26/08/2021
Imagen referencial. /Foto: Pixabay.
La relevancia del litio en México es cada vez más notoria, y en el Congreso de la Unión ya existen iniciativas que buscan regular este mineral.
El referido mineral es clasificado como el tercer elemento en la tabla periódica y entre sus principales usos destacan los hechos con la combinación con el aluminio; mejoras en el aire acondicionado; complemento para fortalecer distintos polietilenos; auxiliar en la elaboración de vidrios y cerámica; combinación en grasas y lubricantes; pilas de alta capacidad; entre otros.

En los últimos años su uso ha sido más valorado sobre todo en lo que respecta a las baterías de las tecnologías de alta duración, por lo que generó una mayor demanda en la extracción y transformación del litio.

¿Qué dice la ley en México sobre el litio?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 que “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos”.

Mientras que el artículo 73, fracción X, faculta al Congreso para legislar acerca de la minería. Y el artículo 123, en su fracción XII, obliga a las empresas -entre ellas las mineras- a generar condiciones de seguridad e higiene a las y los trabajadores de dichas labores.

En el artículo 4 de la Ley Minera se establece al litio como uno de los “minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos”.

Entre 2018 y 2021, en la LXIV Legislatura del Congreso mexicano, se han presentado cinco iniciativas relativas a la explotación del litio. De éstas, cuatro se encuentran pendientes de revisión en las comisiones del cuerpo legislativo de origen; en tanto, la restante fue retirada.

Fuente: Dinero en Imagen

En México ya hay 5 iniciativas que buscan regular el litio

Angélica Enciso L. y Alfredo Valadez Rodríguez
Periódico La Jornada
18/08/2021
La minería en el país ha dejado al menos 374 conflictos socioambientales, derivado de que más de 19 mil localidades de la República Mexicana están asentadas en territorios concesionados a empresas extractivas.

Sin embargo, el número de problemas entre comunidades y mineras podría crecer de forma importante debido a que la mayoría de los habitantes que viven en esos predios, 2 millones 800 mil personas, “ni siquiera saben que su territorio está concesionado”.

La sorpresa viene cuando arriban las mineras con su personal y maquinaria a ejecutar los trabajos. Ahí se suscitan los primeros conflictos. Además, se estima que la población circundante a dichas concesiones alcanza 13 millones de mexicanos.

Así lo denunciaron ayer en un foro nacional virtual los promotores del movimiento nacional “#CambiémoslaYa” (en alusión a la Ley Minera vigente en México) conformado por integrantes de diversas organizaciones sociales, representantes de poblados afectados, así como investigadores y académicos de distintas universidades del país.

Algunas de las agrupaciones que lo integran son Comités de Cuenca del Río Sonora; Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, Fundar, Grupo Poder, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y académicos de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En términos generales, exigieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales “reformas profundas” a la Ley Minera, “porque su contenido ha posibilitado violaciones a derechos humanos y privilegios de las empresas mineras”, y consideraron urgente “eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia” que la ley otorga a la minería.

Actualmente, se informó, existen alrededor de mil proyectos en distintas fases de desarrollo en unas mil 600 minas, y entre las consecuencias están la persecución y asesinatos de habitantes opositores, que defienden sus territorios y el agua frente a las compañías extranjeras.

Durante la videoconferencia, Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM, se refirió a que mientras esta industria obtiene millonarias ganancias, como las reportadas en 2020, que ascendieron a 20 mil millones de dólares, la aportación de esta actividad al Producto Interno Bruto ha sido de sólo 0.09 por ciento.

Indicó que hay al menos 15 municipios mineros de gran importancia. “Si hay empresas que producen metales valiosos, serían áreas de gran riqueza”, pero 13 padecen niveles de pobreza por encima de la media nacional, entre ellas hay siete en pobreza extrema, como es el caso de San José del Progreso, Oaxaca.

