México es uno de los tres países de América Latina que más conflictos mineros concentra, tanto por cuestiones laborales, como por problemas con comunidades y de contaminación ambiental, indica el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), creado desde 2007 por 40 organizaciones civiles de la región para defender los derechos de las comunidades afectadas por la industria extractiva.
Un estudio del observatorio sostiene que América Latina volvió a ser destino primordial de la inversión extranjera para la minería a raíz de la multiplicación de tratados de libre comercio porque las grandes empresas obtienen enormes ganancias en el sector gracias a su producción de poco valor agregado, además de que dichos acuerdos les ofrecen mucha protección legal.
A invitación del delegado Municipal del Pueblo Mágico de Todos Santos, Arturo Martínez Villalobos, y de la agrupación «Frente Ciudadano a Favor del Agua y de la Vida», poco más de 60 asociaciones civiles no gubernamentales, organizaciones de profesionistas y académicos, líderes sindicales, dirigentes partidistas y más de tres mil 500 ciudadanos, firmaron el «Pacto de Todos Santos», en contra del megaproyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer a cielo abierto más de 40 toneladas de oro en diez años, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) envía un saludo de solidaridad a la resistencia contra los proyectos mineros de los ejidos y comunidades indígenas de Zacualpan, Canoas, Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán.
En cinco años la inversión extranjera en minería creció 50.2 por ciento en Puebla, al pasar de mil 636 millones de pesos a 2 mil 458 millones, esto de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada, elaborado por la Secretaría de Economía federal.
El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, dijo que buscarán «dar más dientes» a la Profepa, Conagua y Semarnat, a fin de realizar acciones eficaces en pro del medioambiente.
La quinta parte del país está concesionada al sector minero. Hasta este año, la Secretaría de Economía (SE) había expedido más de 32 mil permisos para llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera en un área de 36 millones de hectáreas, lo que equivale a 20% del territorio nacional.
En el país hay 635 lugares contaminados, sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendido, de acuerdo con el Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con los últimos desastres naturales ocasionados por derrames de ácido sulfúrico, cianuro y petróleo en distintos ríos del país, se ha puesto en evidencia la clara amenaza que representan las empresas mineras; por esta razón, múltiples grupos activistas defensores del agua, del paisaje y de los derechos indígenas, han puesto en marcha actividades que pretenden denunciar ante los mexicanos y el mundo que la incursión de estas empresas son una amenaza para la vida.
No sólo fue el derrame de ácidos y minerales en el río Sonora… Durante el último mes, al menos cuatro incidentes relacionados con las industrias petrolera y minera han dejado daños ecológicos, además de en el estado de Sonora, en Nuevo León, Durango y Tabasco.
Recientemente hemos visto en los medios de comunicación y principalmente en redes sociales diversas manifestaciones de la sociedad civil en La Paz, Todos Santos y Los Cabos en contra de las minas a cielo abierto principalmente de la que recientemente recibió autorización de impacto ambiental denominada Los Cardones. Aun y cuando somos uno de los estados con menor población, es impresionante lo que la sociedad civil puede lograr, aquí ya se ha demostrado en el pasado lo poderosos que somos al unirnos por un fin común.