En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.
Esta concesión, hasta el momento, no tiene un estudio de impacto ambiental o otros permisos necesarios. Comunidades y organizaciones locales están preocupados de que la construcción de una mina en esta zona, tendría impactos negativos para la salud y el ambiente de la región, incluyendo para los usuarios del agua río abajo (300 mil habitantes). La concesión minera es para la exploración de oro, plata, cobre y manganeso y está siendo gestionado por GABFER, SA de CV cuyas otras conexiones corporativas e inversionistas son hasta el momento desconocidos y cuyo representante legal es Rigoberto Verduzco Rodríguez. Bios Iguana A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), han sido el asesoramiento y acompañamiento del Consejo Indígena Para la Defensa del Territorio de de Zacualpan – CIDTZ en su campaña de información sobre los impactos de la minería y apoya a la decisión del CIDTZ de declarar su territorio libre minería y de actividades extractivas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Concordia, Sinaloa, que resultaron afectados por el derrame de desechos provenientes de la mina «Dos Señores» y que contaminaron las aguas del arroyo Las Charcas, afluente del río Pánuco.
Las grandes beneficiarias de las miles de desapariciones forzadas que registra México —en 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 27 mil 243 personas desaparecidas— son las empresas transnacionales que hay en el país. Esa es una de las hipótesis que propone el periodista italiano Federico Mastrogiovanni y así lo consignó en su libro Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror (Grijalbo, 2014), de reciente aparición. 
Los participantes en el foro Sí a la vida, no a las mineras, que se realizó en esta cabecera municipal, rechazaron los proyectos de las empresas canadienses Geonorte, Zalamera y Maya Minas, que pretenden explotar 30 mil hectáreas en 10 municipios, de San Miguel Chimalapas hasta Zanatepec.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Concordia, Sinaloa afectados por el derrame de tóxicos provenientes de la mina «Dos Señores», el cual contaminó aguas del arroyo Las Charcas.
Importantes zonas de Concordia y Escuinapa se quedaron sin agua potable debido al derrame de 10 mil 800 toneladas de sustancias tóxicas provenientes de la planta de tratamiento de metales Santa Rosa, de la mina Dos Señores, en el arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, el cual abastece líquido a comunidades de esos municipios.
A fin de condenar la falsificación de firmas que hacen empresas canadienses para continuar con la explotación de la mina que se ubica en la comunidad Grecia en el municipio de Chicomuselo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática Independiente (OCEZ-DIUNOPI) hacen su pronunciamiento y rechazo.
Alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminen el agua y afecten a los habitantes de la región.
En asamblea popular del 12 de septiembre de este año una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, Baja California Sur, recuperando ese espacio que ha estado ahí desde siempre, el espacio público, recuperándolo, ocupándolo con un propósito fundamental, exigir el respeto a sus derechos, exigirle al gobierno el respeto por su derecho a la vida. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del estado. También asistieron decenas de extranjeros avecindados en Baja California Sur y algunos ciudadanos de otros estados de la República. La multitud era de muy diversos lugares así como de diferentes filiaciones políticas y religiosas. En suma, una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de surcalifornia, dándole vida a esta agreste y hermosa tierra; y la defensa del litoral de la península, fuente de trabajo para las comunidades de pescadores y de alimento para la población, además de que el litoral y sus atractivos naturales son una de las razones fundamentales del posicionamiento turístico de Baja California Sur. Defensa que implica el rechazo total de la ciudadanía a los megaproyectos mineros terrestres y submarinos, y en general a cualquier proyecto extractivo minero tóxico (¿y cuál no lo es?). De eso trata el Pacto de Todos Santos (www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/photos/pcb.568198699973671/568188879974653/?type=1&theater), del derecho a la vida. Pero va más allá.
Cientos de campesinos y ciudadanos marcharon esta tarde en Teziutlán Puebla, para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle y del edil Antonio Vázquez cancelar la instalación de minas e hidroeléctricas en dicho municipio, ya que pone en riesgo la biodiversidad e incrementa la contaminación en los ríos, lo que pone en peligro la salud de los habitantes.