Itzel Silva, abogada de Fundar, mencionó que la ley minera viola de manera directa derechos humanos y convenios reconocidos por el Estado mexicano, además de que ha favorecido la entrega de territorios a las empresas mineras.

Por su parte, Miguel Soto, de Grupo Poder, explicó que se trabaja en una reforma para que los pueblos tengan derecho a decidir si quieren un proyecto minero.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/18/estados/ong-mineras-han-causado-al-menos-374-conflictos-socioambientales-en-mexico/

La actividad de las empresas mineras tiene consecuencias en su mayoría irreversibles, tales como severos daños a la salud, así como contaminación de agua y suelos. A la par, se incrementan los asesinatos de ambientalistas.
Antonio Vázquez
09/08/2021
Desde hace algunas décadas viene implementándose la llamada minería a cielo abierto, técnica que consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que será procesado con materiales altamente tóxicos como cianuro o mercurio para obtener los minerales buscados.

Esto tiene consecuencias desastrosas no sólo en cuanto al deterioro del paisaje y la pérdida de la biodiversidad de la región, sino también por la contaminación de aire y agua que provoca enfermedades entre los habitantes de las zonas aledañas.
Por ejemplo, graves problemas dermatológicos, daños a la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. Otra peligrosa secuela que se detectó fueron los niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas.

En nuestro país se ha luchado desde hace décadas contra estas prácticas, pero con el decreto de la ley minera que reglamentó al artículo 27 constitucional, se multiplicaron las concesiones en favor de las grandes mineras, aumentando el despojo territorial y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.

Un reciente mapa de conflictos mineros que elaboró el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), registró 284 conflictos sociales por la megaminería vigentes en Latinoamérica durante 2020, 58 de los cuales se concentran en México, seguido por Chile con 49 y Perú con 46.

Ganancias a partir del saqueo

A esto hay que sumarle el paraíso fiscal que México representa para los inversionistas gracias a la reforma hacendaria aprobada en 2014, la cual permite que las empresas paguen por las concesiones mineras únicamente 1.18% de los recursos que extraen del territorio mexicano, sin importar el deterioro ambiental y social que provocan y la explotación laboral que conlleva.

Esto debido a que sólo aportan al fisco el pago de derechos por concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia. Lo anterior demuestra que la sed de ganancias de las trasnacionales mineras está por encima de la vida de las comunidades y de los trabajadores del sector.

Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), defienden su negocio, argumentando que generan unos 379 mil empleos en el país. Pero los costos que deja este modelo extractivo son inmensamente mayores que sus supuestos beneficios.
Daños irreparables y criminalización

Actualmente hay 13 minas principales operando a cielo abierto, de las cuales las mas relevantes son las de Cananea, en Sonora, con 2,100 millones de toneladas en reservas; y La Caridad de Nacozari, el complejo minero metalúrgico mas importante de México, de donde se extraen 120 mil toneladas al año de cobre.

Un caso escandaloso que ejemplifica las consecuencias de la minería a cielo abierto es el de Minera San Xavier, que operaba en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Actualmente éste ha desaparecido del paisaje, a un alto costo: el peligro de derrumbe de lo que queda del cerro que se cierne sobre la población, además de 32 millones de litros de agua contaminados con cianuro.

Otro gran desastre ocurrió en Sonora el 6 de agosto de 2014, cuando de la Mina Buena Vista del Cobre, perteneciente a Grupo México, se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando con esto no sólo los ríos, sino también las cosechas, el ganado y con ello la vida de los habitantes del lugar.

En “retribución”, las agresiones y la criminalización contra defensores del medio ambiente incluyen todo tipo de violencias y abusos: amenazas de muerte, arrestos y acoso judicial, agresiones sexuales, persecuciones, secuestros o desaparición forzada, chantajes, represión de manifestaciones pacíficas, ocupación por la fuerza de territorios y asesinatos.

