
Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento; después en la época posterior a larevolución mexicana proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.
“A raíz de la conquista bajaron a los territorios y se quedaron en las haciendas, y los pueblos indígenas tuvieron que subir a los cerros y páramos inhóspitos“, dice el indígena kichwa Carlos Pérez Guartambel.
“En la delegación de Baja California Sur no tenemos ningún proyecto ingresado de la minería El Arco”, aclara José Carlos Cota Osuna, delegado en el estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), agregando que desconoce la cantidad de concesiones mineras otorgadas existen.
La diputada chiapaneca Lourdes Adriana López Moreno solicitó a la Cámara baja emitir un llamado a las autoridades federales para que revisen todo lo relacionado con la expedición de permisos y concesiones para explorar y explotar el lote minero “Las Espejeras”, en Tetela de Ocampo y la región afectada en el estado de Puebla, y de ser procedente que se cancele ese proyecto.