Martes 3 de marzo de 2015, 6pm. La misión internacional de observación sobre el conflicto minero en Zacualpan (Colima)
Seminario permanente de la sustentabilidad
invita el conversatorio sobre:
La misión internacional de observación sobre el conflicto minero en Zacualpan (Colima)
Martes 3 de marzo de 2015, a las 18.00h
en el espacio Cultural EL PALIACATE
5 de mayo # 20. Centro. San Cristóbal de Las Casas.
ENTRADA LIBRE
El gobierno federal dejó de recaudar 3 mil 277 millones de pesos de las empresas mineras entre 200 2013 por el cobro de derechos por las concesiones que otorga, ya que no alcanzó la meta fijada para dicho periodo, la cual se quedó 31.6 por ciento por debajo de lo previsto, revela el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, todo lo que pagaron las compañías mineras por las concesiones no llega ni a un punto porcentual (0.6 por ciento) del valor que alcanzó toda la producción minera nacional durante los seis años del periodo mencionado, puntualiza el organismo. El valor de todos los minerales y metales que las empresas extrajeron del subsuelo del país fue 173 veces mayor a lo que tuvieron que pagar en impuestos por explotarlos.
La organización canadiense MiningWatch anunció una misión internacional de observación de derechos humanos en la comunidad indígena de Zacualpan, donde los intentos por imponer desde hace más de un año una mina de oro ha generado un conflicto que tensó el ambiente y podría generar el desbordamiento de la violencia.
En un comunicado, Jennifer Moore, directora de la organización para América Latina, informó que el propósito de la visita es documentar de forma directa “la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables”.
Tras darse a conocer que Canadá colaboró de forma activa con la compañía minera Excellon, que opera en México y que ha sido acusada de reprimir de forma violenta protestas pacíficas contra sus operaciones en la localidad de Ejido La Sierrita de Galeana, habitantes de la comunidad expresaron su indignación ante la actuación de la Embajada.
Dijeron que Canadá incumple su obligación de promover y proteger los derechos humanos.
El pasado 25 de febrero fue difundido el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México”, de MiningWatch Canada y United Steelworkers.
El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos, aseguró que Veracruz está en un enorme peligro, porque tanto el Gobierno Federal y del Estado -bajo reformas estructurales- están dando todas las facilidades a las empresas transnacionales para dañar la ecología y por otro lado, adueñarse del país.
Afirmó: “Veracruz está en peligro, en un enorme peligro, porque los gobiernos están dando esa oportunidad de venir a explotar, invertir y eso es venir a dañar la ecología; porque no habrá protección, luego que de forma mañosa y con reformas, están fundamentando todo y así no habrá modo de cómo impedir que Veracruz se transfiera al extranjero”.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora –que se abrió para reparar los daños ocasiones por el derrame de tóxicos en el río del mismo nombre– y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
La dependencia negó la información a una solicitud realizada a través de transparencia –con el número de folio 0001600005015–, argumentando que los datos se encuentran reservados hasta por 12 meses, debido a que aún no se concluye con el proceso de entrega de los recursos.
En México existen al menos 6 mil 500 sitios identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como potencialmente contaminados.
De estos, según la dependencia, 20 puntos tienen un muy alto grado de toxicidad por el depósito, enterramiento o vertido de sustancias químicas o residuos vinculados a actividades mineras, de hidrocarburos, agrícolas e industriales.
Los sitios críticos se encuentran distribuidos en nueve entidades: Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Michoacán, Durango, Guanajuato, Veracruz y Jalisco.
Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
En los hechos los únicos que son felices son los citados barones, puesto que –sólo como ejemplo– en el periodo 2008-2013 el valor acumulado de la producción minera nacional sumó poco más de un billón 234 mil millones de pesos (algo así como 83 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el erario, por concepto del supuesto pago de derechos, obtuvo a cambio apenas 7 mil 100 millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), o lo que es lo mismo, 0.6 por ciento de esa riqueza extraída.
Pierre Beucage, antropólogo canadiense que ha realizado investigaciones por más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla con organizaciones como El Taller de Tradición Oral, del municipio de Cuetzalan y con hombres y mujeres nahuas sobre temas como las plantas medicinales, la lengua nahuatl, la música de xochipitzauat y cosmovisión, entre otros.
En su visita a la Sierra Norte de Puebla, nos compartió su opinión y experiencia sobre la minería a cielo abierto en su país. En esta charla, el además hablante de lengua nahuat nombra “desastres anunciados” a las catástrofes ocurridas en julio del año 2014 en Canadá y México; el primero fue el derrame de la empresa International Metals en el Valle del Río Fraser, y el segundo ocurrió una semana más tarde, cuando hubo una catástrofe en Sonora, donde la empresa Grupo México derramó cianuro en el Río Sonora.
En un informe que examina documentos internos procurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) se establece tanto la complicidad de diplomáticos canadienses en México al intentar Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones de un contrato de arrendamiento y deficiencias en las condiciones de trabajo, como el apoyo de diplomáticos a la represión de una protesta pacífica.
El informe de Alerta Minera Canadá y el sindicato United Steelworkers, Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México, se basa en un cuidadoso análisis de casi 250 páginas que se obtuvieron del MAECD, durante un período en que se intensificó el conflicto y represión entre julio y noviembre de 2012.
En ese momento, miembros del ejido La Sierrita y trabajadores de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero en la mina La Platosa, propiedad de Excellon, llevaron a cabo una protesta pacífica durante varios meses, luego de haber antepuesto dos quejas formales en Canadá sobre supuestas violaciones graves a los derechos humanos y a la tierra, sin obtener ningún resultado.