Tan solo en 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados. Al presentar su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, CEMDA dio a conocer que luego de ocho años de registro y documentación, en México prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio. Las autoridades, al igual que en sexenios anteriores, con el actual gobierno de la 4T mantienen estos crímenes impunes.

A los grandes capitalistas, dueños de las mineras, no les importa arrasar con el suelo, el agua, el aire y las vidas del lugar; solo pretenden aumentar sus fortunas.
Los socialistas pensamos que la clase productora –los trabajadores– debemos luchar por la cancelación de las concesiones mineras, así como por la expropiación y nacionalización bajo control obrero, sin indemnización, de las minas, las industrias estratégicas y los servicios esenciales que han sido privatizados.

A través de nuestra autoorganización democrática, en alianza con las comunidades y los movimientos ambientalistas, se puede planificar la producción en función de las necesidades de las mayorías, acabar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y garantizar la preservación del medio ambiente. Es también luchando unidos como podrán lograrse mejores salarios, atención médica, seguridad en el empleo y plenos derechos, como han demandado los trabajadores mineros en diversas partes del país.
https://www.laizquierdadiario.mx/Mineria-a-cielo-abierto-crimen-contra-el-medio-ambiente-en-Mexico

08/08/2021
La tragedia ambiental de 2014 dejó a más de 22 mil habitantes afectados.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México reiteró este viernes su llamado a la reparación integral de las víctimas tras el fatídico derrame de tóxicos en en ríos del municipio Arizpe, Coahuila.

Por el séptimo aniversario del accidente, el organismo emitió un comunicado en el que pidió fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas y el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación del medio ambiente.

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de una mina de Grupo México generó el derrame de 40,000 metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de siete municipios.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH México, recordó que ante la llegada de una nueva administración en el norteño estado de Sonora “la responsabilidad del Estado, a nivel estatal y federal, incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas, en línea con los estándares internacionales en la materia”.

Asimismo, expresó que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos “no depende de la capacidad o la voluntad del Estado” y señaló que ellas también están obligadas a observar “una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”.

Reiteró que es fundamental lograr una reparación adecuada y asegurar la no repetición “para garantizar efectivamente los derechos a las víctimas.”

Según un reciente boletín de la ONG Poder, a pesar del desastre ambiental, Grupo México ha argumentado que “ya cumplió” con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados piden al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas al respecto.

El año pasado, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente que “pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud” y estableció un plazo para tener un “diagnóstico ambiental”, el cual concluye el próximo 4 de octubre.

Fuente: Infobae

ONU pidió a empresa minera reparar el daño por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi

La actividad de las empresas mineras tiene consecuencias en su mayoría irreversibles, tales como severos daños a la salud, así como contaminación de agua y suelos. A la par, se incrementan los asesinatos de ambientalistas.
Antonio Vázquez
09/08/2021
Desde hace algunas décadas viene implementándose la llamada minería a cielo abierto, técnica que consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que será procesado con materiales altamente tóxicos como cianuro o mercurio para obtener los minerales buscados.

Esto tiene consecuencias desastrosas no sólo en cuanto al deterioro del paisaje y la pérdida de la biodiversidad de la región, sino también por la contaminación de aire y agua que provoca enfermedades entre los habitantes de las zonas aledañas.
Por ejemplo, graves problemas dermatológicos, daños a la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. Otra peligrosa secuela que se detectó fueron los niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas.

En nuestro país se ha luchado desde hace décadas contra estas prácticas, pero con el decreto de la ley minera que reglamentó al artículo 27 constitucional, se multiplicaron las concesiones en favor de las grandes mineras, aumentando el despojo territorial y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.

Un reciente mapa de conflictos mineros que elaboró el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), registró 284 conflictos sociales por la megaminería vigentes en Latinoamérica durante 2020, 58 de los cuales se concentran en México, seguido por Chile con 49 y Perú con 46.

