Derivado de las leyes secundarias en materia energética se prevé que la actividad minera se extienda más allá del 16% del territorio nacional que actualmente ocupa, pero también es de esperar que esta expansión detone los conflictos sociales, principalmente en zonas indígenas del país.
En las últimas dos décadas, cuando la cifra de concesiones mineras se incrementó hasta nueve veces, se gestaron en el país 28 conflictos sociales relacionados con la contaminación del agua y zonas agrícolas de distintas comunidades agrarias del país.
De acuerdo con el informe “La Minería en México”, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas –dependiente de la Secretaría de Gobernación- estos conflictos crecieron debido a la falta de una reforma a la Ley Minera y de una legislación que establezca la obligación de realizar una consulta previa con las comunidades antes de autorizar un proyecto.