Las empresas mineras que ya tengan una concesión para explotar carbón podrán extraer gas natural sin participar en las licitaciones.
Con los cambios hechos a la Ley Minera, las únicas condiciones serán que acrediten solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera para realizar la actividad.
A partir de la entrada en vigor de la ley, las firmas interesadas tendrán un plazo de 90 días para solicitar la adjudicación directa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), al anunciar su movilización nacional para impulsar una Reforma al Campo y evitar que las leyes secundarias de la Reforma Energética dañen tierra ejidal y comunal, aseguraron que los impactos de esta ley ya se observan en los más de 35 millones de hectáreas en poder de la industria minera lo que ha propiciado la nula producción de alimentos en dicha área que representa más del 30 por ciento del territorio nacional cultivable.
Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional a nombre de los integrantes del FICAM detalló que los estados vinculados a esta invasión minera son Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente entidades federativas ubicadas en el sur del país con alto potencial productivo de alimentos.
Por ello, ya se da la defensa jurídica en ejidos y comunidades al grado de que se han interpuesto varios amparos en la materia, dijo, al destacar que en este hectareaje se ha perdido la producción de maíz y hortalizas así como el impulso del ecoturismo.
Ante la creciente preocupación de cooperativistas, pescadores y familias del municipio de Comondu, ante la extracción de minerales del suelo marino y la posible afectación del ecosistema, el Senador Ricardo Barroso Agramont presentó un punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente a revisar, y en su caso revocar, las solicitudes y permisos de explotación minera en el mar de Baja California Sur. Específicamente en el corredor pesquero San Carlos – Las Barrancas – San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, ya que dicha explotación constituye un inminente peligro ecológico y daños irreparables al medio ambiente, así como la contaminación de las aguas y los productos pesqueros de los que, asegura Barroso, depende la economía y el sustento de miles de familias y comunidades pesqueras sudcalifornianas.
“Existe un problema ambiental en la cuenca hidrológica de San Juan de Los Planes, debido a que el total de las muestras analizadas de orina de los participantes de los poblados de San Antonio, San Juan de Los Planes, Juan Domínguez Cota y El Sargento, presentaron arsénico inorgánico y sus metabolitos”.
“La tercera parte de los participantes (36 por ciento) se encuentra en niveles de exposición de arsénico de riesgo para la salud, debido a que presentaron niveles urinarios por arriba del índice biológico de exposición”.
“Los participantes de dos poblados con mayor riesgo son San Antonio y San Juan de Los Planes, debido a que las muestras más altas con concentraciones más altas de arsénico uranio, se obtuvieron en esos lugares.
“Las concentraciones de arsénico inorgánico y sus metabolitos de este estudio muestran que están relativamente en las mismas proporciones que en otros países que están expuestos a arsénico inorgánico en el agua.
Con el objetivo de definir la línea de trabajo para dar continuidad al proyecto para decretar como Reserva de la Biosfera al Desierto Semiárido de Zacatecas, autoridades estatales recibieron a Luis Fueyo Mac Donald, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Durante la reunión de trabajo que se realizó en Zacatecas, los funcionarios analizaron la propuesta definitiva para la concreción del decreto.
Durante el diálogo se detalló que se realizará una amplia y transparente consulta pública con ejidatarios, comunidades y empresas mineras, que tardará de 4 a 6 meses a partir de la publicación del aviso en el Diario Oficial de la Federación del pasado 23 de junio.
En el primer aniversario del asesinato de BernardoVásquez, me pidieron que montara, en San José del Progreso, el pueblo natal de Vásquez, una exposición fotográfica sobre los movimientos opositores a la minería en México y Guatemala. Acepté hacerlo, pensando que la exposición tendría lugar en una oficina local. Pero cuando llegué al pueblo, fui recibido por más de 100 pobladores que habían bloqueado la entrada a la mina. Insistieron en que el mejor sitio para la exposición era allí mismo en la cerca de la mina de Fortuna Silver.
Bernardo Vásquez, agrónomo, defensor comunitario y activista ambiental fue asesinado el 15 de marzo de 2012 por pistoleros contratados por la mina. Cuando saqué las 35 fotos que había traído conmigo, una compañera declaró: “Estamos aquí para recordar a Bernardo. Su lucha es nuestra lucha y sigue adelante. Para nuestra Madre Tierra, nuestra agua”. Entonces invitó a las mujeres a que sostuvieran las fotos. Algunas de estas fotos yo había tomado en mi visita anterior a la comunidad, algunas otras había tomado de distintas luchas contra la minería. Mientras tanto, hicieron una ceremonia en honor de Vásquez y la Tierra. Tenían en sus manos su propia historia. Unidos en solidaridad con otros que tienen un destino similar.
“Naturalmente la mayoría es por proyectos mineros”, aunque también eólicos, religiosos y disputas de tierras, continúa quien fue integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, creada por el gobierno federal en 1995 para dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La minería es una de las actividades que vulneran más a los que viven en un área de explotación, y en México esas áreas abundan. El gobierno federal ha otorgado más de 2,600 concesiones mineras, que abarcan más de 35 millones de hectáreas. “Están generando conflicto o pueden generar conflicto en un futuro”.
70 por ciento de las concesiones mineras son para empresas canadienses, según el servidor público. Explica que para obtener una sola tonelada de metal se debe remover 119 millones de toneladas de tierra, lo cual afecta a 400 hectáreas. A eso habría que sumarle que miles de toneladas de cianuro —una sustancia venenosa usual en la extracción minera—, acaban en los mantos freáticos.
Presentación: Implicaciones económicas y energéticas de la explotación del gas de lutitas por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
¿Qué es el gas shale o gas de lutitas?
La ausencia de documentación que acredite el cumplimiento en términos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el uso irregular de un espacio de cuatro hectáreas para el confinamiento de mineral y la falta de informes sobre el proyecto Presa de Jales-El Risco, ocasionaron la clausura total temporal de cuatro hectáreas destinadas al confinamiento de mineral de la compañía minera El Baztán, en el municipio de Huetamo, de acuerdo con datos emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Según la información dada a conocer por la dependencia, a través de su sitio en la Internet, www.profepa.gob.mx, tras la realización de un operativo de inspección a la minera, ubicada en la comunidad El Baztán del Cobre, la delegación en Michoacán de la Profepa clausuró las actividades de la empresa, por el uso irregular de un espacio de cuatro hectáreas para acopio de mineral, la no exhibición de documentos probatorios de apego a la norma en impacto ambiental y de los informes anuales de las medidas de mitigación contenidas en el estudio técnico justificativo y las constancias de inicio y término de la obra Presa de Jales-El Risco.
La industria minera formal en el estado y en el país aprovecha en una “mínima parte” los recursos metálicos y no metálicos con que cuenta México, lo que ha impedido que esta actividad económica genere el desarrollo y la riqueza que tiene el potencial de crear, aseveró Rogelio Guízar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac).
“Es irrisorio el porcentaje del potencia y de la capacidad de la minería en Michoacán y México que se aprovecha, en parte porque las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han provocado la suficiente apertura para la expansión del sector, que puede impulsar la creación de empleos en cantidad y calidad significativas”, detalló Guízar Pérez.