Ganancias a partir del saqueo

A esto hay que sumarle el paraíso fiscal que México representa para los inversionistas gracias a la reforma hacendaria aprobada en 2014, la cual permite que las empresas paguen por las concesiones mineras únicamente 1.18% de los recursos que extraen del territorio mexicano, sin importar el deterioro ambiental y social que provocan y la explotación laboral que conlleva.

Esto debido a que sólo aportan al fisco el pago de derechos por concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia. Lo anterior demuestra que la sed de ganancias de las trasnacionales mineras está por encima de la vida de las comunidades y de los trabajadores del sector.

Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), defienden su negocio, argumentando que generan unos 379 mil empleos en el país. Pero los costos que deja este modelo extractivo son inmensamente mayores que sus supuestos beneficios.
Daños irreparables y criminalización

Actualmente hay 13 minas principales operando a cielo abierto, de las cuales las mas relevantes son las de Cananea, en Sonora, con 2,100 millones de toneladas en reservas; y La Caridad de Nacozari, el complejo minero metalúrgico mas importante de México, de donde se extraen 120 mil toneladas al año de cobre.

Un caso escandaloso que ejemplifica las consecuencias de la minería a cielo abierto es el de Minera San Xavier, que operaba en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Actualmente éste ha desaparecido del paisaje, a un alto costo: el peligro de derrumbe de lo que queda del cerro que se cierne sobre la población, además de 32 millones de litros de agua contaminados con cianuro.

Otro gran desastre ocurrió en Sonora el 6 de agosto de 2014, cuando de la Mina Buena Vista del Cobre, perteneciente a Grupo México, se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando con esto no sólo los ríos, sino también las cosechas, el ganado y con ello la vida de los habitantes del lugar.

En “retribución”, las agresiones y la criminalización contra defensores del medio ambiente incluyen todo tipo de violencias y abusos: amenazas de muerte, arrestos y acoso judicial, agresiones sexuales, persecuciones, secuestros o desaparición forzada, chantajes, represión de manifestaciones pacíficas, ocupación por la fuerza de territorios y asesinatos.

Tan solo en 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados. Al presentar su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, CEMDA dio a conocer que luego de ocho años de registro y documentación, en México prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio. Las autoridades, al igual que en sexenios anteriores, con el actual gobierno de la 4T mantienen estos crímenes impunes.

A los grandes capitalistas, dueños de las mineras, no les importa arrasar con el suelo, el agua, el aire y las vidas del lugar; solo pretenden aumentar sus fortunas.
Los socialistas pensamos que la clase productora –los trabajadores– debemos luchar por la cancelación de las concesiones mineras, así como por la expropiación y nacionalización bajo control obrero, sin indemnización, de las minas, las industrias estratégicas y los servicios esenciales que han sido privatizados.

A través de nuestra autoorganización democrática, en alianza con las comunidades y los movimientos ambientalistas, se puede planificar la producción en función de las necesidades de las mayorías, acabar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y garantizar la preservación del medio ambiente. Es también luchando unidos como podrán lograrse mejores salarios, atención médica, seguridad en el empleo y plenos derechos, como han demandado los trabajadores mineros en diversas partes del país.
https://www.laizquierdadiario.com/Mineria-a-cielo-abierto-crimen-contra-el-medio-ambiente-en-Mexico

Braulio Carbajal
Periódico La Jornada
05/08/2021
Aunque las negociaciones se han prolongado más de lo previsto, será en octubre cuando la empresa china Gangfeng se haga del control total del yacimiento de litio en Sonora, considerado como el más grande del mundo, y que por ahora es propiedad en su mayoría de la inglesa Bacanora Lithium.

De acuerdo con una fuente cercana a la negociación, Bacanora aceptará la oferta de 67.5 centavos de libra esterlina por acción hecha por la compañía asiática para quedarse con su proyecto en México, no por falta de interés o potencial, sino porque para desarrollarlo se necesita una fuerte inversión y tecnología de punta con la que sólo cuenta Gangfeng.

El litio que hay en México, específicamente en el yacimiento de Sonora, explicó la fuente, es de arcilla, lo que significa que se encuentra dentro de rocas, por lo que se necesita de una gran inversión y tecnología de última generación para extraerlo, a lo cual tiene acceso la empresa china, dado que es una de las productoras de litio más importantes del mundo.

A principios de mayo pasado Gangfeng International Trading emitió una oferta en efectivo con la que podría adquirir la totalidad de Bacanora Lithium, firma que desarrolla el Proyecto de Litio de Sonora. Originalmente la fecha para concretar la operación era finales de dicho mes, pero el límite se ha prorrogado en tres ocasiones, siendo ahora el 31 de agosto.

De acuerdo con la fuente consultada, no hay ningún problema en la negociación, sino simplemente hay retrasos en trámites legales. De hecho, aseguró que la empresa china ya ha aprobado la oferta de manera interna, mientras los accionistas de Bacanora no tienen inconveniente, dado que se trata de una propuesta por encima del precio de la acción por un proyecto que aún no está terminado y que todavía necesita mucha inversión.

“No hay problema a fondo en la negociación, sólo trámites legales. Gangfeng ya aprobó la compra internamente, y en Bacanora es difícil que no se acepte. La transacción es lógica, la empresa china ya tiene la mitad del yacimiento, Bacanora es una empresa pequeña que no cuenta con el capital para desarrollar sola el proyecto, en tanto, Gangfeng no sólo tiene capital, sino la tecnología necesaria”, apuntó.

La empresa china destacó que ve en el yacimiento de Sonora, un “lugar fácil y barato” para extraer el mineral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/economia/yacimiento-de-litio-mas-importante-de-mexico-pasara-a-manos-chinas/

El Frente No a la Minería exigió a la Secretaría de Economía la cancelación de todas las concesiones mineras en los territorios de las comunidades que integran la organización
Por concesiones mineras, advierten conflictos sociales y daños ambientales en 7 municipios de Oaxaca
Foto: Frente No a la Minería
03/08/2021 Juan Carlos Zavala
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/por-concesiones-mineras-advierten-conflictos-sociales-y-danos-ambientales-en-7-municipios
Oaxaca de Juárez.— El Frente No a la Minería advirtió de conflictos sociales y afectaciones ambientales en al menos siete municipios y cuatro comunidades de diferentes regiones del estado de Oaxaca por las concesiones mineras en sus territorios que el gobierno federal ha otorgado.

En las comunidades El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas del municipio de San Pablo Cuatro Venados, cuyos territorios están concesionados para minería, aseguró que han sufrido hostigamiento, amenazas y violaciones a sus derechos.

Otra población es Capulalpam de Méndez donde asegura que la minería ha afectado el entorno ambiental, causando graves impactos ambientales como la desaparición de manantiales, derrame al río grande, muerte de mineros, conflictos sociales, la minería es una amenaza para Capulalpam para la región y el estado.

Desde 2005, por medio de la Asamblea general acordaron hacer frente de manera legal contra la compañía minera Natividad y anexos y la Secretaría de Economía por emitir las concesiones vigentes en su territorio, por localizarse en zonas que abastecen de agua a dichas comunidades.

Sin embargo, informó que las actividades mineras se están desarrollando de manera ilegal al no contar con los permisos ambientales correspondientes.

En 2015, interpusieron el amparo y en octubre de 2019 resuelve realizar la consulta a los habitantes de Capulalpam, ante lo que la comunidad se ampara.

En Magdalena Teitipac la empresa minera llegó en 2009 realizando diferentes acciones de exploración sin respetar a las personas de la comunidad. En 2013, afirma que la gente ya estaba descontenta por una contaminación al agua.

Lee: Frente No a la Minería rechaza consulta para aprobar MIA de proyecto minero en los valles de Oaxaca

En San Pedro Quiatoni la empresa minera ha solicitado permisos de estudios desde 2005 – 2006 mismos que se empezaron a realizar en 2010.

“Dos empresas amenazan estos territorios Don David Gold y El Prado con siete concesiones en el territorio de San Pedro Quiatoni. Los efectos de la explotación minera en San Pedro Totolapam se perciben en Quiatoni, el túnel de la mina esta en nuestra colindancia y ya se empiezan a percibir las afectaciones al agua”.

Aquí, en el año 2011 se levantó un acta de asamblea donde la comunidad acordó prohibir los estudios de exploración y la minería y, nombraron un Comité de defensa del territorio para dar la lucha legal y movilizaciones en 2020 y 2021.

En Santa María Chimalapa, menciona, la comunidad se ha declarado en contra de la explotación minera, para “garantizar la preservación de la vida, los recursos naturales y bienes de nuestro territorio”.

Además, recuerda en los Valles Centrales de Oaxaca 80 mil hectáreas de territorio de ejidos y comunidades agrarias están concesionados por la empresa minera Fortuna Silver Mines por medio de sus filiales: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., Compañía Minera Media Luna y Faustino Reyes Ruiz.

Lee: Promete Semarnat analizar argumentos de comunidades de Oaxaca en contra de proyecto minero

“Todas estas concesiones emitidas por la Secretaría de Economía con una vigencia de 50 años, las cuales se sobreponen sobre las tierras de agricultura, fuentes de agua, centros de población y espacios públicos. Estas concesiones mineras no tienen el consentimiento y permiso de nuestras asambleas generales, esto significa que se violentan sistemáticamente nuestros derechos”, denuncia.

El Frente No a la Minería exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de todas las concesiones mineras en los territorios de las comunidades que integran el Frente, en particular los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1.

Estas concesiones fueron otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Faustino Reyes Ruiz.

15/07/2021
Foto: Cortesía de Americas Gold and Silver.
La semana pasada, la empresa minera canadiense Americas Gold and Silver firmó un acuerdo con el gobierno de México y el sindicato minero para poder reabrir su proyecto San Rafael ubicado en Cosalá, Sinaloa.

Hace unos días, en su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la reactivación de la actividad minera en Cosalá, y felicitó a sus funcionarios federales: Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier y Luisa María Alcalde, que fueron vitales para llegar a acuerdos; así como a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero.
Autoridades mexicanas, empresarios y trabajadores de la mina San Rafael tras la firma del acuerdo./ Foto: Cortesía Gobierno de México.

Sin embargo, el Diario Financiero informó que representantes del sindicato han obstaculizado la visita de inspección que hace la Secretaría del Trabajo con la finalidad de comenzar desde cero las negociaciones que se lograron la semana pasada.

Si el bloqueo se mantiene y se desconoce el acuerdo que solicitó el presidente López Obrador, la minera Americas Gold and Silver iniciaría el proceso de arbitraje en tribunales internacionales, debido a que el bloqueo de más de año y medio ya le costó USD 10 millones y a pesar del anuncio de la semana pasada, no ven claro cuándo podrán volver a operar.

A principios de 2020, la mina San Rafael fue tomada y bloqueada por un grupo de 14 trabajadores del sindicato de Napoléon Gómez Urrutia, los cuales –según Darren Blasutti- ya no laboraban para la empresa y por eso consideraron este hecho como ilegal.

En los meses posteriores, Americas Gold and Silver emprendió acciones legales contra el grupo de trabajadores; estos empleados acusaban que no se estaba respetando el contrato colectivo de trabajo, el cual se disputó con otro sindicato llamado Frente.

Como había dos sindicatos peleando la titularidad del contrato, en setiembre de 2020 se realizó un recuento y ganó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, liderada por Gómez Urrutia.

Para diciembre de 2020 comenzaron negociaciones con el gobierno federal para la reapertura de la mina.
Fuente: Con información de Noroeste y Diario Financiero

México: Americas Gold and Silver analiza ir por arbitraje internacional